Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
25-5-2026
Contraloría: funcionarios criminalizan denuncias
https://senaldealerta.pe/contraloria-funcionarios-criminalizan-denuncias/
La reciente apelación presentada en el Expediente N.°
01742-2026-0-1826-JR-PE-14 ante la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Lima
vuelve a poner en evidencia una práctica cada vez más preocupante: el uso del
sistema penal para intimidar denuncias, acallar críticas y perseguir a quienes
exponen hechos de interés público relacionados con la Contraloría General de la
República.
Los querellados son Viviana Mondragón, secretaria general
del Sindicato de Contraloría y el
periodista que esto escribe, con apego a la verdad y documentación que
sustentan la solidez del informe.
Los querellantes, funcionarios de la Contraloría, Mariano
Mucha Paitán y José Lavado Ciudad, han optado por impulsar una ofensiva
judicial que pretende convertir publicaciones y opiniones sobre presuntas
irregularidades, inconductas y manejos internos cuestionables en un supuesto
delito de difamación agravada.
El tiro salió por la culata, la apelación se debe a que la
sala responsable emitió su parecer, desestimando la pretendida difamación
agravada. Lejos de responder a los hechos materia de debate público, han
preferido, ambos señores, refugiarse en el dramatismo judicial y la
victimización política.
¡Vergonzoso!
Más allá del expediente, el caso retrata un episodio
profundamente vergonzoso para la institucionalidad pública. El mensaje que
transmiten determinados funcionarios parece ser simple: quien denuncie,
critique o investigue posibles irregularidades terminará sometido a procesos
penales.
La vieja y mañosa estratagema de fulminar a los portavoces,
se estrelló, en esta oportunidad, en la probidad de magistrados que simplemente
no dieron curso al disparate.
Resulta especialmente grave que esta estrategia de
persecución, ocurra en medio de un clima interno cada vez más adverso dentro de
la Contraloría, donde diversos servidores vienen denunciando presiones,
hostilidad y represalias contra quienes discrepan, cuestionan decisiones o
exponen presuntas inconductas funcionales.
Sólo en países muy en la niebla, el miedo, el silenciamiento
y la intimidación pueden convertirse en métodos de administración institucional
y látigo público contra quienes rompen el pacto infame y tácito de hablar a
media voz.
Amenaza descarada
La agresión no está dirigida únicamente contra las personas
comprendidas en el proceso judicial. También constituye una amenaza indirecta
contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que no dudan en revelar
irregularidades, conflictos de interés o pillerías de malos funcionarios
enquistados en entidades públicas.
Pretender, alentar que el Código Penal funcione como
mecanismo de blindaje reputacional representa un grave retroceso democrático.
Clamorosa inexistencia
No deja de llamar la atención el enorme esfuerzo desplegado
por los apelantes para perseguir publicaciones incómodas, mientras las
explicaciones sobre los hechos cuestionados siguen brillando por su clamorosa inexistencia.
Mucho recurso, mucha indignación y muy pocas respuestas.
Reformas urgentes
La Contraloría General de la República necesita reformas
profundas y urgentes. El próximo gobierno deberá recuperar la credibilidad
institucional fortaleciendo mecanismos de control interno, protegiendo
denunciantes, garantizando transparencia en las decisiones y erradicando
prácticas de favoritismo, persecución y utilización política del aparato
administrativo.
Barricada temeraria
Una institución encargada de vigilar el correcto uso de los
recursos públicos, la Contraloría General de la República, no puede terminar
convertida en espacio de amedrentamiento contra quienes ejercen su derecho
constitucional a denunciar e informar.
En cualquier caso, la Contraloría, no debe fungir como
barricada temeraria desde la cual soltar a los perros rabiosos contra los
ciudadanos que denuncian, con la verdad y sin temor y carentes de cualquier
ofensa, las trapacerías en que incurren malos burócratas del Estado.
La ciudadanía ya sabe distinguir entre una legítima defensa
del honor y un monstruoso intento de silenciar críticas incómodas.
Silencios reprobables
¡Qué cierto aquello que en Perú llueve para arriba!
¿Y qué nos dicen los “analistas, internacionalistas y demás
istas”? Miran al costado, se hacen los bobos y se santiguan porque no les
pregunten cuestiones comprometedoras. No vaya a ser que choquen con algún
tagarote que demore el cheque de sus consultorías o mentiras pseudo
intelectuales.
En la Contraloría General de la República, hay gatos que
están de despensero con poderes amplios, discrecionales y con voluntad y
libertad para hacer lo que les venga en gana.
¡Tomar a lo serio cosas del Perú, esto no es república, sino
mojiganga! decía Manuel González Prada.
