Monday, November 04, 2019

Migraciones-licitación de pasaportes electrónicos ¿traje hecho a la medida?


Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
4-11-2019

Migraciones-licitación de pasaportes electrónicos ¿traje hecho a la medida?

Una extraña invitación-convocatoria para pasaportes electrónicos hizo la OACI-ICAO (Organización de Aviación Civil Internacional-NNUU) porque sólo ha comunicado del tema a empresas extranjeras y no lo hizo así con las empresas a las que solicitó anteriormente cotización en más de una oportunidad. ¿Qué ha ocurrido? Ese misterio, si lo es, debiera aclararlo Roxana del Aguila, Superintendente Nacional de Migraciones.

¿Por causa de qué no se han publicado en la página del SEACE, por TRANSPARENCIA, las bases de esta licitación o concurso público? Otra pregunta pertinente: ¿comunicó Migraciones de este evento a las empresas peruanas, al margen que sea OACI-ICAO, la responsable de la licitación?

El presidente Vizcarra ha hecho hincapié enérgico del accionar de su gobierno en la lucha contra la corrupción y la transparencia es requisito fundamental en TODAS las instituciones del Estado que viven de lo que paga el ciudadano peruano con sus impuestos.

Entre las lindezas más notables se encuentra el siguiente párrafo, casi al comienzo del proceso:

“2.1 Se invita al oferente a ofrecer cualquier libreta de pasaporte, que en su opinión, sea igual o superior a los requisitos de esta especificación. Cualquier alternativa o variación de este tipo debe definirse y apoyarse completa y claramente para que la equivalencia o superioridad pueda determinarse fácilmente.”

Aclaremos de frente y sin ambages: ¿cuáles son los requisitos de esta especificación? Como es obvio deducir, los requerimientos son los que determina el actual proveedor, desde el 2016, de pasaportes electrónicos: IN Groupe (antes Imprimerie Nationale de Francia). ¿No es un traje hecho a la medida?

Por semanas, meses y semestres enteros hemos venido advirtiendo y reclamando por un proceso amplio que no fuera llevado en medio o por prisas apuradas o sospechosas sino que acogiera por igual a empresas peruanas y extranjeras cuyas consultas debieran ser absueltas por igual. Pero entrado noviembre y a puertas de cerrar el 2019, podemos hacer notar algunas cosas muy importantes que NO pueden ser pasadas por alto:

1)       El tiempo para la primera entrega es de 90 días.
Si sólo fabricar el papel para el pasaporte electrónico demora más, entonces ¿CÓMO CUMPLIR EN ESE TIEMPO? A menos que se hayan tomado previsiones con mucha anterioridad y conocimiento exclusivo de información privilegiada.
2)      Si Migraciones hubiese convocado oportunamente habría posibilidad de pluralidad de postores. ¿No se angostan las chances cuando se llama a licitación con condiciones demasiado estrechas?
3)      Como se ha hecho notar, las características o especificaciones son las del proveedor IN Groupe. Porque “Cualquier alternativa o variación de este tipo debe definirse y apoyarse completa y claramente para que la equivalencia o superioridad pueda determinarse fácilmente.

¿Permite la ley de contrataciones del Estado que cualquiera de sus instituciones, en este caso la Superintendencia Nacional de Migraciones, llame a concurso o delegue ese proceso y convoque sólo a empresas extranjeras y no a las nacionales? Entonces ya no es del Estado sino de cualquier empresa foranea con influencia política, diplomática o económica.

Dura lex, sed lex. Dura es la ley pero es la ley.

Por tanto, una convocatoria para pasaportes electrónicos del Perú no puede, alegremente, obviar la presencia de empresas nacionales o mixtas porque ¡eso es imprescindible! ¿O hemos llegado al nivel de país subsidiario de gigantescas empresas internacionales?

¿Por qué la Superintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Aguila, no le explica al país las razones –o sinrazones- de la demora del proceso de licitación que tanto hemos reclamado y diga o aclare las dudas expuestas en este y múltiples artículos que lee atentamente.

La defensa del interés público está por encima de episódicos funcionarios que tendrán que pagar sus errores o delitos ante los tribunales y la conciencia moral del país.



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