Salgado: ministro Jiménez interfirió en estrategia jurídica peruana

Salgado: ministro Jiménez interfirió en estrategia jurídica peruana

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Lima, 26 de mayo de 2012

 

Señor                                                                                                                                        

Ollanta Humala Tasso                                                                                                      

Presidente Constitucional de la República                                                                        

Presente

 

En la fecha he tomado conocimiento de la Resolución Suprema No. 088-2012-JUS que da por concluido mi nombramiento como Procurador Público Supranacional ante instancias internacionales de derechos humanos de la OEA (Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos) y de la ONU (Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas).  Este documento culmina una serie de discrepancias insalvables tenidas con el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de su gobierno, Juan Jiménez Mayor, sobre la posición que nuestro país debe tener ante dichas instancias supranacionales y sobre la política general de derechos humanos.

 

Dicha R.S. aparece, además, luego que el señor Jiménez, se viera obligado a dar un paso atrás al tener que rectificar una arbitraria e ilegal decisión interna tomada por él contra  el suscrito, al pretender sancionárseme por mi posición y declaraciones sobre el Proyecto minero Conga, así como frente al régimen de los años 90, causante del mayor número de denuncias por violaciones de derechos humanos que terminaron en sentencias de la Corte Interamericana declarando la responsabilidad internacional del Estado peruano por esas graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad (torturas, asesinatos y masacres) así como despidos masivos, abusivos e ilegales de miles de trabajadores y trabajadoras.

 

Usted conoce, señor Presidente, mi posición sobre los derechos humanos, así como contra la corrupción, y su conexión con el determinante rol que deben tener el Estado y sus funcionarios, como compromiso solemne con los ciudadanos. Lamentablemente, el actual Ministro ha interferido en la estrategia jurídica de defensa del Estado en casos emblemáticos ante el Sistema Interamericano que comprometerá la imagen y credibilidad de su gobierno y del Estado peruano. El progreso efectivo y el desarrollo integral de los pueblos es inconcebible y será inalcanzable si no se asumen y se cumplen, auténticamente, compromisos cruciales para transformar al Perú. Considero que bajo las presentes circunstancias en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esa posibilidad y esa propuesta es sencillamente inviable.

 

Debo agradecerle, sin embargo, señor Presidente, la oportunidad de haber servido a mi país y a mis conciudadanos desde el 16 de setiembre pasado hasta el día de hoy. Conozco, como usted, los riesgos que se corren cuando uno asume reflexivamente y con clara conciencia, posiciones de principio que, por definición categórica, no pueden ser materia de negociación ni claudicación. Y esa es la razón final que explica el fin de mi relación con el actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. 

 

Atentamente,

 

Luis Alberto Salgado Tantte

¡San Martín se zurra en la Constitución!

¡San Martín se zurra en la Constitución!

por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

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1-6-2012

 

Cuando cursaba mis estudios universitarios de derecho en San Marcos, por primera vez escuché el concepto del juez natural; confieso que no reparé en sus implicancias ni leí textos al respecto, me sentí como alguien recién bajado a un neologismo.

 

Tiempo después lo encontré elevado a la categoría de principio constitucional con este texto inmaculado: “Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley,  ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación” (Constitución Política 1993, Artículo 139°, inciso 3). ¡He aquí definido sin ambages el juez natural, hoy hecho añicos!

 

Con perplejidad lo diré este precepto constitucional no rige para el desafortunado alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, detenido a la velocidad de un rayo por la acción de un policía, un fiscal y un juez penal cusqueños, ¿desvinculados del poder político?.

 

Para encarcelarlo la policía del lugar, que depende del ministro Wilver Calle Girón, le formuló un atestado policial por 5 delitos, entre ellos, el grave secuestro de un fiscal; el fiscal provincial de la zona, colega del secuestrado,  pidió al juez su detención preliminar; un juez penal del Cusco la ordenó y al detenido alcalde lo derivó a un juez ad hoc de Ica, pues César San Martín Castro, quien somete fácilmente a los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vía una Resolución Administrativa que el mismo redactó,  creó jueces especiales supranacionales o elefantiásicos, con sede en Ica, para ventilar los delitos que surjan de los conflictos sociales de Cusco y Cajamarca. ¡Se zurró, por ende, en la norma constitucional, pues algún apuro debe tener!

 

¡ Y pensar que la ingenua Constitución Política señala, en su Art. 138°, que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial “con  arreglo a la  Constitución y a  las  leyes”. No dice con arreglo a lo que piense César San Martín Castro, aunque fuere Presidente de la Corte Suprema, ni a lo que decida algún saltimbanqui moral que ejerza ese cargo, tampoco se refiere a resoluciones administrativas de ínfima jerarquía. ¡Estas no son leyes, menos normas constitucionales!

 

Parece que hemos llegado a un delicado momento político social, donde se hace cera y pabilo de preceptos constitucionales y legales, cuando el poder ejecutivo, el judicial y el ministerio público conciertan para encarcelar a un desventurado alcalde de Espinar y a otros que vendrán como Gregorio Santos, Marco Arana.

 

Alan García criminalizó la protesta por decreto legislativo; Ollanta Humala con Wilver Calle y César San Martín la encarcelan a través de una simple resolución administrativa aprobada ayer 31-5-2012.

 

¡Todo esto a la velocidad inusitada de un rayo supersónico!. Ni siquiera El Peruano he podido encontrar en San Borja para leer con atención y asombro esta malhadada Resolución Administrativa que posibilita el traslado del detenido Oscar Mollohuanca Cruz de Cusco a Ica, donde no están su familia, sus amigos, su defensor, sus testigos de descargo u otras pruebas que tenga que ofrecer, aristas sociológicas propias del juez natural.

 

¡He aquí la radiografía del tremebundo concepto del juez natural sanmartiniano; del indiscutiblemente estudioso César San Martín Castro, empero, acomodaticio con quienes cumplen turno en el gobierno!