por Herbert Mujica Rojas
17-10-2007
Archivos negociados, millones desaparecidos
En la sentencia reciente por hurto agravado se dice en el punto "4.3
Que, en cuanto a la dependencia de la cual se habrían sustraído los
documentos que han sido materia de este ilícito, corresponde mencionar
que tal como lo han señalado los testigos Yolanda Bisso Drago, asesora
del Archivo de documentación, e Iván Pinto Román, Director del Archivo
General y documentación de la Cancillería, resulta verdaderamente
preocupante que a pesar de la importancia de la documentación que allí
se registra no exista un inventario actualizado que permita no sólo
contar con un sistema de identificación de la documentación que guarda
parte de la historia de la Nación, sino que por eso mismo, no se haya
podido establecer de manera fehaciente el verdadero faltante;
situación sobre la que nos permitimos manifestar nuestra preocupación;
Que, en cuanto a la oportunidad de la sustracción de la documentación,
la investigaciones nos han permitido concluir que estas han empezado a
realizarse después de 1998, fecha en que como se refiere el ministro
Pinto Román, se efectuó la revisión de los tratados por el tema con el
Ecuador; de lo que se infiere que habiéndose empezado a trabajar el
procesado Vera Ramírez desde 1999, a esa fecha se remonta el inicio de
la sustracción sistemática de los documentos de los archivos Histórico
de Límites y del Archivo central, no habiendo podido establecerse
fehacientemente la fecha hasta la cual se siguieron suscitando las
sustracciones debido a lo expuesto en este considerando; es decir a la
falta de un inventario actualizado de los archivos;".
En agosto, el parlamentario Yony Lescano había preguntado sobre este
proceso a la cancillería y ésta contestó dando cuenta de las acciones
emprendidas por la Procuradoría Pública del ministerio de RREE.
Es importante notar que se puntualiza que hay falta de un inventario
actualizado, es decir, de un gran archivo central debida y
modernamente acondicionado para evitar hurtos y negociaciones con
documentos importantísimos de la Nación.
En la misma sentencia de fecha 21-8-2007, en el punto 2.11 se subraya:
"Que por otro lado señala que hasta la fecha se ha podido comprobar la
sustracción de cuarenta y ocho documentos, cinco de los cuales
pertenecen al archivo de límites, y los restantes cuarenta y tres son
del Archivo Central, cuatro son comunicaciones que son los más
importantes porque en ellos se sostiene la soberanía de la Nación;
precisando que hasta el año 1998 se encontraban en el archivo porque
en ese año y revisión de tratados sobre todo los relacionados con
Ecuador y la sustracción ha sido después de esa fecha; señalando que
de los procesados sólo Vera Ramírez tenía acceso a esa documentación
ya que en el año 1997 había acudido como investigador sobre el tema de
la inmigración japonesa presentado por un miembro del Gobierno de
turno de aquella época y en el año 1989 y contratado por decisión de
ese mismo gobierno desenvolviéndose en el Archivo Histórico de Límites
y su condición de archivero le permitía ingresar al Archivo central
para complementar sus investigaciones".
¡Hay varias monstruosidades en el asunto de marras! ¿Cómo es posible
que Cancillería no tenga recursos para custodiar lo que es uno de sus
tesoros y leit motiv fundamentales, como casi único, es decir los
mapas y tratados de límites? Rastreando se encuentran hechos de
conocimiento público años atrás.
Bajo el epígrafe Títulos de nuestra nacionalidad en peligro, la
revista Oiga en su edición del 1-2-1993 y en un largo capítulo
Reorganización ocultó malversación por 8 millones de dólares, se
afirma: "En 1978, la embajadora Carmela Aguilar, directora de la
oficina de Soberanía Territorial y Fronteras, expresó su preocupación
por el estado lamentable en que se encontraban los planos originales
de la demarcación de las fronteras peruanas con los cinco países
vecinos, documentación probatoria de nuestros títulos jurídicos
territoriales que constituyen el valioso y único fondo documentario
del Archivo de Límites de la Cancillería. En esa fecha estos
documentos, que se encontraban en una caja metálica en la oficina de
Asesoría Jurídica, habían sido trasladados a un cofre de mapoteca en
la bóveda del ministerio de RREE., medida que la embajadora Aguilar no
consideró adecuada para la preservación de los mismos.
Tuvieron que pasar siete años para que, en noviembre de 1985, se
declarase la conservación de estos documentos como un asunto de "la
más alta urgencia". En consecuencia, la Ley de Presupuesto de 1986
contempló la creación, con la elevación de un 50% de las tarifas
consulares, de ingresos propios de la Cancillería, destinados según la
norma presupuestal al establecimiento de un local para el Archivo de
Límites, así como para su equipamiento y mantenimiento.
La Ley de Presupuesto para el año siguiente, 1987, determinó en su
artículo 219 que constituían ingresos propios del ministerio de RREE
el total de las recaudaciones consulares en el exterior, incluidos el
lucro de cambio y los derechos suplementarios, con lo cual estos
ingresos propios elevaron su monto inicial, de 50 al 100% de los
derechos por ingresos consulares y otros. Estos ingresos estaban
destinados prioritariamente para el Archivo de Límites; Archivo
General de la Cancillería; reposición, densificación y reparación de
hitos fronterizos, mantenimiento y modernización de su sistema de
comunicaciones y los proyectos que considere necesarios dicho
portafolio.
La Ley de Presupuesto para 1988 fue aún más clara y determinó que el
48% de estos ingresos propios debían destinarse al Archivo de Límites
y General; el 13% para reposición, densificación y reparación de hitos
fronterizos; 22% para equipos criptográficos claves; para equipos de
comunicaciones informatizados se destinó el 4%; y el 13% restante a
limusinas y otras medidas de seguridad. Este esquema se repitió sin
variación alguna en las leyes de Presupuesto para los años 89, 90 y
91.
Según un informe de la Dirección General de Administración de la
Cancillería, de fecha 29 de abril de 1992 y que se remitió a la
Secretaría General, el monto de los ingresos propios de la Cancillería
ascendió, entre 1986 y 1991, a la suma de 17'108,387.73 dólares, de
los cuales, por lo menos, ocho millones fueron legalmente destinados a
la adquisición de un local para el Archivo de Límites y su
correspondiente equipamiento y mantenimiento. Sin embargo, en todos
estos años la Cancillería no adquirió el local para el Archivo de
Límites y sólo ha invertido unos cuantos miles de dólares en la
adquisición de un equipo de ozonificación para la bóveda que guarda
los vitales derechos que prueban nuestro derecho territorial. ¿Qué
pasó con el dinero?".
La historia no terminó allí. En la misma crónica periodística de Oiga
y bajo el subtítulo: "Sospechoso encubrimiento se afirma:
En 1989, el entonces inspector general, embajador Juan de la Piedra
Villalonga, programó una primera actividad de control que comprendió
el preoycto de inversión "Archivo de Límites y General" y la actividad
"Limusina y otras medidas de seguridad", efectuados con ingresos
propios durante los años 87-90. Esta actividad, que comprobó que se
había incurrido en malversación de los fondos de ingresos propios
correspondientes al proyecto y actividad examinados, dio lugar al
informe No. 012-90-AUD, con fecha 27 de noviembre de 1990, el cual,
inexplicablemente, no fue tramitado por el sucesor de De la Piedra,
embajador Augusto Salamanca Regalado. Cuando el embajador Pareja
Lecaros asume la Inspectoría General de la Cancillería y toma
conocimiento del informe 012, lo remite al ministro Carlos Torres y
Torres Lara y a la Contraloría General de la República, cuya titular
en esa época era la doctora Luz Aurea Sáenz. El 22 de agosto del 91,
la Contraloría dispuso la reformulación del informe, en vista de que
adolecía de imperfecciones, la Dirección de Auditoría Interna de la
Inspectoría General, pudo, en base al examen de los comprobantes de
pago, determinar la existencia de malversación.
...El 18 de noviembre del 91, el secretario general de Relaciones
Exteriores dispuso ue la Inspectoría General realizara un informe
sobre el manejo de los fondos autogenerados por la Cancillería a fin
de satisfacer un pedido del Senado de la República hecho a petición de
los senadores Javier Diez Canseco y Carlos Malpica. Esta actividad dio
lugar a un informe preliminar que, con fecha 11 de diciembre de ese
mismo año, la Inspectoría General elevó al ministro de Relaciones
Exteriores, Augusto Blacker Miller, dando cuenta que del examen de los
comprobantes de pago correspondientes se infería la existencia de
indicios razonables en la comisión del delito de malversación de
fondos. De acuerdo a estos comprobantes de pago, los recursos habían
sido utilizados para pagar agasajos a embajadores extranjeros, cenas
con políticos o al pago de regalos de boda, entre otros".
¿Resultaría lícito, válido, reiterar el cuestionamiento sobre los
destinos de esos dineros que tenían, según lo que decían leyes
presupuestales con propósitos puntuales, el cometido de compra de
infraestructura para los archivos de Cancillería, en el corriente año
2007?
¿Qué se hizo en Torre Tagle para castigar lo que entonces ya se
presumía como malversación y que tienen en el presente funestas
consecuencias de falta de infraestructura para la custodia de los
mapas y títulos de soberanía del Perú? ¿O, como suele ser tradicional,
se olvidó el asunto y se le echó tierra de camposanto?
Como es de conocimiento público, a posteriori se descubrió que malos
elementos habían robado y negociado en el exterior, archivos del Perú,
como se enuncia líneas antes y en la misma sentencia de agosto
reciente. Algo pasó y –como suele ser costumbre- no se cautelaron los
intereses nacionales y ¡mucho menos! se protegieron los archivos
limítrofes facilitando la comisión de los actos delincuenciales que
han derivado en una sentencia de prisión en el 2007, para el principal
fautor de los hechos, Jorge Flavio Vera Ramírez.
¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
¡Sólo el talento salvará al Perú!
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