Informe
Señal de
Alerta-Herbert Mujica Rojas
25-4-2024
Caja Policial Militar de Pensiones: ¿otro caso Orellana?
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Un caso singular viene ocurriendo en el 2do Juzgado
Transitorio de Lima, el titular, el juez Walter Hernández Martínez opina en el
punto 3 de su documento:
3. JUZGAMIENTO ANTICIPADO DEL PROCESO
Atendiendo que no existen medios probatorios que requieran
actuación posterior siendo todas las admitidas pruebas documentales y, de
conformidad con lo establecido en el artículo No. 468 del Código Procesal
Civil: PROCEDASE CON EL JUZGAMIENTO
ANTICIPADO DEL PROCESO, sin perjuicio de ello, se hace de conocimiento de
las partes que tienen el derecho de formular sus alegatos, escritos y orales.
¿De qué se trata? La demandante es la firma Administradora
del Comercio S.A. ¿Y a quien dice representar? ¡Nada más ni nada menos que a la
Caja Policial Militar de Pensiones!
Conviene transcribir la declaración pública del abogado e
integrante de la Junta Nacional de Afectados y Estafados por la CPMP, Carlos
Cumpa Seminario:
“¿Cuál es el interés que hay tras las sentencias anticipadas
en este caso, con el añadido de que quieren cobrar un millón 300 mil dólares
por indemnización, nada menos a quienes estafaron hace más de 15 años a través
de la Administradora de Comercio?”.
¿Otro caso Orellana con sus magistrados ad hoc,
simpatizantes, parcializados y con prisas apuradas?
Preguntó el abogado Cumpa Seminario:
¿Por qué el juez Walter Hernández no se pronuncia con la
misma celeridad dolosa en los miles de casos que tiene arrumados en su
despacho? Solicitamos la intervención de Control Interno y de la Junta Nacional
de Justicia ante este abuso de no solo quitarnos nuestros departamentos –al
estilo de la mafia Orellana- y encima pretender cobrarnos más de un millón de
dólares a cada afectado con el cuento de la indemnización”.
Como hemos dicho algunas veces: en Perú llueve para arriba.
Los que con argucias, dilaciones y maniobras de todo jaez, no entregaron la
documentación elemental a los clientes-compradores, tras haber recibido
sentencias de prisión por delitos, hoy pretenden rematar a los afectados y un
juez opina que eso debe ocurrir con juzgamiento anticipado.
En comunicación escrita llevada al Congreso, años atrás,
Carlos Cumpa Seminario argumentó:
“Por más de dos décadas los afectados por las acciones de la
Caja de Pensiones Militar Policial vía la modalidad delictiva de resolver
contratos de compra-venta de inmuebles en forma ilegal, pese a que estos habían
sido pagados hasta en más del 50%, esa misma entidad (CPMP) se negaba a elevar
a escritura pública los contratos firmados, es decir firmar el testimonio de
compra-venta de los inmuebles e inscribirlos en Registros Públicos.”
Sobre las muy discutibles actuaciones del Ministerio Público
y del Poder Judicial, Cumpa Seminario subrayó “es dudosa, porque los procesos
contenciosos se dilatan y los recursos que presenta la Caja, se resuelven
inmediatamente”.
Refiriéndose al principal responsable de la CPMP, Jorge
Revilla, Cumpa informó que este personaje está en Brasil y hasta ahora no da
cuenta de los mil millones de soles que extrajo de dicha entidad, acotando que
el sujeto de marras, tiene sobre sí 3 pedidos de extradición, pero NO hay
resultados.
¿Poderoso señor es Don Dinero, no?
La modalidad a la carta, rápido y más que instantáneo se ha
apoderado de diversas instancias de la vida pública del país. Y el Poder
Judicial es un escenario controvertido en que muchas farsas consagran no la
validez y potencia de la verdad, sino todo lo contrario: el malhechor sale
premiado por su desempeño que está contra la ley y el estado de derecho.
En el caso que comentamos, ¿se justifica la aparente prisa
bajo el pseudónimo de “juzgamiento anticipado”?
Lo más insólito del caso es que un juzgamiento anticipado,
por el tiempo transcurrido y porque los de la CPMP tienen sentencias por actos
delictivos, se aplicara en favor de los damnificados y aquí es al revés: las
víctimas están a punto de ser condenados a pagar una reparación civil ¡de más
de 1 millón de dólares!
Los gatos están de despenseros y presionan por juzgamiento
anticipado y reclaman reparación a quienes ellos estafaron con departamentos
cuyos documentos ¡no entregaron nunca!
¿No es pertinente y obligatoria la revisión de cómo procede
el juez Walter Hernández Martínez? Toda la palabrería judicial no llega a
ocultar que hay algo raro aquí. Los despojados, estafados, zaheridos por las
prácticas ilegales de la CPMP y su actual representante Administradora de
Comercio, con idénticas y peores estrategias, corren el riesgo de una
reparación millonaria y sin casa, departamento o cómo demandar una auténtica
justicia.
