Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
11-4-2017
Pasaportes
electrónicos fue compra encubierta “de gobierno a gobierno”
El ex ministro de Relaciones Exteriores, del gobierno
pasado, Rafael Roncagliolo, ha dicho en forma pública lo que siempre fue
premisa y presunción de todo el mundo: que las compras de gobierno a gobierno,
eran impuestas, direccionadas, orientadas o alentadas por el presidente, en
este caso, Ollanta Humala Tasso.
El caso de los pasaportes electrónicos oficialmente fue una
compra en la que la modalidad “gobierno a gobierno” fue descartada luego de 5
costosos estudios de mercado que determinaron que dicho mecanismo NO aportaba
ninguna ventaja. En buena cuenta que era un adefesio mayúsculo.
No obstante, la administración Humala, vía la
Superintendencia Nacional de Migraciones, entonces a cargo del abogado Boris
Potozén quien brilló por su postura anuente, colaboracionista, acrítica, en
favor de las directrices del más alto nivel, privilegió todo lo que pudo a
OACI-ICAO para que se “encargara” de la licitación internacional, absolviera
“consultas” no en Perú sino en Montreal, Canadá y se terminó dando la buena pro
al consorcio francés Imprimerie Nationale-Gemalto que a la postre resultó un
monopolio que también pescó los pasaportes electrónicos de Cancillería en
proceso que anunció menos de un mes atrás el Contralor como caso penal a
denunciarse a la brevedad posible.
Resulta imprescindible recordar que en diciembre del 2015,
mientras que en Bruselas, sede de la Comunidad Europea, el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, celebraba la exención de la Visa Shengen para su
país, el jefe del Estado, Ollanta Humala, allí mismo, daba disculpas poco
convincentes por la ineficiencia de Migraciones en lograr igual cometido con el
pasaporte electrónico que no teníamos aún en Perú.
Lo acontecido en Cancillería con prisas extrañas, presiones
indebidas “al más alto nivel”, comunicaciones enviadas a los proveedores en
viernes o sábado, en feriados o días inadecuados, se dio la buena pro al
monopolio Imprimerie Nationale-Gemalto. Es decir la misma historia que en
Migraciones. Pero aquí hubo, y así lo denunciamos tempranamente, un sobreprecio
de US$ 16 millones de dólares.
Lo resumido líneas antes y lo que significan las declaciones
de un ex canciller de la administración de Ollanta Humala, debiera constituir
elemento de juicio para la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción que sigue el
caso de los precios exorbitantes del pasaporte en Cancillería, tal como
anticipara en marzo el Contralor Edgar Alarcón y sobre la que anunció acción
procesal.
La lucha contra la corrupción no sólo debe remitirse a los
operadores o empleados en las dependencias estatales, en este caso de
Migraciones y Cancillería, más bien debiera ampliarse a las acciones sospechosas
en que incurren gobernantes que alientan preferencias que disfrazan de
“gobierno a gobierno” o disimulan vía intermediarios, OACI-ICAO por ejemplo,
que exhiben deficiencias gigantescas y hay mucha literatura sobre el particular
que acompañamos a este artículo.
No debe omitirse que si hay preferencias es porque existen
razones inconfesadas u ocultas de birlar recursos que debieran destinarse al
justo precio del bien a adquirirse. El beneficio propio desde las alturas de un
puesto en el gobierno, se llama robo y estafa. Y el perjudicado es el que paga
estos sobrecostos: el pueblo con sus impuestos.
Por tanto, la identificación de un trabajo contra la
corrupción tiene, forzosamente, que implicar a quienes operativizan el hurto,
pero también, y con acción decidida, a quienes desde las alturas o al “más alto
nivel”, empujan, con nombre y apellido, contratos o licitaciones muy
cuestionables.
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