Informe
Señal de
Alerta-Herbert Mujica Rojas
27-9-2024
¡Picardía para robarle al Estado!
https://senaldealerta.pe/picardia-para-robarle-al-estado/
En nuestro Perú llueve para arriba y el axioma se traslada a
todos los ámbitos de la vida pública. Este caso es indignante y lo describió
bien en su artículo Ernesto Gamarra Olivares:
Rentables picardías
para robarle al Estado (desde el mismo Estado) el 11-11-2021.
La impresionante mudez cómplice de políticos, funcionarios y
poderes todos, hace recordar el dicho: ¡hoy por ti, mañana por mí!
Leamos líneas esenciales del texto en mención.
“La Ley 30225 permite que los funcionarios o ex funcionarios
públicos denunciados y/o demandados, cuenten con asesoría legal, económica y tributaria
pagada por la propia entidad pública en la que prestaron servicios.
Por supuesto que hay casos que esto está plenamente justificado
si el funcionario, actuando de buena fe, comete un error y a consecuencia de
ello, es demandado o denunciado.
Sin embargo, conocemos de funcionarios y ex funcionarios que
aprovechándose de esa ley, no solo perjudicaron al Estado sino que lo siguen
sangrando mediante la siguiente
modalidad.
Según esa ley, el propio funcionario denunciado o demandado
es el que pide que se le brinde el servicio de asesoría pagado por la
institución en la que presta o prestó servicios y también es él mismo, quien
propone los nombres de los profesionales que lo defenderán y a quién se tiene
que contratar.
La persona que ha sido elegida, recibe una carta de la entidad
y la responde proponiéndole sus honorarios, que son aceptados en la mayoría de
los casos sin siquiera pedir una rebaja o decirle “me parece que está usted
cobrando mucho, mire que fulano de tal, cobra la mitad”.
Hay casos en que el profesional propuesto, que envía su
propuesta económica, es amigo del funcionario y como ustedes están suponiendo,
el honorario inflado y sin contratiempos, es compartido entre el defensor y el
defendido, sin que nadie se entere.
Firmado el contrato, por lo general hay un importante
adelanto de honorarios que ha sido incluso en ocasiones, autorizado por el
propio funcionario que necesita la defensa.
Hemos, por mal ejemplo, encontrado un caso de lo que puede
estar ocurriendo en otros sectores del Estado y se trata de lo ocurrido en
PROINVERSIÓN y que servirá para comprender lo que viene ocurriendo.
En dicha institución, en donde dicho sea de paso, los
sueldos de los funcionarios son suculentos, detectó la Contraloría General de
la República que quien era director, había autorizado el pago a un contratista
del Estado por una suma indebida de miles de dólares.
Se inició el procedimiento administrativo y para la defensa
del generoso director, Proinversión contrató los servicios de un abogado.
Concluido el proceso administrativo la Contraloría le impuso una sanción que
consistió en la destitución y la devolución de los honorarios pagados a quien
lo defendió en ese proceso administrativo.
Sancionado el caballero, a pesar de la defensa que a él no
le costó un sol y a Proinversión 34 mil soles, no tuvo mejor idea que demandar
a la Contraloría para conseguir que se anule la sanción que le habían impuesto
y para ese juicio contencioso administrativo, el sancionado volvió a pedir la
“ayuda” de Proinversión.
Dicha entidad, muy comprensiva de las dificultades por las
que pasaba el director que solo ganaba S/ 41 mil soles mensuales, volvió a
contratar otros abogados que éste sugirió para ejercer su defensa y acordando
pagar S/ 92,000 que resultaba casi el doble de lo que había pagado ya para el
proceso administrativo, con un adelanto de S/ 30,000 el 2018.
La Contraloría salió a juicio a través de su procurador público
y al parecer su defensa no fue muy eficaz, ya que en primera instancia, el juez
falló a favor del ahora ex funcionario público y hoy ejecutivo de una empresa
privada transnacional.
El Estado paga millones para que determinados abogados
defiendan a funcionarios públicos sancionados en juicios contra el propio
Estado.
Se imaginan que, por ejemplo, en una empresa minera, se
descubriera que uno de sus funcionarios pagó a un proveedor más de lo que se le
debía y al ser denunciado por la empresa, la misma pague los honorarios al
abogado que defenderá al funcionario que perjudicó a la empresa?
Bueno, eso ocurre en el Estado peruano. Se coluden con
contratistas y cuando son descubiertos y denunciados, el propio Estado paga
para que los defiendan”.
El cáncer que corroe al Perú no está en tierras distantes,
está aquí en el ADN social corrupto que ataca la dignidad y entereza de 33
millones de personas.
