Monday, December 06, 2010

Servir: Contralor violó ley para aumentarse sueldo

Servir: Contralor violó ley para aumentarse sueldo

Confirman primicia de LA RAZÓN y funcionario podría ser vacado
Jesús Molina
A pesar de que fue elegido para custodiar el buen uso de los fondos del Estado, el propio contralor de la República, Fuad Khoury, se habría beneficiado indebidamente de éstos. Según un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), el mencionado personaje se incrementó el sueldo ilegalmente.
A través de la Resolución de Contraloría 200-2009-CG, Khoury Zarzar se autorizó un incremento salarial a S/.33,100. Sus adjuntos también se beneficiaron. El vicecontralor empezó a recibir S/. 27,000 y los funcionarios de nivel IV S/. 24,600.
La Razón puso al descubierto este caso hace dos meses, y ahora Servir se ha pronunciado sobre la ilegalidad cometida. El Congreso de la República lo designó como contralor desde el 2009 hasta el 2016 para custodiar que fiscalice el buen uso de los recursos públicos.

Las conclusiones del informe Nº 441-2010-SERVIR/GG-OAI, emitido el 18 de noviembre último y publicado en su portal, pone en evidencia al Contralor:

"Consideramos que en el contexto de la normativa en materia presupuestal vigente a la fecha, durante el ejercicio presupuestal 2010 la Contraloría General de la República podría autorizar incrementos remunerativos en virtud a la habilitación expresa señalada en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la Ley Nº 28212 así como el Decreto de Urgencia Nº 038-2006 establecen que ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier forma o modalidad contractual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de ingreso del Sector Público, salvo en los meses en que correspondan las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre".

La conclusión de Servir es contundente: El aumento remunerativo que se otorgaron Fuad Khoury y sus funcionarios ha ido en contra de lo que permite la Ley Nº 28212 y el Decreto de Urgencia Nº 038-2006.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 1023, Servir está adscrito a la PCM, y propone "la política remunerativa en el marco de los límites presupuestarios establecidos por la Ley" y en coordinación con el Ministerio de Economía, su opinión técnica es de carácter "vinculante".

Khoury también ha hecho tabla rasa de otras disposiciones legales. Antes de haber empezado a cobrar el incremento, debió haber contado con una "ley expresa", pero se autorizaron los beneficios a través de la resolución Nº 200-2009-CG del 30.dic.09, la cual modifica la RC Nº 035-2005-CG.

"Solo otra norma con rango de ley y de manera expresa podría establecer una excepción para que determinados funcionarios y servidores puedan superar el tope de S/.15,600", advierte Servir.

Se debe precisar que de acuerdo con la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Nº 27815), en su Capítulo III se dan cuenta de las prohibiciones éticas de los burócratas y que, en el caso del contralor, podría afectarlo directamente.

Y es que, en su artículo octavo se precisa que "el servidor público está prohibido de obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia

Pide suspender exportación de gas de Camisea

Pide suspender exportación de gas de Camisea


Carlos Herrera Descalzi.

El gobierno debe dejar de exportar el Gas Natural de los yacimientos de Camisea, mientras renegocia el contrato con las multinacionales referido a los montos de las regalías pagadas por la venta al exterior de este combustible, demandó el ex ministro de energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

Advirtió, también, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo esté vendiendo -además del gas proveniente del lote 56- el insumo proveniente del lote 88 del yacimiento de Camisea, que está destinado exclusivamente al consumo interno. "Yo me temo que (se esté exportando) de los dos (lotes), aunque teóricamente el gobierno está autorizado a vender el producto perteneciente al lote 56…Podría darse (la exportación del lote 88)", subrayó.

Basó su apreciación en que durante el proceso de distribución del recurso natural a los puntos de embarque, resulta casi imposible diferenciar a priori si el producto exportable es del lote 88 (no autorizado) o del 56. "Ese gas sale de los dos lotes, va a la planta de licuefacción de Las Malvinas. Allí lo separan y después de eso es que lo miden (diferencian). Y para saber cuál es cuál, se debe determinar el proceso de medición", detalló.

En ese sentido, especificó que la única forma de saber de qué lote es el recurso gasífero autorizado a la exportación es "auditando el campo"; y el encargado de verificar ese proceso es Perúpetro, una compañía paraestatal que –anotó- obviamente no brindará esa información a la prensa



Contraloría descubre gran fraude tributario de Consorcio Camisea

Contraloría descubre gran fraude tributario de Consorcio Camisea

 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/contraloria-descubre-gran-fraude-tributario-de-consorcio-camisea_75576.html


No sólo se lleva el gas a precio de regalo, además mete cabeza con regalías.

Consorcio sobrevaloró costos de producción y transporte de los derivados de líquidos de Gas Natural para pagar menos regalías. Se benefició por más de US$ 381 millones y el gobierno no hizo nada.

Un informe de la Contraloría General de la República advierte que el Consorcio Camisea ha sobrevaluado los costos de producción y transporte en los líquidos derivados del Gas Natural para pagar menos regalías al Estado con la consecuente defraudación al fisco por más de US$ 381 millones Así lo denunció Manuel Dammert a este diario y lo consigna también en su reciente publicación "La república lobbysta y la nación peruana bicentenaria".

El mencionado documento oficial que advierte de la defraudación es el Informe Especial de Contraloría N° 220-2008-SC/SP-EE" emitido el 2008, del que tiene conocimiento el gobierno pero a la fecha no hace nada.

El informe de la Contraloría se constituye en prueba preconstituida de la adulteración del costo de producción por parte del Consorcio Camisea, que descontando costos ficticios (sobrevalorados) redujo el monto para valorizar y determinar el porcentaje para el pago de las regalías al Estado. Eso es una defraudación tributaria, advierte Dammert.

El Consorcio para llevar el hidrocarburo al consumidor realiza una serie de gastos tanto en el procesamiento (Planta de Fraccionamiento), como en el Transporte (Ductos), ese costo se descuenta al precio establecido del hidrocarburo en boca de pozo, de cuya diferencia resulta el Precio Realizado en base al cual se estiman los cálculos del pago de regalías y los impuestos.

Millonaria defraudación
Según el investigador la defraudación al erario nacional debido a la adulteración de los costos de producción –procesamiento, fraccionamiento, transporte y almacenamiento- en la extracción de los líquidos derivados del Gas Natural suman más de US$ 381 millones, en el periodo junio 2004 a octubre 2010.

Explica -en base a la investigación de la Contraloría- que al fijarse en el contrato (entre el Consorcio Camisea y las empresas que la comercializan) el costo de producción en US$ 6.40 por cada barril líquido derivado del Gas Natural, sin embargo estudios técnicos-económicos concluyen que el costo real es US$ 2.88 por cada barril (US$ 0.650 por costo de procesamiento de líquidos y fraccionamiento, y US$ 2.30 por el transporte del gas de Cusco a Lima mediante el gasoducto).

Esta sobrevaloración de costos permitió descontar a favor del Consorcio costos ficticios –como los mencionados US$ 381 millones- que permitieron disminuir el pago al fisco por concepto de regalías, dice Dammert.

Así -explica- con un costo de producción -sobrevalorado- por cada barril de líquidos de US$ 6.40 cuando el costo real es de US$ 2.88, el Consorcio descontó ilegalmente US$ 3.52 por cada barril.

Ahora, entre el periodo junio 2004 y octubre 2010, según cifras oficiales se produjeron más de 105 mil barriles con líquidos derivados de petróleo (la producción exacta es de 105,854,666 barriles), por un monto de US$ 5 mil millones (exactamente fue US$ 5,308,215,477.66). Dicho valor teniendo en cuenta un costo de producción de US$ 6.40 por cada barril.

Sin embargo como advierte el informe de la Contraloría, el Consorcio viene descontando ilegalmente US$ 3.52 por cada barril, es decir con la producción de más de 105 mil barriles el grupo de empresas privadas que controla el gas de Camisea ahorró -defraudando al erario nacional- más de US$ 381 millones (el monto exacto es US$ 381,076,795.6), estimó Dammert.

El Consorcio Camisea -liderado por Pluspetrol- está beneficiándose con el ingreso extra de US$ 3.52 por cada barril de venta de líquidos de Gas Natural, considerando que al día se viene produciendo 30 mil barriles, entonces todos los días Pluspetrol tiene ingresos extras de 105 mil seiscientos dólares, lo que al mes hacen 3 millones 168 mil dólares (US$ 3'168,00), este es otro robo que por causa de estos malos contratos el país pierde, y el ministro no hace nada por recuperar dichos montos, advierte la parlamentaria Susana Vilca.

A pesar del informe concluyente de la Contraloría la administración actual no ha realizado nada al respecto. Incluso la propia Contraloría no continuó con el proceso pues tras descubrir la defraudación tributaria debió denunciar el ilícito ante el Ministerio Público pero no lo hizo, lamenta el especialista.

Es por ello, que en el Hábeas Data que el Foro Soberanía Energética –del cual forma parte Dammert y el secretario general de la CGTP, Mario Huamán- presentó al Estado pidiendo explicaciones sobre la ilegal exportación del gas de Camisea, entre otros puntos, pide al gobierno aprista responda respecto a las acciones adoptadas a partir del Informe Especial 220-2008 de la Contraloría General de la República. De este informe también tienen conocimiento el Ministerio de energía y Minas y Perúpetro.


Wilder Mayo
Redacción

Gamarra: 500 contra 1



---------- Forwarded message ----------
From: Alexandro Saco <alexandro09538@gmail.com>
Date: 2010/12/5
Subject: Gamarra: 500 contra 1
To: rio_abierto_peru@yahoogroups.com, tierraylibertadperu@googlegroups.com


500 contra uno

Alexandro Saco
El tragicómico secuestro de Gamarra, ha sido presentado como una brillante operación policial, cuando lo que refleja es la persistencia de prácticas institucionalizadas y las consecuencias de contar con un sistema de salud precario y excluyente.

Se me hace realmente complicado asumir una brillante operación policial cuando se necesitaron 500 efectivos para deshacerse de un pintoresco secuestrador. Cualquier cálculo sobre esa proporción da como resultado que la policía en Lima es ineficaz. Por otro lado, si bien existía un riesgo por la reacción del secuestrador, al parecer pudo evitarse su eliminación. Pero la orden del Ministro Hidalgo, que en sus pocos días en el cargo ya fabricó un psicosocial con la captura y liberación de supuestos narcotraficantes, debe haber sido matar para exhibir el objeto del triunfo.

Ruíz y el sistema de salud

Oyendo las declaraciones de la familia de Ruíz, ahora se observa mejor su perfil, marcado por dos situaciones sociales e institucionales que afectan continuamente a los peruanos. El secuestrador, luego de no ingresar a medicina en San Marcos, fue levado y cumplió al menos veinte meses de servicio militar obligatorio. Todo indica que como muchos otros, ahí fue vejado y torturado. La madre del secuestrador y sus amigos de Yauyos, refieren cómo Ruíz al salir del ejército regresó siendo literalmente otra persona, con marcas de golpes en la cabeza y la nariz torcida, lo que afectó su personalidad al punto de ser irascible; también refieren los familiares y amigos que el secuestrador sufría de constantes dolores de cabeza, seguramente fruto de los maltratos en el cuartel.

Otro dato que menciona la madre es que Ruiz era el único apoyo con que ella contaba, ya que su esposo y padre del secuestrador, desde hace varios años se halla postrado por una enfermedad, lo que implica una serie de gastos que han impedido que la familia supere sus precarias condiciones de vida, y que como en el caso de miles de familias peruanas significan empobrecimiento frente a la enfermedad.

Es decir, la situación del secuestrador estuvo marcada por dos asuntos que tienen relación directa con las limitaciones del sistema de salud peruano. Una la falta de atención frente a los problemas de salud mental derivados de las vejaciones en el servicio militar, que la propia sanidad militar pudo haber aliviado; y otro producto de la exclusión de atenciones integrales de salud para peruanos en pobreza que sufren alguna postración; este último caso se repite innumerables veces, y mientas más alejada la localidad menos posibilidades de lograr atenciones adecuadas.

Fiesta y policía escolar

A pesar de estas constataciones que evidencian las grietas de nuestra institucionalidad, los medios de comunicación y los representantes del Estado, han aprovechado la eliminación del joven desequilibrado para construir una victoria casi nacional, donde sólo se resolvió una situación complicada. Es patético ver a los policías que participaron en la operación descritos casi como héroes, entrevistados en todas partes, cuando fue en cierta medida la propia incapacidad de la policía la que llevó a este extraño secuestro: ¿qué clase de policía era el que custodiaba el Banco Continental de Gamarra para que un aprendiz de secuestrador, sólo experto en películas, lo haya reducido como a un policía escolar?

Persistimos en la insana costumbre de crear mitos donde sólo hay situaciones regulares. Es más, en este caso no se puede hablar de una acción brillante de la policía ni mucho menos. Todos hemos sido testigos del absoluto desorden de la operación, en la que una centena de uniformados más que facilitar la salida de los rehenes lo que hacían era estorbarla. Si por casualidad este secuestro no hubiera sido producto de la imaginación de Ruíz, sino uno planificado por un grupo de delincuentes avezados, se hace dudosa la posibilidad de lograr una acción exitosa.

Foco banalizado

Así las cosas, observamos cómo la precariedad de nuestra institucionalidad y las prácticas acendradas en ésta, como la tortura en los cuarteles y la exclusión de los pobres para acceder a salud, pueden llevar, como en este caso a situaciones límite, que si bien han afectado a personas inocentes que en buena hora no sufrieron daños mayores, son aprovechadas para crear imágenes irreales: no contamos con una policía preparada para hacer frente a situaciones extremas, por ello presentar a sus miembros como héroes por interés gubernativo o por sensacionalismo periodístico, es una banalidad.

Lo que debería hacer pensar esta situación, es en la eliminación de las torturas que se dan en nuestros cuarteles, sobre todo con los peruanos pobres, y asimismo reflexionar sobre el real tránsito hacia un sistema de salud en el que todos podamos ser atendidos cuando lo requiramos, y no permitir que nuestros adultos mayores queden postrados en una oscura habitación esperando la muerte, con el consiguiente sufrimiento y empobrecimiento de las familias. Ahí está el foco del asunto, y no en la creación de noticias o de héroes de papel.

5 12 2010



Osce, transparencia, Kouri y Gemalto

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
6-12-2010

Osce, transparencia, Kouri y Gemalto
http://www.voltairenet.org/article167690.html

¿Qué papel cumplía el ciudadano colombiano y alto funcionario de la empresa holandesa Gemalto, Julián Darío Campaña Lewis, cédula de identidad No. 79.948.376, Julian.Campana@gemalto.com, en la visita que hiciera a OSCE (Organismo Supervisor de las Compras del Estado), el 4-10-2010 acompañando a Carlos Antonio Kouri Cahuas de la firma CAKC EIRL? Que se sepa, Gemalto, no fue parte en el Proceso de Licitación No. 002-2010-IN-DIGEMIN.

En el artículo-carta que escribí el 10-11-2010, ¡Solicitando Transparencia a OSCE!
http://www.voltairenet.org/article167482.html demandé conocer "¿Cuántas reuniones mantuvo el señor Carlos Kouri Cahuas, de la firma CAKC EIRL, con la funcionaria de la Dirección Normativa de OSCE, Jenny Guillén y quiénes le acompañaron, entre personal asesor o técnico, a dichas reuniones entre el 21 de setiembre y el 5 de octubre del presente año?" La respuesta correcta y puntual de OSCE nos hace conocer que la cita se llevó a cabo el 4-10 y con la presencia de Carlos Kouri (que sí compró bases) y Julián Campaña de Gemalto que no intervino en ninguna forma en ese proceso de selección.

Como se recuerda en el artículo de la referencia dije: "Sin embargo, como ya hemos hecho constar de manera pública, el referido señor Kouri Cahuas, envió carta demandando la nulidad del proceso directamente al ministro del Interior, Fernando Barrios Ipenza el 26-10, infiriéndose que no estaba de acuerdo con lo ocurrido y que por tal motivo exigía, hasta hoy se desconoce si fue per se o por encargo de otros, el derrumbe de una licitación para que el público pueda adquirir pasaportes".

Reiteremos, para claridad del asunto que: "Más aún, tal como hemos referido en dos artículos periodísticos: ¡Kouri presiona a ministro Fernando Barrios! http://www.voltairenet.org/article167469.html del 5-11 y, ¿Direcciona DIGEMIN las licitaciones? http://www.voltairenet.org/article167477.html del 8-11, Kouri Cahuas también afirma temerariamente que DIGEMIN direccionó el proceso de Licitación Pública."

Es de conocimiento público el destino catastrófico y escandaloso que a posteriori de la carta que le envió Kouri Cahuas cupo al ex ministro Fernando Barrios Ipenza. No obstante, en esos momentos, cuando Kouri remitió su injustificable misiva petardeando el proceso público, aquél gozaba de amplio poder.

Una primera pregunta adviene simple: ¿con qué propósito hizo lo que hizo Kouri si ni siquiera presentó consultas o propuesta económica durante la licitación?

¿O se sentía Kouri muy seguro del respaldo de algún o algunos poderosos que avalaban su salto increíble por encima de las reglas comunes de todo proceso de compra del Estado y acudió raudo hacia el otrora ministro Barrios?

Llama la atención que la visita del 4-10-2010 a OSCE haya sido efectuada al alimón por Kouri con el importante funcionario de Gemalto, el colombiano Julián Campaña Lewis. ¿Gemalto envió a su ejecutivo y con qué propósito a esa reunión?, ¿sabe Gemalto qué hace su empleado en compañía de personas que producen documentos desequilibrados y hasta saboteadores?, ¿tuvo Gemalto que ver con estas imposturas del señor Kouri Cahuas?

Las preguntas sobre Gemalto tienen absoluta propiedad por una razón comprobable: esta firma sí se ha presentado, en consorcio con la empresa IBC Systems SRL, para el ítem 2 Centro de personalización, Licitación Pública 006-2010-RENIEC de fecha 29-11-2010 del DNI electrónico. ¿Hay relación entre la temprana visita en octubre, en un proceso en el cual no intervino Gemalto, con la licitación de noviembre?

El Memorando No. 415-2010/DTN-JSS que dirige el señor Juan Antonio Silva Sologuren, Director Técnico Normativo a la señora Ana Grimanesa Reátegui Napurí, Secretaria General de OSCE y en respuesta a mi artículo-carta antecitado precisa en uno de sus párrafos lo siguiente:

"En tal sentido, cabe precisar que la Especialista Jenny Guillén Tello sostuvo reuniones con el personal de la Dirección General de Migraciones y Naturalización y con el participante Carlos A. Kouri Cahuas EIRL. Así, con fecha 30.SET.2010 se reunión con la Presidente del Comité Especial de la Licitación Pública No. 002-2010-IN-DIGEMIN, la señora Patricia Aída Dávila Tasaico. Asimismo, con fecha 04.OCT.2010 se reunió con el señor Carlos A. Kouri Cahuas, que estuvo acompañado del señor Julián Campaña Lewis".

El 26-11 en Oficio No. 385-2010/DTN/STNO y con referencia a la comunicación del 18-10, el señor Juan Antonio Silva Sologuren, escribe a Carlos Kouri Cahuas:

"Al respecto, cabe señalar que este Organismo Supervisor en el Pronunciamiento requirió a la Entidad el registro de la "documentación que dé cuenta d ela existencia de pluralidad de proveedores que pueden cumplir con las especificaciones técnicas". A efectos de cumplir con lo expuesto, la Entidad registró, conjuntamente con las Bases integradas, los correos electrónicos de las empresas DE LA RUE IDENTITY SYSTEMS y 3M, en los cuales manifestaban que sí cumplían con las especificaciones técnicas y los plazos del presente proceso de selección, afirmación que ha sido ratificada por estas empresas a solicitud de este Organismo Supervisor. En atención a ello, se adjunta las comunicaciones cursadas con las indicadas expresas.

Por las razones expuestas, no corresponde acoger la solicitud planteada ante este Organismo Supervisor mediante el documento de la referencia."

¡Pero el señor Carlos Kouri Cahuas el 26-10 ya había escrito, en forma directa, inusual y en forma golpista al entonces ministro del Interior Fernando Barrios Ipenza demandando la nulidad del proceso y acusando de direccionar el mismo a Digemin, extendiendo, por transitividad, el mismo cargo a OSCE!

En el artículo, tantas veces citado, pusimos un párrafo cuya repetición subraya las ventiscas de una acción articulada, nociva y que demanda explicaciones urgentes. Y acaso hasta penales:

"Ignoramos si cualquier ciudadano puede aseverar, sin respuesta hasta hoy, cargos tan graves a alguna entidad del Estado y tratándose de Licitaciones Públicas sea algo normal el crecer de aclaraciones y de las acciones más pertinentes para quienes estén involucrados en la comisión de semejantes hechos de carácter delictual".

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