Friday, February 17, 2017

¡Extradición de Toledo podría ser rechazada por EEUU!

¡Extradición de Toledo podría ser rechazada por EEUU!
por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

¿ABONA el comportamiento procesal del juez Richard Concepción Carhuancho, del Caso Odebrecht-Toledo, a que se niegue o rechace la extradición desde EEUU, del extraditable Alejandro Toledo Manrique, donde un juez federal gringo examinaría con lupa telescópica el cuadernillo que el Perú le envíe, hecho precisamente por ese juez peruano en coyunda con el conocido fiscal de la causa, Hamilton Castro?

Sobre la estructura psíquica del ser humano, que llega a perito, fiscal o juez antes escribí del modo cómo un sabio que hace de perito ¡no se DESPREJUICIA!

“Perito español incivilizado para proyecto minero Conga: El gobierno peruano que preside Ollanta Humala Tasso, y secunda el primer ministro cuadriculado –de diminutos cuadritos sociales- Oscar Valdés Dancuart, acaba de contratar, para mitigar los serios cuestionamientos Conga, al Dr. Ingeniero de Minas, Rafael Fernández Rubio, español, catedrático, profesor emérito, lo cual no quita que sea a la vez un “pro minero rabioso”, como lo reputa Rebeca Diz en Hildebrandt en sus trece del 17-2-2012. Cualquier sabio, puede tener savia fundamentalista como un musulmán o un talibán.

¡Qué peligroso que un perito, experto o técnico, de cualquier nacionalidad, mezcle con su pericia o destreza sus prejuicios personales, su sesgo político y su ignorancia para entender los problemas sociales seculares de los pobladores de una zona de un país que no es el suyo!
Parece que este técnico contratado, por mucho dinero bajo la mesa, lo ha sido por ser imagen y semejanza de su contratante Valdés; mandante y mandatario serían de alma yuxtapuesta, inextricable.

Asevero de tal modo porque el susodicho perito Fernández Rubio ya tuvo una opinión nada técnica, sin desprejuicio, sobre el proyecto minero “Tía María”, de Islay, Moquegua, Perú.
Un innegado correo electrónico que publica el semanario Hildebrandt en sus trece lo delata. He aquí el texto revelador en gmail.com:

“Lun Nov 22 14:52:02 MST 2010
El más absoluto rechazo a esas muestras de incivilización en Islay.
Posiblemente detrás de esas posturas radicales anda el fundamentalismo antiminero,
Alentado por ciertos grupos “pacifistas”.
Rafael Fernández Rubio
Dr. Ingeniero de Minas
Catedrático y Profesor Emérito
Premio Rey Jaime I a la Protección del Medio Ambiente”.

Es advertible que este ingeniero de minas fungió también de psicólogo sin título y aprendiz de sociólogo al redactar tan insolente email; por eso los tilda a los de Islay, por oponerse a Tía María, de “incivilizados”, pese a que no los conoce ni de vista ni de visita.

También hizo de neófito zahorí. Descubre en lontananza “detrás de esas posturas” isleñas un “fundamentalismo antiminero” que alientan “grupos pacifistas”. Varios diagnósticos en un solo mensaje.

¡Este es el técnico, perito o diestro que ha contratado Valdés, tirando copiosa tierra a los ojos de nuestro presidente, Ollanta Humala! Salvo que uno sea la stessa imagen del otro que el espejo reverbera, en cuyo caso estamos fregados de antemano.

¿Y dónde está la consejera esposa, Nadine Heredia, también asidua viajera, cuya madre es cajamarquina de nacimiento?  Lima, 17 de febrero del 2012”.

Retomando el Caso debrecht-Toledo y la conducta procesal del admirado juez Concepción Carhuancho, me pregunté esta mañana:

¿Estará sucediendo lo mismo con el juez Richard Concepción Carhuancho, quien, al declarar INADMISIBLES tres apelaciones contra su mandato de cuestión preventiva (Casos Toledo, Luyo y Cuba), trata de evitar que se produzca la INSTANCIA PLURAL o doble instancia judicial, que tiene rango constitucional? No lo sé; no soy zahorí.

Tendrá que verse si los fundamentos del juez para considerar que las 3 apelaciones son INADMISIBLES, están sujetos a derecho y no a los recónditos entresijos que jueces y fiscales también anidan. También soy un ángel fieramente humano.

Finalmente, la súbita premura del viaje del presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que no estaba agendada con la antelación debida, yéndose nada menos que a tratar a solas con el impredecible Donald Trump, puede abonar en la misma dirección, para salvarse junto a Toledo lejos del Perú, ya que ambos saben mucho de negocios, negociados y negociazos.
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GG-OSITRAN ¡No cobró multa a CESEL-NIPPON KOE por $ 599,273.04!

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
17-2-2017

GG-OSITRAN ¡No cobró multa a CESEL-NIPPON KOE por $ 599,273.04!

Producto de la auditoría al "Contrato de Concesión del Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao", se determinó que el Supervisor de la obra, el consorcio CESEL-NIPPON KOE, no contó con el personal ofrecido y pactado contractualmente, durante todo el transcurso del proceso y que, a pesar de ello, OSITRAN dejó de aplicar una multa ascendente a $ 599,273.04.

El gerente general Obed Chuquihuayta Arias, el 2015, hizo oídos sordos al bien fundamentado Informe Nº 410-2015-GSF-OSITRAN, que le fue remitido el mismo día, 12 de febrero, a través de la Nota Nº 148-15-GSF-OSITRAN (documento adjunto), el mismo que, amparado en las propias normas de Contraloría, recomendaba agotar la vía administrativa, antes de pasar a la vía civil para el cobro del monto señalado.

Informe Especial y extrañísima omisión

Los experimentados abogados de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de OSITRAN hacen notar a Chuquihuayta el error cometido en el informe especial de CGR, y le señalan, además, que la vía administrativa aún es posible, pues el contrato no está liquidado y se cuenta con dos cartas fianzas que suman $ 1'198,546.07, que superan largamente el monto de la multa no aplicada al consorcio supervisor.

El señor Chuquihuayta decidió ordenar al Procurador Público el inicio de las acciones civiles contra los trabajadores y ex trabajadores involucrados en la falta cometida.

¿Por qué no se prefirió agotar la vía administrativa en el Informe Especial 001-2014-2-4732? El señor Oscar Yábar Berrocal, quien suscribe el informe especial por Contraloría, no sigue sus propias NAGU y recomienda que se inicien las acciones legales civiles para el recupero del monto expresado.

Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU), disponen los procedimientos a seguir en cada uno de los tipos de auditoría que se realicen. Así, la NAGU 4.50 establece, en términos sencillos, que se debe agotar la vía administrativa antes de pasar a la civil, cuando se trate de un perjuicio al Estado y del recupero correspondiente. Algo lógico y coherente.

¡Descarado perjuicio contra el Estado!

Al haber embarcado a OSITRAN en un proceso judicial de largo aliento y de dudosa cobranza, dado el monto de la deuda, Chuquihuayta está perjudicando al Estado, pues bien pudo agotar la vía administrativa y, de llegar el caso, ejecutar las cartas garantías mencionadas, en vez de devolverlas, a pesar de la advertencia de sus propios funcionarios

CESEL favorecida

CESEL, consorciada con empresas chinas y coreanas ganó la licitación para Supervisar la Línea 2 del Metro por más de US$ 100 millones.
En OSITRAN trabajó la señora María Farah Wong, ex asesora de enorme influencia en la presidente del regulador, Patricia Benavente. Farah está casada con el abogado Juan Carlos Morón Urbina, integrante del Estudio Echecopar y es asesor legal de la empresa supervisora, el consorcio que integra CESEL. Si bien es cierto que María Farah Wong dejó OSITRAN, no es menos exacto que mantuvo cercanía con Obed Chuquihuayta.

¿Por qué no ejecutó las cartas fianzas del consorcio CESEL-NIPPON, el señor Chuquihuayta y en lugar de eso, las devolvió, prefiriendo un proceso judicial cuando no había liquidación del contrato? Misterio por el que tendrá que responder.

Condonación en pocas palabras

En la práctica, un juicio, tedioso y luengo, representa un alivio para el consorcio CESEL-NIPPON y que no pagara la multa a que se hicieron acreedores por el monto de US$ 599,273.04.

El informe de Oscar Yábar “recomendó” acción judicial y no lo que las propias Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) preceptúan para el agotamiento de la vía administrativa antes que la civil y habida cuenta de dos cartas fianzas por el monto de US$ 1'198,546.07.

Demasiadas fallas contra el interés del Estado y cuestionables errores de los funcionarios responsables de defenderlo, comenzando con el saliente gerente general Obed Chuquihuayta.
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