Informe
Señal de
Alerta-Herbert Mujica Rojas
10-12-2025
Reducidores, testaferros y Caja Militar Policial
https://senaldealerta.pe/reducidores-testaferros-y-caja-militar-policial/
La venta de bienes robados es un delito grave tipificado en
los Códigos Penales de varios países (como México y Perú) bajo la figura
de Receptación o similar, castigando a quien adquiere, vende,
guarda, oculta o comercializa bienes sabiendo que provienen de un delito, con
penas de prisión y multas, afectando el patrimonio y la administración de
justicia. Las sanciones varían según el país y la gravedad, pero implican
prisión, multas y a veces inhabilitación, sancionando tanto al que vende como
al que compra.
¿Sería necesario recordar que la Caja Militar Policial
incurrió en delitos múltiples por los que sus directivos fueron a parar como
delincuentes, varios años a la cárcel? Caja chica del gobierno de Fujimori,
conexión directa con Montesinos y mal uso del dinero de los socios, fueron,
entre otras, características hamponescas de que fueron tristes protagonistas.
Decenas de perjudicados clientes de la Caja Militar Policial
perdieron los departamentos que compraron a dicha entidad. Esta vez, la
ejecución y resolución de los contratos estuvieron a cargo de la Administradora
de Comercio, firma creada y financiada por los ex réprobos.
Parece obvio que los nuevos, en nombre e intereses de los
antiguos, actuaron con todas las malas artes del oficio.
Los clientes manifestaron:
“Por más de dos décadas los afectados por las acciones de la
Caja de Pensiones Militar Policial vía la modalidad delictiva de resolver
contratos de compra-venta de inmuebles en forma ilegal, pese a que estos habían
sido pagados hasta en más del 50%, esa misma entidad (CPMP) se negaba a elevar
a escritura pública los contratos firmados, es decir firmar el testimonio de
compra-venta de los inmuebles e inscribirlos en Registros Públicos.”
Sobre las muy discutibles actuaciones del Ministerio Público
y del Poder Judicial, se señaló: “es dudosa, porque los procesos contenciosos
se dilatan y los recursos que presenta la Caja, se resuelven inmediatamente”.
Refiriéndose al principal responsable de la CPMP, Jorge
Revilla, se informó que este personaje está en Brasil y hasta ahora no da
cuenta de los mil millones de soles que extrajo de dicha entidad, acotando que
el sujeto de marras, tiene sobre sí 3 pedidos de extradición, pero NO hay
resultados.
¿Poderoso señor es Don Dinero, no?
La modalidad a la carta, rápida y más que instantánea, se ha
apoderado de diversas instancias de la vida pública del país. Y el Poder
Judicial es un escenario controvertido en que muchas farsas consagran, no la
validez y potencia de la verdad, sino todo lo contrario: el malhechor sale
premiado por su desempeño que está contra la ley y el estado de derecho.
Quién o quiénes se hagan de propiedades ajenas y luego las
vendan u ofrezcan como medio de pago, para sus múltiples deudas ¿no incurre en
receptación?
Los alegatos de la Caja Militar, repetidos por la
Administradora de Comercio, insisten en que la resolución de los contratos de
compra-venta fue legítima. Pero no dicen nada de la mañosa demora de
inscripción de las escrituras de propiedad de los departamentos, cuando ya se
había pagado un alto porcentaje por parte de los clientes.
Con los años se hizo clara que la dilación obedecía al
protervo motivo de desconocer los contratos, enajenar las propiedades y
venderlas u ofrecerlas (aunque no fueran suyas), como medio de pago ante la
Sunat y otras entidades oficiales a las que deben cientos de miles de soles.
¿No estamos ante un tinglado desplumador que tiene a su
favor a jueces, abogados, testaferros y cómplices en el aparato judicial del
país y que ha traído como resultado que decenas de usuarios hayan perdido sus
inversiones con esperanzas nulas ¡siquiera! de recuperar lo que pagaron?
El asunto puede resumirse de este modo: el denunciante adquiere en 1995 un
departamento en Miraflores; hasta 1999 la Caja de Pensiones Militar Policial se
negó a elevar a escritura pública el contrato de compra-venta, hecho que motivó
que propietarios mandaran carta notarial exigiendo dicha acción; con pretextos
mil nunca se satisfizo la demanda legítima de los propietarios; en el camino la
Caja Militar Policial transfiere a su empresa Administradora de Comercio S.A.,
la propiedad, simulando una venta a su favor la cual se encuentra inscrita,
constituyendo un engaño o ardid ante las autoridades que no hacen nada por el
estafado.
¿O sea que los testaferros cumplen con las formalidades y heredan la
cartera de la Caja Militar y actúan como si fueran los titulares legítimos,
“olvidando” que su mochila viene de quienes, por sus delitos, llegaron a estar
varios años en la cárcel?
El próximo Congreso tiene la oportunidad de reivindicar su alicaída imagen
entre la sociedad, investigando con rigurosidad la existencia de estos
mecanismos enajenadores de la propiedad y con beneficio exclusivo de quienes
tienen por costumbre despojar de la titularidad de bienes a los clientes.
¿Qué opina o sabe algo la presidenta del Poder Judicial, jueza suprema
Janet Tello Gilardi? ¿Es conciente que actos como los reseñados, en perjuicio
de clientes que invirtieron su dinero, orientan a que la gente literalmente
pierda la fe en la administración de justicia?
Continuaremos informando sobre un asunto que constituye un verdadero
despojo de legítima propiedad y de una circunstancia que premia a delincuentes
y castiga a clientes que lo único que hicieron fue invertir con quienes no eran
honrados ni limpios.
¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera; atentos a la
historia, las tribunas aplauden lo que suena bien; rompamos el pacto infame y
tácito de hablar a media voz!
