Llevo casi cinco años litigando en diversos escenarios judiciales contra los dos abogados más emblemáticos de lo que alguna vez se llamó el sistema anticorrupción construido como respuesta a la abrumadora corrupción del régimen de Alberto Fujimori. Y el tema que me enfrenta con los famosos doctores José Ugaz Sánchez Moreno y Luis Vargas Valdivia es el de las investigaciones que desde hace mucho tiempo venimos desarrollando con el periodista Herbert Mujica sobre el proceso de privatización del aeropuerto Jorge Chávez y la gestión de LAP, y por las cuales un juez acaba de dictar orden de captura contra Mujica, dentro de un enfermizo afán de silenciarnos.
Evidentemente hay un contrasentido en que dos juristas que dicen haber contribuido a la condena de Fujimori y Montesinos se empeñen en judicializar, perseguir y encarcelar el empeño de investigación y denuncia, y nunca salir a defenderse con argumentos que muestren lo que el país ha ganado realmente al conceder este servicio básico y que no hubiera podido conseguir bajo administración propia. No hay por cierto mucho que extrañarse que los héroes de la anticorrupción hayan derivado a la condición de escudos de LAP, si al mismo tiempo se hicieron consultores de Telefónica, LAN y otras empresas no precisamente caracterizadas por su nobleza. De hecho, los contratos profesionales con escasos reparos morales están dentro de la historia de Ugaz y Vargas Valdivia que fueron enrolados continuamente en varias de las reorganizaciones judiciales de los 90.
Que luego Ugaz deviniese, por esas cosas del destino, en el perseguidor oficial de Fujimori contra Montesinos y de Paniagua-Toledo contra Fujimori, hasta ser reemplazado por su socio Vargas Valdivia, los ha convertido en parte de un santoral de democratizadores y moralizadores que abarca también a políticos y funcionarios que se apropiaron de la transición institucional de cambio de siglo. A Toledo eso le sirvió para llegar a la presidencia y olvidarse totalmente de sus compromisos de los Cuatro Suyos. Y a los ex procuradores para conseguir una suculenta cartera de clientes de empresas con sospechas de corrupción que imaginaron que esta sola asociación les era provechosa no sólo en imagen sino en las relaciones que estos abogados han establecido dentro del sistema judicial.
En fin, mi experiencia me advierte de los muchos crímenes que se pueden cometer en nombre de la anticorrupción. El juez Barreto puede ser un ejemplo de estos dilemas. Y otro, aún más importante, el ex contralor Genaro Matute, actual coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, constantemente interrogado por los medios y las instituciones del Estado como una suerte de especialista en asuntos relacionados con la corrupción. Ni a él ni a Ugaz les debemos ninguna batalla memorable, informe trascendente o culpable puesto al descubierto. Pero ahí está como si la anticorrupción se estuviese volviendo una especie de sello que ahora se pone a los productos, las empresas y hasta a los países para certificar que han pasado por algún tipo de control de calidad.
Hace poco, a raíz de la grave denuncia del IDL, sobre la recompra de vehículos policiales portatropas que en el 2007 fueron rechazados por el ministro Alva por sobreprecio en el contrato, y que ahora están regresando a nombre de otro exportador y a una cotización mucho más alta, Matute dijo, muy suelto de huesos, que no podríamos anular el acuerdo porque seríamos penalizados. Es ese papel de la "anticorrupción" del que tenemos que prevenirnos.
