Informalidad y corrupción
por Horacio Gago Prialé*; hgagopri@gmail.com
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5-11-2021
¿Por qué las cuatro
quintas partes de la sociedad civil no se encuentra representada en la Comisión
de alto nivel anticorrupción?
La informalidad y la corrupción son los dos mayores
problemas del país. Se trata de males estructurales, profundos e
interrelacionados, retroalimentándose todo el tiempo. Si el sistema legal no
recoge ni brinda herramientas de representación a los activos y contratos que
millones de peruanos poseen y realizan todos los días, entonces esas leyes
pierden eficacia, se tornan ilegítimas, alimentan la informalidad y, cómo no,
también la anomia. Aun así, las centenas de organizaciones vivas que pueblan el
mundo de los informales no existen como sociedad civil para la Comisión de alto
nivel anticorrupción (CAN).
¿Cómo puede hablarse seriamente de guerra contra la
corrupción si la autoridad nacional que representa al país ante la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención
Interamericana contra la Corrupción (CICC), simplemente obvia u omite al sector
informal en sus múltiples manifestaciones, masivo, determinante y extremamente
dinámico?
El embudo de la CAN deja pasar solo a la CONFIEP de entre
los sectores productivos y deja afuera a ese 80 por ciento de micros y pequeños
productores, comerciantes, agricultores, pequeños mineros, pescadores,
transportistas y artesanos. El resto de la Comisión de alto nivel
anticorrupción está básicamente conformada por entidades del mismo Estado,
exactamente como no debería ser porque, precisamente, el elefante estatal es
quien cobija la corrupción.
Los informales y sus organizaciones no solo son la amplísima
mayoría de la sociedad civil sino el sector más vulnerable frente a las
arremetidas del sistema legal, draconiano, perseguidor y reglamentarista,
haciendo imposible cualquier concreción de una genuina formalización.
Requisitos irracionales como equiparar a los grandes mineros con los pequeños
en los temas de remediación, por ejemplo, abundan en el sistema de cínica
formalización que se quiso imponer desde los años de Ollanta Humala.
En la esfera política, un sistema legal ilegítimo es peor
que un cáncer: los intermediarios políticos dejan de ser los mejores ciudadanos
para convertirse en mercenarios de los grupos de poder que están detrás de los
clanes (imposible denominarlos partidos) que detentan la legalidad ante la
ONPE. La corrupción política nace de la informalidad política. Listas
organizadas a golpe de billetera, elecciones internas fraguadas y una ONPE
aparentemente detallista que impulsa la corrupción desde el reglamentarismo,
son cosa común.
Los poderes fácticos (nadie los eligió pero tienen más poder
que las instituciones públicas), usan la puerta giratoria para circular con descaro
entre los estamentos del Estado y sus empresas. Sus peones hoy visten los
ternos de directores generales de línea y deciden sobre miles de millones de
soles públicos, y mañana se transforman en gerentes o asesores de las
constructoras, mineras o universidades con fines de lucro. Los cientos de codinomes de Odebrecht revelan que en la
planilla del club constructor no solo estaban los ministros o viceministros,
sino también funcionarios de todo nivel de la cadena de decisión, prestos a
estampar sus firmas para trasladar el dinero público a las arcas privadas de
sus cárteles.
Resolver la informalidad conllevará la eliminación de la
corrupción, siempre que el Estado, empezando por la CAN, amplíe el paradigma y
se tome el trabajo de convocar a los informales. Solo con un quinto de la
sociedad civil y de la economía en el sistema anticorrupción, es imposible
sostener ningún resultado positivo en esta lucha.
Emprender un proceso formalizador integral, que cubra toda
la complejidad del problema es extremamente importante y urgente. COFOPRI quedó
desfasada hace mucho porque la informalidad se desbordó e invadió todos los
aspectos de la economía y de la sociedad: informalidad del suelo urbano, del
periurbano, del agrario; de las viviendas edificadas informales sobre suelo
titulado por Cofopri, al menos 5 millones en todo el país; informalidad del
pequeño comercio e industria, de los millones de peruanos que se levantan a las
3 de la mañana para dirigirse a sus centros de abasto y después a sus puntos de
comercio; informalidad en la pequeña industria forestal, en la de producción de
oro, en la pesca; informalidad en el empleo y también en la creatividad y
conocimiento: los peruanos no patentan nunca sus inventos o sus derechos sobre
su creatividad porque esa labor la tiene Indecopi, gobernada por los poderes
fácticos.
El actual gobierno, si de verdad pretende el cambio, debe
comenzar por acometer una formalización integral, técnica y metodológicamente
racional, para lo cual la consideración de los informales como parte de la
sociedad civil en la CAN, es un imperativo.
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*Doctor en derecho, presidente de ELIS.
