Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
19-5-2016
Caja Militar insiste
en acoso contra legítimos propietarios
La muy polémica institución Caja Militar y Policial prosigue
en prácticas cuestionadas de acoso, amenaza judicial, remate ilegal de bienes
inmuebles contra decenas de propietarios que adquirieron años atrás y con
legitimidad sus departamentos los mismos que fueron, a su vez, vendidos –re-vendidos
es el término apropiado- por dicha Caja Militar.
Al frente de la ofensiva está la empresa Administradora del
Comercio S.A., por encargo de la Caja Militar y cuya gerente general es Carola
Martorellet Lumbreras. En el acápite: Descripción de la empresa, se dice:
“La sociedad tiene por objeto realizar todo tipo de
operaciones y servicios de cobranza y recuperación judicial y prejudicial,
asesoría en el refinanciamiento de deudas, asesoría en la compra y venta de cartera
y administración por encargo de terceros de cartera de cobranza”.
El tema es tan serio que hasta se ha formado una Asociación
Nacional de Propietarios en Litigio con la Caja de Pensiones Militar Policial
(APCAPEMIP) que en su artículo 5 de Constitución, objeto y fines, sostiene:
“El objeto social de la Asociación es cautelar los intereses
de los asociados para lo cual realizará todas las coordinaciones ante los
organismos públicos y privados relacionados con la defensa legal de la
propiedad de los inmuebles adquiridos al Banco del Comercio, Administradora del
Comercio, Caja de Pensiones Militar Policial, un otra institución ligada a
alguna de las nombradas, hoy en poder de la Caja de Pensiones Militar
Policial.”
Pertinente citar uno de los numerosos casos, el numerado
506010133-2014-243-0 y que se ventila en el 33-FPP-Lima y que plantea denuncia
por los siguientes delitos:
-Estafa, asociación ilícita, falsificación documentaria,
falsedad ideológica.
Entre los denunciados figuran: Vergara Herrera, Julio;
Rodríguez García, Hernán; Revilla Palomino, Javier; Villar Amiel, Roberto
Orlando; Boggiano Romano, José Miguel; Kihara Tomita Fernando; Bullón Salazar,
Luis Alberto; Arévalo Abate, Dante Antonio; Fonseca Taboada; Felipe Rigoberto;
Armas Alcalde, Julio Manuel; Egúsquiza Jiménez, Luis Alberto; Sánchez del Solar
Quiñones, Miguel Angel.
El asunto puede resumirse de este modo: el denunciante
adquiere en 1995 un departamento en Miraflores; hasta 1999 la Caja de Pensiones
Militar Policial se negó a elevar a escritura pública el contrato de
compra-venta, hecho que motivó que el propietario mandara carta notarial
exigiendo dicha acción; con pretextos mil nunca se satisfizo la demanda
legítima del propietario; en el camino la Caja Militar Policial vende a su empresa
Administradora de Comercio S.A., la propiedad simulando una venta a su favor la
cual se encuentra inscrita, constituyendo un engaño o ardid ante las
autoridades que no hacen nada por el estafado.
En buen castellano, la Caja Militar Policial vendió a su
empresa subordinada o asociada, Administradora de Comercio, cuya gerencia
general corresponde a Carola Martorellet Lumbreras, un bien ajeno.
Se lee una revelación importante en el fundamento 14 de la
mencionada denuncia:
“Este no es el único caso y representa la forma de actuar de
la referida organización, conforme se acredita del reportaje periodístico
realizado el sábado 17 de setiembre del 2011, en la página 10 del diario La
Primera, denominado CAJA MILITAR POLICIAL QUIERE DESALOJARLA, en donde se
señala que la poeta y arquitecta Patricia del Valle denuncia que entidad
bancaria la estafó con venta de vivienda hace 16 años y ahora pretende quitarle
la propiedad. Se señala que por los serios problemas que atravesaba la CAJA
MILITAR POLICIA cedió sus derechos al Banco Wiesse hoy Scotiabank en el año
2000, situación de la que se enteró en el 2004, cuando le notificaron un estado
de cuenta a su nombre que consignaba los pagos que debería realizar,
coincidiendo solo en las fechas pero no en los montos a pagar; desconociéndose
lo pagado que ascendía a VEINTISEIS MIL DOLARES AMERICANOS de los TREINTA Y
TRES MIL DOLARES AMERICANOS que era el valor que costaba el inmueble,
valorizándose lo debidamente pagado en la suma de TREINTA Y TRES MIL DOLARES
AMERICANOS.”
