Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
26-5-2016
Línea 2: ¿gobierno y OSITRAN
promoviendo una tragedia?
Con irresponsabilidad y prisa misteriosa el gobierno del presidente
Humala, basado en testimonios muy discutibles, pretende consagrar la rebaja de
los cánones de seguridad de los muros de la Línea 2. El regulador, OSITRAN y su
inefable gerente general Obed Chuquihuayta, por cierto que NO sirven para gran
cosa y ni siquiera siguen las recomendaciones de CESEL. ¡Un genuino disparate!
Los ingenieros peruanos señalan que el concesionario, Consorcio Nuevo
Metro de Lima, quiere rebajar el rango de seguridad a 1.3 mientras que la
oferta del concesionario en el concurso que se llevó a cabo y el contrato de
concesión mismo expresan que éste debe ser de 1.5. Cabe precisar que la Línea 1
tiene un nivel de seguridad de 1.5.
Así, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Jorge Gallardo Ku, el
ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler y la
presidente de OSITRAN, Patricia Benavente, nos dicen que no hay problema, que
con 1.3 es suficiente para soportar un sismo de grado 9, que hay algunas voces
innecesariamente alarmistas y demás.
¿Qué interés tiene Humala y el gobierno, a través de los tres
funcionarios mencionados, en aprobar lo que solicita el concesionario,
amparados únicamente en la opinión de un arquitecto del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento que, a todas luces, está equivocado al considerar el
tremendo tramo de 35 kilómetros como “Estaciones”, es decir, paraderos? ¿Cree
este señor que está evaluando otro Metropolitano? ¡Es una obra a más de 25
metros bajo tierra!
¡500 mil pasajeros diarios!
En las últimas semanas mucho se ha venido hablando de los sistemas de
seguridad con que contará la Línea 2 del Metro de Lima, específicamente, en lo
que respecta a su estructura y el grosor de los muros del túnel por donde
circularán los trenes, con alrededor de 500 mil pasajeros diarios.
Para un ciudadano poco entendido en la materia, que recién se está
interiorizando en el tema y que sin embargo, se ha preocupado de investigar
algo más allá de lo que se ve o escucha en los medios de comunicación, le
resulta inexplicable que tres personajes del gobierno saliente den una
conferencia de prensa apoyando la posición del concesionario.
Voces discrepantes
Pero resulta que las voces alarmistas son del Colegio de Ingenieros del
Perú, profesionales de reconocido prestigio en el campo de la ingeniería, que
han participado en la elaboración de normas de construcción, un ex ministro de
Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno de García, que tiene la
experiencia de la construcción y fortalecimiento de la Línea 1 del Metro, luego
de los sucesos sísmicos en Chile, que obligaron a mejorar las normas, sin
oposición del concesionario; y, la
propia empresa supervisora de la obra, CESEL, designada por un concurso que
llevó a cabo el UNOPS por encargo de OSITRAN.
Por su parte, el gobierno se ampara en la opinión “técnica” de un
arquitecto del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuando el
representante del Estado en este contrato es el Ministerio de Transportes,
profesional que por propia formación no es experto en estructuras, ni,
reiteramos, tampoco pertenece al ministerio concedente. ¡Es decir!
Problemas desde la génesis
Es cierto que esta obra ha tenido muchos cuestionamientos desde el
principio, sea por el concurso mismo llevado a cabo por Proinversión, con
proveedor único. Hecho que fue cuestionado por tirios y troyanos, al tratarse
de la obra más importante que va a hacerse en el Perú, por lo que se
consideraba que las bases debieron ser más abiertas (no en los factores técnicos
sino en los componentes humanos y su desempeño en otras obras similares),
permitiendo la participación de mayores postores. O, por la selección del
Supervisor, ya que la Asociación de Consultores del Perú expresaba que las
bases eran discriminatorias y estaban direccionadas a determinado postor. Al
final, se presentaron tres, dos no calificaron y después de una larga e
inusitada negociación, entre OSITRAN-UNOPS-CESEL, fue elegida, como se prevía,
ésta última, liderando un consorcio de empresas supervisoras, se entiende, de
amplia experiencia.
¿A cuento de qué menos
seguridad?
En conclusión, cualquier persona con algo de criterio compara y se
pregunta ¿por qué acceder a lo que solicita el concesionario -rebajar los
estándares de seguridad-, si él mismo se comprometió a ello, si es la propia
empresa supervisora, seleccionada por el regulador, quien también cuestiona
esto si, además, el Colegio de Ingenieros y varios de sus integrantes
especializados hacen lo propio; si un ex ministro del ramo, con experiencia suficiente
tiene opinión discordante con el gobierno?
¿Quién responde?
Siendo además, que es la primera vez que se hace una obra de esta
naturaleza y, por lo tanto, debieran tomarse todos los recaudos posibles.
¿Quién va a responder por la enormidad de muertos que se producirían en
caso de un terremoto de la magnitud mencionada? ¿Los tres funcionarios
fusibles?
¿A santo de qué rebajar el estándar que ya tiene la Línea 1, se había
comprometido en la Línea 2 y puede servir de mal ejemplo para los sucesivos
ramales de nuestro ansiado Metro?
Y lo más preocupante, ¿por qué el regulador OSITRAN no sigue las
recomendaciones de la empresa CESEL, supervisora que tanto le costó
seleccionar?
Faltan dos meses para que este gobierno termine su gestión y los funcionarios
mencionados se vayan, ¿qué los motiva a ir contra lo que resulta lógico y
legal?
