ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
PARTIDO ACCION CIUDADANA
DISCURSO DON MARVIN ROJAS
Control político
18 de julio de 2006
Señores diputados, ¿saben ustedes quién es Alterra? Alterra es la
empresa que le da ultimata a nuestro país. En La República del 6 de
julio afirmó que están "dando la última oportunidad para que la
Contraloría refrende el addendum... si no se aprueba de manera
inmediata... podrán demandar, frustrados por la inseguridad jurídica y
el desorden del gobierno".
Este tipo de presiones, de amenazas, no las podemos aceptar. El gestor
interesado ha incumplido con el contrato, casi desde que inició su
gestión:
1) El Consorcio AGI-Bechtel ofreció su "amplia" experiencia para ser
adjudicado: fue el que firmó el contrato, es al que se le adjudicó, y
el que se comprometió en el contrato a respaldar a Alterra en el
diseño, ingeniería, construcción, administración de construcción.
2) y, sin embargo, en poco tiempo traspasó sus acciones a Alterra, que
no tiene ni la misma experiencia, ni es el titular de la adjudicación,
ni hizo el aporte de capital acordado. Exactamente igual hicieron
Bechtel y Alterra en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú.
3) Una vez que fue adjudicado (noviembre 1999) pospuso por un año la
firma del contrato, y condicionó la firma, al cumplimiento de ciertos
términos que no tenían nada que ver ni con la oferta ni con la
adjudicación.
4) Una de las razones por las cuales fue adjudicado fue por su
compromiso de minimización de costos de operación, algo que no ha
sucedido nunca:
a. sus costos de operación y mantenimiento se han incrementado en más
de $47 millones.
b. Sus gastos de desarrollo y financiamiento se han incrementado en
más de $15 millones.
c. Los costos de ejecución de obras se han incrementado por $22.8 millones.
d. Los puentes de abordaje costaron $3.7 millones más que lo acordado
en el contrato.
Todos estos incrementos suman casi $90 millones, es decir, 4.500
millones de colones
5) Ha suspendido la construcción de obras hasta por casi tres años,
sin dejar por ello de cobrar las tarifas, y sin que aún se le hayan
cobrado las multas respectivas.
6) Ha reducido la calidad de la mezcla asfáltica, tal como lo
evidenció la Comisión integrada por don Guillermo Constenla: se
comprometieron con una de tipo AC-40 y la bajaron a una AC-30, costo
menor, pero sin rebajar esa reducción del presupuesto de la pista.
7) Ha establecido tarifas por montos injustificados (doceavos y CUAC
(se dijo que $1.23/pax, establecieron $4.6) Aumento de ingresos para
el Gestor por unos $160 millones en 20 años (desaparición de acuerdo
CETAC, abril 2002).
En su mayoría, estos incumplimientos han sido señalados por la
Contraloría en diversos informes, así como por diversas
personalidades:
1) En el 2002, bajo el título "Congestión Interesada", el magistrado
Manrique Jiménez denunció "excesos del Gestor, cobros no autorizados,
variaciones al contrato y otros abusos...No puede un Gestor -que no
fue el adjudicatario- poner de rodillas al Estado contratante...por
funcionarios de turno calculadores o ingenuos. No debemos permitir [la
alteración] del orden jurídico con actuaciones viciadas de plena
nulidad".
2) El exministro Méndez Mata declaró: "en ningún momento se debió
aceptar ni tolerar la suspensión de obras, es inconcebile casi tres
años paralizadas".
3) Y, hoy, el ex ministro Rodolfo Silva, escribió en un diario: "Hasta
hoy, Alterra ha dispuesto de $90 millones en préstamos, $30-35
millones de capital y $96 millones de los ingresos del aeropuerto en 4
años, pero realizó obras por solo $37 millones, aunque alega haber
invertido $ 83 millones, sin duda producto del pago de enormes
sobreprecios a sus subcontratistas, que son a la vez sus propios
socios (...) No hay derecho a que ahora vengan con un addendum a
llevarse mas de $120 millones adicionales con la propuesta del Cetac
apadrinada por la ministra, quienes ya embarcaron también al
Presidente. El addendum daría a Alterra este año 90% del ingreso, $36
millones, y solo 9.5% al país –misérrimos $3.8 millones-. ¿A cuenta
de qué vamos a seguir pagando a Alterra derroches y sobreprecios para
sus socios y aumentar la cobertura de su deuda, que es su
responsabilidad, y no la del Estado ni la de los contribuyentes al
paquete fiscal?"
Esa pregunta, señores y señoras diputadas, como costarricenses, pero
sobre todo como legisladores, estamos obligados a contestarla. Nuestro
deber es procurar el interés público y, hoy, nos corresponde dar la
cara ante tanta barbaridad. Porque el adelanto que se pretende
realizarle a Alterra, es ilícito por partida cuádruple: a) por su
finalidad espuria; b) porque es una operación activa de crédito que en
su caso solo la Asamblea Legislativa podría autorizar ; c) por su
verdadero carácter de regalo ilícito ya que no puede ser devuelto; d)
por la trampa oculta en el Modelo de Proyecciones Financieras que
varía el contrato en cuanto a la indemnización en caso de terminación
anticipada, aún por culpa de Alterra, que le permite irse y que aún le
quedemos debiendo.
Lo más grave es que Bechtel, que fue quien firmó el contrato y se
comprometió a respaldar a Alterra en el diseño, ingeniería,
construcción, administración de construcción y control de calidad de
obras, según el Apéndice S y apartados 26.3.2 y 26.3.3, permite que
hagan en nuestro país lo que han hecho en otros lados:
- En la India, Bechtel interpuso un arbitraje en contra del gobierno
hindú para recuperar su reclamo por $600 millones invertidos en la
Compañía Eléctrica Dabhol, en Maharashtra (sep. 2003). A nuestro
Gobierno lo ha demandado ante la Sala I por 15 arbitrajes que suman
$115 millones.
- En Bolivia, una revuelta debido a un incremento injustificado en las
tarifas, que dejó un joven muerto y cientos de heridos, obligó a
Bechtel a abandonar el proyecto Aguas del Tunari en Cochabamba.
Bechtel respondió con una demanda contra el estado boliviano, por $25
milllones, en compensación a su pérdida de oportunidad de generar
ingresos futuros. (abril 2000). En nuestro país, la Contraloría le
rechazó, desde el 2003, "gastos improcedentes" por $18 millones y
tarifas ilegales a su favor.
- En Irak, por el proyecto para reconstrucción de la sociedad, en el
2003, debido a la "pobre infraestructura y la deteriorada estabilidad
en Irak", Bechtel recibió $350 millones adicionales al contrato,
incrementando su piso a $1.03 billones. En Costa Rica, con el nuevo
Addendum que no hace más que engrosar la lista de prebendas
desmesuradas e injustificadas del Ejecutivo, se le adelantan $120
millones a Alterra para que pague su propia deuda a los bancos a los
que les debe y por esa plata no se les cobrará intereses ni hay
garantías que le obliguen a pagar: en síntesis, un regalo.
- Lo más grave es lo sucedido en el Big Dig, en Boston, proyecto de
Bechtel con otro socio, donde uno de sus túneles por mala calidad de
las obras, hizo perder la vida a una costarricense al derrumbarse. En
ese proyecto, como en los casos anteriores, la empresa junto a su
socio ha recibido $264 millones más de lo acordado y ha incrementado
el costo del proyecto en $1.1 billones, la mayoría de las veces para
arreglar sus propios errores como diseños erróneos, incompletos, o
fallos para implementar trabajos básicos. Además, seis empleados de
una subcontratista (Aggregate Industries NE, Inc.) fueron demandados
por "conspiración para defraudar al gobierno y declaraciones falsas".
Ellos emplearon en el proyecto concreto sobrante, que no reunía las
especificaciones acordadas, pero fue cobrado al precio contratado,
mediante facturación equívoca.
Todo lo anterior en relación con Bechtel, pero Alterra, en el
Aeropuerto de Lima, Perú, Jorge Chávez, ha hecho exactamente lo mismo
que ha hecho en nuestro país:
1) meses después de haber firmado el contrato, solicita un reajuste de
tarifas, aval para endeudarse y cambio de los plazos de construcción:
en un año el gobierno cedió a los caprichos,
2) la opinión técnica es que han invertido menos de $30 millones,
aunque Alterra declara $165 millones,
3) intentó cobrarle $14 a los pasajeros en tránsito,
4) cobra una tarifa única que sobrepasa la de los demás aeropuertos
peruanos: la tarifa nacional es superior en un 40% y la tarifa
internacional en un 182%,
5) mediante addenda al contrato, han logrado: la eliminación de
causales de incumplimiento de obras que puedan generar la anulación
del contrato, la ampliación de las garantías estatales al
concesionario, el compromiso del Estado de cancelar las deudas del
concesionario en caso de rescisión, entre otros.
Por todo lo anterior, señores y señoras diputadas, es urgente:
1) Crear, como en las dos legislaturas precedentes, una Comisión
Especial Investigadora para que dé seguimiento al Contrato de Gestión
Interesada y de esa forma garantice su cumplimiento.
2) interpelar a la ministra del MOPT mediante comparecencia ante este
Plenario, para que les explique a los costarricenses, y a nosotros, lo
dispuesto en el Addendum y realice una justificación de sus ominosos
alcances.
3) solicitarle al Gestor Interesado, Alterra, abrir sus cuentas,
estados financieros y relacionados, a una auditoría pública.
4) Asimismo, le he solicitado a la Ministra de Obras Públicas y
Transportes, que gestione un estudio de la UCR (LANANME), para
garantizar que en Costa Rica, en la pista o infraestructura del
Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, no sucederá una vicisitud
igual o peor a la ocurrida en Boston.
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