por Luis Alberto Pacheco; luisitopacheco@hotmail.com
4-4-2008
APRODEH, la ONG que lidera Francisco Soberón, a petición de las
dirigencias nacionales del MNI, ha asumido la defensa de Carmen
Azparrent y compañía. Pero tal defensa ha sido asumida a regañadientes
y con desgano. Y es que sabido es que la ONG de Soberón, que defiende
los derechos humanos que más le convienen, ha pactado tácitamente
(esto es vox populi) con el gobierno de Alan García: si ellos no
fastidian, él no fastidia. Azparrent, quien sufre además de un extraño
cáncer linfático, está en manos, no de incompetentes, sino, peor aún,
de desganados que llevan el caso, sin quererlo.
Recordemos este caso nada ejemplar para la justicia peruana.
El 03 de marzo de 2008, Carmen Azparrent (hija del conocido dirigente
ayacuchano del PC-Unidad y alcalde en ejercicio de Huamanga, Fermín
Azparrent, que fue brutalmente asesinado en 1989, según se sabe, por
las huestes senderistas que "reprochaban" el "revisionismo de los
pseudos-comunistas de izquierda unida"), llamaba insistentemente por
teléfono a María Socorro Gabriel, su compañera de partido (ambas
pertenecen al MNI), para comunicarle que pronto cruzaría, de retorno
al país, el puente internacional que une al Perú con Ecuador. El
teléfono celular no contestaba. De ahí la insistencia de las llamadas.
Finalmente, María Socorro Gabriel contestó al llamado telefónico, pero
para avisar a Azparrent que se encontraba, conjuntamente con Guadalupe
Hilario (una dirigente campesina de Huancayo), detenida en el control
policial de Aguas Verdes, sin saber cuáles eran los motivos. Carmen,
expresando su compañerismo y amistad, acudió inmediatamente en su
ayuda. La PNP que la recibió "muy amablemente", terminó deteniéndola.
Horas más tarde se enteraban que se les acusaba de "tener vínculos con
las FARC y el MRTA" y de hallarse en esa condición infiltradas y
"direccionando políticamente a las casas ALBA".
La "prueba irrefutable" de estas imputaciones: haber asistido como
invitadas al "Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana",
que se llevó a cabo en el Ecuador y que reunió a representantes de los
movimientos y partidos políticos progresistas de América Latina que se
identifican con el ideal del libertador.
El gobierno, a través de Alva Castro, no ha desaprovechado la ocasión
y, dada la coyuntura que aquél mismo (a modo de cortina de humo ante
el problema del fantasma de la inflación que recorre al Perú) ha
generado, al "investigar" quién financia a las Casas Alba, presentó de
inmediato a las "tres peligrosas terroristas del MRTA" que, con apoyo
de las FARC, dirigen las Casas Albas en Perú. ¡Qué mejor anillo al
dedo le podía haber tocado a Alva Castro! Y qué mala suerte la de
estas tres mujeres, mayores de 50 años, que han tenido que
"convertirse" en terroristas, para dar tranquilidad al gobierno.
La tercera semana del mes de marzo, las "terroristas" han sido
recluidas en el penal Santa Mónica de Lima, por orden del "juez de
jurisdicción supraespecial". El auto apertorio de instrucción señala
que se presume que son terroristas porque "tienen ideas marxistas,
maoístas, guevaristas".
El contenido de esta Resolución de inicio de proceso judicial, desde
ya, revela la ignorancia e intencionalidad política del juez de la
causa: ignorancia porque si se les acusa judicialmente de ser
emerretistas, no puede ser posible que ellas, como tales, puedan
profesar ideas maoístas, pues tal ideología era, como "expresión
cualitativamente superior del marxismo", propia de Sendero Luminoso y
no del MRTA, evidentemente el juez no tiene la menor idea de lo que
habla y sólo responde a dictados ajenos a él; intencionalidad
política, también, de utilizar a las detenidas como chivos expiatorios
en contra de Casas Alba, a través de una evidente forma de terrorismo
de Estado, de creación de miedo por inminente persecución a los
"bolivarianos", el mensaje a éstos es totalmente claro.
Además, el juicio, per se, ya revela serias violaciones a los
principios garantistas que un verdadero Estado de Derecho debe
cautelar para ser tal. En este caso, el principio del juez natural,
según el cual ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción
predeterminada por la ley, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de
excepción, cualquiera sea su denominación (art. 139°, inciso 3.,
Const. Política). Asimismo, se ha dictado orden de detención contra
Azparrent y sus compañeras sin indicio ni prueba alguna más que por la
imputación de que "tienen ideas marxistas, maoístas, guevaristas". Aún
cuando esto último fuera cierto, profesar estas ideas no constituye
delito, sino sólo cuando dichas ideas son la causa eficiente de
acciones que van en contra del orden social y de la seguridad
nacional, lo que no sucede en este caso.
Sin prueba alguna y nada más que contando con la especulación del
Fiscal y del Juez que se prestan al juego político del gobierno (que
los ha puesto en el cargo a través del Presidente del Poder Judicial),
la detención de Azparrent resulta de una violación flagrante al
artículo 135°, inciso 1., del Código Procesal Penal in vacatio legis
que establece que para que el juez pueda dictar orden de internamiento
a un penal deben existir indicios probatorios que vinculen al imputado
con el delito que se le atribuye haber cometido. ¿Es un Estado de
Derecho el que se vive en Perú?
No comments:
Post a Comment