Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
9-5-2026
¿Ganapanes cobradores o delincuentes acreditados?
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No pocos, en el caso triste del Perú, presidentes de uñas largas, boca
floja y cinismo a prueba de bombas atómicas, tienen la convicción que el cargo
es para enriquecerse y con él, los primos, cuñados, queridas, adulones,
parientes sucios, etc.
La vocación de servicio no interesa a pesar que es el pueblo quien
paga con sus tributos los emolumentos y prima la idea sibilina que robar, es su
divisa y misión terrenal suprema.
Si no se suicidan cobardemente, ante la catapulta de hechos
incriminadores, viven en las ergástulas en juicios que no debieran ser sino
rápidos, rigurosos y ejemplares. Los facinerosos, tomaron la previsión de usar
el testaferrato y de ese modo delictivo, cautelan los dineros ilícitos de que
se agenciaron en los altos puestos.
¿No deberían, al ingresar, presidente, diputados y el contrandeado
Senado, presentar declaración jurada? Pero no con maquillaje ni adornos que
disimulen signos exteriores de riqueza sino con probidad y honor. ¿Y al salir?
¿Cómo se explica que virtuales astrosos terminen con inmuebles en la ciudad, en
el campo, en la playa; vehículos, viajes al por mayor si el cargo no solo es
irrenunciable sino a consagración exclusiva?
El desaparecido hombre de leyes y ex parlamentario Javier Valle
Riestra, planteó, años atrás en el artículo Juicio de residencia a esta
dictadura, 26-5-2004, conceptos sólidos que conviene releer con devota
atención y criterio. Leamos.
“Hay que restaurar el juicio de residencia, procedimiento al
que eran sometidos desde hace siglos los funcionarios cesantes para responder
de oficio o acción popular de su conducta. El origen más remoto en Indoamérica
se ubica en el 9 de abril de 1493, cuando Juan de Aguado, repostero real, recibió
comisión regia para investigar, como juez pesquisador el gobierno de Cristóbal
Colón, quien en algún momento volvió encadenado a la península.
El Perú no ha sido un país de impunidad. De los incas solo se
mencionan catorce y no a decenas más –según el cronista Montesinos, fueron más
de noventa- porque la historia fue cortesana y eliminó a los malos y a los
cobardes.
En la Colonia los virreyes fueron sometidos a juicio de residencia.
Ingresaban a Lima bajo palio y salían procesados para rendir cuentas. Pese a
que eran al alter
rex; una verdadera imagen del monarca, y hasta una reencarnación
suprema del Estado español. Se sometió a residencia a todos los virreyes.
Fueron notables la de Vaca de Castro, la de Francisco de Toledo, la del erudito
Príncipe de Esquilache. Castelar fue dos veces residenciado.
El santísimo Virrey Conde de Lemos murió ejerciendo el cargo y fue
sometido póstumamente a este juicio. Igual el Duque de Palata, el Conde de la
Monclova, Diego Ladrón de Guevara, el Marqués de Villagarcía, el muy dramático
del enjuiciado Conde de Superunda, quien al volver a España, vía La Habana, se
le responsabilizó por el asedio inglés de esa plaza por ser el militar de más
alta graduación, pese a estar de paso. Amat, el más corrupto, tuvo que
satisfacer crecidas sumas. Guirior, etc.
“Un americano del 1500 podía
decir que si no había elegido al virrey sí lo había juzgado, en una época en
que los franceses ni elegían ni juzgaban a sus funcionarios.
Esta tradición se continúa en la República. Y fueron residenciados el
Triunvirato que presidió La Mar gobernó el Perú después de San Martín; el
ministro Monteagudo; Riva Agüero, primer presidente de la República; el ex
presidente Torre Tagle. El último intento de residencia fue en 1851 contra el
ex presidente Castilla y por iniciativa, de oficio, de la Corte Suprema.
Se hizo fijar edictos en lugares públicos, conforme a la Ley Primera,
Título 15, Libro 5º de Indias, convocando a los quejosos. Posteriormente una
ley del 23 de noviembre de 1855 dispuso el enjuiciamiento del ex presidente
Echenique en los siguientes términos: “Artículo único: Quedan sometidos a juicio el ex presidente D.
José Rufino Echenique, las personas que como ministros de Estado han tomado
parte en su administración, los generales del Ejército y Armada y los
funcionarios civiles y políticos que hayan contribuido a la desorganización de
la República y a la ruina de su Hacienda”
Esa misma ley podía ser expedida hoy. Lo hará la Asamblea
Constituyente o el organismo democrático que la preceda, disponiendo el arraigo
de todos los residenciados.
También fueron procesados, pero ante tribunales ad-hoc, constituidos después de los
hechos –como hacen hoy los toledanos- el presidente Pezet (1867) por la llamada
Corte Central y el presidente Leguía (1931) por el canallesco Tribunal de
Sanción Nacional, constituido por leyes posteriores a los hechos y por delitos
creados ex profeso.
Sí. Evidentemente el cinismo y el desbarajuste que hemos vivido exigen
castigo. La tarea de la Asamblea Constituyente no solo es fabricar una
Constitución vanguardista, sino construir una nueva República de trabajadores
manuales e intelectuales que abomine del pasado vergonzante.
Una forma de no autoincluirse en ese pasado siniestro es auspiciar el
interregno depurador para que ministros, congresistas, fiscales, jueces de todo
fuero que hayan actuado tiránicamente respondan ante la nación y ante la
justicia. Pero, esta vez ante la justicia del pueblo”.
He propuesto, con modestia categórica: el Tribunal Moral debe condenar
a los réprobos, prohibirles vitaliciamente que contraten para el Estado, su
foto puesta en todas las oficinas públicas y además deben exhibir una
credencial con su foto, nombres y apellidos y un sello en rojo que diga:
Delincuente.
¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera; atentos a la
historia, las tribunas aplauden lo que suena bien; rompamos el pacto infame y
tácito de hablar a media voz!
