Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
18-9-2017
¿Son secretos de
Estado, los robos contra Estado del Perú?
Pocas semanas atrás, el entonces Contralor General de la
República, Edgar Alarcón, se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores
del Congreso. Reveló de manera pública
ante todos los canales, medios radiales e impresos, que su entidad había puesto
a disposición del Ministerio Público la Carpeta 0023 que detallaba las
¡gravísimas irregularidades! encontradas con el pasaporte electrónico en la
Cancillería y que se resumen fácilmente: abultado sobreprecio, medidas de
seguridad deficientes y que no se encuadran en los términos del contrato y
caídas frecuentes del sistema.
Nótese que millones de peruanos conocieron que algo sucio
había ocurrido en el proceso de emisión del pasaporte electrónico en el
Ministerio de Relaciones Exteriores y ¡que por eso! Contraloría avisaba
formalmente al Ministerio Público sobre este particular. No fue secreto, subrepticio o clandestino.
He relatado en numerosas oportunidades (va infografía y
archivo completa de artículos), cómo Cancillería compró 400 mil pasaportes
electrónicos a un precio astronómico con referencia al mismo artículo que la
Superintendencia Nacional de Migraciones sufragó a un tercio de ese monto. Todo
ha sido público, nada secreto. ¡Y
tampoco he sido desmentido de ninguna manera!
Más aún, el 2016 (ver adjunto), la Contraloría General de la
República me avisa por carta que había emprendido Auditoría en la
Superintendencia Nacional de Migraciones básicamente motivada por las denuncias
que formulé por redes sociales, en medios escritos y televisivos. Es de colegir
que no me escondí, ni lo hice bajo tierra o para que no me escucharan: todo fue
público.
Recordemos que Gemalto, la firma francesa, con su socia
–también gala- Imprimerie Nationale, lograron las polémicas buenas pro para el
pasaporte electrónico, tanto en Migraciones como en Cancillería. Entonces ¿por
causa de qué las diferencias en los precios tan abultadas y escandalosas? Hay
funcionarios del Estado, embajadores, ministros y personal administrativo,
comprometidos con dinero público que
es de los contribuyentes.
El lector empezará a notar el acento en el asunto público. Muy bien, me llega un
trascendido que esta investigación sobre el saqueo protagonizado con el pasaporte
electrónico ha pasado a ser secreto de Estado. ¿Desde cuándo los robos públicos contra el Estado son secretos?
¿No es hora de sindicar, con nombre y apellido, a las
empresas incluidas en estas trampas, el caso de Gemalto e Imprimerie Nationale,
por más francesas que fueren, hasta hoy NO han sido incluidas en la
investigación pública y, siguiendo
la mismísima tesis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, PROHIBIDAS de volver a
tener tratos con el Estado peruano?
¡No hay pretexto válido para sombrear investigaciones sobre
robos contra el dinero público!
Estoy procurando confirmar este despropósito para ponerlo en conocimiento de
juzgados, parlamentarios, autoridades para que sepan que en Perú se roba de
manera descarada y pública pero que,
a la hora de investigar los hechos, se les otorga un manto de impunidad
legaloide decretándolos como “secretos”.
Siempre hemos dicho: en Perú llueve para arriba.
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