Sunday, September 30, 2012

Necesitamos adquirir un seguro para la Nación

Esta nota conforma la tercera entrega sobre el tema de nuestra capacidad disuasiva y después pasaremos a otros temas. La situación en la que nos encontramos como país y nación en la actualidad es de carácter perentorio. La nación peruana, y no solo el Estado, requiere adquirir inmediatamente un seguro que cuide de nuestra soberanía, independencia y que impida que las mismas puedan ser violadas o afectadas. Tenemos que defender lo que hemos alcanzado en desarrollo económico y las riquezas que nuestro suelo posee.

Cuando uno adquiere un auto nuevo o una propiedad, ¿qué es lo primero que hacemos? Adquirimos un seguro para proteger dicho bien. Cuando realizamos una adquisición que requiere financiamiento, ¿a qué nos obliga la entidad financiera que nos otorga el dinero? A tener un seguro de protección total, incluso un seguro en caso de fallecimiento. Bueno, lo mismo sucede con nuestro país: requiere un seguro de protección y el mismo son nuestras Fuerzas Armadas, llamadas a proteger la nación. Ahora bien, ¿estamos cumpliendo con ese vital requisito? Aparentemente no. Requerimos reaccionar ágilmente a fin de reducir el riesgo que en la actualidad tenemos. El Estado Peruano y especialmente su gobierno tienen la obligación de otorgarnos dicha protección. Los miembros del gobierno no pueden esquivar sus responsabilidades, más aún si la historia nos lo dice, pues ya pagamos un altísimo precio por no haber tomado las debidas precauciones.

Aquí no estoy planteando que se recurra a los "tradicionales" mercaderes de armas. Al contrario, hay que rechazarlos. Las autoridades pueden realizar todas las operaciones que se requieran de gobierno a gobierno a través de sus embajadas, para eso las tenemos, y exigir que no se paguen comisiones. Pero definitivamente estamos en la necesidad de recuperar nuestra capacidad de disuasión. No se requiere tener capacidad ofensiva. El hecho es que quien intente realizar alguna acción contra el Perú, sepa que ello le devengará un alto costo que hará que la acción sea muy difícil o imposible.

Debemos tener en consideración que tenemos un vecino que en la declaración (pública) de su estrategia militar ha considerado que le estaría justificado actuar si considera que su propia seguridad estuviera debilitada frente a la inmigración ilegal o por alguna falta de cumplimiento de obligaciones financieras de la vecindad (entiéndase sus inversiones en el Perú), y la falta de pago a las obligaciones adquiridas por ciudadanos individuales peruanos -tarjetas de crédito- son consideradas en esa estrategia como causa suficiente para una intervención militar. El mismo vecino ha declarado: "Lo que sí es claro es que si un adversario percibe que al frente tiene un contendor con problemas de capacidad de gestión, baja confianza ciudadana, dificultades de unidad política, o que sus Fuerzas Armadas tienen un mando debilitado, sabe perfectamente que puede sumar puntos a su favor y ser más audaz en sus pretensiones. La integridad del mando político y del militar es fundamental para que la importancia de los dispositivos tecnológicos adquiera su relevancia". (Editorial de El Mostradordel 24 de setiembre del 2012. ¿Qué más queremos, señor Ministro Castilla?

Saturday, September 29, 2012

¡Comisión prohibida de tramitar indulto!

¡Comisión prohibida de tramitar indulto!

por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

http://www.voltairenet.org/Comision-prohibida-de-tramitar?var_mode=calcul

 

29-9-2012

 

Así como el presidente Humala, la Comisión de Gracias Presidenciales, ente colegiado de origen misterioso y aluvional, cuyos miembros los designa a dedo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Edda  Rivas Franchini, está obligada a cumplir escrupulosamente las normas jurídicas que regulan el trámite del indulto, ora el común, ora el humanitario, bajo responsabilidad civil, penal y disciplinaria.

 

Informo al país que esta Comisión está prohibida,* en forma expresa y apodíctica, de tramitar cualquier solicitud que pida indulto por razones humanitarias, si es que existiera alguna ley que niegue o prohíba su concesión. Está obligada a rechazar la solicitud de plano, sin trámite alguno. Ni siquiera debe evaluar los documentos que se presenten. Lo único que tiene que informarse es, si acaso ignora, si existen normas legales que prohíben esta gracia, y de ser positiva su indagación debe rechazar ipso facto la petición.

 

Este es el caso del invisible y dubitativo solicitante Alberto Fujimori. Su solicitud, de ser presentada, debe ser rechazada de plano; pues la ley prohíbe su tramitación.

 

Por lo tanto, la Comisión no tiene que indagar y proponer nada; el expediente en cuestión no llegaría al despacho de la ministra concernida, menos al presidente Humala, por lo que ambos se curarían en salud al no tener que emitir pronunciamiento alguno.

 

Por el momento, el país debe saber quiénes son los actuales 5 miembros de esta Comisión de Gracias Presidenciales, de altísima responsabilidad. La ministra de Justicia debe presentarlos en público. Son demasiado fusibles, sujetos al fragor del cieno de la política mal entendida  por fujimoristas, humalistas y alanistas, que no conocen el perdón, ni sienten el remordimiento, tampoco el arrepentimiento.

 

El Artículo 5° del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS es el que establece la prohibición en comento. Reza su texto: la "Comisión de Gracias Presidenciales  no dará trámite a las solicitudes de los condenados por delitos a los que por ley expresa se ha excluido de la gracia del indulto, derecho de gracia y conmutación de penas". Todos entendemos qué es "no dar trámite"a lo que no se debe dar, sin incurrir en responsabilidad.

 

¿Arresgarán su pellejo los 5 profesionales de esta Comisión, dando trámite a la solicitud de indulto  a Fujimori que el orden jurídico prohíbe?

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Más información:

 

*Comisión de gracias presidenciales prohibida de tramitar indulto a Fujimori

http://www.voltairenet.org/Comision-de-gracias-presidenciales?var_mode=calcul

27-12-2011

 

 

Friday, September 28, 2012

Denunciaré a Humala si indulta a Fujimori

Denunciaré a Humala si indulta a Fujimori

por Guillermo Olivera Díazgodgod_1@hotmail.com

http://www.voltairenet.org/Denunciare-a-Humala-si-indulta-a?var_mode=calcul

 

29-9-2012

 

Como abogado con 42 años de ejercicio en la defensa penal, entiendo a cabalidad que cualquier funcionario público, desde el pinche hasta el encumbrado, como el Presidente de la República, un ministro de Estado, un congresista, un vocal de la Corte Suprema o un magistrado del Tribunal Constitucional, o un modesto ujier de concejo distrital, tienen sus roles, funciones, obligaciones o tareas legales que cumplir.

 

El ordenamiento jurídico nacional, y el internacional adoptado como nuestro, las faculta, las legitima o permite, o sea, las justifica. Ningún rol puede materializarse violando la norma legal, sin incurrir en responsabilidad civil, administrativa o penal. Vean sino a Villa Stein que vive sus propias pindingas, por desacatar un fallo internacional, driblear leyes penales y sustraerse de otras decisiones judiciales, por favorecer a Fujimori, Montesinos y los miembros del grupo Colina.

 

Sin embargo, en el cumplimiento de tal trabajo también pueden delinquir, actuar ilícitamente. El presidente puede valerse de un decreto de urgencia (delictiva) o de un decreto supremo para pecular (robar) dineros del fisco o indultar ilícitamente; un vocal supremo y los demás de su tribunal pueden hacer uso de una sentencia para prevaricar; o una mayoría congresal mediante una ley formal puede consumar ilícitos de todo jaez.

 

Cada uno de ellos puede actuar tal como un redomado estafador que utiliza un contrato de compra venta, incluso con legalización notarial e inscripción en los registros públicos, para consumar su fechoría, o sea, su estafa. Puede así “vender” o “alquilar” el estadio nacional a algún incauto o su solo inmueble a varios compradores. La formalidad no excluye el ilícito.

 

Con esa convicción jurídico penal, anuncio al país que formularé denuncia penal contra el actual Presidente, Ollanta Humala Tasso, si acaso indulta a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de pena privativa de libertad, por crímenes de lesa humanidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de ratificar el 7-9-2012, competencia internacional que el Perú soberana y libremente ha reconocido desde 1981, pues se trataría de una gracia presidencial violatoria de leyes peruanas prohibitivas de tal indulto y del derecho y jurisprudencia internacional reciente.

 

Indultar es prerrogativa presidencial pero dentro de ley y Constitución y no fuera de las normas jurídicas.

 

El actual primer ministro, cuando estaba encargado del sector Justicia, abogado constitucionalista, JUAN JIMENEZ MAYOR, declaró “que la figura del indulto humanitario no es un tema de “voluntades”, sino es una prerrogativa del Presidente de la República y está considerada en la Constitución … que los criterios para el otorgamiento de un indulto humanitario son técnicos y se manejan a partir de peritajes médicos”. Poco le faltó para aseverar que lo puede otorgar “De Oficio”, es decir, a su propia iniciativa.

 

Habrá que refregarle al señor primer ministro que en la Constitución Política no existe la frase “indulto humanitario”; tampoco que sea una “prerrogativa del Presidente de la República” a partir de “criterios técnicos”, cuyo punto de partida sean “peritajes médicos”, ¿de parte interesada? Nada de lo antes subrayado es un tema de estricto orden y naturaleza jurídico- constitucional. Quizá el citado quiere quedar bien con el presidente pero con malos consejos, extra jurídicos, para mantener el fajín.

 

El Artículo 118° de la actual Carta Magna, en su inciso 21, en forma concisa establece que: “Corresponde al Presidente de la República: Conceder indultos”. Por lo tanto, la adición que formula el servicial y acomedido ministro no  “está considerada en la Constitución”, sino quizá en sus larvados deseos de indultar ilícitamente a Fujimori, pese a que hay ley peruana expresa que lo prohíbe al sentenciado por secuestro agravado y la justicia y derecho internacional niegan  indultar  y  amnistiar en delitos de lesa humanidad.

 

Si el primer ministro pretende interpretar la Constitución a pedazos y de semejante modo, acuñando textos que ella no contiene, añadiéndole temas no constitucionales sino de otro orden, convendría que aconseje al presidente Ollanta, militar de profesión, ergo, lejano del derecho, que ejerza sus prerrogativas constitucionales sin violación alguna; es decir, que las cumpla con apego a la Constitución, a las leyes y otras normas menores.

 

En tal sentido la propia Carta Política norma sin ambages: “Corresponde al Presidente de la República: Cumplir y hacer cumplir la  Constitución y los tratados,  leyes  y demás disposiciones”. En consecuencia, cuando indulta el Presidente lo debe hacer dentro de la ley y no ad líbitum; además, lo que dicen las leyes prevalecen sobre otros criterios técnicos o peritajes médicos de favor, gestionados por un galeno de cabecera, como el congresista fujimorista Aguinaga.

 

Ley penal prohibitiva de indulto y crímenes de lesa humanidad.- El Presidente de la República no puede conceder el indulto a un condenado por  delito de secuestro agravado, como es el caso de Fujimori preso en DIROES, cuando existe una ley interna que lo prohíbe: la Ley N° 26478 de 3-6-1995, “excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado”. ¡Esta norma la promulgó Fujimori pensando en otros delincuentes; ahora es para él!

 

El presidente que fuere violaría esta ley con responsabilidad penal en lugar de cumplirla y hacerla cumplir como es su obligación. El Art. 118° citado manda al Presidente “cumplir  y hacer cumplir la Constitución, tratados y  leyes” y no violarlas o desacatarlas. De haber violaciones se pagan más tarde.

 

La conducta ilícita del que concede un indulto que la ley prohíbe tiene clarísimo contenido penal, al sustraerlo al beneficiario de una medida penal ordenada por los jueces. Estaríamos ante un delito de encubrimiento personal (Artículo 404°, Código Penal), so pretexto de una prerrogativa presidencial mal aconsejada.

 

La atribución presidencial de indultar no se ejerce a discreción asolapada, violando leyes, pretextando sentimientos de humanidad que esconden intereses nefandos llamados políticos, corrupción y a menudo  prebendas millonarias o apoyos congresales propios del fujimorismo. ¿Recuerdan al Congreso de Alan García haciendo mayoría con fujimoristas?

 

Con mayor razón el presidente no puede conceder un indulto por crímenes de lesa humanidad, a través de un simple decreto supremo incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos  de rango constitucional. La justicia internacional ha establecido incompatibilidad hasta con las leyes de amnistía que promulgó Fujimori a favor de Montesinos y miembros del grupo Colina por el caso Barrios Altos.

 

Cosa juzgada internacional.- Además, el Caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta  ya fue judicializado internacionalmente.  El 14-3-2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad decidió, en forma definitiva, que el “Estado del Perú violó el derecho a la vida (de más de 25 personas); que “debe investigar los hechos  y  sancionar  a los responsables” y que las “leyes de amnistía 26479 y 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen  de  efectos  jurídicos”. Véase el Punto 51 de dicha sentencia.

 

Siendo así, tanto el Congreso de la República, mediante otra ley de amnistía, como el Presidente  Ollanta Humala vía decreto supremo, mal pueden contrariar un tema judicializado sin incurrir en responsabilidad penal.

 

El indulto común o el indulto humanitario“suprimen la pena impuesta”; o sea, dejan sin sanción al condenado. Así reza el Art. 89° del Código Penal, pese a que el fallo de la Corte de San José de Costa Rica obliga al Estado peruano a “investigar los hechos y  sancionar a los responsables”, que ya fueron identificados: Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, los inefables del grupo Colina, entre otros.

 

Esta sentencia supranacional negó la amnistía, el indulto, la prescripción de la acción penal. Ordenó el 14-3-2001 la sanción que ya ha impuesto el Poder Judicial peruano en última instancia, considerando crímenes de lesa humanidad los de Fujimori; el 7-9-2012, tales conceptos los ha ratificado supervisando el cumplimiento del fallo anterior.

 

Al Congreso peruano y al presidente no les compete decidir contra los jueces internacionales. Sería una  monstruosidad que corrigieran o enervaran los efectos de una sentencia de un caso concreto que es cosa juzgada. Si lo hacen el Estado peruano incurre en una costosa responsabilidad internacional.

 

En conclusión, indultar a Fujimori es prerrogativa constitucional del presidente Humala, pero sin violar la Constitución, las leyes u otras disposiciones de menor rango; contrariarlas, convierte en ilegítimo el indulto que braman con insolencia sus herederos.

 

Al existir la ley que prohíbe indultar a un sentenciado por secuestro agravado, como es el caso de Fujimori, el presidente está obligado a cumplir este mandato legal. Verdad de Perogrullo: una ley la aprueba el Congreso y la promulga el Presidente de la República. Un indulto se concede por decreto supremo, norma de menor jerarquía que una ley.

 

Además, la justicia nacional e internacional han calificado los crímenes de Fujimori como de lesa humanidad, concepto que es cosa juzgada internacional, que el Perú libre y soberanamente se ha obligado a acatar. ¿No es cierto doctor Villa Stein?

 

Si no lo hace puede tener problemas  jurídico-penales muy serios cuando deje de ser presidente y no tenga congresistas adulones y gárrulos. Allá él y su inseparable Nadine, ahora que conocen y desafiarían sus previsibles riesgos.

 

 

 

 

 

Wednesday, September 26, 2012

Sala de Villa Stein anularía inicuo fallo

Sala de Villa Stein anularía inicuo fallo

por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

http://www.voltairenet.org/Sala-de-Villa-Stein-anularia?var_mode=calcul

 

26-9-2012

 

Para curarse en salud la Sala Penal Permanente que aún preside Javier Villa Stein declararía la nulidad de su sentencia del 20 de julio de 2012 (Exp. N° 4104-2010), que eliminaba el carácter de lesa humanidad de los crímenes de Barrios Altos y el concepto de autoría mediata, así como rebajaba las penas, por bondad u otra motivación, a varios procesados ya condenados en primera instancia, miembros del grupo Colina, todo lo cual favorecía de carambola también al condenado Alberto Fujimori a 25 años, que los sigue purgando.

 

Esta esperada nulidad se declararía en menos que canta un gallo, en una resolución pequeña de una media página, en la sola aplicación  del fallo último de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH), de 7-9-2012, que es de obligatorio cumplimiento.

 

Como no hay puntada sin hilo en la función jurisdiccional, esta rápida nulidad evitaría que el Consejo Nacional de la Magistratura suspenda en sus funciones a Villa Stein y 4 vocales más, autores del aquelarre jurídico por oscuros motivos fujimoristas.

 

Ningún órgano del Estado puede menearse, hacer manoletinas o cabriolas, ante este tipo de  resoluciones de sede judicial interamericana, toda vez que la presunta responsabilidad internacional del Perú está en entredicho, ya que nuestro país reconoció la competencia de la Corte IDH el 21-1-198l. Unicamente los conocidos Cipriani, los Rafael Rey, entre otros más,  pretenderían la elusión con miopía, visión ciega y desatino.

 

El Artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que "los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes". De conformidad con esta norma el Perú está obligado a asegurar a nivel interno la implementación de lo que ha dispuesto esta corte interamericana, y en el plazo que se le ha fijado, que vence pronto: el 20 de enero de 2013.

 

Con mucha razón la Corte IDH cita en su sentencia otras normas internacionales, respecto a esta responsabilidad del Perú y no de Villa Stein o de los vocales de su Sala. Señala como precisión y advertencia: "dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos (los países) no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado" (página 4 del fallo).

 

Además de lo que dispone esta resolución internacional, en el Perú ya se han pronunciado el presidente Humala, el del Congreso, Víctor Isla, el del Poder Judicial, César San Martín, y la Ministra de Justicia, Eda Rivas, entre otros, en el sentido de acatar el fallo sin chistar. No le queda sino a Villa Stein agachar la cabeza y anular su propia sentencia.

 

Si Villa Stein tiene que deglutir algún vómito negro que lo haga, en bien del Perú, por ser esta "nulidad horizontal" la más recomendable, toda vez que la vía del amparo es  engorrosa, se presta a la triquiñuela y el plazo fijado por la Corte IDH es corto. ¡Aspetiamo!

 

 

 

¿A quién favorece concesión de terminales de Petroperú?

¿A quién favorece concesión de terminales de Petroperú?

por Nino Torres; ninotorres23@gmail.com

http://www.voltairenet.org/A-quien-favorece-concesion-de?var_mode=calcul

 

26-9-2012

 

Considero sumamente importante la revisión del contrato sobre los concesionarios de los terminales de Petroperú quienes ya tienen 14 años operándolos (1998-2011), ellos ganaron el concurso en 1998, durante el gobierno de Fujimori y en este lapso de  tiempo, le han pagado a Petroperú por el alquiler US $190 millones de dólares, lo grave es que a su vez la dueña de los terminales  (Petroperú) le ha pagado a estas mismas compañías para el  almacenamiento, recepción y despacho de  sus propios productos en sus propios terminales la suma de US $ 452 millones de dólares en este mismo espacio de tiempo.

 

Debemos considerar además la pérdida que tiene, al no percibir lo que le pagan a los concesionarios por los mismos servicios, que ellos brindan a Relapasa e importadores, por la suma de US $ 92´759 millones de dólares adicionales, en el mismo período de tiempo, todo lo cual suma un total US $ 544´760 millones de dólares, que han recibido estos concesionarios, desde la entrega de los terminales hasta el año 2011. Es necesario precisar que la cifra que se considera por recepción, almacenamiento y despacho de Relapasa e importadores es solo estimada (fija), pues para realizar el cálculo, solo hemos considerado el 15% de almacenamiento según el contrato inicial.

 

El presente artículo está dedicado a todos los compañeros de plantas y terminales de almacenamiento que durante muchos años (1968 a1998), dieron todo por la empresa y que finalmente muchos de ellos fueron obligados  a renunciar, principalmente por la ansiedad de los concesionarios, quienes con solo el objetivo de tener mayor reducción en sus costos operativos y maximizar sus ingresos, eliminaron puestos de trabajo, despidiendo personal con mucha experiencia y conocimiento de las operaciones de un terminal, sobre todo en la parte operativa. Para su reemplazo han colocado en su lugar a personal contratado que no goza de estabilidad laboral, ni se encuentra asegurado, poniendo con ello en riesgo este tipo de operaciones que requieren justamente de técnicos capaces que impidan se presenten situaciones de emergencia que generen riesgos al entorno donde se encuentran ubicadas las plantas y terminales de la empresa. Muchos de los despedidos laboran actualmente en los procesos de descarga de los buques tanque, sin los beneficios con los cuales gozaban durante su permanencia en Petroperú.

 

Para todos los servidores actuales de Petroperú y para los jubilados de nuestra querida empresa, creemos que la mejor noticia que han recibido en muchos años, es que el gobierno actual haya nombrado a un verdadero técnico y conocedor de la realidad del negocio del petroleo como es nuestro actual presidente el señor Humberto Campodónico. La integración vertical debe ser cumplida de inmediato para que la empresa rinda lo que  verdaderamente debe generar  en cuanto a ingresos, recordemos que Petroperú es  la empresa es de todos los peruanos.

 

Al tener Relapasa un porcentaje del mercado similar a Petroperú, estimamos que esta cifra debe ser mucho mayor de la que estamos considerando (Ver anexo 1). Ambos concesionarios han sido evaluados, mediante un estudio de una compañía colombiana (Cosenit), a la que Petroperú le ha pagado por el mismo, la suma de US$ 398,000 dólares. Tomando como base esta información, el Directorio anterior le ha extendido el contrato a ambos concesionarios por 18 meses adicionales,  dos años antes de que finalice el contrato.

 

Sobre este punto tenemos conocimiento pleno que las recomendaciones de este informe indicaban que la mejor opción para la empresa era que los terminales retornaran bajo la administración de Petroperú, dejando en segundo lugar la opción de un outsourcing y en tercer lugar, la cual no la recomendaban por estar en contra de los intereses de la empresa,

 

Finalmente, y a pesar de todo lo actuado, vemos que este contrato fue ampliado en forma acelerada, ya que el mismo fue realizado en un acuerdo del directorio del 28/12/2010, reiteramos, dos años antes de que venciera.

 

Solo preguntamos ¿cuál fue el apuro? si el contrato original en el artículo 4.1.8 indica con total claridad que seis meses antes Petroperú realizaría una auditoría para saber en qué condiciones recibiría los terminales al término del contrato. Ver recorte de contrato a continuación, donde claramente se precisa esta opción.

 

Volvemos a preguntarnos: ¿cuáles han sido las razones para que se recomiende la ampliación de estos contratos si va contra los intereses de la empresa?, peor aun cuando se contrata una entidad extranjera que en su resumen final precisa con total claridad que los contratos actuales no le convienen a la empresa. Se gastaron US$ 398,000 dólares para no seguir estas recomendaciones? ¿Cuál es el sustento técnico de los asesores que recomendaron esta ampliación? ¿Que razones se han considerado  para cometer este desatino tan grande por parte de los directivos de la entidad estatal? ¿Por qué el apuro de “acelerar” la evaluación para la entrega si faltaban dos años para que el contrato se venciera?

 

Estos contratos fueron desde el inicio un atentado contra las arcas de la empresa, pues de acuerdo a los cuadros mensuales de los años1996,1997, el costo por barril movido (almacenamiento, recepción y despacho le costaba a Petroperú, solamente US $ 0.50 ctvs de dólar (promedio de plantas a nivel nacional) cifras indicadas mensualmente durante la vigencia del Data Room, previo a la concesión de los terminales.

 

Cuando se hicieron las bases ya el costo lo estaban considerando en US $1.18 ctvs. de dólar (US$ 0.60 de almacenamiento y US $ 0.58 ctvs. de despacho) cifra que se ha ido incrementando hasta la actualidad en que se está pagando US $ 0.8161 en almacenamiento y 0.7889 en despacho (cifras al 2011), un total de US $ 1.605 dólares americanos por barril. Como apreciarán son cifras que perjudican a la empresa y que fueron hechas a la medida de los concesionarios, solo habría que comparar lo que le costaba a la empresa antes de la privatización (US $ 0.50 ctvs de dólar vs US $ 1.18 al inicio de la concesión).

 

La llamada “privatización” se ha convertido en una burda subvención de la empresa para estos "concesionarios", la cosa es clara, muy clara, revisemos los cuadros del Anexo 1 y veremos lo absurdo de esta concesión.

 

 

 

Tuesday, September 25, 2012

TV y Beto Ortiz gatillos del crimen contra Ruth Sayas

TV y Beto Ortiz gatillos del crimen contra Ruth Sayas

por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

http://www.voltairenet.org/TV-y-Beto-Ortiz-gatillos-del?var_mode=calcul

 

24-9-2012

 

Todo el mundo echa a andar su prolífica imaginación tratando de indagar el porqué de este inesperado desenlace; los profundos motivos, móviles, factores, causas, razones, condiciones o circunstancias que llevaron a producir la temprana muerte de Ruth Thalía Sayas Sánchez (18) a manos de su entonces enamorado Bryan Barony Romero Leiva (20), luego que confesara en televisión su infidelidad y que cobraba dinero por esporádicas y furtivas  prestaciones sexuales, ante el polémico Beto Ortíz,  demasiado curioso de la intimidad y desgracia ajena sin ver la suya.

 

La Criminología, pese a que etimológicamente se forma del latín criminis, crimen, y logos, tratado, no es en realidad un "tratado del crimen". En el contenido espiritual de ciertos vocablos no importan mucho sus etimologías. Como ciencia, se preocupa de algo más específico: de la causalidad del ilícito, o sea, de su origen nefando, en cuya causación hasta la virtud puede tener su parte.

 

Insurge  esta disciplina con rigor científico y  sistemático desde los remotos tiempos con César Lombroso (1835-1909), habiéndose especializado en contestar esta interrogante. En su "Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente", de 15-4-1876, conocido como "L'uomo delinquente", Lombroso creyó encontrar el origen del crimen dentro de ciertas anomalías del cráneo, específicamente en una hoquedad de la foseta occipital media, al lado de otros elementos para él inductores de lo peor.

 

Ese viejo lombrosianismo causal ha sido superado. No, a lo antropológico; sí, a lo social, como factor prevalente. Quienes asesinan a la mujer que aún aman, como el que roba al fisco o trafica con drogas, así como el déspota gobernante que se organiza para liquidar a sus contrarios, tienen sus profundos por qué, sus móviles o motivos; el crimen inmotivado no existe sobre la faz de la tierra.

 

Todo hecho ilícito tiene una triple causalidad: bio-psico-social. El que se decide a matar tiene ya una estructura biológica y otra psicológico-social imbricadas, de carácter estable o permanente; es como es a sus 20 años, 30 ó 40, tiene una índole personal que se ha formado en el tiempo de su existencia, sobre la que actúa, asaz de improviso, la causalidad inmediata o desencadenante, que puede ser radial o televisiva.

 

En el presente caso, el joven Bryan Romero Leiva, a quien no conozco ni he visto, puede que sea celoso, codicioso por dinero ajeno, envidioso, erotomaníaco, moralista o lo que fuere. No escogió ser nada de eso; ha devenido como una suerte de producto social.

 

Sin embargo, esta estructura permanente hasta sus 20 años no lo había conducido al delito, al cual ha llegado por el concurso de causas desencadenantes o inmediatas, a las que no ha podido resistir. Si no hubiera observado y sufrido el programa "El valor de la verdad", no habría sabido que su preferida  le era infiel, que se vendía por dinero o que sus amigos en su barrio ya sabían que era "cachudo", lo cual lo percibió ultrajante. Por eso, la televisión y el periodista Beto Ortiz deben ser considerados como puntual causalidad desencadenante del asesinato. A partir de este torbellino de información maciza, filosa, terriblemente urticante, actuante sobre una índole de alfeñique, todo el resto personal de Bryan se derrumbó y terminó en el homicidio de su amada, a quien no pudo perdonar su creída afrenta.

 

Ver a este tipo de programas televisivos como desencadenantes de horrendos crímenes nos lleva a reprobar las defensivas palabras de Beto Ortíz, cuando afirma que es brindarle "una coartada al asesino".

 

He aquí  lo que dijo, buscando esquivar su responsabilidad en la causación vitanda: "Nosotros estamos consternados, horrorizados, extendemos nuestras condolencias a la familia. Las puertas de este canal están abiertas para ellos. Afirmar que la mataron por revelar sus verdades en televisión es darle una coartada al asesino. Los medios que dicen eso solo le están haciendo un favor al asesino". Al parecer ahora quiere victimizar a la familia de la muerta, entrevistándola.

 

Con el mismo afán defensivo, agregó: "Cada quien trata de llevar agua para su molino. Tratan de quitar  la culpa al asesino para dársela al programa. Su cómplice es su tío, Fredy Leiva, lo ha manipulado para obtener al parecer un beneficio económico".

 

Beto Ortíz, debería estudiar Criminología para no pretender  sustraer de sus hombros la causalidad desencadenante del crimen y  la del canal televisivo,  pues los 15,000 nuevos soles que pagan es precisamente para difundir barbaridades criminógenas.

 

ALCALDE DE MIRAFLORES DA LA ESPALDA A NUESTROS HEROES CAIDOS EN LA GUERRA QUE CHILE PLANTEO AL PERU 1879-1883

¿Estacionamientos subterráneos dónde el pueblo de Miraflores defendió la heredad nacional en 1881? Abuso municipal en Miraflores.

---------- Forwarded message ----------
From: Jose Carlos De La Fuente Suarez <contacto@dlfbienesraices.info>
Date: 2012/9/24
Subject: ALCALDE DE MIRAFLORES DA LA ESPALDA A NUESTROS HEROES  DE 1879-1883
To: hcmujica@gmail.com


 

                                                                              Miraflores,19 de setiembre del 2012

 

Estimados Vecinos Miraflorinos y Compriotas:

Adjuntamos este link  http://youtu.be/dZpKNsL1D1c, para que puedan ver Uds. la intransigencia y falta de respeto a los héroes de la guerra del pacifico de parte de la actual gestión municipal y sus funcionarios de confianza. Súmate a esta defensa de respeto y NO PERMITAMOS que vejen nuestro derechos históricos, máxime si MIRAFLORES fue denominado DISTRITO HISTORICO por la férrea defensa de nuestro territorio nacional.

                                                             www.contraloriaexternavecinal.info


Jesús María: ¡arboricidio en marcha!

Señal de Alerta

por Herbert Mujica Rojas

25-9-2012

Jesús María: ¡arboricidio en marcha!

http://www.voltairenet.org/Jesus-Maria-arboricidio-en-marcha?var_mode=calcul

Se supone que los ciudadanos votan para alcaldes con el propósito que las urbes constituyan ejes de progreso, seguridad, limpieza, ornato, civismo. Pero ¿qué ocurre cuando, como en el distrito de Jesús María, se fabrica el aparato legal para la construcción de piscinas, centros comerciales, pistas de patinaje, estacionamientos subterráneos y con la tala desvergonzada de árboles se consiguen "excelentes" contratos comerciales y ganancias pingues, hasta ahora no se sabe bien para quién o para quiénes? El controvertido burgomaestre de esa zona, Enrique Ocrospoma, tiene mucho que responder.

Un atentísimo lector afirma en su libro aún no publicado y que retrata y acopia toda la corrupción y abuso en que incurren los burgomaestres distritales, entre otras cosas, que: "Y es que la descentralización y la transferencia de mayores facultades a los gobiernos locales desde la Ley Orgánica de Municipalidades, ha convertido en dictadorcillos, reyezuelos, gamonalillos, a los alcaldes que están al servicio del gran capital inmobiliario".

No es todo. Dice también la honda reflexión: "Este conflicto entre capital inmobiliario, donde no sólo están los grupos del sector, sino también financieros y políticos es un fenómeno que se ha dado y se da en las grandes metrópolis del mundo y Lima no es una excepción. En Nueva York, Río de Janeiro, hay casos donde las mafias ligadas a los concejales y alcaldes, amenazan a la gente que vive en determinadas zonas para que vendan barato y se vayan, luego viene la inmobiliaria y lo compra todo. Aquí, los burgomaestres comienzan apropiándose de los espacios públicos que le pertenecen a todos y allí construyen infraestructura comercial, de servicios que luego entregan en alquiler o concesión." pp. 45-46 de Reyezuelos y cacicazgos de la Lima del siglo XXI.

¡Precisamente! El alcalde de Jesús María, Enrique Ocrospoma, tiene planes muy avanzados para múltiples espacios de que la ciudadanía es dueña indiscutible. Por ejemplo el Parque de los Próceres luce una pista de patinaje y hay en progreso, si se llama así al arboricidio que se está cometiendo, la tala desvergonzada de árboles que tienen decenas de años. Como se puede apreciar en las fotos, es poco lo que falta para desarraigarlos. ¿Con qué derecho y bajo que armazón administrativa Ocrospoma ha logrado este siniestro cometido?

Cáncer silencioso

Todo esto ocurre ante la vista complaciente, cierto que también silenciosa, de políticos corruptos, banqueros prestamistas, financieras angurrientas y vectores que sólo rinden culto al "Dios Dólar" y al producto que se obtiene del remate descarado, concesión añosa o alquiler a precios insólitos, con réditos urbi et orbi, y que se reparten de manera subrepticia. Las dictaduras que algunos alcaldes han implantado a nivel distrital promueven el saqueo de los bienes de dominio público y las resistencias son menos que medianas. Dos décadas de imbecilización del pueblo vía los medios de comunicación han virtualmente convertido a los ciudadanos en personas incapaces de pensar en otra cosa que el pan de cada día y los valores cívicos o históricos quedan relegados a cualquier lugar. Hoy existe la perniciosa especie que elegir un alcalde es como nombrar un gerente para que administre el distrito y la gente se desentiende de todos los asuntos.

Lucha salvaje

La tala y poda salvaje del Parque Próceres en la Av. Salaverry y la calle fronteriza entre Jesús María y Lince, Cápac Yupangui, además de la creciente pérdida de áreas verdes está ligada a la lucha del capital inmobiliario, la corrupción del Estado contra los ciudadanos de a pie.  Estamos presenciado la desposesión a través del literal robo de los bienes de uso público, parque, vías, calles.

"Paradigma" o excusa legal

Para poner en marcha esta política, se hizo una Ley Orgánica de Municipalidades que transfiere muchas facultades a los gobiernos locales a nivel provincial y distrital, la famosa AUTONOMÍA. Esta autonomía se termina convirtiendo, por el escaso control, en AUTARQUÍA, los alcalde se convierten en dictadorzuelos  y terratenientes, con un ejército paramilitar (Serenazgo), un servicio, no de funcionarios sino de SICARIOS dedicados a extorsionar y empapelar a los vecinos y un presupuesto a su disposición. Unos, más ilustrados que otros, pero igual todos quieren ser emperadores en su propia chacra.

Lo trágico de esta política es que el neoliberalismo es impulsado a partir de los gobiernos distritales en que todo tiene precio y es el mercado (mentira total) el que asigna los precios. La realidad es atroz: son las grandes empresas las que señalan dónde y de qué modo enajenar recursos vía "negocios" que impulsan los municipios con sus alcaldes en el liderazgo.

El acuerdismo como excusa  

Desde el 2007, año en que empezó Ocrospoma como alcalde de Jesús María, tuvo como mira apropiarse de los espacios públicos sean parques o en avenidas a través de Acuerdos de Concejo, que aprueba la concesión del Campo de Marte para el funcionamiento del Plaza Marte un proyecto presentado por LARCOMAR S.A. y otro Acuerdo de Concejo que aprobaba ceder 5000 m2 de terreno dentro de la Residencial San Felipe usado como estacionamiento para entregar en concesión a Súper Mercados Perú S.A.

Ambos proyectos fracasaron, el primero por el retiro de la propuesta de la empresa y el segundo por las protestas de los vecinos de la Residencial San Felipe.

Apropiación en Parque Próceres

También desde el año 2007 se apropia de 9000 m2 de terreno dentro del Parque Próceres (Matamula) para entregarlos en concesión  a la ONG Ventanas Perú cuya presidenta es una pariente del controvertido ex ministro y ex parlamentario, Rómulo León Alegría. Y el 2012 esta ONG subarrienda parte del área que ilegalmente ocupa a la empresa ICELAND PARK, para la pista de patinaje. Pero la usurpación del Parque continúa más abajo hacia la Av. Pachacútec.

Más zarpazos

Otros proyectos con los cuales ya ha usurpado parte del Parque son las canchas de fulbito dada en concesión a la empresa Sparza-Triveño, sobre el que existe un informe de la OCI de Jesús María que revela que esta firma se ha estado atrasando varios meses en el pago de los alquileres. Pero, este informe se pierde porque no cuestiona la legalidad de alquilar un bien de uso público como es el parque. Parte del mismo ha sido usurpado con la construcción de la base de Serenazgo y varias oficinas administrativas.

El proyecto es construir la Estación de Bomberos en el Parque Próceres hacia Cápac Yupanqui. Algo muy similar a lo ocurrido el 2009 con el Complejo Social Juan Pablo II en el Campo de Marte y que fue demolido por la Municipalidad de Lima. En ese momento nada cuestionaba la importancia de la obra, lo que se impugnaba era el lugar. Lo mismo ocurre ahora con la estación de bomberos, nadie se opone a  una estación de esa naturaleza, lo que se cuestiona es que se destruya el Parque de los Próceres. ¿Por qué no compran un local?

  

Y lo mismo con la Piscina Municipal que también se piensa construir en el parque hacia el otro extremo, hacia la avenida Pachacútec.  Para, luego darla en concesión por 30 años.

Más centros comerciales

Lo más grave se viene este año con el proyecto de construir un centro comercial en el subsuelo del Parque Próceres que el alcalde ha dividido y nombrado una parte del parque, la que da a la Av. Rebagliatti, como Parque de la Democracia.  El Proyecto ya fue declarado como de Interés por el Acuerdo de Concejo 036-2012-MDJM y de acuerdo a los documentos el proyecto es de un valor de 25 millones de soles.

Si no existieran precedentes constitucionales se podría alegar ignorancia, pero hay antecedentes que obligan a intervenir a la Municipalidad de Lima.

La Constitución declara que los bienes de dominio público son inembargables e imprescriptibles.

Y la Ordenanza 525 MML que establece y regula la intangibilidad de las áreas verdes de Lima Metropolitana determina la responsabilidad de la Municipalidad de Lima en la conservación y protección del medio ambiente y que declara las áreas verdes de Lima como intangibles.

¡No son Bienes Municipales!

La ley orgánica de municipalidades establece que los bienes de uso público, sus aires y subsuelo NO SON BIENES MUNICIPALES. Las municipalidades distritales administran estos bienes, o sea, velan por su mantenimiento y protección. Pero, no pueden disponer de aquellos.

Además la misma Ley establece la responsabilidad de Lima en la protección del medio ambiente en la ciudad y la responsabilidad en la zonificación y el uso del suelo.

Y la Ordenanza 296-MML que regula el establecimiento y régimen de los bienes de uso público en Lima Metropolitana  establece la distinción entre BIENES DE USO PÚBLICO y los BIENES DE SERVICIO PÚBLICO. Los parque, los caminos, las playas etc, son bienes de uso público; en cambio las oficinas gubernativas, baños públicos, playas de estacionamiento, un mercado municipal etc, son bienes donde se brinda un servicio y son bienes de SERVICIO PÚBLICO.

Y las municipalidades distritales no pueden reducir las areas de los parques, de los caminos, de las vías públicas, de los espacios públicos de acuerdo a la misma ORDENANZA 296-MML.

Por último, sólo la Municipalidad Metropolitana de Lima puede autorizar, vía ordenanza, el cambio de uso del suelo (desafectación) que permitiría cambiar un bien de USO PÚBLICO a un bien de SERVICIO PÚBLICO.

Precedentes

Existen precedentes constitucionales como la Sentencia de la contienda de competencia expediente N° 005-2009-cc que ratifica las competencias de la Municipalidad de Lima.

En cuanto a la protección del medio ambiente urbano, la Sentencia del Parque Castilla es un importante precedente Expediente N° 1757-2007-AA., donde se establece la obligación de la Municipalidad de Lima de proteger el medio ambiente.

Delito de usurpación de funciones

Enrique Ocrospoma y el Concejo de Jesús María al construir sobre el Parque Próceres estarían cometiendo el delito de usurpación de funciones. Aparte de malversación de fondos.

Poca auto-estima

 

Una última reflexión sobre el Parque de los Próceres, que puede revelar nuestra imagen como país.

  

Este es el PARQUE DE LOS PROCERES DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ. No es cualquier terreno baldío, es un lugar simbólico y de homenaje a los que iniciaron el movimiento histórico que nos llevó al nacimiento como país.

¿Permitiría el Estado norteamericano que un un reyezuelo hiciera barbaridades e incurriera en desatinos en la zona del Capitolio, o los rusos, lo propio, en la Plaza Roja?

Este Parque de los Próceres debería ser un lugar respetado y resguardado, porque es un lugar sagrado para Perú. Esto revela la miseria del país a cargo de un alcalde y qué pensamos o cómo nos vemos como Nación. No valoramos nuestros orígenes, pisoteamos valores en pro de la custodia y  ganancia de un grupo de poderosos, de corruptos. Detrás de esta clase de alcalduchos hay banqueros que financian proyectos, empresarios depredadores y hasta políticos ignorantes y despreciables.

Así como Nación carecemos de futuro y asoma tan solo un PLAN SINIESTRO que consiste en que veamos  como normal que se pisoteen los valores sobre los cuales se edificó el Perú como Patria.  

Monday, September 24, 2012

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Madriguera fujimorista en Lima o en Japón

Madriguera fujimorista en Lima o en Japón

por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

http://www.voltairenet.org/Madriguera-fujimorista-en-Lima-o?var_mode=calcul

 

23-9-2012

 

La urticante y valiente periodista Claudia Cisneros, en "La  Raíz  del  Mal" (La República), encuentra a los miembros de esta "utopía mafiosa" fujimorista en la Base Naval del Callao, en la Dinoes, en el Congreso (aquí está el opaco Kenji Gerardo y sus pares gárrulos que creen "inocente" a su torcido jefe), en el Poder Judicial (favoreciendo a los Colina), entre otros lugares y también entre los gallinazos (de Chavín de Huántar).

 

Por mi parte, añado, sin ambages, que provienen del seno y cieno mismo de la propia familia paterna, donde anida su  natural y escalofriante  madriguera, sea que estén dentro de sus cuatro lujosas paredes residenciales en Lima o bajo la canícula del sol naciente del Japón. Los sempiternos corruptos nuestros de fuera de este clan familiar están  felices con este  singular hallazgo; calzan como anillo al dedo.

 

En el país nipón están los hermanos, hermana Rosa y cuñado Víctor,  procesados y con mandato de detención corridos de la justicia penal peruana y, por ende, sin poder regresar; la 2ª. esposa, japonesa y postiza, Satomi Kataoka,  que se prestó al encubrimiento, ¿gratuitamente?;  y el enigmático hijo mayor Hiro Alberto,  cuidando en secreto  las inversiones del dinero mal habido,  haciendo mutis. ¿Le han visto a éste  la faz alguna vez o le han escuchado mascullar algún fonema? Yo, no.  En Lima, Keiko Sofía fue testigo presencial de mucho y también copartícipe, por confesos 10,000 dólares de donación, en la liberación, a los apenas 40 días de su detención, de dos procesadas por narcotráfico, a quienes su padre concedió el ilícito derecho de gracia.

 

Todos ellos en plan dinástico siguen las enseñanzas del mentor original sobre las entrañas cimbreantes de la ilicitud, quien, no obstante negar su delito en Chile solicitó en Perú acogerse a la "confesión sincera" en dos casos penales de cuantía  millonaria, brama con estridencia y gesticula que es inocente", tal como braman sus hijas e hijo en Lima, cuando lo natural es que pidan perdón –que no lo han hecho- por reales arrepentimientos al pueblo peruano, a los familiares de las víctimas,  y no indulto humanitario.

 

El procesado que se acoge a la confesión sincera acepta su CULPABILIDAD  y no su INOCENCIA, aunque juegue con truculencia al moribundo, haciéndose filmar en camilla y fotografiar su sola lengua quirúrgica no cicatrizada sin mostrar su rostro, ¿han visto la cara de Fujimori, últimamente, aparte de sus asiduos visitantes a DIROES?,  ni mostrando el certificado médico que lo acredite como canceroso, aunque no fuere terminal.

 

Tiene sobrada razón Claudia Cisneros, de pluma filuda y cruda pero veraz,  cuando lo enrostra con elocuentísima expresión: "te conozco bacalao", que se remonta a los iniciales pasos palaciegos de Susana Higuchi, quien a tiempo se sustrajo del contagioso poder político y del envenenado apellido Fujimori.

 

 

 

Colusión: Modelo de gestión neoliberal

Colusión: Modelo de gestión neoliberal

http://www.elciudadano.cl/2012/03/30/50396/colusion-modelo-de-gestion-neoliberal/

La colusión, una práctica empresarial que escandaliza a los consumidores de medicamentos, pollos, de supermercados, a los clientes de la banca y los usuarios de buses interprovinciales y telefonía celular, es hoy un modelo de gestión empresarial. Tras tres décadas de neoliberalismo, el poder de las grandes corporaciones ha terminado por arrasar los mercados, con la competencia. El resultado es un poder ilimitado, que controla a los trabajadores, consumidores y a los poderes del Estado.

El diseño político económico puesto en marcha desde los años ’70, entonces conocido como El Ladrillo, primer experimento neoliberal en el mundo, ha tenido portentosos efectos al revisarlo 35 años más tarde. Lo que los discípulos de Milton Friedman instalaron en Chile durante la primera década de la dictadura sería el primer ejercicio de un modelo que se extendería a lo largo y ancho del mundo con consecuencias hoy desastrosas. No para las grandes corporaciones ni para las élites económicas, financieras y políticas, sino para el resto de la población. En el lenguaje de los “ocupa” de Wall Street, para el 99% de los ciudadanos.

La experiencia chilena, que tal vez es una de las más extensas en el tiempo, tiene características que posiblemente la hacen ejemplar. De hecho, Naomi Klein incorpora la aplicación del modelo en medio del estrés y brutalidad de la dictadura, lo que inaugura lo que ella denomina “La doctrina del Shock”. El modelo neoliberal requirió para su instalación, desde Chile al mundo, de una población en estado de shock. Si en la década de los setenta fueron los chilenos, hoy son los griegos, españoles, portugueses e italianos.

El diseño de este modelo es avanzar hacia la apropiación de la riqueza por las élites. Principalmente las financieras, aun cuando queda también para las económicas y políticas. En el caso chileno, tras más de tres décadas de pleno ejercicio neoliberal, lo que tenemos es una concentración de la riqueza en manos de un estrecho y poderoso grupo y una población usada como mano de obra barata y consumidora.

El gran discurso neoliberal mantuvo por largos años la idea que el mercado era el mejor distribuidor de los recursos económicos, pero no precisaba cómo. Hoy bien lo sabe la ciudadanía, pero tras haber sufrido un trasvasije de la riqueza desde los trabajadores y consumidores a las grandes corporaciones, quienes se han apropiado de los mercados.

Bastaron estas dos a tres décadas para consolidar lo que hoy tenemos. Una concentración muy densa del capital y los mercados. Tras haber sacado del mercado a la competencia, tras haber desmantelado las organizaciones de trabajadores, tras haber cooptado a toda la clase política, las grandes corporaciones hoy manejan la economía, y también la política, a sus anchas.

Las grandes empresas se han convertido en los mecenas de los partidos

 

Sólo hubo algunos problemas. Al haber arrasado con todo, al haber convertido en negocios la educación, la enfermedad y la muerte, los efectos sociales son hoy incontrolables. Y al haber concentrado con fruición y avaricia la riqueza y los mercados, terminaron por eliminarlos. La tan sacrosanta libertad de mercado, piedra angular de los neoliberales, ya no existe porque no existen mercados. A partir de entonces, lo que se genera no es competencia, sino carteles, colusión, acuerdos de producción y de precios. La ley del más fuerte se impone como norma.

HASTA MIDEPLAN SE ESCANDALIZA

Del primer problema surge una estructura económica que convirtió a Chile en uno de los países más desiguales del mundo, proceso natural del neoliberalismo. Sin un Estado fuerte, que frene esa fuerza, la tendencia es hacia una mayor concentración. Las estadísticas de crecimiento de las utilidades de las grandes corporaciones avanzan a un ritmo sensiblemente superior al del resto de la población. Y en algunos casos, es posible afirmar que a medida que aumenta la riqueza arriba, se empobrece la base social.

Basta observar las estadísticas oficiales. Un informe de Mideplan, que recoge los daños del terremoto, concluye que el último año hubo un aumento de la pobreza a nivel nacional, la que pasó de un 16,4 a un 19,4 por ciento. Podemos decir que casi un veinte por ciento de la población chilena vive bajo la línea de pobreza. O una de cada cinco personas es pobre en Chile. Una condición en un país cuyo producto anual per cápita asciende a casi 15 mil dólares, el más alto de Latinoamérica, pero que exhibe una de las estructuras socioeconómicas más desiguales del mundo. Aquella misma encuesta Casen elaborada en 2009 constató no sólo un aumento de la pobreza en el país durante la segunda mitad de la década pasada, sino también un ensanchamiento de las brechas de la distribución de la riqueza.

El ensanchamiento de la brecha sucede mientras las grandes corporaciones obtienen ganancias siderales. Como ejemplo, basta citar a las grandes empresas mineras, las que ganaron en 2010 más de 14 mil 500 millones de dólares. O también la banca, que el año recién pasado elevó en más de un veinte por ciento sus utilidades, las que llegaron a más de 3 mil 300 millones de dólares.

La excesiva concentración de mercados ya no está sólo en los bancos, en la minería o en las comunicaciones. Penetró con fuerza el comercio minorista, expulsando del mercado a las tiendas de vestuario (aquellas viejas boutiques), ferreterías y almacenes de barrio. Hoy en día, cinco grandes cadenas de supermercados (Cencosud, D&S, SMU, Southern Cross y Tottus) tienen el 94 por ciento de las ventas, en comparación con el 65 por ciento del año 2004. En sólo cinco años desaparecieron más de 50 pequeñas y medianas cadenas de supermercados.

Un estudio de la Cámara Nacional de Comercio ofrece cifras impactantes. De los más de 300 mil establecimientos comerciales registrados en el país, un 98 por ciento está en la categoría de medianas, pequeñas o microempresas. Pero las grandes empresas del sector, que son apenas el dos por ciento del total, concentran más de la mitad del total nacional de las ventas. Se trata de una distorsión que no sólo se genera por los malls y grandes supermercados, sino en la penetración a través de “tiendas de conveniencia” y formatos Express, en barrios y poblaciones, otrora territorio de almacenes, panaderías, ferreterías, bazares y botillerías. En Chile no hay área rentable o potencialmente rentable que no sea negocio de grandes corporaciones. Hoy, en el extremo más alto, con orgullo se exhibe Falabella y Cencosud como unos de los mayores grupos de los retailers latinoamericanos: Cencosud, con ventas por más de nueve mil millones de dólares, en tanto Falabella con 5 mil 600 millones.

En el comercio, el caso más característico de concentración y control de los mercados está en las farmacias: Tres cadenas –Farmacias Ahumada, SalcoBrand y Cruz Verde- tienen hoy más del 95 por ciento del total de las ventas de medicamentos y afines. ¿Cómo se llegó a este extremo nivel de espesura? Quitando del negocio a cientos y miles de pequeñas boticas de barrio. Si en la década de los setenta existían unas dos mil farmacias, hacia los noventa quedaban no más de 1.600. Hoy, tras los procesos de fusiones y adquisiciones de los grandes grupos, unas 500 boticas se reparten ese cinco por ciento de las ventas.

Con la fuerte penetración de Sodimac, Construmat e Easy, hacia mediados de la década de los noventa le llegó la hora a las ferreterías. Si hace una década había en el país unas ocho mil ferreterías, hoy un censo las cifra en unas 2.500. Una estadística que no relata las angustias y sufrimientos por esas miles de quiebras.

Cuando hace un par de años la colusión de las tres grandes cadenas de farmacias en los precios de los medicamentos motivó demandas ante el Tribunal de la Libre Competencia, hoy, pese al escándalo, nada parece haber cambiado en lo medular. Porque la concentración y la colusión no sólo la goza ese sector, sino, como hemos visto, el negocio de la producción de carne de ave, el transporte en buses interprovinciales, la venta de supermercados, la telefonía celular y la banca, según las acusaciones y demandas que levantan las mismas autoridades económicas.

El modelo neoliberal ha requerido para su instalación, desde Chile al mundo, de una población en estado de shock

 

Más que una transformación del modelo, lo que las autoridades buscan es su legitimación. Regular para recuperar el apoyo que tuvo el modelo de libre mercado durante las décadas previas. Pero sin una legislación que cambie desde las bases del sistema, el poder ubicuo de las grandes corporaciones, terminará con volver las cosas a su cauce original. El ejemplo de la crisis de las subprimes en Estados Unidos, que tras sanciones y algunas débiles reformas volvió a repetir los mismos ilícitos, vale para el modelo nacional.

EL PODER TOTAL: LA INTEGRACIÓN VERTICAL

El poder de las grandes corporaciones, que ha logrado penetrar hasta en los mercados más sencillos y humildes, ofrece una doble estructura: La integración vertical. Controlan no sólo un sector de la economía, sino toda la cadena productiva. Dominan no sólo el comercio, sino la extracción, elaboración y distribución. La gran empresa adquiere características de ubicuidad, en tanto su afán de crecimiento y rentabilidad no sólo las impulsa a ganar más mercados, sino a sacar del escenario por toda la cadena de producción y distribución a la competencia. Es la naturaleza del libre mercado desregulado.

Tomemos algunos casos. La farmacia Cruz Verde, que tiene un 40 por ciento de las ventas de medicamentos, cuenta con el laboratorio Mint Lab Co. a través del que importa y fabrica genéricos. En la distribución tiene a Socofar y el negocio financiero lo realiza a través de Solventa, aliada con CMRFalabella. Farmacias Ahumada, que tiene más del 30 por ciento del mercado de medicamentos, produce sus medicamentos a través del Laboratorio Fasa. Y la construcción de locales la realiza con la inmobiliaria Fasa.

En las tiendas de departamentos podemos citar a Falabella, que tiene el 45 por ciento del mercado de este rubro. Pero también lidera el sector de centros comerciales con su participación en Mall Plaza, tiene el 36 por ciento del mercado de las ferreterías y afines con Sodimac y una creciente presencia en el negocio financiero. Con CMR y el Banco Falabella ya controlan el cinco por ciento del total de los créditos de consumo.

La banca tampoco es solo banca. Los servicios “de apoyo al giro”, como agencias de seguro, corredoras de bolsa y financieras, entre otras, conforman una estructura vertical de enorme poder. Por ejemplo, elBanco Santander, que tiene un 20 por ciento de los créditos, tiene también el siete por ciento del mercado de los seguros de vida y es socio de Transbank, la entidad que administra las tarjetas de crédito y de débito. De una situación similar gozan los bancos de Chile y el BCI. Como dato de la causa, el Santander ganó más de mil millones de dólares en 2010; el Chile obtuvo 808 millones y el BCI 474 millones.

Porque la colusión no sólo está en la apropiación de los mercados como si fueran una hacienda, un territorio conquistado. Está en la subcontratación que hacen las grandes empresas para ahorrar costos, evitar contratos laborales y desmantelar las organizaciones sindicales. Está también en la falsificación de resultados financieros, tanto para aparentar pérdidas o para revertirlas, como ha sido el caso de La Polar. O también está el caso de empresas que tienen a sus trabajadores permanentemente boleteando o con tratos de palabra. Según los economistas Gonzalo Durán y Marcos Kremerman, en Chile hay casi 1,2 millones de falsos asalariados.

La colusión se expresa en prácticas cotidianas, desde laborales a financieras, que convierte a Chile en una economía con tecnología del siglo XXI y normas del XIX. Aquí, las empresas encierran a sus trabajadores en los turnos nocturnos y también diurnos, las empresas de educación superior “sin fines de lucro” realizan todo tipo de subterfugios para ocultar gigantescas utilidades, los bancos cobran tasas de interés usureras, que en ninguna otra parte del mundo son permitidas, las isapres suben unilateralmente sus tarifas porque alegan alza de costos médicos en circunstancias que aumentan sus utilidades en un 70 por ciento, lo mismo que las AFPs, que también aumentan su rentabilidad mientras los fondos de los trabajadores pierden millones de dólares por la crisis.

Ellos, que ayer cooptaron a la Concertación con regalos y directorios, son los que hoy administran el país

 

Todo ello es posible por otra colusión, la mayor de todas: El lobbying político permite a vista y paciencia de la ciudadanía la cooptación de militantes como miembros de los directorios de las corporaciones. Las grandes empresas se han convertido en los mecenas de los partidos.

Es por ello que Durán y Kremerman hablan de un gran cartel, de una élite coludida, “que determina lo que Chile debe consumir, lo que los trabajadores deben ganar, el reajuste del salario mínimo, lo que usted tiene que ver en TV, los impuestos que quieren pagar, la tasa de interés máxima convencional o las donaciones que quieren realizar a obras benéficas, campañas políticas, o centros de pensamiento y universidades”. Ellos son “los miembros de las 4 mil 500 familias, que controlan los 114 grupos empresariales que existen en Chile”. Ellos, que ayer cooptaron a la Concertación con regalos y directorios, son los que hoy administran el país.

Por Paul Walder

El Ciudadano Nº117, primera quincena enero 2012

Foto de diariopyme.com