Delincuencia,
corrupción y modelo obsoleto
por Luis Alberto Salgado T.; luissalgadot@aol.com
17-6-2015
No me referiré a la debacle educativa
del Perú que se gesta desde hace 25 años, ni a los vergonzosos indicadores en salud de la población peruana (entre los más bajos de América Latina) que
en el mismo lapso se han ido deteriorando sistemáticamente como resultado
directo de las políticas aplicadas desde el Estado y por gobernantes (Fujimori, Toledo, García, y el actual
Humala) que han fracasado y defraudado al Perú. Por ello, el rechazo sin
ambigüedades -por considerarlos corruptos e incapaces de gobernar para el bien
público- que la mayoría de peruanos siente por ese grupo de individuos que han
sido presidentes de la República (secuela
que continúa con Ollanta Humala) y sus entornos de ministros, viceministros,
funcionarios y congresistas lobistas y negociantes. Y debemos recordar que como
marco legal tenemos la “constitución” más reaccionaria y antinacional, también,
de toda América Latina.
No, señores, el fanatismo ideológico neoliberal
que acerca peligrosamente al Perú a la condición de Estado fallido -dando pasos
decididos hacia el narco-Estado- tiene otros efectos perversos que cierta
prensa persiste irresponsable, y sospechosamente, en soslayar u ocultar. Esos factores
perniciosos que comenzaron a gestarse decididamente con el gobierno de Fujimori
y continuaron con Toledo, García y Humala, tienen consecuencias actuales y presentes
en la vida diaria de cada uno de nosotros, pues agobian y amenazan a gran parte
de la población peruana en ciudades y en ámbitos rurales, consecuencias, sin
embargo, que gran parte de la ciudadanía
no relaciona, ni conecta con sus causas reales, debe hacerlo.
Desmantelamiento de nuestra Policía Nacional
Los regímenes derechistas ultra-neoliberales
de Fujimori, Toledo, García y Humala son culpables del desmantelamiento de la
Policía Nacional del Perú. Al reducir drásticamente su número, a pesar del
aumento natural de la población, iniciaron su privatización obligando a decenas
de miles de policías con muy bajos sueldos -de los que quedaron en actividad- a
“cachuelear” en casinos, grifos y supermercados en su tiempo libre. Por ley de
los años 90, que mantienen hasta hoy, esos gobiernos han puesto personal
policial, armas, municiones y equipos -que pagamos todos los peruanos- al
servicio de particulares, sobre todo de empresas con proyectos mineros, muchos
de ellos en conflicto grave con los pueblos y comunidades, generando centenares
de muertos y heridos hasta la fecha.
Lo anterior merece la atención de quienes
se consideran especialistas o expertos en temas de seguridad ciudadana, e
incluso de seguridad del Estado, si es que la idea es abordar con seriedad y
responsabilidad el problema, sentar las bases de un comienzo de solución y
avizorar luz al final del túnel sin que esa luz sea la de una locomotora que
nos impactará irremisiblemente. De otra manera, se seguirán dando lamentables
“palos de ciego”.
Impacto en la sociedad
Expliquémonos. La delincuencia común en
todas sus variantes y expresiones perversas, así como las organizaciones
criminales del narcotráfico y las bandas de secuestradores y sicarios al
servicio de mafias políticas se auto-“justifican” y retroalimentan de la
impunidad (falta o ausencia de sanción y
castigo por delitos cometidos en perjuicio del Estado y la Nación) que
observamos hasta el hartazgo ante casos de mega-corrupción política. Esto,
debido a un sistema de administración de justicia descompuesto o “podrido” (según la expresión popular) en amplios
sectores, pero que es la prolongación de ese poder político corrupto pero
organizado que se ha instalado sólidamente bajo la égida y al amparo de un
modelo ultra-neoliberal en lo ideológico y en lo económico, y dictatorial en lo
político, que comenzó a construirse fanáticamente desde el 5 de abril de 1992 y
que derivó en uno de los gobiernos más corruptos y malsanos de la historia del
Perú. En el 2000 hubo un aparente respiro con la fuga cobarde del cabecilla de
ese régimen de oprobio, pero se mantuvo la estructura fundamental causante del
envilecimiento de la relación Estado-sociedad y de las relaciones entre los peruanos
mismos. Hoy sufrimos y pagamos las
consecuencias.
Como expresión patente y, a la vez,
trágica de lo anterior, se fueron entronizando bandas de sujetos, de cuello,
corbata y perfumes caros, con poses histriónicas de “líderes políticos” y
asesores “técnicos” en economía y en derecho, que desde el más alto poder
político del Estado comenzaron a medrar de la nación, con descaro, a
despilfarrar en frivolidades y en beneficio propio, de la hacienda pública y a ejecutar
sistemáticas políticas entreguistas de nuestros recursos nacionales y
directamente del llamado “tesoro público”. Remataron delictivamente, vía
privatizaciones, importante número de empresas de propiedad de todos los
peruanos. Ese proceso perverso continúa hasta hoy con Ollanta Humala. Pero ante
ello, ha habido y hay, mayormente, impunidad, porque la sofisticación del
crimen en banda organizada busca perennizarse para garantizar, precisamente,
más impunidad. Además, esa impunidad, es
nefasta para el país pues da un poderoso mensaje de auto-justificación y mayor
impunidad para la delincuencia común y el crimen organizado. “Si los grandazos del gobierno lo hacen,
¿por qué yo no?”.
No nos engañemos: el narcotráfico y el crimen
organizado necesitan de políticos corruptos. El narcotráfico y el crimen
organizado necesitan de instituciones corruptas y maleables al crimen. El
narcotráfico y el crimen organizado necesitan de un Estado corrupto y de un
modelo económico que maltrata y excluye a millones y viola los derechos
económicos y sociales de los pueblos del Perú. ¿Alguien
habló de narcoindultos?. Los ejemplos y las pruebas están ahí, para quien sólo
sepa y quiera mirar bien.
No esperemos que del gobierno de Humala,
o de la mayoría de las bancadas congresales venga una propuesta racional y
coherente para enfrentar la escalada delincuencial. Pues esas mayorías o
minorías congresales -salvo muy honrosas excepciones- son producto de esa
escalada delincuencial y de esa descomposición institucional. Desahuciados
están y deben irse.
Por lo dicho, los peruanos y peruanas debemos
ponernos de acuerdo en partir de esa premisa y de esa realidad en el Frente
Amplio nacional que estamos construyendo con Tierra y Libertad, con el
Movimiento Sembrar, con el Frente Único del Pueblo, con la Central Unitaria de
Trabajadores del Perú (CUT), con el Movimiento por la Gran Transformación, con
Pueblo Unido y otras numerosas decididas organizaciones juveniles que se vienen
forjando en la costa, la sierra y la Amazonía. Es hora de un nuevo comienzo
para el Perú, dando seguridad a la ciudadanía y erradicando realmente a la
corrupción.
