Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
22-10-2015
Pulpo montesinista en pasaportes electrónicos
La firma Segres Systec, cuyo
dueño es Nicolás Kecskemethy de jamás desmentidos vínculos con las operaciones
financieras y económicas de compra de armas que impulsó Vladimiro Montesinos,
tal cual se consigna en el artículo en
La República del 2001, Ejército montó
grupo para enfrentar la Marcha de los Cuatro Suyos- Compraron armas hasta el
último día, posibilitó que la Imprimerie
Nationale de Francia, bajo el nombre de In Continu Et Services (¿por qué sospechosa razón cambiaron de nombre?
Estamos averiguando), formara parte del trío de empresas cuestionadas que
están capturando el pasaporte electrónico de Perú, la otra es Gemalto.
Según fuentes muy bien
enteradas Segres Systec S.A., luego del pasaporte biométrico ya está en
reuniones con Datacard para hincar el diente en el DNI electrónico que emite
Reniec. Al modo de un pulpo con varios brazos y desacreditando por todos los
medios a los potenciales y reales competidores en el proceso para pasaportes
electrónicos, esta firma amenaza con introducirse en el tejido de negocios del
Estado y en ¡nada menos! que los documentos de alta seguridad.
Estuve indagando qué otro
país ha tenido o está por tener, porque hasta ahora no hay entrega de la buena
pro en Migraciones, la indigna y servil actitud de encargar la confección de un
documento como el pasaporte electrónico a firmas extranjeras y lejanas. Y
parece que la desverguenza es únicamente en Perú ¡Cuando hay pantalones no se
incurre en semejante extravagancia tan abominable!
Leamos La República y qué
dicen de la participación de Segres Systec S.A. y de su propietario Kecskemethy
que no duda en disfrazarse con mil atuendos con tal de estar en la foto. Aquí
presentamos una de ellas.
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Ejército montó grupo para enfrentar la Marcha de los 4
Suyos -Compraron armas hasta el último día
Hasta los últimos días del pasado régimen, la
cúpula militar gastó millones de dólares en la adquisición de equipos de
combate y seguridad, sin licitación pública y mediante la modalidad de
"secreto militar", para evitar la fiscalización de las autoridades. A
pesar de haberse sellado la paz con Ecuador al suscribirse el Acuerdo de Paz en
Itamaraty, en octubre de 1998, el Ejército destinó millones de dólares de los
fondos públicos para la compra de material de guerra, a cuestionados
proveedores de armamento. La República obtuvo copias de las numerosas
resoluciones ministeriales que autorizan desde la adquisición de indumentaria
de origen escocés, para un grupo de represión de movimientos sociales, hasta un
equipo sofisticado de fabricación israelí para un comando de élite de asalto,
aparte de sistemas de seguridad para la Comandancia General del Ejército.
Por ANGEL PÁEZ Unidad de
Investigación
Los documentos corresponden al periodo comprendido entre enero de 1999 y
hasta setiembre del 2000, el mismo mes en que el ex presidente Alberto Fujimori
recortó su mandato y convocó a nuevas elecciones debido al escándalo del video
Montesinos-Kouri. Las resoluciones, que tienen los sellos y rúbricas de los
titulares del Ministerio de Defensa y de la Comandancia General del Ejército, oficiales
de la cúpula del ex asesor Vladimiro Montesinos Torres, prueban que la
institución castrense, a pesar de la crisis, no tuvo reparos en desembolsar
dinero, en su mayor parte en beneficio de vendedores de armas de dudoso origen.
Las principales operaciones se consumaron durante la gestión de los generales
Julio Salazar Monroe y Carlos Bergamino Cruz como ministros de Defensa, y los
generales César Saucedo Sánchez y José Villanueva Ruesta como comandantes
generales del Ejército. Las rúbricas de estos oficiales aparecen en todas las
resoluciones emitidas con autorización del ex mandatario Fujimori. Las
compañías favorecidas por las compras son exactamente las mismas que durante
todo el régimen monopolizaron las provisión de material de guerra a las Fuerzas
Armadas, en particular al Ejército.
Ya el ex comandante general Nicolás Hermoza Ríos admitió que los más de 14 millones de
dólares que guardaba en cuentas en un banco de Ginebra, Suiza, eran en su mayor
parte producto de "comisiones" abonadas por los vendedores de armas.
Varias de esas firmas, que habrían pagado millones de dólares en
"comisiones" al general Hermoza, continuaron haciendo lo mismo con
los sucesores del ex comandante general del Ejército, de allí por qué, a pesar
de no existir una situación de conflicto, se continuó adquiriendo material de
defensa bajo la modalidad de "secreto militar". Caras conocidas Entre
las firmas más favorecidas se encuentra "Trading Co. Ltd. S.A.", que
perteneció al israelí Tzvid Tsudit y heredaron sus socios James Stone Cohen e
Ilan Weil Levy, ambos prófugos desde que las autoridades de Suiza informaron
que sus cuentas estaban conectadas estrechamente con las de Vladimiro
Montesinos Torres.
El 26 de marzo de 1999 (Resolución Ministerial Nº 337/DE/EP), los
generales Julio Salazar y César Saucedo aprobaron la compra directa de mil
fusiles israelíes "Galil" y diez mil millares de munición calibre
5.56 milímetros a la compañía "Trading Co. Ltd." por un total de 3
millones 842 mil 960 dólares. El armamento fue destinado a una unidad de élite
para el general Hermoza, similar al "Grupo Zeus" que formó Montesinos
para su seguridad personal. Un año antes, el cinco de febrero de 1998, el
comando especializado de Hermoza ya había recibido equipamiento sofisticado.
Ese día, mediante la Resolución Ministerial Nº 125/DE/EP, suscrita por los
generales César Saucedo Sánchez y Nicolás Hermoza Ríos, la misma compañía
"Trading Co. Ltd." de Tzvid Tsudit resultó ganadora de una
"licitación privada". Saucedo y Hermoza pagaron 1 millón 486 mil 190
dólares por un "Equipo para Fuerzas Especiales" que comprendía, entre
otros, 100 pistolas con silenciadores
"Jerichó", 92 miniametralladoras "Uzi" con silenciadores,
ocho rifles con miras telescópicas y visores nocturnos para francotiradores,
100 cascos balísticos, designadores de láser, explosivos plásticos para
operaciones encubiertas, 30 fusiles micro "Galil" con silenciadores,
ametralladoras "Neguev", además de un curso de instrucción
especializada israelí. El 13 de setiembre de 1999, siempre bajo la misma
modalidad de "secreto militar", los generales Carlos Bergamino y José
Villanueva dieron luz verde a la compra de dos helicópteros MI-17-1B, un avión
anfibio Cessna "Caravan" y dos aviones Antonov, todo por 6 millones
500 mil dólares. El suministro de las aeronaves lo realizó la firma "Shemesh
Representaciones SRL", en representación de "G-92 Commerce de
Hungría".
La empresa "Shemesh" se encuentra bajo sospecha porque se
constituyó con sólo cinco mil soles en agosto de 1995, a pedido de Miguel
Carbonel Novella y Ana Adrián Navarro, quienes aparecen como
"empleado" y "secretaria", de acuerdo con Registros
Públicos. "Shemesh" ahora está gerenciada por Régulo Morales Loayza.
Otra empresa que habría servido como pantalla sería "Wortra
S.A.", constituida en marzo de 1997 con sólo 10 mil soles por dos vecinos
de Santiago de Surco, el técnico electrónico César Medina
Aguilar y el analista programador Orlando Almeyda Pachas, junto con el empleado
Mario Calderón Dedios, natural de Cristo Nos Valga, en Sechura, Piura. En representación de
"Vazov Engineering Plants" de Bulgaria, vendieron 5 mil cohetes C-5KO
para helicópteros MI-17-1B por 1 millón 825 mil dólares. El visto bueno lo
dieron los generales Carlos Bergamino y José Villanueva (Resolución Ministerial
Nº 1513/DE/EP). "JRB Importaciones", vinculada al empresario prófugo
Enrique Benavides Morales, también resultó beneficiada, esta vez por los
generales César Saucedo y Carlos Bergamino (Resolución Ministerial Nº
433DE/EP). Representada por el ex oficial del Ejército, Jorge Alfonso Raggio
Guerra, "JRB" vendió un total de 215 visores nocturnos por 1 millón
016 mil 450 dólares, el pasado 21 de abril de 1999. Raggio, por cierto, es
también directivo de "W-21 Intertechnique", la que vendió en medio
del escándalo las aeronaves MiG-29 y SU-25. Pocos días después, el cuatro de
mayo, le tocó el turno a "Muvarch International Trading S.A.", cuyos
dueños también están relacionados con "W-21 Intertechnique". De
propiedad de Enrique Benavides Morales, Oscar Muelle Flores y Gerald Krueger
Dizillo, la empresa "Muvarch" recibió el visto bueno de los generales
César Saucedo y Carlos Bergamino para la venta de 12 helicópteros MI-2, seis
aviones Ilyushin-103 y un lote de repuestos por un total de 5 millones 094 mil
dólares. En la supuesta "licitación privada" participaron las firmas
"Shemesh" y "Gotama S.A.", también vinculadas a los dueños
de "Muvarch". Es decir, la puja de precios sólo fue una apariencia.
Seguridad máxima.
El año 2000 fue realmente pródigo para el entonces comandante general del
Ejército, general EP José Villanueva Ruesta, ya que el ministro de Defensa,
general EP Carlos Bergamino Cruz, y el presidente Alberto Fujimori autorizaron
varias compras bajo la modalidad del "secreto militar". Muchas de las
adquisiciones podrían haber sido efectuadas mediante concurso público, ya que
no se trataba de equipos bélicos, y así se habrían obtenido mejores precios.
Pero el negocio está en elegir las ofertas más caras para aumentar el nivel de
las "comisiones". Se encuentra bajo observación la Resolución
Ministerial Nº 320/DE/EP, del 22 de marzo del año pasado, mediante la cual se
aprobó la adquisición de un sistema de emisión de documentos "de identidad
personal de alta seguridad" por la suma de 2 millones 673 mil 100 mil
dólares.
La operación no habría llamado la atención si no fuera porque la
compañía que ganó, "Segres Systec S.A.", presentó su oferta en
representación de la firma "Latin American Marketing Services"
(LAMSER) de Panamá, país donde precisamente el general José Villanueva Ruesta
(quien suscribe la resolución) también tiene propiedades, como "Long View
Corporation".
Días después, el seis de junio, el comandante general del Ejército,
general EP José Villanueva Ruesta, con la venia del ministro del Defensa,
general EP Carlos Bergamino Cruz, autorizaron la adquisición
"secreta" de "Equipos contra Disturbios Civiles". La
operación se consumó días después de que el candidato Alejandro Toledo convocó
a la Marcha de los Cuatro Suyos para protestar contra la re-reelección y el
fraude electoral, los días 26, 27 y 28 de julio. Por supuesto, la venta fue
adjudicada a una compañía del grupo de empresarios que durante todo el pasado
se enriquecieron con la provisión de equipos militares a las Fuerzas Armadas.
En esta ocasión fue "International Dealers S.A.", cuya propietaria es
Angela Corigliano Paino, cuñada del prófugo Enrique Benavides Morales. Por un
total de 2 millones 492 mil 010 dólares, la empresa "International
Dealers", en representación de "ICL Tech Limited" de Escocia,
proveyó 3,090 cascos antidisturbios, 4,090 escudos de protección, 1,090 barras
de ataque, 1,090 protectores de rodilla y canilla, 430 máscaras antigás, 700
lanzadores de lacrimógenas, 17,000 cartuchos de gas y 1,020 "artificios
triple lacrimógeno". Todo un ejército para enfrentar la protesta
antigubernamental, financiado con dinero del erario nacional.
Ahora, ¿estos miembros del Ejército disfrazados de policías antimotines
participaron en la represión de la Marcha de los Cuatro Suyos? Sobre cerrado
Hasta días antes de la explosiva exhibición del video Montesinos-Kouri, la
cúpula del Ejército gastó a manos llenas mediante las famosas "licitaciones privadas",
realizadas bajo "secreto militar" para impedir cualquier tipo de
fiscalización.
El cuatro de setiembre del 2000, el ministro de Defensa, general EP Carlos
Bergamino Cruz, y el comandante general del Ejército, general EP José
Villanueva Ruesta, aprobaron dos dispositivos para la consumación de dos
millonarias operaciones de adquisición. La primera (Resolución Ministerial Nº
933/DE/EP) autorizó el desembolso de 1 millón 618 mil 810 dólares para la
compra de un sistema de circuito cerrado de televisión y una red de comunicación. La
empresa proveedora fue la "Corporación Cóndor S.A.".
Y mediante la Resolución Ministerial Nº 934/DE/EP, Bergamino y Villanueva
aprobaron nuevamente la contratación de la firma "Segres Systec
S.A.", representante de "Latin American Marketing Services"
(LAMSER) de Panamá. Como se ha visto, en marzo el Ejército ya había
adjudicado a esta empresa la emisión de documentos de identidad por más de dos
millones y medio de dólares. En esa ocasión se le adjudicó la provisión de un
"sistema integral de control de acceso" para el
"Pentagonito" (Cuartel General del Ejército) por la suma de 728 mil
416 dólares. Circuitos cerrados de televisión, carnés de identificación infalsificables,
controles electrónicos de ingreso; más de cuatro millones de dólares invertidos
por la cúpula del Ejército atemorizada por las movilizaciones populares contra
el régimen. Hasta los últimos días del pasado gobierno, gastaron lo que
quisieron en su propio beneficio.
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