Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
28-1-2016
OSITRAN: gerente y asesores cuestan S/ 107,600 mensuales
Costosos asesores de Chuquihuayta
El todopoderoso gerente general de OSITRAN, Obed Chuquihuayta,
se ha rodeado de un carísimo equipo de asesores, los que sin embargo, no le han
impedido ni le evitan cometer errores, algunos de los cuales se han difundido
por esta vía.
Es tanta la inexperiencia y falta de manejo gerencial
de Chuquihuayta que incluso, cuando una asesora (es notoria su predilección por
las mujeres), sale de vacaciones, es reemplazada por otra, mediante un inusual,
sorprendente y seguramente casi único en el país, contrato de suplencia, como
si no pudiera estar sin su grupo completo de asesores, aunque sea por menos de
un mes, que es el lapso de tiempo que usó la Asesora y GAGG (e) Patricia
Reynaga Alvarado, entre octubre y noviembre 2015.
¡Gasta más que Benavente!
Chuquihuayta supera a la propia Presidenta Ejecutiva,
en número y obviamente en costo de planilla, en lo que a asesoría se refiere.
La señorita Benavente solo cuenta como apoyo para la toma de decisiones a Santos
Grimanés Tarrillo Flores, ex funcionaria de OSITRAN y del MTC, con una
remuneración de S/ 14,800.00.
En tanto el cuestionado gerente general del regulador,
tiene los siguientes asesores con las remuneraciones que mostramos a
continuación: (Ver Cuadro 1)
Es decir, haciendo los cálculos sobre las siete (7)
plazas de asesores que tiene a su disposición el señor Obed Chuquihuayta como
gerente general, nos cuesta a cada uno de nosotros un aproximado de S/ 92,000,
mensualmente.
¡Escándalo descarado!
Es decir también, más de S/ 77,000 mensuales de lo que
emplea la Presidencia Ejecutiva de OSITRAN en asesorarse. ¡Gasto desproporcionado!
A ello hay que sumarle su nada despreciable
remuneración de S/ 15,600 mensuales.
Definitivamente nada justifica lo que el regulador
viene consumiendo en asesores insertados en el CAP (3) o contratados mediante
CAS (4) para un gerente general que despide tres veces al mismo trabajador; o,
que adelanta opinión en el caso de la caída del puente Topará, en improvisada
conferencia de prensa, perjudicando el proceso sancionador del regulador.
Omiso a sus funciones
Un gerente general que además de incumplir el plazo
para emitir informes de opinión de liquidación de obra, deja de asistir a la
mesa de diálogo con el MTC y el concesionario Aeropuertos del Perú del
Aeropuerto Internacional de Pisco, en contraposición de la Circular 30 del
Contrato de Concesión del Primer Grupo de Aeropuertos del Perú (que fija 15
días calendario para que el regulador emita opinión sobre lo solicitado por el
concesionario. En el caso actual se le otorga a OSITRAN, a su solicitud, 10
días más, (plazo que también incumple), conforme lo señala el MTC en su Oficio
Nº 4307-2015-MTC/25 remitido a OSITRAN el 16-12-15.
Un gerente general que apelando a la “criollada”,
sabiendo ya del plazo vencido, remite el informe mencionado el 28 de diciembre
pasado, maniobra que fue rechazada tanto por el concesionario como por el MTC.
Generando, para el Estado, ergo, todos nosotros, una millonaria contingencia,
pues de esta manera el concesionario tiene expedito su derecho a recurrir a un
Arbitraje de Derecho. ¡Y ya sabemos cómo nos va en los arbitrajes!
¿Pintada OCI en la pared?
¿No hay responsabilidad penal, civil y administrativa
en esto? ¿Y el OCI? Revisando las marcaciones de tarjeta, pues.
Un gerente general que impone sanciones pecuniarias
carentes de criterio y desproporcionadas a la falta, que tienen que ser
corregidas por el Consejo Directivo, por ejemplo el caso de COVIPERÚ, el
concesionario de la autopista Pucusana–Ica; entre otros concesionarios.
Un gerente general que sanciona con suspensión o
despido a los trabajadores que no son de su agrado, mediante procesos frágiles
que luego son revocados por SERVIR o el Poder Judicial, originando un gasto
innecesario en la contratación de abogados externos, para procesos perdidos de
antemano.
¿Fundamentalismo religioso?
Un gerente general que ha llenado OSITRAN de
trabajadores de su credo religioso (Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor),
lo cual, implícitamente no está mal, pero parece ser un plus en los concursos
de selección, como en el caso del propio Gerente de Administración, Manuel
Guevara Soplín, sentado en ese sillón sin la más mínima experiencia en el
sector público, “patinando” día a día hasta más no poder.
¿Dos abogados por un mismo caso?
Un gerente general que viola la Ley de Contrataciones
(y hace que lo haga también la presidente ejecutiva) al contratar por
“Servicios Personalísimos” a los abogados Ronald Gamarra y Luis Vargas Valdivia
¡para el mismo caso judicial! Aquí tiene responsabilidad también el OSCE pues
fue alertado por este medio, al no poder presentar formalmente la denuncia, ya
que esta entidad cobra por hacerlo. ¡Plop!
Un gerente general que permite al gerente de asesoría
jurídica (el otro integrante del dúo cómico de regulador), que había sido
denunciado penalmente por incumplimiento a la Ley de Transparencia, elegir su
propio abogado, supuestamente especialista en este tema, y que cuando en la
fiscalía “la tortilla se le voltea”, cambia y exige la contratación del abogado
Ronald Gamarra, obviamente, con una diferencia sustancial en honorarios a favor
del segundo.
Ahí están pues, alguna de las costosas consecuencias
del nombramiento de Obed Chuquihuayta en la gerencia general, cargo para el
cual no estaba preparado y ni siquiera cumplía los requisitos establecidos en
el MDP. Lo que motivó la denuncia penal del caso, por el ciudadano Carlos
Astorga Salazar, en julio pasado, pendiente aún de calificación en la fiscalía.
Blindaje de MINTRA Y SUNAFIL
Si en el MINTRA y la SUNAFIL fueran coherentes con
cualquier política anticorrupción, de las que no existen en este gobierno,
hubieran aceptado la denuncia que intenté presentar, respecto a ciudadanos contratados
en OSITRAN mediante Ordenes de Servicio (O/S), pero que cumplen funciones
regulares e incluso el horario de la institución, además de todas las normas
internas relativas a disciplina, refrigerio, vestimenta, y otras por estilo; y
no se hubieran amparado en la absurda excusa de: “no trabaja ahí, por lo tanto
no es directamente perjudicado”.
Es decir, para los responsables de estas entidades no
importa que se estén violando normas laborales o que el perjudicado sea el país
o los mismos trabajadores que, obviamente, no denunciarán nada porque perderían
el empleo. Para ellos, necesariamente tiene que ir un ciudadano/servidor
directamente perjudicado.
¿Cómo sucedieron los hechos?
Premunido de información precisa sobre la labor
continua y permanente que vienen desarrollando por lo menos veinticinco (25)
ciudadanos en OSITRAN: ubicación del local y área en que están de modo
irregular, y el número de la O/S correspondiente, me apersoné ante una y otra
entidad, encontrándome con la pared mental infranqueable de los burócratas
acostumbrados a rechazar el mayor trabajo posible. Entonces, tanto en MINTRA
como en SUNAFIL, la denuncia no fue admitida, reitero, por el absurdo de “no
ser un ciudadano directamente perjudicado”.
Denuncia contra precariedad laboral
Pretendía ilustrar y procurar que alguna de las dos
instituciones en su ámbito supervisor, respecto a las siguientes 25 personas que
siguen laborando irregularmente en OSITRAN desde varios meses atrás, les hagan
valer sus respectivos derechos laborales. Las personas a las que se refieren
las O/S, sean de noviembre 2015 o enero 2016, permanecen a la fecha en OSITRAN,
bajo las mismas precarias condiciones. (Ver
Cuadro 2 , (*) Al parecer, han dejado de prestar servicios a la
entidad)
Por supuesto que después de esta publicación, las
órdenes de servicio mencionadas –que a enero 2016 están con otro número, las
que se mencionan son de noviembre- no serán renovadas, y OSITRAN quedará sin la
sanción que le corresponde por indolencia de los funcionarios del MINTRA y
SUNAFIL. Y los ciudadanos mencionados no podrán aspirar a un trabajo justo y en
igualdad de condiciones, conforme señala la legislación laboral.
Costosas remodelaciones
Como es público, tanto porque lo diéramos a conocer
por este medio como por la propia institución, OSITRAN creció tanto
numéricamente en el total de trabajadores, que el local de República de Panamá
les quedó chico. Entonces, se alquilaron adicionalmente dos pisos de un lujoso
edificio ubicado en la calle Los Negocios.
Ambos locales entraron a una remodelación total, con
la finalidad de ambientarlos, supuestamente, para comodidad de los trabajadores
y para cumplir lo que al respecto dispone la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Las labores, que incluyeron carpintería en la
confección de los nuevos (pequeños e incómodos) módulos; electricidad por las
nuevas ubicaciones; cambio de alfombras; traslado de equipos de aire
acondicionado; compra de muebles; gasfitería; pintura de todos los pisos y
ambientes, entre otros rubros, tuvo como detalle especial las lujosas oficinas
del propio gerente general y de la funcionaria que hace las veces de Jefe de
Gabinete de Asesores, bajo la denominación de Gerente Adjunto, muy por encima
de lo gastado en el ambiente en uso por la presidenta ejecutiva.
¿Trabajos sin garantía?
Sin embargo, no han pasado ni siquiera 30 días de
culminadas las mencionadas labores y los desperfectos ya comenzaron a
mostrarse: el domingo de la semana pasada estallaron varias tuberías en los
baños del tercer piso. Para su reparación tuvo que cortarse el servicio en este
piso y en el segundo, dejando únicamente un baño para hombres y otro para
mujeres, ambos en el primer piso, en un local en el que laboran más de 150
personas. ¡Ya se imaginarán las incomodidades sufridas por los trabajadores de
OSITRAN!
Es claro que nada le sale bien a Chuquihuayta; sin
embargo sigue fijo con uñas y dientes, en el cargo a vista y paciencia de la
presidenta Patricia Benavente, y de la inacción, casi autista, de los
integrantes del Consejo Directivo.
