Informe
Señal de Alerta-Herbert Mujica Rojas
23-1-2026
Dirigente sindical agredida en Contraloría
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El 21 de los corrientes, la Secretaria General del Sindicato
de la Contraloría General de la República (SITRAIND CGR),Viviana Mondragón, fue
agredida verbal y físicamente, la directiva de la entidad ejercía acción
sindical legítima ante la concurrencia masiva y, sobre todo pacífica, de muchos
trabajadores que estaban en el recinto.
El sindicato (SINTRACGR) al que pertenece la agresora, Vannesa
Jiménez Martel, no se encontraba
invitado ni autorizado a participar en la actividad desarrollada ese
día. Pese a ello, se permitió su presencia dentro de un espacio institucional
donde toda manifestación, concentración o altercado, está expresamente
prohibido por el Reglamento Interno de Trabajo.
La agresión no fue cometida por cualquier persona. Fue
perpetrada por la Secretaria General
del otro sindicato (SINTRACGR) Vannesa Jiménez Martel quien, de manera
unilateral, sorpresiva y violenta atacó físicamente a Mondragón, propinándole
un golpe directo al pecho e intentando arrebatarle el teléfono celular,
mientras registraba los hechos. Todo ello ocurrió ante numerosos testigos y
personal de seguridad de la propia institución.
Este hecho reviste una gravedad mayor porque evidencia una quiebra del orden interno y plantea
serios cuestionamientos. ¿Quién
autorizó la presencia de dicha organización sindical dentro de las
instalaciones y quién permitió estos
desmanes en perjuicio de Mondragón?
La responsabilidad no se agota en la agresora. Existen
indicios claros de presunta complicidad
funcional, particularmente del área de seguridad y de la alta dirección,
que facilitaron el ingreso, la permanencia y el desarrollo de una situación que
derivó en violencia física contra una trabajadora y dirigente sindical.
Asimismo, trascendidos señalan que la licencia para permitir
esta escandalosa irregularidad y el clima de confrontación, habría sido
impulsada desde instancias de asesoría interna, mencionándose a la señora Ana Sánchez Lliuya, conocida en la
institución como “asesora en la sombra”. Estos hechos, por su gravedad, deben ser investigados de oficio, sin
excepciones ni encubrimientos.
Resulta inaceptable que personas sin cargo formal de decisión
continúen influyendo, disponiendo y deshaciendo dentro de la Contraloría
General, mientras se vulneran derechos fundamentales y se expone a la
institución a un escándalo público que afecta directamente su imagen y
credibilidad.
En este escenario, el Contralor General de la República está obligado a rendir cuentas. No
solo por la agresión física consumada, sino por el uso indebido de las
instalaciones, la permisividad institucional y la posible existencia de una
cadena de responsabilidades que alcanza a la alta dirección.
¿Esquiroles o personal de matones entrenados para disuadir las
legítimas protestas de los sindicatos y sus trabajadores? ¿Quién paga estas
actividades más propias del hampa y de rompehuelgas profesionales? ¡Urge una
investigación y el propio Contralor debía abandonar la pasividad para aclarar
estos nefastos hechos ante la opinión pública!
La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios y la Oficina de Integridad deben actuar de oficio, sin esperar más denuncias ni presiones
externas. La omisión frente a estos hechos constituiría una forma de tolerancia
institucional a la violencia y al hostigamiento sindical.
No se puede encubrir que trabajadores de la propia Contraloría
protagonicen actos de violencia dentro del centro de labores, ni que estas
conductas queden impunes. Lo ocurrido no solo vulnera la integridad de una
dirigente sindical, sino que daña gravemente la imagen institucional del ente
rector del control público.
La defensa de los derechos laborales no es delito. La violencia
sindical no es tolerable. La institucionalidad se defiende actuando, no
encubriendo.
Historia de
agresiones
La suspensión de 365 días sin goce de remuneraciones impuesta
a toda la Junta Directiva del SITRAIND CGR constituye una sanción
desproporcionada, arbitraria y profundamente lesiva al ejercicio de la libertad
sindical. Dicha medida, ya ejecutada en el caso de la Secretaria General, no
solo afecta su derecho al trabajo y a la subsistencia económica, sino que
revela una política de castigo ejemplar orientada a disciplinar y silenciar la
representación legítima de los trabajadores.
El plantón del 21 de enero fue una protesta legítima, pacífica
y plenamente justificada, realizada en defensa de los derechos de los
trabajadores y en rechazo a una sanción que vulnera principios básicos de
razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso.
La movilización contó con el respaldo de la CGTP, la CTE y la
CONACAS, lo que evidencia que no se trataba de un reclamo aislado, sino de una
causa que involucra al movimiento sindical en su conjunto.
La protesta no se limitó a denunciar una sanción injusta. Fue
también un grito colectivo frente al maltrato sistemático que padecen
trabajadores y trabajadoras de la Contraloría en distintas regiones del país.
En provincias y departamentos enteros, los servidores públicos
enfrentan condiciones laborales deplorables, discriminación interna,
hostigamiento, precariedad logística y abandono institucional.
Frente a este escenario, la respuesta de la Contraloría ha
sido una sórdida mudez. No hubo pronunciamiento oportuno, ni gesto de
contención, ni garantía mínima de trato civilizado hacia sus propios
trabajadores. El silencio institucional no es neutral: es una forma de
consentimiento.
Protestar no es un delito. Lo verdaderamente grave es
normalizar el abuso desde el poder.
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