Congreso y su
prestigio por los suelos
por Germán Lench Cáceres; germanlench@gmail.com
20-6-2018
La
gran mayoría de proyectos de ley presentados por los parlamentarios que, según
el artículo 75º del reglamento tienen fuerza de ley, presuponen la obligación
de incluir en cada texto, el análisis
costo-beneficio de la futura norma legal que se procederá a estudiar
para luego ser aprobada. Lo que permitirá cuantificar los pros (beneficios) y
contras (costos), como una manera de identificar a los beneficiados y a los
perjudicados. Cabe señalar que este requisito sólo puede ser dispensado por
motivos estrictamente excepcionales.
Sin embargo del 100% de proyectos de ley presentados, casi
el 95% carece del análisis y si lo tiene está deficientemente elaborado con
datos estadísticos desfasados y falta de supuestos técnicos que los sostengan,
fruto del desconocimiento de la realidad por los motivos siguientes entre
otros: 1) baja calidad y conocimiento actualizado en materias especializadas de
los asesores de los despachos, claro
no en todos los casos, 2) falta de experiencia del equipo asesor, y que en
los despachos hay una cantidad de empleados por favor político, (muchos de
ellos con sueldos recortados) que no conocen las funciones congresales con
respecto a la asesoría técnica que deben brindar.
Si revisamos los proyectos de ley o iniciativas legislativas
encontraremos que el análisis costo beneficio dice: beneficios muchos y costos
pocos al erario nacional, lo que refleja ignorancia total en temas por legislar
y falta de respeto a la majestad del Congreso y a la población; el Presupuesto
del Congreso nos cuesta anualmente en promedio S/. 710 millones a los
contribuyentes y en los cinco años del período legislativo julio 2016-julio
2021 la cantidad será de S/. 3,550 millones de soles, una cifra nada despreciable
que incluye parte de su personal administrativo, asesores técnicos, para que
propongan normas técnicas consecuencia de estudios bien elaborados, fruto de un
trabajo de investigación riguroso.
Es más, este Congreso ha convertido a las comisiones ordinarias
que deben encargarse de estudiar a profundidad los proyectos de ley
presentados, en mesas de partes, ya que el equipo asesor que debiera ser
experimentado y especializado técnicamente en cada materia, remite los
proyectos de ley a los sectores o entes involucrados para que opinen y si esto
no ocurre, simplemente, en muchos casos, no se dictaminan las iniciativas y si
lo hacen es políticamente o sea, nada.
Ejemplos hay muchos, tenemos proyectos de ley que declaran
de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión pública, que implica
la construcción de determinadas obras con la finalidad de acelerar su trámite y
pasar por agua caliente al Sistema Nacional de Programación Gestión de
Inversiones-Invierte Perú y el Sistema Nacional de Presupuesto que trata que el
dinero del Estado se gaste eficientemente.
Los parlamentarios tienen la obligación de convocar técnicos
con experiencia y que trabajen bien. De lo contrario el prestigio del Congreso
seguirá por los suelos con una desaprobación del 79% de la ciudadanía. No debe
olvidarse que el pueblo votó por el cambio, entonces asuman con responsabilidad
su representatividad ante quienes los elegimos.
