Otra vez Doe Run contra el Perú
Las últimas maniobras de Doe Run son tan desconcertantes como indignantes. Ahora, a pesar del reiterado incumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales y ambientales en nuestro país, pretende forzar al Estado Peruano a aceptar un proceso de arbitraje en el marco del TLC con Estados Unidos. Es decir, pasaríamos de víctimas a victimarios, lo que es realmente absurdo e injusto, tratándose de una empresa que ha incumplido una y otra vez sus obligaciones con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y ha incrementado de modo exponencialmente peligroso la contaminación en toda la zona de La Oroya. Ahora, tratando de sacar provecho de los instrumentos del TLC con Estados Unidos, Doe Run quiere obligar al Perú a que asuma responsabilidades por el daño ambiental causado en La Oroya desde 1997, cuando asumió las operaciones del complejo metalúrgico.
Según los especialistas, difícilmente la empresa logrará su cometido en cualquiera de las vías arbitrales: el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Cnudmi). Entonces, involucrando a su empresa matriz en Estados Unidos, el grupo Renco, Doe Run solo buscaría, con estas maniobras desesperadas e inescrupulosas, ganar algo de tiempo y presionar al Gobierno Peruano para que le permita flexibilizar sus compromisos ambientales, refinanciar su millonaria deuda o, en última instancia, tentar una millonaria indemnización ante un tribunal internacional.
Se calcula que las obligaciones de Doe Run ya superarían los US$800 millones, de los cuales unos US$600 millones corresponden al Estado (por impuestos, incumplimiento del PAMA y multas) y el resto por deudas a sus proveedores. A ese total habría que añadir las posibles indemnizaciones a raíz de las 11 denuncias por daño ambiental admitidas por un juez de Missouri, en Estados Unidos.
En tal escenario, el Estado Peruano tiene que responder con firmeza haciendo uso de todos los instrumentos legales a su alcance, mientras continúa el proceso concursal de la junta de acreedores ante el Indecopi en torno a una empresa como Doe Run, cuyas prácticas irresponsables han causado gravísimo daño al medio ambiente y la salud de miles de personas, lo que no puede quedar impune.
2 comments:
Se ha re transmitido un comentario de un importante medio nacional que hace afirmaciones valorativas que sin duda inducen a error al lector. Con semejantes "antecedentes o comportamiento" es fácil concluir equivocadamente que estamos ante una empresa demoníaca.
A mi modesto entender se está desinformando.
No es cierto que la empresa Doe Run no cumpla las leyes. Por el contrario, es estricta y respetuosa del marco legal excediendo las regulaciones para beneficio de la comunidad donde trabaja. Como ejemplo, más del 85% de su fuerza laboral está en planillas, cuando en la industria minera es de sólo el 35%.
No es cierto que no cumpla sus compromisos. Estos están estipulados y están bajo las reglas de un contrato que la empresa cumple a pulcritud y más. ¿Conocerá el contrato el comentarista?. Este contrato establece las obligaciones de la Empresa y el Estado.
No es cierto que exista una deuda de más de 800 millones de Dólares. ¿Habrá alguien que piense que en nuestro país exista una empresa tiene semejante deuda con el Estado sin que nada pase?.
No es cierto que se haya incrementado exponencialmente la contaminación. Por el contrario, comparado con los anteriores operadores de la fábrica, la contaminación se ha reducido significativamente hasta casi neutralizarla. A manera de ejemplo, el principal tema de conflicto actual en la industria minera es el uso del agua, eso se lee en todos los medios, y ese problema está resuelto para Doe Run.
No es cierto que la empresa involucre a su matriz. A su matriz la han involucrado algunos pobladores que reclaman supuesto daño ambiental en los Estados Unidos, por una contaminación que de acuerdo al contrato antes mencionado NO son de responsabilidad de Doe Run.
Si es cierto que se está en un proceso concursal en el Indecopi, como consecuencia del corte de un préstamo debido a la crisis financiera del 2008/2009, que le ocasionó temporalmente problemas de caja para pagar a sus proveedores mineros y también es cierto –pero no se dice- que la empresa ha preparado un plan para que pueda pagarse la deuda e intereses en un plazo de 4 años.
Si creo que el Estado debe responder a esta coyuntura con responsabilidad. Y eso significa entender todas las aristas del problema y favorecer una solución que 1) sea en beneficio de la ciudad de La Oroya, 2) sea responsable ambientalmente, 3) sea conforme con las reglas de juego que ambas partes, Estado y empresa, se comprometieron cuando se ofreció en venta la fundición de La Oroya, 4) se respete los derechos laborales y 5) se favorezca la política de inversiones responsables para seguir cosechando más impuestos.
¿Por qué un medio podría publicar tamaña opinión desinformada?. No lo sé.
¿Habrá intereses de terceros en obtener ventaja de esta situación? No lo sé. Lo cierto es que una industria que ha invertido más de 310 millones de dólares en mejoras ambientales y más de 120 millones en infraestructura más amigable con el medio ambiente resulta muy atractiva una vez concluya su PAMA, que dicho sea paso fue establecido inicialmente por el Estado para una inversión de 107 millones de dólares y, que luego de más de 310 millones invertidos por la empresa, aún no se concluye.
Agradezco la capacidad de poder comentar en el blog, porque esa capacidad no la tiene el mismo medio en su página web. Expresar una opinión que se difunde de manera nacional sin capacidad de réplica no parece ser justo y es contraria con el derecho de informar.
Que quede claro. No es un tema de defender a Doe Run o al Estado, sino de informar correctamente a la opinión pública.
El comentario pertenece al diario La Primera. Y el señor Luis H. se muestra muy solícito en informar pro domo sua sobre Doe Run. Muy bien, procuraremos transmitir al articulista esta opinión. h.
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