Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
20-7-2006
Columnista invitado: Luis Alberto Salgado
Apra: derechos humanos, sociedad, gestión gubernamental y legislativa
por Luis Alberto Salgado; luissalgadot@aol.com
Los derechos humanos y la gobernabilidad
1. Una idea fuerza a tener muy presente en nuestra próxima gestión
gubernamental es que la condición indispensable para realizar tanto el
"Plan de Acción Inmediato – 180 días" como el "Plan de Gobierno para
el período 2006-2011" es la gobernabilidad, neologismo surgido de la
necesidad de comprender y alcanzar el conjunto de condiciones que
hacen posible el que un país pueda ser gobernado. Tanto la reforma del
Estado y su modernización, como el necesario proceso de
descentralización y regionalización, la elevación de los indicadores
de desarrollo humano en educación, salud, seguridad alimentaria,
seguridad ciudadana, etcétera, sólo podrán avanzar y afianzarse en la
medida en que vayamos construyendo la gobernabilidad básica. Se
sostiene que la gobernabilidad básica se va alcanzando con una
política gubernamental permanente de derechos humanos integrales,
mediante la construcción diaria y paulatina de consensos, con una
voluntad gubernamental claramente expresada en acciones concretas, en
decisiones de Estado explicadas en función de esos referentes de
derechos humanos sustentados en un conjunto conocido de instrumentos
internacionales de derechos humanos que incluyen los derechos a la
vida y a la libertad, pero también los otros derechos civiles y
políticos, y los no menos importantes: los económicos, los sociales y
los culturales, cuya desatención y violación por parte del Estado
explican la persistente crisis nacional.
2. Recordar que los resultados electorales tanto de la primera como de
la segunda vuelta confirman a un país altamente polarizado y en
conflicto, con una amplia porción de ciudadanos que se sienten
excluidos y marginados, que no se identifican con lo que conocemos
como sistema democrático y que no escogieron la opción de marcar la
estrella. Por lo tanto, si somos la mayoría de apristas, y de otros
ciudadanos que nos acompañan, conscientes de esto, es preciso que la
voluntad manifestada por el c. Presidente en más de 400 discursos de
campaña, sea ratificada, refrendada, con claridad y energía, por la
Presidencia del Consejo de Ministros, por los ministros de Estado y
vice-ministros y paulatinamente por todas las autoridades y
funcionarios gubernamentales, apristas o no, a fin de recuperar y
fortalecer la confianza ciudadana en los lugares más recónditos, en
los más pugnaces y en los más adversos a la opción que triunfó en las
ánforas el 4 de junio último. Y sostenemos que esto sólo puede
lograrse con una visión clara de la necesidad de construir desde el
Estado (que es de donde se tomarán importantes decisiones) y con la
sociedad, una cultura de derechos humanos entendidos integralmente.
Los derechos humanos y la violencia: Ministerio del Interior, la
agenda de seguridad del nuevo gobierno aprista
3. Para todos los efectos prácticos, el Perú tiene las características
de una sociedad de pos-guerra: con elevados índices de pobreza,
conflictividad y violencia, con el tejido social resquebrajado en
donde el concepto de respeto a la vida y a la integridad del otro es
muy bajo o nulo, con agencias del Estado muy ineficientes y
arbitrarias, con funcionarios estatales que pendulan su accionar entre
el miedo, la amenaza y la corrupción, con desapego y desconfianza del
ciudadano/a común hacia todo lo que signifique oficial o estatal
debido a la pobreza de generaciones y la evidencia de una profunda y
fuerte corrupción que ha alcanzado a los niveles más altos de un
Estado y una sociedad empobrecedores. En la búsqueda y mantenimiento
de la indispensable gobernabilidad será particularmente importante la
inteligencia del manejo, por la fuerza pública bajo el gobierno
aprista, de las situaciones de protesta popular, de marchas ciudadanas
y bloqueo de carreteras. Las considerables expectativas generadas con
el nuevo régimen deben ser procesadas adecuadamente y lo natural es
que ellas vayan siendo satisfechas paulatinamente con las evidencias
de un gobierno transparentemente austero. Pero muchas de esas
expectativas no podrán satisfacerse en el corto plazo y debido a los
intereses políticos inmediatos del sector perdedor del 4 de junio, y a
las recientes declaraciones de su liderazgo, puede inferirse que se
producirán situaciones o casos de provocación en los que se pondrá a
prueba la capacidad combinada del Estado de restablecer el orden
público sin caer en excesos o en violaciones de derechos humanos que
sin ninguna duda dañarían al próximo gobierno y serían utilizadas
políticamente por los interesados.
Nueva agenda de seguridad
Esto debe y puede evitarse. Se propone por ello, desde el comienzo, el
anuncio de una nueva agenda de seguridad interna a cargo de la
Policía Nacional del Perú (PNP) sustentada en el respeto a los
derechos humanos plasmados en los acuerdos internacionales suscritos
por el Perú. Naturalmente, el concepto de seguridad interior incorpora
el desarrollo económico del país con justicia social y ello es la
mejor garantía, a mediano y largo plazo, de la seguridad interior del
Estado. Convendría ser particularmente enfáticos y claros en sostener
que la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado son inseparables
del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como está
reconocido en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por ello, el aumento progresivo de los 20,000 nuevos policías, debería
venir con la explicación y plasmación de una clara política respetuosa
de los derechos humanos junto con las comprensibles y urgentes
obligaciones del Estado de resguardar el orden público así como los
bienes públicos y de particulares. Esto, que sería una práctica
constante durante los próximos cinco años de gobierno, adquiere mayor
relevancia en los meses que irán de julio hasta las elecciones
regionales y municipales de noviembre e inclusive, después de ellas,
dependiendo de los resultados de las mismas. Nuestros ministros y
funcionarios de distinto nivel deberían tener muy presente que la
pobreza y la pobreza extrema, la discriminación racial, social y
política y la corrupción, son principales factores de riesgo y amenaza
para la convivencia democrática.
4. La violencia es el empleo ilegítimo o por lo menos ilegal de la
fuerza y va en contra de la naturaleza de las personas y de las cosas.
Equivocadamente se ha creído que la violencia sólo es la de carácter
físico (de la guerra, la delincuencial o la intrafamiliar) ignorando
que la violencia de las estructuras económicas y sociales tienen
consecuencias de largo plazo que inciden en un elevado índice de
frustración histórica e intolerancia de importantes sectores
poblacionales, que es lo que en su momento aprovechó parcialmente el
movimiento subversivo/terrorista y que es lo que parcialmente
aprovechó también con una prédica agresiva y violentista el candidato
Ollanta Humala. Por ello, es necesario que nuestros funcionarios
gubernamentales tengan claramente presente que los años de exclusión y
marginación de millones de peruanos, con los niveles de pobreza que
superan al 50 % de la población, con más de uno de cada dos jóvenes
teniendo problemas serios para satisfacer sus necesidades básicas de
alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda, nos plantean un
país que desafiará la capacidad de autocontrol, de serenidad, y de
equilibrio inteligente en quienes están premunidos con las facultades
del ejercicio de la fuerza pública.
Se sugiere para conseguir lo anterior, el inicio inmediato o al más
breve plazo posible de cursos y seminarios en derechos humanos para
los oficiales y subalternos de la Policía Nacional del Perú, así como
para los cadetes en la Escuela de Oficiales de la PNP. Las agencias de
Naciones Unidas y del sistema interamericano serían de enorme ayuda en
este cometido. Esto, en el entendido que la agenda de seguridad del
nuevo gobierno aprista incluye el respeto a los derechos humanos, el
desarrollo económico y social del Perú con justicia social, la
participación democrática de las poblaciones, la solución pacífica de
conflictos locales o regionales y el fortalecimiento de nuestras
instituciones que son la base de nuestra democracia. Tan importante
como hacer lo antedicho es anunciarlo al país el mismo 28 de julio a
fin de dar un mensaje distinto y superior que será sopesado
positivamente por la ciudadanía.
5. La Salud, la Educación y los derechos humanos
El enfoque y visión de derechos humanos, desde el Estado, implica
entender y explicarlo así a la población, que la salud y la educación
son derechos humanos igualmente fundamentales como la vida, la
integridad, la libertad y el debido proceso legal. Este es un tema
tratado en el anterior documento y que hoy adquiere aún mayor
importancia. Sabe el c. Presidente, y así lo ha denunciado a lo largo
de la campaña, que el Perú está entre los países que ocupan los
últimos lugares en desarrollo humano en la región latinoamericana.
Ello es consecuencia de un sistemático y reiterado incumplimiento y
violación de serios compromisos de Estado adquiridos por nuestro país
con la firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Sería inédito en la historia del
Perú, que un gobernante ratificara expresamente en su discurso
inaugural, y a lo largo de su gestión quinquenal, el compromiso de
realizar todos los esfuerzos para cumplir con el pueblo peruano y ante
la comunidad internacional, priorizando los presupuestos de los
ministerios sociales de salud y educación mientras se repotencia el
Banco Agrario a fin de satisfacer la necesidad y el derecho básico a
una buena alimentación y nutrición de los cuales millones de
peruanos, sobre todo niños y niñas, carecen el día de hoy.
El Consejo de Ministros
En este respecto será medular y determinante la visión e imagen que
proyecte el equipo ministerial, como secuela de la decisión y el
anuncio presidencial. Se sugiere como indispensable la fuerte cohesión
y comunidad de perspectivas que deben proyectar y exhibir, en función
de estas prioridades, los ministros de Estado en sus declaraciones
cotidianas y en sus acciones sectoriales, tanto los apristas como los
que no lo sean, pues ello irá fortaleciendo la resquebrajada,
conflictiva y difícil relación entre el Estado (el gobierno central) y
las poblaciones más pobres y secularmente postergadas del país. El
indudable impacto positivo comenzará a verse, sobre todo en las
regiones del sur andino, claramente adversas hoy a la propuesta
aprista y evidentemente alineadas con la opción que perdió a nivel
nacional en las ánforas. Pero también en otras regiones donde el
aprismo histórico ha perdido espacio y arraigo popular, incluyendo los
departamentos de Cajamarca, Amazonas, Huánuco, San Martín y Ancash.
La visión integral de los derechos humanos como indivisibles,
interdependientes y universales, plasmada en el artículo 5 de la
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, de la cual es parte
el Perú, establece que todos los derechos deben ser tratados en pie de
igualdad. En este orden de ideas, se sugiere proceder al rediseño de
una dieta nacional basada científicamente en la adecuada ingesta de
nutrientes vitamínicos y minerales y sustentada en los últimos
hallazgos de la bioquímica celular y los procesos complejos que llevan
a un organismo sano y saludable. Esto debería convertirse expresamente
en política de Estado que fundamenta la salud pública en la
prevención. Más aún cuando es verdad aceptada y reconocida que un sol
invertido en prevención de salud equivale a siete o más soles gastados
en curación de salud.
Nuevamente, se sugiere que esta visión y perspectiva de los derechos
humanos deberían ser lenguaje común y cotidiano de todo el equipo
ministerial comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, e
incluyendo, por supuesto, a los representantes apristas en el
Congreso.
Sobre educación en derechos humanos
Un programa nacional de educación en derechos humanos debería ser
incluido en la currícula escolar desde los primeros años de educación
primaria, continuar en la secundaria y pemanecer en las universidades
públicas y privadas y en otros centros de educación superior.
Igualmente, como ya se dijo, incluir dicha instrucción y educación
para la Policía Nacional de Perú y para las Fuerzas Armadas incluyendo
las escuelas de oficiales del Ejército, la Marina y la Aviación. Esto,
dentro del gran objetivo que se propone para el gobierno aprista de ir
construyendo una cultura de derechos humanos.
Como idea y criterio permanente se sugiere considerar que no es lo
mismo instrucción en derechos humanos que educación en derechos
humanos. La instrucción en DD.HH., importante como es, es una
actividad intelectiva, es adquisición de saberes y conocimientos
teóricos (Declaración Universal de DD.HH., pactos, convenios y
tratados internacionales). La educación en derechos humanos, en
cambio, es internalización de valores y de vivencias humanas, es
respeto y convicción profundos y efectivos a la dignidad y a la vida
propia y de los demás. Es vivir de acuerdo a estos principios de
verdadera humanidad. Es un proceso largo y socialmente complejo y una
forma de transformación o revolución cultural que el aprismo en el
gobierno está en condiciones de iniciar.
6. Los derechos humanos y la violencia intra-familiar
Una concepción muy enraizada en muchas sociedades es que "lo que
ocurre dentro de las paredes del hogar corresponde al ámbito familiar
donde nadie debe ingresar so pena de violentar los derechos de la
familia y la privacidad de los ciudadanos." Esta visión sesgada e
interesada de las cosas ha agravado el problema y posibilitado la
intensificación de prácticas de violencia física, cuasi-tortura
psicológica y sufrimiento real de la parte débil de la relación
conyugal, la mujer e, inmediatamente los hijos. Este tipo de violencia
es otra dimensión de la violencia instalada fuera de las paredes del
hogar. Se sugiere que el próximo gobierno presidido por el c. Alan
García confirme la vocación pedagógica histórica del aprismo y exprese
a lo largo de los cinco años un reconocimiento de este grave problema
social que tiene poderosa incidencia negativa en la educación de
nuestra niñez por el efecto traumático en niños y niñas que con
frecuencia variable atestiguan actos de violencia perpetrados
generalmente por el "hombre de la casa", en los hogares donde esta
lacra social se reproduce día tras día.
El tratamiento de esta problemática no puede asumirlo plena ni
centralmente el gobierno nacional, pero sí puede el gobierno iniciar
acciones de coordinación y fortalecer las ya existentes a fin que la
sociedad tome plena conciencia del problema y ello se vaya traduciendo
en políticas coordinadas y en acciones concretas, entre el gobierno
central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos
regionales y los gobiernos locales. La política anunciada de la
necesidad de sensibilizar a la población y a la sociedad peruana toda
sobre este flagelo constituirá otra marca importante de un nuevo
gobierno aprista que tendrá profundas e importantes repercusiones en
el ámbito nacional. Esta propuesta se inserta en otra mayor, formulada
también en este documento, de propiciar, buscar y alcanzar una cultura
de derechos humanos.
El sustento jurídico para este imperativo ético y estratégico del
próximo gobierno aprista se halla en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en
la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos tratados
internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el
Perú, aunque no los únicos sobre la materia.
7. Los derechos humanos y la corrupción
Neurálgica para la recuperación de la confianza y credibilidad del
Estado a los ojos de millones de peruanos y peruanas es la convicción
ciudadana que los más altos funcionarios de ese Estado llevan a cabo
un verdadero "combate contra la corrupción". Este es un mal cuya
evidente persistencia ha sido uno de los factores de mayor
beligerancia y resistencia en amplios sectores ciudadanos del campo y
de la ciudad. Es cierto también, sin caer en idealismos ingenuos, que
ciertos sectores poblacionales mantienen una actitud condescendiente y
hasta de aceptación con hechos de corrupción del pasado y del presente
régimen, e inclusive, en la vida misma en el ámbito personal. Pero
esta situación forma parte del grave problema que debe acometer y
derrotar el siguiente gobierno que actuará en representación del
Partido de Haya de la Torre. El ejemplo convencido y de práctica de
vida que brinden los funcionarios gubernamentales será clave para
revertir esta situación que es una tarea inescapable y determinante
para la supervivencia del gobierno del c. Alan García y del prestigio
histórico del APRA.
Nada hay que corroe más rápida e ineluctablemente las bases de un
gobierno y el prestigio y dignidad de sus integrantes que el epíteto
de "corrupto". Por ello, resulta absolutamente imperativo dar muestras
claras de una actitud transparente de manera sistemática porque no se
tiene nada que ocultar. Los discursos de campaña del c. García y el
comunicado público del Partido aparecido dos días antes de las
elecciones sentaron las primeras premisas de intenciones cuya
materialización en acciones concretas posibilitará fortalecer las
bases de la gobernabilidad del país, y permitirá avanzar con
eficiencia las labores cotidianas que se realicen en todas las ramas
de la administración pública y de los gobiernos regionales y locales,
sobre todo allí donde hayan funcionarios apristas elegidos o
designados. No es secreto para nadie que uno de los factores que
explican las bajas votaciones apristas en muchos lugares es el
desprestigio de las autoridades apristas acusadas de corrupción.
La corrupción, ya sabemos, viola los derechos humanos y destruye la
democracia y el cuidado y autenticidad en combatirla pasa no sólo por
las decisiones de gobierno sino por el rol que cumplirá el Poder
Legislativo en la dación de leyes y en el tratamiento de las denuncias
de casos de corrupción del régimen fujimorista, del actual régimen
toledista y las que pudieran surgir durante el régimen aprista. La
supervivencia de la democracia misma depende directamente de ello El
Poder Judicial es otra fuente altamente problemática de corrupción que
es tratada en trabajos especializados sobre la materia y que excede
los límites de este trabajo que no es ni puede ser exhaustivo.
8. Los derechos humanos y el sector justicia
El denominado Ministerio de Justicia representa otro de los sectores
clave en la estrategia integral de hacer de los derechos humanos uno
de los símbolos fuerza del próximo gobierno aprista. Las relaciones
con el Poder Judicial y el Ministerio Público, la conducción y control
de los penales del país -con su álgida problemática de hacinamiento,
corrupción y condiciones infrahumanas de vida -, el Consejo de Defensa
Judicial del Estado para, entre otras tareas combatir la corrupción, y
el Consejo Nacional de Derechos Humanos entre otros organismos y
dependencias hacen de este sector uno que debería y podría ser
potenciado sin necesidad de incrementos presupuestales significativos.
Sin perjuicio de la nueva mística que debe instalarse en este sector
para el manejo de penales, se considera que el Ministerio de Justicia,
a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos, puede ser el
organismo coordinador, consultor jurídico y referente de los otros
sectores de la administración a fin de reformular, enriquecer y
finalmente, transformar la administración pública en función de un
Estado promotor y defensor de los derechos humanos, dejando de ser
este Consejo un organismo que ha caído prácticamente en la inutilidad
o intrascendencia por decisión o desidia de quienes han conducido este
ministerio hasta la fecha.
Ministerio de Derechos Humanos y Justicia
Por lo anterior, y en el contexto general de este trabajo, se propone
el cambio de nombre al de: Ministerio de Derechos Humanos y Justicia,
como señal inequívoca a la sociedad de la importancia que se le asigna
a la construcción de un Estado defensor de todos los derechos humanos
de todos los habitantes del territorio nacional.
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia no será necesariamente
una instancia o entidad receptora de denuncias ni hará las veces de la
Defensoría del Pueblo pero su labor puede acercarse mucho a los fines
buscados con la existencia del Ombudsman, sólo que, ente caso, es el
mismo Estado, y más concretamente, el Poder Ejecutivo por decisión del
gobierno el que despliega esfuerzos administrativos para corregir lo
necesario en su mismo seno. Esto de ninguna manera es incompatible ni
se traslapa con las funciones que el Defensor del Pueblo y el
Ministerio Público realizan de acuerdo a sus leyes orgánicas. Por tal
razón, será inevitable que, dadas las funciones potenciadas del
ministerio, confluyan en él algunas denuncias a efectos de
canalizarlas hacia el sector correspondiente con el adecuado
seguimiento o acompañamiento de la entidad involucrada, en una labor
fundamentalmente pedagógica y persuasiva, como no podría ser de otra
manera al interior de este poder el Estado. Desde el punto de vista
político e institucional será muy bueno que exista, dentro del mismo
Poder Ejecutivo, una instancia que sea un primer recurso de ciudadanos
para corregir errores o incumplimientos del Estado que generalmente
pueden subsanarse con una ágil y oportuna gestión desde el mismo
Ejecutivo. Se dará a la ciudadanía un poderoso mensaje ético y una
señal inequívoca de que puede empezar a confiar en su gobierno con una
política de derechos humanos perfectamente coherente sustentada en
instrumentos internacionales obligatorios para todos los países parte
de la organización mundial.
El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia será también un sector
del Ejecutivo en el cual se centralizarán las consultas de carácter
jurídico, del mismo P. Ejecutivo, atinentes al derecho nacional e
internacional de los derechos humanos.
9. El medio ambiente, las actividades extractivas y los derechos humanos
Uno de los temas acuciantes en el país que tienen impacto múltiple en
temas de derechos humanos es el de las actividades extractivas de
distinta índole. El poder económico que genera la actividad extractiva
junto con el daño ecológico al agua, al aire y a la tierra en
perjuicio de la salud, el trabajo agrícola y la vida misma de las
poblaciones, al lado de condiciones y salarios absolutamente
insuficientes de los trabajadores mineros o metalúrgicos, mientras los
precios de ciertos minerales suben sostenidamente en el mercado
internacional, constituyen un problema que debe ser abordado por el
nuevo gobierno aprista con una perspectiva integral de derechos
humanos. Otro dato a tener presente es que, por ejemplo, en Cajamarca,
otrora bastión aprista durante décadas, la combinación de extraños
comportamientos de ciertas autoridades locales apristas y el ánimo
desmedido de lucro de ciertas compañías mineras han derivado en una
pérdida ostensible del predicamento aprista en este departamento y, en
similares situaciones, en otros departamentos de la República. Una
paradoja es que a pesar de ser Cajamarca el departamento que produce y
exporta oro del Perú y uno de los centros auríferos más ricos de
América Latina y del mundo, es, sin embargo, uno de los más pobres
del país con bajísimos índices de desarrollo humano.
El Ministerio de Energía y Minas no puede continuar siendo juez y
parte en la calificación del impacto ambiental de la actividad
extractiva pues ello produce reiteradamente la frustración y enojo de
las poblaciones afectadas, aparte de constituir realmente la
continuación de una situación de injusticia social y daño a la salud
pública (por envenenamiento de mercurio, plomo, azufre y otros
minerales tóxicos, que padecen las poblaciones locales) afectando
tanto el derecho a la salud de las poblaciones, como los derechos
laborales, y ocasionando el deterioro ostensible de la calidad de vida
y del medio ambiente que el Estado tiene el deber de proteger. Más aún
cuando existe el compromiso reiterado del c. Presidente de tratar el
problema minero y de resolver el problema de falta de agua pues sin el
líquido elemento adecuado al alcance de los pueblos no existe la
democracia.
10. La transversalidad de los derechos humanos: política exterior, la
integración latinoamericana, la deuda externa y el fortalecimiento de
nuestra capacidad negociadora
La integralidad de los derechos humanos, que es la perspectiva y
visión esbozada en este breve trabajo propositivo, a diferencia y en
contraste con la visión interesadamente reduccionista de miembros
actuales o pasados de la izquierda comunista que integran distintas
ONGs, es un aspecto muy importante en el cual no se repara o que no
se valora en su justa y trascendente dimensión. Dicha integralidad
trae consigo otro concepto y realidad, que es el carácter transversal
de los derechos humanos, que involucra, implica y pasa por todas las
actividades del ser humano y de su vida de relación familiar y social.
De allí el beneficio invalorable que su asunción aportaría a nuestro
próximo gobierno, al prestigio del Jefe del Estado que lo conducirá,
el c. Alan García y, con ello, al prestigio de cada aprista hombre y
mujer que se formó en la tradición epopéyica del Partido de Haya de la
Torre.
Por las razones antedichas de integralidad y transversalidad y, por la
poderosa capacidad cohesionante de lo nacional y de la ciudadanía que
tienen los derechos humanos, vistos de esta manera, es posible
avizorar un fortalecimiento de la capacidad negociadora del Perú para
avanzar eficientemente en su política exterior y en el proceso de
integración subregional andina y, más allá, de la integración
continental latinoamericana, pues similar análisis y perspectiva
universal de los derechos humanos puede columbrarse para las naciones
hermanas de América Latina, partes también de los tratados
internacionales, y, por ende, obligatorios también para sus estados
nacionales.
Distensión de relaciones con Chile y Ecuador, reducción del armamentismo
Por ejemplo, la enorme afinidad potencial que se halla en políticas
comunes de derechos humanos, y la autoridad moral que de ello deriva,
nos permitiría inaugurar un nuevo tipo de relaciones menos tensas y
realmente más fraternas con Chile y Ecuador. Conseguido cierto nivel
de confianzas mutuas con los países fronterizos por la comunidad de
objetivos de reducir la pobreza, erradicar la desnutrición infantil y
mejorar la educación (para lo cual ayudaría mucho reducir los gastos
excesivos en armamento) podría plantearse la reunión periódica y
alternada en Quito, Lima y Santiago, de los ministros de Relaciones
Exteriores, de Defensa, de Salud y de Educación (4-4-4) a fin de
evaluar el avance en los sectores sociales y sincerar las políticas de
adquisición y compra de armas.
Por otro lado, en lo inmediato nacional, la asunción formal, pública y
permanente de esta visión de derechos humanos fortalecerá ética y
políticamente nuestra capacidad negociadora, ante la comunidad
internacional y sobre todo ante las agencias correspondientes
financieras de las Naciones Unidas, para renegociar, reperfilar o
reestructurar el servicio de la deuda externa sin incurrir en
confrontaciones contraproducentes.
11. Haya de la Torre, la democracia y los derechos humanos: hacia una
cultura de derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos
humanos son aprismo puro y en su esencia
Para muchos peruanos y peruanas "democracia" es una palabra extraña y
a veces asociada con ineficiencia, lentitud o incapacidad para
resolver problemas, corrupción (por la existencia de una prensa que
muchas veces cumple su deber y otras veces incurre en libertinaje
difamador, libertad que no existe en regímenes dictatoriales
tradicionales que lo primero que hacen es arremeter contra la libertad
de prensa y el derecho de expresión.)
Mas va siendo palmaria la relación intrínseca y sólida entre políticas
de derechos humanos y fortalecimiento del sistema democrático.
Entendidos además, los derechos humanos, de manera integral y no en la
equivocada y sesgada perspectiva reduccionista de tratar los temas de
vida, integridad, libertad, debido proceso y las libertades de
expresión, asociación, movimiento y los derechos políticos como si
fueran la única forma de derechos humanos y como si en el respeto de
estos derechos se agotaran las obligaciones del Estado y de la
sociedad.
Esta perspectiva integral, como concepto, metodología de estudio,
construcción teórica, y visión de la vida fue asumida por Víctor Raúl
Haya de la Torre a lo largo de su vida de político, pensador y
maestro. Por ello, su creación doctrinaria y filosófica, el aprismo,
con la formidable síntesis de "Democracia de Pan con Libertad" se
engarza e imbrica perfectamente con los diferentes tratados
internacionales de derechos humanos que la civilización de la pos
guerra ha creado para convivir pacífica y justicieramente entre los
seres humanos. Por eso, no es ninguna exageración sostener que los
tratados de derechos humanos son aprismo puro y en su esencia. De allí
la perfecta posibilidad que ellos sean asumidos plenamente por el
gobierno aprista que se inicia el próximo 28 de julio.
Por lo antedicho, se sugiere como estrategia permanente de nuestro
próximo gobierno, que expresamente se asocien las políticas públicas,
los actos de gobierno y el mismo proceso de toma de decisiones
gubernamentales con la apertura democrática y real de los canales de
participación ciudadana en la toma de decisiones que afectarán a las
correspondientes poblaciones. Esto, como una forma de materializar el
fortalecimiento y la consolidación de la democracia entendida como
régimen político, como proceso social, y como manera de relacionarse
entre seres humanos. Con la firme y declarada convicción oficial de un
compromiso inalterable y permanente en el tiempo con todos los
derechos humanos de todos los peruanos y peruanas se irán sentando las
bases para alcanzar una cultura de derechos humanos en la sociedad y
en el Estado reflejo y secuela de ella.
12. Importante atingencia final
Esta propuesta integral sobre construcción de una cultura de derechos
humanos por el próximo gobierno aprista que conducirá el c. Alan
García, a través de políticas públicas expresas desde distintos
ámbitos de la administración del Estado, incluyendo la propuesta de
transformar el nombre del ministerio actual al de "Ministerio de
Derechos Humanos y Justicia" como consecuencia lógica del cambio de
contenidos y prioridades, suscitará cierto número de críticas, de
distinto calibre, naturaleza e intensidad. Ello es previsible.
Dichas críticas vendrán tanto de fuera del APRA como,
comprensiblemente, de buena fe, por parte de algunos compañeros,
militantes o dirigentes del Partido. El antecedente principal para
esto es que, sobre todo desde los sucesos de los penales en 1986 y
otros hechos que acontecieron entre agosto 1985 y julio 1990, a los
apristas se nos acusa de violadores de derechos humanos y se enfilan
las baterías sobre todo contra el c. Presidente por haber sido el jefe
del Estado durante parte de los años de la lucha contra el
terrorismo/subversivo.
Cabe recordar que la guerra que SL le declaró al Perú y al Estado fue,
sobre todo, de carácter terrorista y asesino. En un conflicto
absolutamente no convencional, los cabecillas del movimiento
terrorista, aparte de los actos criminales y genocidas que perpetraron
en nuestras ciudades, utilizaron a ciertos sectores de la población
campesina como "carne de cañón" que durante el día eran campesinos y
durante las noches realizaban, forzados o no, actividades de
exterminio, asesinato y destrucción. Esto, para propiciar una
respuesta militar de unas Fuerzas Armadas peruanas que definitivamente
no estaban preparadas para este tipo de conflicto armado interno
planteado por la subversión terrorista. Y, qué duda cabe, cierto es
que al lado de los militares que honraron su uniforme actuando con
valentía y admirable dignidad en representación de todos nosotros y
que merecen nuestro total respeto y agradecimiento, algunos ótros,
vistiendo el mismo uniforme militar de la patria también incurrieron
en violaciones de derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad
de otros peruanos, igualmente actuando en representación de todos
nosotros. El reconocimiento de esto supone honda y difícil reflexión
humana, acto de conocerse mejor a uno mismo en sus flaquezas y
fortalezas, es la búsqueda y encuentro con las condiciones para estar
en paz con nuestras conciencias y, todo ello, forma parte del
necesario proceso de reconciliación y perdón que necesitan
experimentar las sociedades como condición para sanar sus heridas y
avanzar en el desarrollo.
Por eso, ante la crítica que dice que esta propuesta expone y hace
vulnerable al c. Alan García y a su próximo gobierno, que dice que
resulta políticamente inconveniente para la coyuntura actual, y que
inclusive, dado el nivel de confrontación de la reciente campaña
electoral y de conflictividad de la sociedad peruana en el campo y la
ciudad, el próximo gobierno nuestro enfrentará situaciones muy
difíciles y que tal posición de asunción plena de los tratados
internacionales de derechos humanos y de compromiso expreso a través
del discurso inaugural de promover su defensa y garantía integral será
un factor de debilidad y limitará el accionar y recursos del gobierno
que conducirá el c. Presidente, nuestra respuesta y análisis es que el
caso es, y el resultado será, precisamente todo lo contrario.
Las razones de los críticos inciden, paradójicamente, a favor de esta
propuesta pues es, precisamente, el c. Alan García, en un momento muy
alto de aceptación y legitimidad ante el país, el más indicado para
plantear este nuevo rumbo que pueden tomar el Estado y la sociedad
peruana. Pues antes que muestra de debilidad, anunciar y realizar una
política integral y efectiva de derechos humanos desde el Ejecutivo es
y será en el contínuum del tiempo, una demostración de valentía,
fuerza moral para gobernar y de eficiencia pragmática, lo que será un
poderoso instrumento del gobierno que presidirá el c. García y la
respuesta más contundente que se dará a los detractores fuera del
APRA. Es más, plantear las cosas en los términos sugeridos por la
propuesta provee un irremplazable blindaje ético y jurídico
internacional, a pesar de los errores que pudieran producirse en el
camino. Ni Amnistía Internacional, ni Human Rights Watch,
instituciones que han ganado cierto reconocimiento internacional y,
por supuesto, ninguna de las ONGs tradicionales de presunta defensa de
derechos humanos, tendrán elementos para seguir cuestionando
sustantivamente al gobierno que se inicia el 28 de julio. Un gobierno
y un Estado que se iría erigiendo, poco a poco, en factor principal de
defensa de todos los derechos humanos.
Por otro lado, el razonamiento y propuesta planteados en estas páginas
coinciden plenamente con lo ya expresado por el c. Presidente a lo
largo de la campaña electoral en el sentido que el segundo gobierno
aprista será uno que podrá alcanzar niveles de excelencia, y que será
un gobierno de reencuentro histórico del Partido de Haya de la Torre
con todos los pueblos del Perú. Un gobierno y un grupo de hombres y
mujeres que aprenden de sus errores, que reflexionan sobre lo que se
hizo bien pero que también revelan capacidad de corrección y enmienda
frente a lo que se hizo mal.
Será nuestro próximo gobierno uno en el que los apristas nos
exigiremos al máximo porque sabemos que de ello depende la
supervivencia del aprismo y del APRA, pero también estaremos en
posibilidad de exigir igual comportamiento a los miembros no apristas
del gobierno, porque el lenguaje y la cultura de los derechos humanos
va siendo cada vez más universal y va siendo, paulatinamente, el
punto de encuentro de las ideologías, causa y razón de ser de las
cumbres mundiales de jefes de Estado y de potencias, y lenguaje común
de las políticas de desarrollo humano y de las Naciones Unidas.
Esta propuesta, formulada desde dentro del aprismo y del APRA, ha
pretendido sólo ser una contribución al largo camino de hacer del Perú
una nación desarrollada integralmente donde podamos convivir todos
los seres que habitamos en su territorio, con justicia y dignidad. La
esperanza es que así haya sido entendida
Lima, 14 de junio 2006
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