Una Constitución que me represente
por Horacio Gago Prialé*; hgagopri@gmail.com
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2-12-2020
Las nuevas Constituciones se convierten en deberes obligados
para salir del fondo del pozo, reconstruir todo al finalizar una guerra o
corregir desviaciones estructurales. La última vez que todos los peruanos (o
casi todos) se pusieron de acuerdo en algo fue en la década de 1990 para
derrotar al terrorismo y superar la hiperinflación. El país estaba en el fondo
del pozo y para plasmar esas prioridades el Estado dio recursos, inteligencia y
planificación a derrotar ambos enemigos. La constitución de 1993 fue hija de
ese “momentum”.
Se terminó con el terrorismo senderista y transformó la
macroeconomía. Las metas se alcanzaron pagando costos muy altos pero el
resultado fue indiscutiblemente valioso. El país tuvo que crear fueros
militares, un sistema de delación premiada y otro de inteligencia policial. Y
en el lado económico tuvo que privatizarlo todo, hasta la educación y la salud,
e imponer contratos leyes para atraer la inversión extranjera, además de
suprimir la deuda externa, el déficit fiscal y dotar de autonomía absoluta al
banco central. ¿Valió la pena? Sí. Con el tiempo el grado de inversión subió,
la deuda se hizo manejable y las reservas se incrementaron. Aunque no de modo
sostenido ni agregando valor como se esperaría, llegaron el crecimiento y la
diversificación de la producción.
¿Qué reúne a los peruanos con la misma unidad en la década
del 2020? Esa es la pregunta del siglo. Respondiéndola sabremos si es el
momento correcto para buscar una nueva Constitución o solo plantear algunas
reformas a la actual.
El “¡Merino no me representa!” podría tranquilamente
equivaler a “Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra ¡ninguno me
representa!”. Tampoco nadie del Congreso ni de los partidos (salvo los peruanos
de la iglesia israelí a quienes el “pescadito” sí lo hace). Nos está tocando
vivir una crisis de representación política generalizada.
Quiero creer que sí existe algo que une a los peruanos en
este nuevo “momentum”. Se quiere y debe corregir desviaciones estructurales. Ese
algo se llama rechazo a la corrupción del Estado, a su ausencia e ineficiencia.
Los peruanos claman para que nadie más se llene los bolsillos con dinero
público, que la burocracia no sea la privilegiada de siempre con 15 sueldos,
becas a discreción, vales de alimentos y vacaciones en Miami. Están hartos de
que el Estado no pueda imponer una educación o salud de calidad a los
prestadores, ni subir impuestos a las corporaciones que se llevan el polimetal
orondamente sin control alguno. Se encuentran cansados de que los agricultores
no tengan a donde acudir para combatir las plagas del café o del cacao, y de
una economía primaria sin valor añadido que se limita a ver cómo las empresas
extranjeras cargan con la materia prima y la transforman en sus países. Se
hallan hastiados de que los posesionarios no obtengan títulos firmes de
propiedad debidamente registrados. En suma, están hartos todos de que no haya
Estado ahí donde es necesario.
Dotar de presencia de Estado donde éste no ha existido
durante 27 años no es poca cosa, mucho más cuando la macroeconomía (reservas,
control del déficit, manejo de la deuda y autonomía del Banco Central) debe
seguirse respetando. El concreto armado de los nuevos cimientos va a ser muy
distinto y por ello quiero creer que una nueva Constitución es necesaria.
Para lograr un Estado “que me represente”, defienda, dé
tranquilidad y seguridad, es necesario intervenir en todos y cada uno de los
aspectos de la Constitución: derechos individuales, derechos sociales, derechos
económicos, derechos políticos, organización del Estado, financiamiento de los
partidos, control de los partidos, contrapesos entre poderes, mayor eficiencia
y controles sobre la regionalización, servicios públicos sin fines distintos
que el bien común y un largo etecétera en cada capítulo constitucional. Desde
eliminar la puerta giratoria y todos sus componentes: el voto preferencial, la
inmunidad absoluta, desjudicializar la política, despolitizar el sistema
judicial, hasta formalizar todas las pequeñas actividades extractivas y la
creación de emporios o zonas francas urbanas, hay demasiado por cambiar. Quiero
creer que el “momentum constitucional” llegó.
Sao Paulo, 26 de noviembre de 2020
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*Horacio Gago Prialé (autor de “Repensar la Propiedad” y
doctor en derecho por la Universidad Comillas de España)
