Informe
Señal de
Alerta-Herbert Mujica Rojas
21-3-2023
Vía crucis de Adulto mayor que denuncia corrupción
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El
ciudadano y adulto mayor Daniel Alvarado Valdiviezo Rodríguez, exige el fin de
la afectación de sus derechos fundamentales, los mismos que continúan
conculcados por la indiferencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
instancia a la cual también recurrió (concretamente a la Procuraduría Pública
Especializada en Delitos de Corrupción), el 8 de abril del 2022 en medio de un
vía crucis que lleva un cuarto de siglo de su vida.
Valdiviezo
Rodríguez recuerda que el 22 de febrero de 1995, presentó una demanda de
indemnización por despido, remuneraciones insolutas y beneficios sociales
laborales contra Textil San Pedro S.A. y Servicios Industriales y Comerciales
S.A. (SICOSA).
El 7 de
junio de 1996, la jueza María Elena Jo Laos del Juzgado Mixto de Trabajo -Cono
Norte-, dictó una sentencia a favor del señor Valdiviezo por la suma de S/
29,039.88, más remuneraciones devengadas e intereses que se liquidarían en
ejecución de sentencias.
Además, Valdiviezo
cuenta con un informe del 13 de diciembre de 1996, elaborado por la Oficina de
Pericias Judiciales, que determinó que el monto total que le correspondía
recibir era de S/ 34,070.96.
Para
setiembre del 2000, el caso ya llevaba cinco años sin resolver, tiempo en el
cual el referido ciudadano Valdiviezo lo puso en conocimiento de la Defensoría
del Pueblo, tema que trascendió entonces a los medios de comunicación.
De otro
lado, el Sindicato de Obreros de Textil San Pedro S.A., también demandó a dicha
empresa, en 1993, por beneficios sociales laborales. Sin embargo, el 19 de
agosto del 2011, es decir 18 años después del proceso judicial iniciado por el
señor Valdiviezo contra Textil San Pedro S.A., se procedió a cancelar los
derechos laborales, aclarando que los beneficios sociales de seis trabajadores,
que ya habían fallecido, se pagarían a sus deudos y familiares.
En el 2013,
el 15 de marzo, la jueza Sayda Cecilia Cisneros del Juzgado Especializado de
Trabajo Transitorio, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, ordenó un
embargo a favor del señor Valdiviezo por la suma de S/ 36,955.56, con
Resolución Número Doscientos Veintidós del 15 de noviembre y ofició al 25°
Juzgado Especializado Permanente Laboral de Lima, para que informe sobre el
estado del Expediente N° 187-1993, en los seguidos por el Sindicato de
Trabajadores de Textil San Pedro contra la empresa Textil San Pedro S.A.
“Por coincidencia”, once días después,
el 26 de noviembre del 2013, la Inmobiliaria e Inversiones Guipor S.A., que
compró por remate el inmueble del demandado Textil San Pedro S.A., el 14 de
setiembre del 2011 por la suma de 451,000 dólares se lo vende a Miguel Uchasara
Cabrera por US$ 1’400,060 dólares.
¡Increíble!
pues dos años después, el 4 de mayo del 2015, como puede verificarse con la
Resolución Número Doscientos Veintitrés, el juez Pedro Granda Patiño declaró
que no obra en autos el oficio que se tenía que haber enviado al 25° Juzgado
Especializado Permanente en lo Laboral de Lima.
El 12 de
julio del 2019, el ciudadano Valdiviezo alcanzó a la jefa de la ODECMA, doctora
Rosa Guillermina Rodríguez Lecaros, la demostración probatoria de las graves irregularidades
y/o delitos cometidos por la juez Emilia Rocío Mancilla Contreras y por su
secretario David Alegría Luna, quienes habrían violado gravemente sus derechos
humanos laborales y la ley del adulto mayor.
El
ciudadano Valdiviezo señala tener las pruebas contundentes de la forma cómo
esos magistrados falsificaron el monto del remate del inmueble del demandado
Textil San Pedro, que, según la empresa se hizo por S/ 1’120,091.03 soles,
haciendo referencia a la partida electrónica N° 49053843; pero dicho se remate
se hizo por la suma de US$ 451,000.00, con fecha 17 de enero del 2011, y al
cabo el remate se concretó por la suma de S/ 1’256,035.00.
Es decir,
este fue el monto y no S/. 1’120,091.03, como lo declarara la jueza Emilia
Rocío Mancilla Contreras y su secretario David Alegría Luna. En otras palabras,
fue una operación con S/ 135,000 menos
El
demandante, ciudadano Daniel Valdiviezo Rodríguez, ha recurrido con su caso
ante instancias del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía
Anticorrupción, la Procuraduría Pública del Minjusdh, la Comisión de Alto Nivel
Anticorrupción, la Comisión de Justicia del Congreso en el año 2002, la
presidencia de la República, el Colegio de Abogados de Lima, al entonces Zar
Anticorrupción; mas ahora, reclama porque estamos en el 2023 y su caso no tiene
solución ni la debida atención por parte del Estado.
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