Informe
Señal de
Alerta-Herbert Mujica Rojas
31-1-2026
Gerencias como pago de favores en Contraloría
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La Contraloría General de la República
atraviesa una de las etapas más críticas de su historia institucional. En medio
de denuncias por presuntas compras irregulares vinculadas al presidente Jerí y
de crecientes cuestionamientos al control gubernamental, salen a la luz
designaciones gerenciales que involucran a funcionarios con antecedentes
disciplinarios confirmados, alimentando la percepción que el sistema de
fiscalización ha sido degradado a una herramienta para el pago de favores
internos.
Uno de los casos es el de José
Eustaquio Lavado Ciudad, actualmente a cargo de la Gerencia Regional de Control
de Moquegua. De acuerdo con la Resolución N.º 002558-2022-SERVIR/TSC-Segunda
Sala, se declaró infundado su recurso de apelación y se confirmó una sanción de
suspensión por sesenta días sin goce de remuneraciones, dentro del régimen
disciplinario del Decreto Legislativo N.º 728.
El expediente 3420-2022-SERVIR/TSC
estableció que la falta imputada quedó acreditada, ratificando resoluciones
emitidas por la Gerencia de Capital Humano de la propia Contraloría.
Perlas del cuestionado
Dentro de los cuestionamientos al
flamante gerente resalta su pasado como dirigente sindical del SINTRACGR, lo
que le habría valido la designación actual; a la vez persisten observaciones a
su desempeño profesional y referencias a su participación como perito auditor
junto al CPC Eliseo Alva Flores, incluso en un proceso visto por la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema (Recurso de Nulidad N.º 162-2020 Santa), donde -según
el documento- el tiempo transcurrido, impidió precisar la documentación revisada.
A pesar de este historial
administrativo y de desempeño, Lavado Ciudad fue promovido a un cargo gerencial
con capacidad directa de decisión sobre acciones de control.
Otro réprobo
Pero el patrón se repite. A esta
designación se suma la de Mariano Mucha Paitán, hoy responsable de la Gerencia
Regional de Control de Amazonas. En su caso, la Resolución N.º
02209-2016-SERVIR/TSC-Primera Sala confirmó una suspensión por treinta días sin
goce de remuneraciones, luego de declararse infundado su recurso de apelación
dentro del expediente 1832-2016-SERVIR/TSC.
Según la resolución, Mucha Paitán -cuando
ejercía funciones como jefe de OCI- fue sancionado administrativamente por aprovecharse del cargo, acreditándose
la comisión de la falta imputada y confirmándose el acto administrativo emitido
por la Gerencia del Departamento de Personal de la Contraloría.
Sobre este personaje existieron
cuestionamientos previos en el ámbito penal (del cual fue absuelto), así como
referencias a prácticas de presión interna y a una condena administrativa
relacionada con descuentos indebidos al personal contratado; lo que resalta en
este funcionario es haber pertenecido hasta hace unas semanas a la dirigencia
del SINTRACGR como subsecretario general.
Premiados
Pese a estos antecedentes
disciplinarios firmes, ambos funcionarios fueron colocados en posiciones
estratégicas dentro del sistema nacional de control. Para especialistas en
gestión pública, esto evidencia un problema estructural: perfiles con sanciones
administrativas confirmadas terminan siendo promovidos, debilitando la
meritocracia y erosionando la credibilidad de la principal entidad
fiscalizadora del país.
¡Sin respuestas!
Estas designaciones ocurren en un
momento especialmente sensible. Mientras los medios informan sobre presuntas
irregularidades en procesos de compra vinculados al entorno del presidente Jerí
y sobre contratos estatales de alto valor -incluidos aquellos con empresas
extranjeras, entre ellas consorcios chinos- la Contraloría aparece sin
respuestas contundentes ni acciones visibles que tranquilicen a la ciudadanía.
Gatos de despenseros
La pregunta se impone: ¿qué nivel de
control real puede esperarse, cuando quienes deben fiscalizar, arrastran
sanciones administrativas y observaciones previas? Para analistas del sector
público, la respuesta es inquietante. Cuando el aparato de control se puebla de
cuadros cuestionados, el sistema se vuelve frágil desde adentro y la
fiscalización pierde fuerza frente a intereses políticos y redes internas.
Vulgar toma y daca
Diversas voces dentro y fuera de la
institución, advierten que el control gubernamental estaría siendo utilizado
como moneda de cambio: cargos gerenciales entregados como retribución a
lealtades, silencios o alineamientos, mientras los grandes procesos de
contratación avanzan sin la vigilancia que el país exige.
Gravísima crisis
Más allá de nombres propios, lo que
queda expuesto es una crisis profunda de gobernanza. La entidad llamada a
proteger el dinero de todos los peruanos enfrenta hoy serios cuestionamientos
sobre sus propios filtros internos, sus criterios de designación y su voluntad
real de enfrentar prácticas irregulares en los más altos niveles del Estado.
Frente a este escenario, crece el
reclamo por una auditoría integral de las designaciones gerenciales, la
publicación transparente de los criterios de selección y una revisión
exhaustiva de todos los expedientes disciplinarios de quienes ocupan cargos estratégicos.
Porque las personas pasan, pero las
instituciones quedan. Y hoy la Contraloría General de la República se encuentra
ante una prueba histórica: o recupera su dignidad, independencia y autoridad
moral, o termina confirmando la peor sospecha ciudadana, aquella que señala que
el control del Estado ha sido reducido a una herramienta para el pago de
favores.
