Ejecutivo apeló sentencia judicial que devolvía el gas para el Perú
Lote 88. Congresista nacionalista manifestó que es una contradicción que el gobierno que levantó la bandera de la recuperación del gas para los peruanos presente ese recurso.
Enrique Larrea
Pese a que el fallo del Poder Judicial que anula las modificaciones al contrato del Lote 88 de Camisea allanaba el camino para recuperar la totalidad de las reservas para el mercado interno, el procurador en materia constitucional del Ministerio de Justicia, Luis Alberto Huertas, decidió presentar el recurso de apelación ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima.
Con este acto jurídico, el proceso se eleva a la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema que preside Elcira Vásquez. Según el abogado demandante de la causa, Pedro Pacheco, en esta instancia, que sería la definitiva, la nueva resolución podría tardar diez meses más.
"Estoy sorprendido de que el procurador público especializado en materia constitucional del Ministerio de Justicia haya impugnado la sentencia de la Cuarta Sala Civil, por cuanto la sentencia de 15 páginas y 20 fundamentos es tan coherente que realmente llama la atención cuál habrían sido los argumentos jurídicos para impugnarla", anotó Pacheco.
La República intentó comunicarse con el procurador del Ministerio de Justicia para consignar el fundamento legal de la apelación, pero no encontramos respuesta.
El fallo de la Cuarta Sala Civil declaró "nulos, insubsistentes y sin efecto legal" los decretos supremos Nº 050-2005-EM y el Nº 006-2006-EM que propiciaron la renegociación y modificación del contrato del Lote 88. Con este fallo se abría un nuevo frente al entrampamiento en las negociaciones que lleva a cabo el Ejecutivo directamente con el Consorcio de Camisea.
Pacheco insistió en que las modificaciones del contrato mediante estos decretos supremos fraccionan el artículo 51 de la Constitución (jerarquía de las normas) y la Ley 27133, Ley de Promoción de la Industria de Gas Natural.
Como se informó, el Consorcio Camisea otorgó en garantía frente a las entidades que financiaron la construcción del proyecto exportar 2,5 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) del gas del Lote 88.
HAY UNA CONTRADICCIÓN
En tanto, el congresista nacionalista Jorge Rimarachín manifestó que la decisión del Ejecutivo entraña una contradicción, si es que la aspiración del gobierno es recuperar las reservas de gas del citado lote.
"Mi opinión no es la de la bancada, pero creo que hay una contradicción entre la promesa de campaña y las acciones del gobierno en este tema. Se debía buscar coherencia entre las acciones y las propuestas", anotó el legislador.
En efecto, quizá la promesa electoral más repetida por el actual mandatario Ollanta Humala Tasso fue recuperar las reservas de gas del Lote 88 para el mercado interno en aras de asegurar el desarrollo energético en el país.
Cabe señalar que el gas del Lote 88 es barato pues tiene un precio regulado, a través del cual se busca modificar la matriz energética del país.
LENTA RENEGOCIACIÓN
La renegociación que mantiene el gobierno con el Consorcio de Camisea para recuperar el Lote 88 y elevar el valor de las regalías debe iniciarse en el primer cuatrimestre del próximo año.
Según el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, el Consorcio informó al gobierno que estaba muy cerca de llegar a un acuerdo con las entidades bancarias que financiaron el proyecto exportador. Sin embargo, desde el Consorcio han guardado silencio respecto a este punto.
GASODUCTO PARA EL SUR DEL PAÍS
El gobierno promulgó ayer la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del Gasoducto Andino del Sur y la creación de un polo industrial petroquímico.
Como informó el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, la obras deberían comenzar en los primeros meses del próximo año.
Este gasoducto permitirá transportar el gas de Camisea a las regiones del sur de país (Cusco, Arequipa, Moquegua, entre otras).
El ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi criticó que el Congreso haya modificado la disposición que permite trasladar el precio de la construcción a los usuarios, pues, según señaló, se le quita sustento técnico al citado proyecto.
