por Herbert Mujica Rojas
5-8-2008
Zeta Gas exporta corrupción a Perú
http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2007/marzo/htm/Zeta_Gas.htm
Año IV No. 50 Marzo 2007
Gracias a los beneficios obtenidos durante la administración de
Alberto Fujimori –caracterizada por la corrupción en Perú– el grupo Z
Gas de Ciudad Juárez, Chihuahua, se instaló en ese país andino desde
hace una década y ya enfrenta denuncias de monopolio, prácticas
ilícitas y las suspicacias de empresarios locales que lo acusan de
lavado de dinero
por Ana Lilia Pérez
La administración de Alberto Fujimori en Perú se caracterizó por los
altos niveles de corrupción manejados desde el Ejecutivo, como se
tradujo en el escándalo de Vladimiro Montesinos, su red de espionaje y
sus vínculos con la delincuencia organizada.
Durante ese gobierno, el consorcio gasero Zeta Gas entró en el país
sudamericano mediante un permiso otorgado por el Ministerio de Energía
y Minas como productor mayorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP.)
Con la empresa Zeta Gas Andino, Miguel Zaragoza Fuentes y su hijo
Jesús Zaragoza López ingresaron en Perú para importar GLP de México y
distribuirlo como mayorista a las empresas distribuidoras de gas que
ya operaban en Perú, todas familias peruanas de tradición gasera.
Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de empresarios gaseros
locales, mediante oscuras negociaciones con el gobierno de Fujimori se
les autorizó a convertirse en planta envasadora y distribuidora de gas
al menudeo.
A partir de ese momento, señalan gaseros peruanos, empezaron las
prácticas de corrupción de la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y
Jesús Zaragoza López en ese país, para acaparar el mercado del
combustible.
Actualmente Zeta Gas Andino tiene una planta envasadora en la zona del
Callao y dos sucursales de distribución ubicadas en Lima y Callao.
De acuerdo con un estudio de la Oficina de Estudios Económicos del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de Perú
(Osinergmin), la privatización de la empresa estatal Sol Gas
–realizada durante la administración de Fujimori– benefició
principalmente a los distribuidores Repsol, Zeta Gas Andino, Lima Gas
y Llama Gas.
A partir de esos años el costo del gas se encareció considerablemente
a tal punto que en Perú se paga el precio más alto en la región por el
combustible, aunque se trata de un país productor y exportador de gas.
Al igual que en México, el elevado alto costo del GLP que pagan los
consumidores es por el alto margen de ganancias que tienen los
distribuidores y no por el costo en sí del gas, puesto que actualmente
Perú es uno de los mayores productores a nivel mundial con la
explotación del yacimiento de Camisea, en la zona de Cusco.
El Osinergmin señala que a partir del 2001, Zeta Gas aumentó
considerablemente su participación en el mercado de la distribución
del GLP, principalmente en la capital y las zonas conurbanas.
El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Envasadoras de Gas
de Perú (Suntegasp) dice que el expansionismo del "grupo de Miguel
Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López se logró sobre la base de
corruptelas con funcionarios locales" que permitieron a la empresa
mexicana convertirse en el segundo operador más importante del mercado
de gas por la infraestructura de almacenamiento y transporte del
energético.
Zeta Gas Andino es considerada como una empresa trasnacional abusiva
con sus trabajadores y con prácticas que atropellan los derechos
laborales, incluso el programa Laboral de Desarrollo (Plades) de Perú
lanzó una alerta para anotar a Zeta Gas Andino como "trasnacional
fraudulenta" (Fortuna 48).
Pero las acusaciones contra la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y
Jesús Zaragoza López, pasaron del plano laboral a las denuncias en
tribunales por retención y acopio ilegal de cilindros para envasar
GLP, propiedad de sus competidores, con el propósito de apartar a
éstos del
mercado.
La Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú (Aseeg),
integrada por 42 gaseras de capital peruano, entre ellas Colpa Gas,
Vita Gas, Inti Gas, Nor Gas, Nova Gas y Econo Gas, presentó una
denuncia contra Zeta Gas Andino (manejada en Perú por el mexicano
Miguel Monge Alonso) por la retención ilegal de cilindros propiedad de
estas empresas.
La denuncia fue presentada por la Aseeg en la fiscalía del Callao,
donde Zeta Gas tiene su planta de almacenamiento.
Derivado de la denuncia, un juez ordenó un primer cateo a la planta de
Zeta Gas y encontraron 10 mil cilindros propiedad de las empresas
denunciantes. Posteriormente, en un segundo cateo en la misma planta,
fueron descubiertos otros 60 mil cilindros. Por el tiempo en que éstos
estuvieron retenidos se pudrieron y quedaron inservibles.
Pese a las pruebas encontradas, sorpresivamente la fiscalía dio
carpetazo al asunto y a toda indagatoria contra los gaseros mexicanos.
Juan Antonio Jara Gallardo, presidente de la Aseeg, asegura que fue el
poder económico de la familia de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús
Zaragoza López lo que hizo que la fiscalía archivara la denuncia,
aunque tan solo en los dos cateos realizados encontró 70 mil cilindros
que Zeta
Gas tenía escondidos.
"Zeta Gas aprovechó su poder económico, eso es corrupción, porque
imagínate que la fiscalía nos dice que en la primera intervención
encuentran 10 mil cilindros y en la segunda 60 mil, y luego archivan
el caso.
"La demanda tenía el curso legal, la misma fiscalía encontró las
pruebas, los elementos para fincar responsabilidades, pero, como será
en México, igual es en Perú: el que tiene el poder económico tiene de
su lado la justicia, hace y deshace con ella", se lamenta el
empresario.
En entrevista, Jara Gallardo explica que la Asociación de Gaseros de
Perú presentó también una denuncia contra Zeta Gas ante el Instituto
Nacional de Defensa del Consumidor (Indecopi) –similar a la Profeco de
México–. En el Indecopi, además de la querella presentada por la Aseeg
contra Zeta Gas Andino, hay cientos de denuncias –por la entrega de
cilindros en mal estado u "ordeñados"– de consumidores de la capital
peruana y algunas provincias a las que Zeta Gas abastece del
energético.
Lo grave, dice Jara Gallardo, es que "estas empresas nos han
perjudicado enormemente por su abuso de poder y por su abuso contra
las pequeñas y medianas empresas. Yo represento a 42 empresas a nivel
nacional en Perú, entonces ya te puedes imaginar el daño que nos ha
causado esta empresa".
De acuerdo con información del Osinerg, actualmente un grupo integrado
por cinco empresas -en su mayoría de capital extranjero- que conforman
la Asociación de Gas L.P., tiene el 70 por ciento de ese mercado en
todo el país. Estas son Repsol YPF (española), Zeta Gas (mexicana),
Lima Gas
(chilena), Sol Gas (peruana) y Llama Gas (peruana).
Otra de las estratégicas utilizadas por Zeta Gas Andino para sacar del
mercado a sus competidores, fue hacer negociaciones para que el
Proyecto Camisea (el mayor productor de gas de Perú), le vendiera gas
únicamente a las cinco empresas de la AGLP.
La Asociación de Empresas Envasadoras de Gas del Perú presentó una
denuncia contra las gaseras de la AGLP por prácticas monopólicas e
inversión "insana".
El negocio fue frenado cuando la Comisión Pro Inversión del Congreso
de Perú obligó a la Pluspetrol Perú Corporation S.A. (que opera el
Proyecto Camisea) a tener un trato equitativo hacia los distribuidores
de gas de todo el país.
Juan Antonio Jara explica la inconformidad: "el Proyecto Camisea, que
es el mayor productor de gas en Perú utiliza un energético propiedad
de todos los peruanos, pero las transnacionales, como Grupo Zeta,
querían acapararlo todo, aunque la mayoría son extranjeros que no
invierten tampoco en Perú, es capital que no se queda en el país.
Demandamos a estas empresas en la Comisión Pro Inversión, y logramos
que la Plus Petrol nos vendiera gas, porque es un producto nuestro, es
de todos los peruanos".
Pese al abuso de poder del Grupo de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús
Zaragoza López en el país sudamericano, Juan Antonio Jara señala que
en los dos últimos años los gaseros de Perú han logrado que el
Congreso haga eco de sus reclamos y emita leyes más equitativas que
aún permite a
las pequeñas y medianas empresas del gas mantenerse en el mercado.
Una ventaja, dice, es que el actual ministro de Energía y Minas, Juan
Valdivia, presidió en el Congreso la Comisión del mismo sector y
"conoce toda la problemática".
El principal obstáculo, señala el empresario, es que Zeta Gas Andino
maneja en el Congreso "un lobby (cabilderos) muy amplio e invierte
mucho en ello para que la legislación los favorezca".
¿Hay indicios de sobornos del grupo de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús
Zaragoza López a funcionarios o legisladores para que la ley esté a
favor de ellos?
–En este momento no te podría hablar de eso, pero desgraciadamente
ellos usan lobby muy grande en el Congreso, y por eso precisamente se
han frenado muchas leyes o modificaciones a la ley de energéticos que
dan mayor equidad al mercado.
Precisamente con los cabilderos que maneja en el Congreso de Perú Zeta
Gas Andino –junto con otros consorcios, como la Repsol– ha gestionado
aumentos al energético.
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) demandó al
Congreso frenar los aumentos que sólo beneficiarían a los consorcios
gaseros extranjeros sobre la economía de la población. A su reclamo se
unieron los gaseros locales que integran la Aseeg.
"Le demostramos al ministro de Energía que no había razón para subir
un solo céntimo el gas LP, y se frenó lo que estas empresas
cabildeaban en el Congreso". El empresario y dueño de Colpa Gas,
empresa con más de tres décadas en Perú, reclama: "estos señores no
quieren hacer una inversión sana, una inversión que cumpla con todas
las normas del energético. No son transparentes, nadie los fiscaliza.
¿Quién nos garantiza que los 600 u 800 mil cilindros que tiene Zeta
Gas han sido
adquiridos con dinero transparente? ¿Y quién nos puede asegurar que
las inversiones que tiene en Perú son con dinero transparente?"
–Es decir, ¿en Perú hay duda sobre las finanzas que maneja la empresa Zeta Gas?
–No lo hay, y nosotros queremos claridad y transparencia en estas
inversiones. Quién nos puede decir a nosotros si lo que declaraba Zeta
Gas con la importación de GLP de México era lo que ingresaba al país.
¿Hay indicios de que pudiera, en este negocio, existir lavado de dinero?
–Los indicios son claros mientras las cuentas no sean transparentes.
En ese sentido las autoridades peruanas han puesto especial atención a
las empresas mexicanas que mantienen negocios en ese país, debido a
que fuerzas de inteligencia de Perú han descubierto que grupos del
narcotráfico con sede en México, como el cártel que comanda Joaquín
"El Chapo" Guzmán, se han apoderado de las rutas de la cocaína que
salen de Perú con destino hacia los Estados Unidos, por lo que se
investiga a varias empresas para determinar si participan en el delito
de "lavado" de capitales producto del tráfico de drogas.
A lo anterior se agrega que en los años 90 la familia Zaragoza Fuentes
fue investigada en México por el delito de blanqueo de capitales
productos del narcotráfico, además de que en pipas de la empresa
gasera se encontró cocaína.
Las sospechas
Juan Antonio Jara cita que por la televisión se enteró de que la DEA
descubrió pipas de gas cargadas con cocaína, propiedad de la familia
de Miguel Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López, que ingresaban a
los Estados Unidos.
Según la agencia antidrogas estadounidense, la familia de Miguel
Zaragoza Fuentes y Jesús Zaragoza López fueron investigados por
supuestos vínculos con el cártel de Juárez, cuyos fundadores Rafael
Aguilar Guajardo y Amado Carrillo ya están fallecidos.
La DEA determinó que el modus operandi era transportar la cocaína
directamente de Colombia, vía aérea, hasta pistas clandestinas de
Chihuahua, almacenarlo en bodegas de Ciudad Juárez y luego cargarlo en
pipas de gas del Grupo Zaragoza -consorcio que hasta la fecha mantiene
su sede en Ciudad Juárez-. A bordo de las pipas se llevaba el
cargamento hasta El Paso (Texas), San Antonio, Nuevo México, con
destino final en Los Ángeles, California.
Sin embargo, las investigaciones fueron extrañamente frenadas durante
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
"Me sorprendió esa denuncia, pero más el poder que ellos adquirieron
en Perú desde el gobierno corrupto de Fujimori y Montesinos", dice el
empresario.
¿Hay indicios de que el consorcio gasero esté involucrado en narcotráfico?
–No se ha detectado. Ellos se manejaron con gobiernos corruptos con
Fujimori y Montesinos, ahora la pregunta que nosotros nos hemos hecho
es si ellos tienen esa vinculación con el narcotráfico. ¿Quién podría
certificar si los barcos que traían o sacaban de Perú no salían
cargados con droga? Esa es una gran incógnita que nosotros nos
preguntamos; siempre quedará la duda, y más aún cuando ellos dicen que
operan con pérdidas, pero quién puede permanecer e invertir en un país
donde te representa pérdida.
¿Por qué podría representar pérdida?
–Porque todas las plantas en Perú no ganamos ni para sobrevivir, pero
ellos están invirtiendo.
