por Herbert Mujica Rojas
9-1-2007
Niño Diego, Corte de San José y maniobras de siempre
Se ha pretendido, con discutible ignorancia y aviesa intención,
desviar la responsabilidad del retorno al fuero contencioso de Perú a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y reducirla a la gestión
de un ex ministro de Justicia del régimen toledista y con fecha apenas
del 2006. ¡No es así! ¡Esa es una mentira criminal de queta-factura y
salvavidas para Niño Diego!
Remitámonos a testimonios directos y hasta hoy incontestables.
¿Qué sostuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su cita
de febrero de 2001 en Washington? Leamos:
"Comunicado de Prensa Conjunto; Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El día 22 de febrero de 2001, en la sede de la Comisión Interamericana
de Derechos
Humanos (CIDH), que celebra actualmente su 110º período ordinario de
sesiones, se celebró una reunión en la que participaron, en
representación del Estado peruano, el señor Ministro de Justicia del
Perú, doctor Diego García-Sayán, y el señor Embajador Manuel Rodríguez
Cuadros, Representante Permanente de Perú ante la Organización de los
Estados Americanos (OEA). La CIDH estuvo representada por su
Presidente Decano Claudio Grossman; su Primer Vicepresidente, doctor
Juan Méndez; su Segunda Vicepresidenta doctora Marta Altolaguirre, los
comisionados Robert Goldman y Peter Laurie, y el Secretario Ejecutivo
de la CIDH, Embajador Jorge E. Taiana.
El Ministro Diego García-Sayán, en nombre del Gobierno peruano, señaló
que en el marco de la nueva política gubernamental de Perú en materia
de protección de los derechos humanos, y como parte de un conjunto de
medidas que ha venido adoptando el actual Gobierno a nivel nacional e
internacional relacionadas con la recuperación de la institucionalidad
democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a
los derechos humanos en Perú, el Gobierno del Perú presenta una
propuesta amplia para dar solución a un número importante de casos
(165) que supera el 50o/o de todos los que en relación al Perú se
encuentran bajo la competencia de la CIDH.
La Comisión Interamericana reiteró su reconocimiento por las
auspiciosas acciones que
viene realizando el Gobierno de transición liderado por el respetado
Presidente de Perú, doctor Valentín Paniagua; por los reconocidos
integrantes de su gabinete; y por el Honorable Congreso de la
República del Perú, relacionadas con la redefinición y fortalecimiento
de las instituciones fundamentales del Estado. La CIDH agregó que el
presente acto se enmarca dentro del conjunto de acciones altamente
positivas que ha tomado el actual Gobierno peruano, y complementa
otras medidas igualmente importantes que han sido adoptadas, tales
como la normalización de la situación de Perú respecto a la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la reciente suscripción por Perú de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, el
cumplimiento de recomendaciones y medidas cautelares formuladas por la
Comisión Interamericana."
Subráyese: "normalización de la situación de Perú respecto de la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos".
¿No estaba haciendo "méritos" Niño Diego para ver qué pescaba, algún
día, verbi gracia un puestecito de juez en la Corte, de repente? Algo
debe haber ocurrido porque así fue. En fecha tan temprana, como abril
del 2001, en artículo publicado por Liberación, entonces con la batuta
de César Hildebrandt y bajo el título de Torre Tagle: pólvora en
gallinazos, escribí:
"¿Cuánto le cuestan al Estado peruano las misiones diplomáticas que
han viajado urbi et orbi a promover la candidatura del actual ministro
de Justicia, Diego García Sayán, a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)? ¿En qué diseño estratégico se inscribe esta excursión
turística que se sufraga con el dinero de los peruanos para satisfacer
la vanidad del señor García Sayán? ¿En qué le sirve objetivamente al
Perú, que García pertenezca o no a la CIDH? ¿No estamos volviendo a la
recurrente cantaleta nacional que Torre Tagle está gastando pólvora en
gallinazos?
Si el señor García Sayán quiere ser integrante de la CIDH que su ONG,
la Comisión Andina de Juristas, le sufrague la campaña y pague todos
esos gastos. El pueblo no tiene razón válida para vehiculizar sus
legítimos como ajenos deseos de figuración internacional. Y si quiere
quedarse fuera del Perú, no tenemos tampoco razones muy muchas para
oponernos."
Tal parece que la ONG privada de Niño Diego, la Comisión Andina de
Juristas, no pagó un centavo de estas actividades, sino el pueblo
peruano para satisfacer las ambiciones ya despiertas entonces de un
narciso de juguete.
Pocos días atrás, ha escrito el embajador e historiador Félix C.
Calderón, en artículo llamado La competencia de la Corte de San José y
la soberanía del Estado:
"En el caso del Perú, la Corte de San José ha procedido esta vez con
temeridad; por cuanto, es harto sabido que en febrero de 2001 el Perú
volvió a aceptar la competencia contenciosa de ese órgano
jurisdiccional regional de acuerdo con una decisión del Congreso
peruano bastante discutible, si se recuerda que menos de 40 votos se
pronunciaron a favor del regreso. Una mayoría escuálida de
congresistas que solo se limitó a reiterar la genérica y
contradictoria declaración que presentara el Perú en 1981, y que hoy
hace recaer en los peruanos el peso de obligaciones financieras
inaceptables, por lo que tiene que haber responsables. Pues, a este
paso, el pueblo peruano corre el riesgo, en el colmo de la paradoja,
de indemnizar al mismísimo sanguinario Abimael Guzmán."
Y el mismo autor, no replicado hasta hoy por ninguna respuesta
orgánica y jurídica de iguales quilates, sostiene en La sentencia de
la Corte de San José es inejecutable:
"Y llegamos aquí al problema de la responsabilidad política, civil y
penal de los agentes del Estado cuando con sus actos causan un daño
mayor al Estado que representan y que deben defender. En el caso de
marras, se viene diciendo en los últimos días que la responsabilidad
por esa sentencia infame recae en el agente del Estado que siguiendo
instrucciones se allanó parcialmente, el 20 de febrero de 2006
(párrafo 56 de la sentencia). Pues bien, quienes así hablan dicen una
verdad a medias, y esto es peor que una mentira. Ese acto de
allanamiento y reconocimiento parcial de responsabilidad internacional
a través de un escrito, constituyó la parte final de una sistemática
voluntad de allanamiento puesto de manifiesto sucesivamente, por
acción u omisión, por los agentes del Perú, comenzando por el ministro
de Justicia de la época, desde 22 de febrero de 2001. De otra manera
no se entiende lo que se consigna en el párrafo 25 de dicha sentencia:
"El 23 de octubre de 2003 la Comisión, de conformidad con el artículo
50 de la Convención, aprobó el Informe Nº 94/03, en el cual concluyó
que el Estado "es responsable por la violación de los derechos a la
vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial,
consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana,
en relación con la obligación general de respeto y garantía de los
derechos humanos establecida en el artículo 1(1) del mismo
instrumento, en perjuicio de las víctimas individualizadas en el
párrafo 43 de [dicho] informe." Es decir, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos concluyó el examen de los casos bajo su
consideración prejuzgando ya la responsabilidad del Perú.
Responsabilidad que lejos de ser objetada por los agentes del Estado
peruano, señalando a los responsables de carne y hueso, la confirmaron
al convertirse en instigadores de que el caso se transfiera a la Corte
de San José. El párrafo 20 de dicha sentencia no deja asomo de duda al
respecto, al consignar que desde 23 de abril de 2001 el Perú "NO
deseaba someterse al procedimiento de solución amistosa," también
previsto por el Pacto de San José a nivel de la Comisión."
Por tanto, ¿qué se quiere hacer o pretenden destilar los capituleros
en todos los medios, los juristas de juguete y de alquiler, cuando
hablan del 2006 y del ex ministro de Justicia y el gobierno de Toledo?
Básicamente, exculpar a Niño Diego quien, obviamente, empujó una
reincorporación a la Corte de San José, por motivos clarísimos y ¡de
ninguna forma! por el interés del Estado peruano y porque, como se ha
demostrado, hay responsabilidad en los funcionarios que NO defendieron
al Estado como era su deber y para lo que les pagaba el pueblo
peruano. ¡A la cárcel todo Cristo!
La sentencia de la Corte de San José es de público y total
conocimiento. A esto nos condujo la vanidad increíble y el
egocentrismo de un mamarracho pseudo defensor de derechos humanos que
tiene una visión torcida, oligárquica, fronteriza de qué es el Perú y
de a quiénes debe servir un Estado expoliado y exaccionado por
pandillas como ha ocurrido desde el 28 de julio de 1821.
¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
¡Sólo el talento salvará al Perú!
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