Se agrava crisis del transporte, combustibles por las nubes
por Jorge Manco Zaconetti
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2-4-2022
Diario Uno
La presente coyuntura política y económica demuestra el
carácter estratégico del sector de hidrocarburos para la economía nacional, y
el paro de transportistas jaquea al gobierno, provoca una escasez relativa, una
mayor especulación e incrementa los precios de los alimentos, afectando como
siempre a los más pobres del país.
Esta cuestión se agravará a partir del 4 de abril, cuando más
gremios de transportes se sumen a la paralización, afectando al conjunto de las
regiones, en especial los mercados de Lima, ciudad que concentra más de 10
millones de habitantes. En la ciudad capital, los mercados mayoristas demandan
7 mil toneladas diarias de alimentos y por el paro no se cubre ni la mitad del
abastecimiento.
También demuestra la ausencia de una política energética que
apueste por el consumo intensivo de los recursos energéticos como el gas
natural que se tiene en abundancia; pero seguimos dependiendo del petróleo y
derivados que tenemos que comprar en el mercado externo.
En tal sentido, resulta inaceptable que de una extracción
diaria en promedio de 1,700 millones de pies cúbicos en los campos de Camisea,
lotes 88, 56 y 57, apenas se destinen 13 millones de pies cúbicos diarios de
gas natural al consumo doméstico, y 80 millones de pies cúbicos diarios como
gas vehicular en la flota de transporte convertida (taxis y privados).
La importancia de consumir gas natural del lote 88 en el cual
se reinyectan actualmente más de 300 millones de pies cúbicos diarios, es que
su precio para el consumo residencial y vehicular está regulado. Por tanto, no
se depende de las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo y
derivados, como el diésel y gasolinas.
Es más, si fuéramos autosuficientes es decir si la producción
interna de crudo fuera de 260 mil barriles diarios (un supuesto) y no los 40
mil como es ahora, tendríamos que valorizar el petróleo a precios
internacionales pues así lo impone el modelo liberal de mercado, que está
siendo cuestionado por la realidad.
En verdad, el Perú es un importador neto de petróleo, pues de
los 260 mil barriles diarios que constituye la demanda interna de combustibles,
entre ellos 120 mil barriles diarios de diésel 2 limpio importamos el grueso,
como también 25 mil barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP), y más de
80 mil barriles de petróleo crudo.
En el 2020 en el año de la pandemia y crisis sanitaria el
precio promedio del crudo fue de US $ 34 dólares el barril (un barril es
equivalente a 42 galones). En el 2021 el precio internacional se incrementó a
un promedio de US $ 70 dólares el barril, y en lo que va del 2022 entre enero a
marzo el precio ha fluctuado entre los US 100 dólares y US $ 130 dólares, con
todas las consecuencias que ello conlleva.
Por tanto, el precio del crudo entre el 2020 y en lo que va
del 2022 se ha más que triplicado, y las empresas importadoras como PetroPerú,
y en parte la competencia como Repsol “La Pampilla”, tienen que importar los
derivados abonando precios internacionales, más todos los costos que se
incorporan, sea fletes, seguros, costo de puertos, almacenamiento etc.
Un paro justo
El paro de transportistas es justo con todas las
consecuencias que ello significa, y es un cuestionamiento profundo a la
política energética, y en especial a la política tributaria que grava con más
del 30 % el precio de los combustibles. ¡Un extractivismo impositivo que grava
a los más pobres!
Así, en un galón de gasolina de 90 que se vende a 20 soles,
más de 6 soles son impuestos, entre rodaje (8% del precio refinería), selectivo
al consumo de combustibles (S/ 1.20 por galón) y el impuesto general a las
ventas (18 %).
El pliego de reclamos de los transportistas de carga pesada
va más allá de la devolución del impuesto selectivo al consumo. Según la “Unión
de Gremios de Transporte Multinacional” incluye la eliminación de la
competencia desleal de transporte extranjeros especialmente boliviano que
accede a precios subsidiados de combustibles en su país.
Incluye también la revisión de los contratos de concesión
mafiosos de vías y peajes donde se pagan precios elevados por eje de cada
camión, más la reestructuración total de los organismos reguladores como la
Sutran, la Autoridad Autónoma entre otros.
En verdad, esta crisis del transporte no es nueva y cuestiona
en la base la política energética del país. Demuestra también la importancia
estratégica de PetroPerú como empresa que puede regular en parte el
abastecimiento de combustibles a nivel nacional, incluso asumiendo pérdidas
económicas.
En todo caso el expediente del gobierno del Ministerio de
Economía y Finanzas ha sido incorporar las gasolinas de 84, y 90 octanos,
conjuntamente con el diésel 2 y el GLP que se vende a granel en el llamado
“Fondo de Estabilización de Combustibles”, con un efecto subsidiador,
compensador para paliar tardíamente la crisis de precios. Pero con una vigencia
de un mes, como si este problema fuese temporal agravada por los altos precios
del petróleo derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Entre el 2004 a la fecha el “Fondo de Estabilización de
Combustibles” ha significado un subsidio de más de US $ 2,500 millones de
dólares, beneficiando a las empresas refineras e importadoras, con el agravante
que a PetroPerú por ser empresa estatal no se la compensa plenamente.
Si parte de esos recursos hubiesen sido utilizados en la
masificación del gas natural, otra sería la historia, y gran parte del parque
automotor, privado y público estaría consumiendo gas natural vehicular. Pero
para ser ello posible, debemos recuperar la soberanía y la decisión nacional
sobre nuestros recursos energéticos como el gas natural de Camisea.