Rentables picardías para robarle al Estado (desde el mismo Estado)
por Ernesto Gamarra Olivares; ernestogamarraolivares@hotmail.com
11-11-2021
La Ley 30225 permite que los funcionarios o ex funcionarios
públicos denunciados y/o demandados, cuenten con asesoría legal, económica y tributaria
pagada por la propia entidad pública en la que prestaron servicios.
Por supuesto que hay casos que esto está plenamente
justificado si el funcionario, actuando de buena fe, comete un error y a
consecuencia de ello, es demandado o denunciado. Sin embargo, conocemos de
funcionarios y ex funcionarios que aprovechándose de esa ley, no solo
perjudicaron al Estado sino que lo siguen sangrando mediante la siguiente modalidad. Según esa ley, el propio
funcionario denunciado o demandado es el que pide que se le brinde el servicio
de asesoría pagado por la institución en la que presta o prestó servicios y
también es él mismo, quien propone los nombres de los profesionales que lo
defenderán y a quién se tiene que contratar. La persona que ha sido elegida,
recibe una carta de la entidad y la responde proponiéndole sus honorarios, que
son aceptados en la mayoría de los casos sin siquiera pedir una rebaja o decirle
“me parece que está usted cobrando mucho, mire que fulano de tal, cobra la
mitad”.
Hay casos en que el profesional propuesto, que envía su
propuesta económica, es amigo del funcionario y como ustedes están suponiendo,
el honorario inflado y sin contratiempos, es compartido entre el defensor y el
defendido, sin que nadie se entere. Firmado el contrato, por lo general hay un
importante adelanto de honorarios que ha sido incluso en ocasiones, autorizado
por el propio funcionario que necesita la defensa.
Hemos, por mal ejemplo, encontrado un caso de lo que puede
estar ocurriendo en otros sectores del Estado y se trata de lo ocurrido en
PROINVERSIÓN y que servirá para comprender lo que viene ocurriendo.
En dicha institución, en donde dicho sea de paso, los
sueldos de los funcionarios son suculentos, detectó la Contraloría General de
la República que quien era director, había autorizado el pago a un contratista
del Estado por una suma indebida de miles de dólares. Se inició el procedimiento
administrativo y para la defensa del generoso director, Proinversión contrató
los servicios de un abogado. Concluido el proceso administrativo la Contraloría
le impuso una sanción que consistió en la destitución y la devolución de los
honorarios pagados a quien lo defendió en ese proceso administrativo.
Sancionado el caballero, a pesar de la defensa que a él no
le costó un sol y a Proinversión 34 mil soles, no tuvo mejor idea que demandar
a la Contraloría para conseguir que se anule la sanción que le habían impuesto
y para ese juicio contencioso administrativo, el sancionado volvió a pedir la
“ayuda” de Proinversión y ésta muy comprensiva de las dificultades por las que
pasaba el director que solo ganaba S/ 41 mil soles mensuales, volvió a
contratar otros abogados que éste sugirió para ejercer su defensa y acordando
pagar S/ 92,000 que resultaba casi el doble de lo que había pagado ya para el
proceso administrativo, con un adelanto de S/ 30,000 el 2018.
La Contraloría salió a juicio a través de su procurador público
y al parecer su defensa no fue muy eficaz, ya que en primera instancia, el juez
falló a favor del ahora ex funcionario público y hoy ejecutivo de una empresa
privada transnacional.
La sentencia de ese juez que ordena anular, la sentencia y
borrar del registro de funcionarios destituidos al “desamparado” ex director de
Proinversión ha sido apelada por el Procurador de la Contraloría, pero resulta
que cuando hemos pedido que nos proporcionen una copia de su recurso de
apelación, nos contestan que no somos parte en el proceso y que en consecuencia
no tenemos derecho a conocer el contenido de esa apelación.
Respuesta que resulta no solo sospechosa sino absurda. El
Estado paga millones para que determinados abogados defiendan a funcionarios públicos
sancionados en juicios contra el propio Estado y la Contraloría, que
supuestamente defiende al Estado, nos dice: “ustedes no pueden conocer la
situación del proceso”, escondiendo su propia incapacidad para defender ya no
solo a la Contraloría, sino a todos los peruanos, que son los que finalmente
han sido perjudicados.
Tenemos en Perú, una ley que podría estar favoreciendo a
quienes se coluden con empresas que contratan con el Estado, la Contraloría no
cuestiona esa ley, menos ha hecho acciones de control sobre la mala aplicación
de ella y se niega a informar a la ciudadanía de la forma en que defiende los
intereses de todos los peruanos.
Se imaginan que, por ejemplo, en una empresa minera, se
descubriera que uno de sus funcionarios pagó a un proveedor más de lo que se le
debía y al ser denunciado por la empresa, la misma pague los honorarios al
abogado que defenderá al funcionario que perjudicó a la empresa?
Bueno, eso ocurre en el Estado peruano. Se coluden con
contratistas y cuando son descubiertos y denunciados, el propio Estado paga
para que los defiendan.
Por si acaso el expediente de la solicitud que se hizo a la
Contraloría en donde se pedía copia de la apelación de su procurador es el N°
08-2021-85069.
