Informe
Señal
de Alerta-Herbert Mujica Rojas
19-12-2025
Asesinatos, desaparecidos y despojos en Atalaya
https://senaldealerta.pe/asesinatos-desaparecidos-y-despojos-en-atalaya/
Exigen
las comunidades nativas de Atalaya, al Ejecutivo, la nulidad de concesiones
forestales cuestionadas y una respuesta inmediata del Estado ante los crímenes perpetrados
y hoy viernes acudirán a Palacio a plantear sus demandas urgentes al Ejecutivo.
El fiscal de Derechos
Humanos de Ucayali, David Rivera del Aguila, realizó una diligencia de
inspección relacionada con el asesinato de los comuneros Benny Raúl Coquinche
Vásquez y Andy Raúl Coquinche Vásquez, integrantes de la comunidad nativa de
Maniquiari, provincia de Atalaya, región Ucayali, quienes fueron asesinados el
pasado 12 de noviembre de 2025. Según denuncias de los pobladores de la zona,
el crimen habría sido perpetrado por sujetos armados vinculados a la empresa
maderera La Florida SAC.
Las comunidades
nativas advierten que el conflicto no se limita únicamente a los crímenes, sino
que incluye la desaparición de un número indeterminado de personas, además de
la quema de viviendas y caseríos enteros, acciones que -afirman- buscan
despojarlos violentamente de sus territorios ancestrales.
Sin embargo, estas
denuncias no habrían sido verificadas durante la visita fiscal. De acuerdo con
el dirigente nativo Víctor Raúl Dipas, el fiscal Rivera del Aguila llegó a la
zona acompañado del abogado Jorge Fernando Camacho Lovera, quien trabaja para
la empresa maderera señalada.
“Estamos frente a un
fiscal que, en lugar de investigar a las víctimas de asesinatos y
desapariciones, acudió a reunirse con los presuntos responsables”, denunció el
líder indígena de Atalaya.
Ante este escenario,
los dirigentes comunales anunciaron que este viernes acudirán a Palacio de
Gobierno para denunciar los hechos ante las más altas autoridades del país.
Advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, las comunidades podrían
recurrir a mecanismos de autodefensa. “Si no hay justicia, se impondrá la ley
de la selva: el más fuerte sobrevive”, señalaron.
Cansados de los
constantes atropellos, asesinatos y del despojo sistemático de sus tierras, los
pueblos indígenas de la provincia de Atalaya, junto a sus principales
dirigentes, están en viaje a Lima para solicitar una reunión directa con el
presidente de la República.
Entre ellos figuran
Cleofás Quintero Soto, presidente de la Unión de Pueblos Indígenas de Atalaya
(URPIA); Raúl Víctor Dipaz Tovar, presidente del Frente de Defensa de
Comunidades Nativas de Atalaya; y Leoncio Najar Bardales, presidente de la
Federación de Comunidades Nativas Asheninkas de la Provincia de Atalaya
(FECONAPA), además de jefes comunales de diversas localidades.
Indignados por la inacción y la desprotección de las autoridades locales
y regionales, los líderes comunales acudirán este viernes 19 de diciembre de
2025, a las 3 p. m., a palacio de gobierno para plantear sus demandas urgentes
al ejecutivo:
1.- La inmediata
nulidad del contrato de concesión otorgado a la empresa maderera La Florida
SAC, por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, intentar arrebatarles
sus tierras ancestrales y promover la deforestación masiva de los bosques.
2.- Exigir a las
autoridades policiales y judiciales una investigación exhaustiva y sanciones
ejemplares contra los responsables de los asesinatos. De no existir una
respuesta efectiva, las comunidades advierten que podrían aplicar la denominada
“ley de la selva”.
3.- Solicitar una
intervención más firme y sostenida del Gobierno Central para atender demandas
urgentes en salud, educación, infraestructura vial y la titulación formal de
predios comunales.
Antecedentes
Wilber Lázaro
Coquinche denunció públicamente el asesinato de dos de sus familiares,
identificados como Benny Raúl Coquinche Vásquez y Andy Raúl Coquinche Vásquez,
ambos comuneros de Maniquiari. Los dirigentes comunales reiteraron hace dos
semanas que existen al menos 14 personas desaparecidas en el marco de este
conflicto territorial.
Los dirigentes Marvin
Sánchez López, Hilda Reátegui, de la comunidad de Santa Fe, Víctor Raúl Dipas,
Zózimo Ramos Torres, José Rojas Espinoza y Juan Aguila Cabezas, entre otros,
señalaron que en tres oportunidades solicitaron reuniones con autoridades del
Estado para exponer su situación. Desde Lima, indicaron, solo se hizo presente
el congresista Jorge Zeballos Madariaga.
Durante una asamblea
realizada el pasado 3 de diciembre en el sector conocido como “Y”,
representantes de diversas comunidades y centros poblados del distrito de
Raimondi acordaron iniciar medidas de fuerza frente a lo que consideran una
política abusiva de empresas madereras que vienen despojándolos de sus tierras.
Según el acta firmada en dicha reunión, se registraron desalojos forzados,
quema de viviendas, agresiones físicas contra mujeres y el asesinato de dos
comuneros.
Los líderes
responsabilizan directamente a la empresa La Florida SAC, vinculada —según
afirman— al excongresista Jaime Velásquez, así como a otra compañía del mismo
rubro, por la obtención irregular de concesiones forestales en la zona.
Denuncian que no se realizaron inspecciones oculares previas y que se han
vulnerado los procedimientos de control establecidos.
Asimismo, Zózimo
Ramos Torres advirtió que, ante la falta de respuestas del Estado, se evalúan
medidas radicales como el bloqueo del río Urubamba, principal vía fluvial hacia
el proyecto Camisea. Los comuneros también informaron que presentaron denuncias
ante el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre (Serfor), sin recibir hasta el momento una acción concreta.
