Chehade: turbia aclaración
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La acusación del general (PNP) Guillermo Arteta contra Omar Chehade es sumamente grave: haber presionado para el uso de la fuerza pública contra los trabajadores de la cooperativa Azucarera de Andahuasi y a favor del Grupo Wong, que busca adueñarse de esa hacienda.
Si eso fuera cierto, echaría un baldón sobre el régimen, aun en el supuesto de que, para actuar como lobista, Chehade hubiera actuado solo, sin consultar con nadie, salvo los jefes policiales. Significaría que él creía que podía hacer lo que viniera en gana, ya que cuenta con la condescendencia del Consejo de Ministros.
Eso implicaría acto de soberbia, aparte de confianza en la complicidad de sus cofrades. Echaría tierra a sus promesas de lucha contra la corrupción. Acarrearía desengaño para quienes lo eligieron como primer vicepresidente de la República.
Chehade asegura que toda la historia contra él es una "canallada", un montaje del general Arteta para desestabilizar el régimen.
Hay, sin embargo, agujeros negros en su explicación. Él afirma que convocó al general Raúl Salazar a una cena amistosa, con el fin de agradecer la seguridad que le brindó durante la campaña electoral e informarse sobre el caso del Estadio Monumental, en el cual fue asesinado el joven Walter Oyarce.
¿Por qué, si ese era el objetivo específico, aceptó que se invitara también al general PNP Guillermo Arteta, jefe de la Dirección Territorial Norte, en cuya jurisdicción está Andahuasi?
¿Por qué, además, acudió el general Abel Gamarra, quien, según Chehade estaba en Lima por razones de salud? ¿No sería porque Gamarra era jefe de Lima Provincias cuando, en 2010, se agudizó el conflicto entre los trabajadores de Andahuasi y los Wong?
¿Por qué, si el fin era personal, también estuvieron en el almuerzo Miguel, el hermano mayor de Chehade, y un amigo de éste. El general Arteta añade un dato que, de ser inventado, revelaría un don novelístico notable: que Miguel Chehade informó que el Grupo Wong podía costear el traslado de los efectivos policiales destinados a desalojar a los cooperativistas.
Como dirían los italianos, se non é vero, é ben trovato. Si no es verdad, está bien concebido.
El asunto es, reiteramos, muy grave. Por eso mismo requiere una investigación exhaustiva. No se trataría de un simple conflicto de intereses. Las promesas de cambio, las ofertas de defensa de los derechos laborales, las proclamas de lucha contra la corrupción, todo eso estaría en tela de juicio.
Muy nocivas serían para el gobierno de Ollanta Humala las consecuencias de este asunto, si es que no se procesa con acierto y sin complacencias. Perder la confianza es perder algo más que prestigio.
Sólo cabe desear que los hechos se esclarezcan con la mayor transparencia posible. Que, a la luz de la verdad, se sancione si hay culpa.
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