Señal de
Alerta
por Herbert
Mujica Rojas
11-8-2016
Contraloría, Línea 2 y ¿quiénes son
responsables?
Los temas
observados por el Contralor Edgar Alarcón son: 1) la adenda por el adelanto de
la fecha de entrega del tramo 1A para junio pasado; 2) el sobrecosto que habría
generado y que superaría los $170 millones; 3) el incumplimiento en la entrega
de terrenos para el avance de la obra; 4) el no haber usado la tuneladora a
partir de determinada fecha, lo que originó igualmente mayores costos; y, 5) la
no aplicación de multas al concesionario por el incumplimiento de determinados
puntos del contrato de concesión.
Anunció que
el informe ya había sido remitido al Poder Judicial, sin pasar por la Fiscalía,
porque así lo determinan las facultades de Contraloría. Sin embargo,
contradictoriamente, dice también que se ha pasado para determinación de
responsabilidades administrativas y civiles. Entonces, ¿por qué mencionar a la
Fiscalía si no hay tema penal? Cuando en realidad sí debiera haberlo, porque ¿cómo
entender tan cuantiosos perjuicios al Estado, sin responsabilidades penales de
los funcionarios dolosamente involucrados?
Ante el
tibio requerimiento de la prensa, el Contralor señaló que son 23 funcionarios a
los que se les ha encontrado responsabilidad. No obstante, solamente mencionó 4
ó 5 cargos, todos de PROINVERSIÓN, sin especificar las fechas de ocurrencias,
con lo cual todos los funcionarios de esa entidad que ocuparon esos cargos,
deben sentirse actualmente involucrados.
Para
quienes algo conocemos del funcionamiento del Estado, podemos dilucidar que las
responsabilidades de los cinco temas expuestos por el Contralor, se
distribuirían de la siguiente manera: en las observaciones 1, 2 y 3 tendrían
que ver PROINVERSIÓN y el MTC; y, en las observaciones 4 y 5, las
responsabilidades se encontrarían exclusivamente en OSITRAN.
Responsables en la nebulosa
El estilo
no comprometido del Contralor, no permite que la ciudadanía conozca qué
funcionarios, a los que paga con sus impuestos, se encuentran involucrados en
estos importantes hallazgos de CGR, amparándose en su reserva por estar el
expediente judicializado.
¿Pero no es
que acaso temas mucho más candentes no son de total dominio público,
conociéndose quiénes están como testigos y quiénes como acusados?, ¿es que no
confía en el trabajo realizado y teme que el juzgado rechace el expediente? La
ciudadanía exige conocer la relación de los 23 funcionarios y ex funcionarios
involucrados en los hechos denunciados por el Contralor.
Nuevo cambio en OCI-OSITRAN
En este
barullo que se ha armado por la difusión de temas por Contraloría, que algunos
profesionales especializados, consideran un adelanto de opinión, llama la
atención que en el primer y único cambio de Jefes de OCI llevados a cabo por la
actual gestión, se haya sucedido, por tercera vez, el del OCI de OSITRAN, en
los pocos más de cuatro años que tiene de gestión al frente la señorita
Benavente. Caso único entre los reguladores. ¿Tendrá algo que ver en esto que Obed
Chuquihuayta, todavía gerente general de OSITRAN, haya trabajado antes en la
CGR?
¿O, tanto
poder tiene Benavente que se suceden estos cambios cuando, según información
obtenida, el reemplazado venía haciendo una correcta gestión auditora? ¿Eso es
lo que incomoda?
Inacción censurable de CGR y OCI
¿Cómo se
explica que la documentada denuncia presentada por Elisa Antonieta Castro
Valderrama, contra determinados funcionarios de OSITRAN, respecto del “Servicio
de consultoría para el diagnóstico, diseño e implementación para la
modernización del modelo operativo de procesos en el OSITRAN”, de la que
diéramos cuenta en días pasados, haya sido peloteada entre el nuevo jefe del
OCI de esa institución y la Gerencia de Denuncias de CGR, sin que ninguno tome
cartas en el asunto.
Este
proceso de selección, finalmente, ha sido declarado Desierto el lunes pasado, pero no por acción de Contraloría ni del
OCI, sino por la propia ineptitud de los funcionarios de OSITRAN, que efectúan
una convocatoria sin un adecuado sondeo de mercado. Hecho que, no obstante, no
enerva las responsabilidades incurridas en la denuncia comentada, siendo que
además, el valor referencial terminó superando los S/.5 millones.
Pedidos ociosos
Entre estas
medidas se encuentra la de ampliar la base de quienes tienen la obligación de
presentar anualmente declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, hasta
abarcar incluso a trabajadores que perciben una remuneración superior a 1 UIT
(S/. 3950), es decir, casi cualquier funcionario de nuestro bondadoso Estado.
Sin
embargo, esta aparente medida anticorrupción resultaría más aparatosa que
efectiva, pues, según nuestras fuentes, desde que se expidieron las normas
respectivas que disponen remitir un ejemplar de las mencionadas DJ a la
Contraloría, esta entidad no hace un trabajo efectivo sobre ellas, más allá, de
verificar la fecha de presentación y llevar el registro de las sanciones que
aplican las entidades respecto a ese incumplimiento. Es decir, ¿alguna
comparación respecto a notable crecimiento patrimonial? Pues, no.
Más bien,
estas DJ sirven de insumo para labor que le corresponde a la Unidad de
Inteligencia Financiera, actualmente bajo dependencia de la Superintendencia de
Banca y Seguros, algo que debiera el actual gobierno, repensar.
Entonces,
¿a santo de qué pedir mucho mayor volumen de documentación e información si la
Contraloría no se encuentra preparada para procesarla? ¡Dejemos de lado los
aspavientos que no ayudan!
