Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
22-7-2017
¿El Estado agente vendedor-cobrador
de Odebrecht?
Se lee en el Decreto de Urgencia 003-2017 lo siguiente:
“Artículo 4.- Procedimiento de adquisición
4.1 Cualquier persona que pretenda adquirir, bajo cualquier
título, algún bien o derecho de alguna de las personas a las que se refiere el
artículo 2, así como acciones u otros valores representativos de derechos de
participación emitidos por personas constituidas en el Perú comprendidas en el
artículo 2, aun cuando estos bienes, derechos, acciones o valores hubieren
sido transferidos en fideicomiso o bajo otra modalidad
semejante, debe presentar previamente al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos una solicitud escrita manifestando su interés. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos puede requerir la información adicional y documentación
sustentatoria que considere pertinente.”
¿Ministerio
de Justicia simple intermediario, o algo más, de la venta del condenado Odebrecht
a un tercero?
Alegó la muy cuestionada y aún ministro de Justicia,
Marisol Pérez Tello, cuando anunció por televisión el cese de la procurador
Katherine Ampuero y lo propio de la presidente de la Oficina de Defensa
Jurídica del Estado, Julia Príncipe, que se estaba “trabando” la venta de Olmos
y que eso, palabras más, palabras, menos, era la catástrofe para todo el mundo.
¿Decreto de alguna urgencia criminal para vender Olmos
por un precio que sólo el gobierno peruano lo sabrá, o quizá sólo PPK, y gran
parte del cual puede ser pagado en el extranjero entre insondables empresas off
shore? ¿Para estos negocios claramente turbios la Constitución permite la
dación de Decretos de Urgencia?
Querría decir entonces que las ofertas para Olmos
fueron presentadas “previamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –vía-
solicitud escrita manifestando su interés”. ¿Cuántas fueron las ofertas
interesadas y con qué montos? Hasta donde yo sé nadie sabe esa información
puntual y precisa.
Más aún. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos con ofertas económicas de las que nadie tiene conocimiento y
que pueden ser muy arbitrarias, secretas y dónde lo único que no interesa es el
resarcimiento económico del Estado, ni los trabajadores sino el cómo pagar lo
menos posible con el máximo beneficio de quienes intervengan en esta fina
urdimbre en un escenario lo menos propicio posible como es Justicia?
El secretismo apunta al predominio de cualquier sector
y sin duda alguna otros empiezan con sus disparos de todo calibre. ¿No hemos
visto cómo Babuino Gordo, el de Pintor Rosales 64-66, Madrid, ha expresado su “censura”
por la fulminación de Ampuero y Príncipe, esta última muy vinculada a su
cogollo al más alto nivel?
Da la impresión que este gobierno tiene el raro
deporte de sacrificar alfiles en el tablero del complicado ajedrez político
nacional. Chinchero fue artículo mortis para Martín Vizcarra. Olmos es el final
de su breve papel público de Marisol Pérez Tello. Thorne renunció con sabor a
chicharrón de historia anticipada. Si la administración Kuczynski se hubiera
preparado contra sí misma ¡jamás lo habría hecho tan autodestructivamente bien!
Mientras tanto, las idas y venidas dan risa por la
hipocresía ambiente y provocan indignación porque hay más jugadores en la
cancha, algunos ultra poderosos y sirvientes de intereses foráneos y
favorecedores de los grupos criollos que se reparten la torta financiera y
económica a espaldas de la sociedad civil.
¿Y el pueblo? ¡Olvidado como siempre y padeciendo a
sus mediocres taifas pandilleras!
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