El Tratado de Ancón de 1883

El Tratado de Ancón de 1883

por Félix Calderón Urtecho

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27-5-2007

 

En esta oportunidad, no es intención de quien esto escribe recordar, por enésima vez, lo que todo peruano que se precie de tal debería tener por sabido; sino, de dar a conocer a la opinión pública nacional algunos episodios virtualmente inéditos de aquellos infaustos momentos que rodearon la conclusión del Tratado de Ancón, la noche del 20 de octubre de 1883. Para comenzar, es bueno puntualizar que la guerra que acometió Chile contra el Perú fue una guerra de conquista, y no hay por qué recurrir a subterfugios o eufemismos para soterrar este baldón que golpea a diario la relación vecinal. Aparte que no fue una simple coincidencia encargar a Inglaterra la construcción de dos modernos acorazados entre 1874 y 1875, durante la sesión secreta extraordinaria del Congreso chileno de 2 de abril de 1879, se dejó constancia en actas que los “preparativos para la guerra fueron organizados con mucha anticipación”de suerte tal que se tenía la certeza de la superioridad de su marina frente a la peruana “en un estado lastimoso de abandono.”  Afirmación concordante con lo que señaló el Ministro de Estados Unidos en Santiago en un oficio fechado el 22 de julio de 1881: “(…) Durante años se han ocupado de acumular á costa de grandes desembolsos todos los elementos que juzgaban necesarios para aquella contingencia. Millares de dollars (sic), que debieron dedicarse al adelanto material del país, se han gastado en la adquisición de blindados y de poderosa artillería, todo en previsión de una guerra que parecía inevitable.” (Alejandro Garland: Los conflictos sudamericanos en relación con los Estados Unidos.- Bogotá.- Imprenta de la Luz, 1901).

 

En segundo lugar, es de suma importancia subrayar que si bien, en un primer momento, Estados Unidos sobre todo bajo el noble liderazgo del malogrado presidente James A. Garfield, intentó una mediación para imponer la paz, excluyendo la cuestión de cesión de territorio como condición previa, lo cierto es que al final, fracasado el tercer intento en 1883, el espíritu de la doctrina Monroe terminó, desgraciadamente, por perjudicar de manera directa al Perú, no solo por rechazar tempranamente la intervención de Francia que proponía una acción conjunta con las potencias europeas (oficio de 5 de setiembre de 1881); sino porque la exitosa mediación estadounidense en el litigio fronterizo argentino-chileno al iniciarse la guerra de conquista, le brindó a Chile el respiro indispensable que necesitaba para conjurar el peligro de una guerra con Argentina, pudiendo así destinar la totalidad de sus fuerzas a la invasión del territorio peruano. (Ibid.).

 

En tercer lugar, se ha refundido en el recuerdo o se calla que los elementos esenciales del Tratado de Ancón, en particular los contenidos en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°,  6°, 9° y 10°, fueron literalmente impuestos por los chilenos al general Miguel Iglesias, en el virtual compromiso de sometimiento a la voluntad del invasor que suscribiera el 10 de mayo de 1883, meses antes de la renuncia del presidente interino contralmirante Montero, producida recién el 25 de octubre de ese año. Es verdad que en el Perú, por esos días, no predominaban los partidarios de la guerra ni tampoco los promotores de la paz; por cuanto, cundía más bien el “desaliento, incredulidad (y) casi indiferencia por la suerte del país.” Pero, allí está el testimonio  devastador que dejó Iglesias para la posteridad: “Me comprometo formal y solemnemente á suscribir con la República de Chile un tratado de paz, tan luego como el Ministro Plenipotenciario de ese país me reconozca á nombre de su Gobierno como Presidente del Perú, bajo las siguientes condiciones (sic).” Y lo irónico reside en que, en lo sustancial, lo aceptado por Iglesias fue casi lo mismo que lo propuesto inicial y altivamente por el negociador chileno E. Altamirano, el 22 de octubre de 1880, a bordo del buque estadounidense “Lackawanna.”       

 

Corresponde, por cierto, hoy a los peruanos juzgar objetivamente ese acto de sumisión con todas las consecuencias que ello acarreó, junto con el testimonio que dejó M. N. Valcárcel en representación de Montero, en la comunicación que le remitiera al Ministro del Perú en Bolivia Manuel María del Valle, el 26 de setiembre de 1883. “(…) Ese estado de cosas ha durado ya un año, i viendo el Gobierno de Chile que su obra corría el peligro de inmediata destrucción, porque no tenía apoyo en la voluntad nacional, ha hecho con el jefe peruano sublevado en el Norte el pacto más extraño que rejistrará (sic) la historia, acerca del cual declara el plenipotenciario chileno, en una carta a los señores Lavalle y Castro Zaldívar (representantes de Iglesias), que las bases acordadas servirán para el tratado ‘cuando el general Iglesias constituya un gobierno que sea reconocido por Chile.” Testimonio corroborado por el propio Castro Zaldívar  en su Memoria al Supremo Gobierno (Imprenta de la Tribuna.- Lima, 1883), y consistente con lo revelado por el sanguinario general Linch en la exultante comunicación que le cursara al Ministro chileno en Washington, tras la derrota del ejército peruano en la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883: “Iglesias es dueño de la situación.” Igualmente, coherente con el comentario provocador que le hiciera el entonces canciller chileno Conrado Ríos Gallardo al Embajador peruano en Santiago César Elguera, el 10 de mayo de 1929, y que éste no tardó en informar al Presidente Leguía: “Agregó el ministro que no obstante que esta cláusula irroga a Chile el perjuicio de la respetable suma de treinta millones de pesos, lo consideraba un daño meramente nominal, porque el crédito a que se refiere la disposición adoptada, fue el del sostenimiento del Gobierno de Iglesias (sic) que representó una obligación moral (sic) para Chile, que en ningún caso habría cobrado esa cantidad…no existiendo en el archivo del Ministerio que está a su cargo ni vestigio de que se hubiera gestionado nada sobre el particular.” (El Tratado de 1929. La otra historia.- Fondo Editorial del Congreso del Perú.- Lima, 2000).              

                          

En cuarto lugar, tampoco debería soslayarse sin mayor análisis lo revelado por el primer canciller de Iglesias, E. Larrabure y Unánue en el oficio que remitiera a la Asamblea Nacional el 1 de marzo de 1884, solicitando la aprobación del Tratado de Ancón y del protocolo complementario: “La Asamblea, compuesta de ciudadanos de toda la República, conoce ya el Tratado: su necesidad responde á la situación actual, estando aun ocupado militarmente una parte del territorio nacional por fuerzas extrañas; su historia es la historia de la guerra, desde Pisagua hasta los actos de presión ejercidos ayer (sic) en varios departamentos y la ruina de numerosas poblaciones (…).” Dicho de otra manera, los términos del tratado fueron impuestos a un obsecuente Iglesias en circunstancias que el territorio peruano seguía militarmente ocupado, se ejerció presión sobre un pueblo vejado para apurar la ratificación por el Asamblea Constituyente peruana y, por sí esto no fuera suficiente, se buscó legalizar la presencia del  ejército de ocupación chileno, mediante el protocolo complementario, “en aquella parte del territorio del Perú que el General en Jefe lo estime necesario (sic)”, corriendo su mantenimiento por cuenta del Perú. De esta manera se configuró una situación inusualmente arbitraria, abusiva y violatoria del derecho internacional de la época.     

 

Por último, sin ser exhaustivos, no se descarta que el negociador chileno del Tratado de Ancón, Jovino Novoa haya sido honesto cuando manifestó a los negociadores peruanos Lavalle y Castro Zaldívar, que la razón de ser de la cláusula que le permitía a Chile retener durante diez años, las provincias de Tacna y Arica, obedecía a la necesidad de contar con una garantía de pleno respeto por parte del Perú a dicho tratado en vista de la inestabilidad política de sus gobiernos. Y decimos así, pues el mismo Larrabure y Unánue confirmó el 7 de marzo de 1900 esa percepción, por lo demás corroborada contrario sensu por el condenable proceso de chilenización de las provincias cautivas que sólo comenzó seis años después de haberse vencido el plazo en 1894. Es decir, las intenciones mutaron con el tiempo.  

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