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por Herbert Mujica Rojas
octubre-2002
Camisea es la mayor esperanza energética del Perú, el negocio se
estima, con valor agregado, en algo así como US$ 300 mil millones de
dólares y el controvertido contrato de concesión fue firmado por el
gobierno transitorio de Valentín Paniagua en noviembre del 2000. Algo
que ni siquiera el régimen de Fujimori se atrevió a hacer.
Sin embargo, los vientos de fronda abundan en esta zona selvática del
país, los trabajadores peruanos que laboran en Techint y Pluspetrol,
ambas empresas argentinas, se quejan de malos tratos, pagas exiguas,
discriminaciones odiosas en favor de extranjeros que han venido a
laborar en las diferentes zonas de Kiteni, Kepashiato, Palma Real,
Ivochote, Echarate. Los paros y huelgas se han sentido localmente pero
en Lima no se sabe nada porque hay el propósito férreo de evitar que
el periodismo nacional tome contacto con esta espeluznante realidad.
Técnicos de Pluspetrol han calificado la comida que se da a los
trabajadores como de "basura". Ha poco 40 intoxicados graficaron esta
circunstancia que tiene a la empresa Sodexho, proveedora de la
alimentación, en el ojo de la tormenta. Esta "comida para perros" como
ha sido calificada, no conserva los estándares mínimos nutricionales
que garanticen una adecuada alimentación.
El asunto alcanza grados de escándalo porque el gerente general
adjunto de esta transnacional francesa, Sodexho, es nada menos que
Martín Quijandría, hijo del inefable ministro de Energía, Jaime
Quijandría Salmón, el mismo que formara parte de la primera Copri que
comenzó el descuartizamiento de Petroperú durante la administración
privatista de Kenya Fujimori.
Por "ahorro" según ha insinuado Pluspetrol, el gaseoducto pasará
directamente por Ayacucho y no llegará a Quillabamba, esfumando, como
por arte de magia, el anhelado sueño termoeléctrico de ese castigado
pueblo cusqueño.
La población de Quillabamba ha reaccionado indignada ante semejante
postura: el gas de Camisea debía –y esa era una condición
indispensable- favorecer a los pobladores del Cusco. Sin embargo, no
va a ser así porque la empresa argentina así lo ha dispuesto con la
complicidad –real o aparente- de las autoridades del ministerio de
Energía y Minas que se hacen de la vista gorda.
Por tanto, la anhelada esperanza de una autonomía energética del
Cusco, queda abortada porque hay malas empresas que presumieron de
gran continente económico que no quieren construir el ramal hacia
Quillabamba por razones mezquinas como censurables.
Si esto es así, ¿cómo es que el Estado peruano permite que Pluspetrol
esté a la caza desesperada de financiación por parte del Banco
Interamericano de Desarrollo? Según el ministro de Energía, Jaime
Quijandría, los primeros US$ 70 millones de dólares serían entregados
a esta firma en el primer trimestre del 2003 porque ya habrían sido
superados las diferencias referidas al medio ambiente y a las
comunidades indígenas.
Pocos meses atrás, el BID, donde labora la funcionaria brasilera
Elizabeth Britto, trajo a una numerosa delegación de dirigentes
machiguengas a lo que denominaron audiencia sobre Camisea. ¿Será
suficiente esto como para que el BID conceda US$ 70 millones de
dólares a una empresa que –a ojos vista- carece de capital? ¿Y contra
qué garantías presta el BID a Pluspetrol? ¿No será que estamos ante un
viejo esquema que involucra al Perú como país garante hasta de una
quiebra ajena que nos deje con el muerto al hombro?
Sin embargo, aquí en el Valle de La Convención, no parece que las
condiciones del medio ambiente sean las más propicias para los
trabajos que ha emprendido Pluspetrol. La tala de árboles no tiene
ningún tipo de control; los helicópteros llegan mañana, tarde y noche
a los campamentos y producen un ruido que ahuyenta a la fauna y
empiezan a producirse riñas y peleas entre peruanos y los numerosos
argentinos, colombianos y chilenos, traídos a trabajar con facilidades
extrañas a esta zona selvática. ¿Cómo así el ministro Quijandría puede
tan alegremente decir que el BID ya ha aprobado el préstamo a
Pluspetrol cuando esta empresa incumple con requisitos básicos?
Gran parte de los residuos provenientes de los trabajos diversos que
aquí se llevan a cabo van a dar a los ríos de la zona. No hay ningún
tipo de tratamiento, en buen romance, las aguas ribereñas empiezan a
sentir el paso de la civilización y no el mejor de ellos porque
comienzan a contaminarse.
En los campamentos las condiciones de salubridad brillan por su
ausencia. No hay vacunas, no hay campañas de información, la suciedad
atrae moscas portadoras de infecciones y los zancudos tienen a mal
traer a la población local que no sabe cómo combatir a estas plagas.
La posta médica en Echarate tiene solo dos médicos, pero no hay
servicios higiénicos y tampoco medicinas.
En Kiteni se han producido a la fecha más de 25 muertes por accidentes
de trabajo que aguardan hasta hoy la justa indemnización a que
debieran tener derecho por parte de las empresas responsables, pero
¡nada de nada!
Los quillabambinos y pobladores de los aledaños de Camisea se han
reunido en diversas oportunidades para tratar el tema y de sus
reivindicaciones. Las autoridades locales han dirigido cartas
múltiples solicitando a Lima la inspección de sus denuncias por
vejámenes y abusos por parte de Techint, Pluspetrol y TGP. Sin embargo
¡no se oye padre!
¿Qué ocurre y cuál la razón o razones por las que el ministerio de
Energía y Minas no toma cartas en el asunto?
Una razón aparente es que Jaime Quijandría tiene a un hijo trabajando
para Sodexho, empresa que acostumbra a intoxicar a sus alimentados.
Otra, que no se quiere entorpecer, vía la desinformación sistemática,
el préstamo que está implorando Pluspetrol al Banco Interamericano de
Desarrollo y que el mismo ministro ya ha anunciado como inminente.
Sin embargo ¿quién custodia la salud laboral y dignidad cívica de los
peruanos de estas zonas de Kiteni, Kepashiato, Ivochote, Cashiriare,
Echarate, Quillabamba y en general de la selva del Cusco?
Los testimonios dan cuenta parcial de una realidad más dura que las
declaraciones alegres e irresponsables de un ministro que ha
demostrado una parcialidad más que escandalosa para con las empresas
extranjeras.
El mar de fondo aquí es que la concesión de Camisea adolece de vicios
gigantescos. Una empresita que tuvo un capital de US$ 400 dólares (S/.
1,500 nuevos soles), Hidrocarburos Andinos SAC, se hizo del 10% del
contrato en circunstancias hasta hoy nunca aclaradas. La propaganda
institucional de Pluspetrol ahora menciona a otra empresa Tecpetrol
(100% de Techint) que reemplaza a Hidrocarburos Andinos SAC. Sin
embargo nadie sabe cómo ha ocurrido esta traslación de acciones, si la
hubo.
Además, un alto funcionario de Pluspetrol, Alberto Moons reveló al
país la existencia de una cláusula, la 8.6, que prevé el otorgamiento
de regalías distintas hacia el Estado peruano en caso de la
exportación del gas, lo que contraviene el espíritu integral de todo
el contrato de concesión. Se ha llamado como la nueva página 11 a esta
cláusula absolutamente lesiva contra el Estado peruano.
Por toda respuesta, Pluspetrol ha maquillado hasta hoy sus informes,
dice que tiene capital, pero su campaña por obtener dinero del BID con
el aval tácito del Estado peruano es enorme.
Hasta hoy nadie entiende para qué van a traer el gas a Lima si aquí no
hay un mercado que absorba semejante volumen de producción. Otro
absurdo aparente es que uno de los ramales del gaseoducto vaya hacia
Pisco, en la playa Lobería en el área precisamente de la Reserva
Ecológica de Paracas. ¿Se pretende ahuyentar la fauna marina,
contaminar el agua de la zona y destruir un atractivo turístico de
innegable creación de divisas para el Estado peruano? ¿Habría algún
Estudio de Impacto Ambiental, capaz de darles pase a los argentinos
que ya se han hecho de múltiples terrenos en Pisco?
Irregularidades al por mayor, desprecios y abusos son los que aquí en
Camisea se protagonizan a diario. Es deber del periodismo denunciar
semejante estado de cosas y reclamar la atención de los demás medios
para que el Perú no consienta a través de la mala acción de empresas
acostumbradas a tratar con autoridades inmorales y comprables, la
subasta de un negocio tan gigantesco que debe ser patrimonio exclusivo
de los peruanos y de quienes quieran venir a invertir con tecnología y
poder financiero auténticos. No como ahora que somos campo de
experimentación de empresitas irresponsables y encima insolentes
porque así se los permiten.
Es hora de tocar el tema de Camisea y de hacerlo con la verdad en la
mano. Este testimonio echa luces sobre un tema en el que hay que ir
hasta las últimas consecuencias para establecer el grado de
complicidad o abyección al que podrían haber llegado ciertos
personajes políticos con ambiciones hasta presidenciales.
