Corrupción pudre al Poder Judicial del Perú

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
9-5-2008

2 años después del accidente de aviación de TANS reaseguradora de la
Lloyd de Londres, XL, involucrada en presión de jueces

Corrupción pudre al Poder Judicial del Perú

¿Serán puras casualidades, las vacilaciones, dudas y reflexiones del
vocal de la 7ma Sala Civil, Juan Emilio Gonzales Chávez, todas con el
propósito de birlarle más de medio millón de dólares, como corresponde
por indemnización, al señor Manuel Oliveros Risco, por la muerte de su
hija Esther Dalila Oliveros Armas, en el accidente de Tans, en agosto
del 2005? ¿de qué otro modo se explican sus sospechosas coincidencias
con los reaseguradores internacionales XL de Londres y Rímac
Internacional a través de la firma Lord Bissel & y el patrocinio
simpático y funcional del británico que vive en Estados Unidos, Nigel
Wright y del Estudio García Sayán, en ese sentido?

La suma de US$ 115,000 dólares americanos, le fue pagada por concepto
de indemnización a la señora Clorinda Armas Solórzano, esposa de
Manuel Oliveros, por el mismo trágico suceso. Pero con una variante
siniestra: Oliveros fue "muerto" y la señora fungió su viudez, cobró y
ahora no se la encuentra en su natal Cajabamba. Lo cierto es que las
empresas de seguros, se hacen las desentendidas y quieren obviar de
toda esta tragedia en varios capítulos, a Oliveros y hasta han tenido
la desfachatez de "sugerirle" que él cobre a su esposa.

Luego del trágico accidente, Clorinda Armas Solórzano esposa de Manuel
Oliveros Risco en coordinación con la firma Lord Bissel de Nigel
Wright y el Estudio García Sayán confeccionaron una declaratoria de
herederos fraudulenta haciendo pasar por muerto a Manuel Oliveros y le
pagaron a su esposa Clorinda Armas Solórzano US$ 115 mil dólares que
ella acongojada e "inocente", recibió, literalmente, con los bolsillos
abiertos y amplios.

La póliza de seguros y reaseguros para indemnizar a los deudos por
este accidente llega a US$ 50 millones de dólares que los
reaseguradores ingleses tienen que honrar, sin embargo, a tres años
del accidente, el concierto corrupto entre el abogado inglés Nigel
Wright de XL de Londres, RÍMAC INTERNACIONAL DEL PERÚ, la aseguradora
de TANS, no le quieren pagar ni siquiera US$ 115 mil dólares a este
hombre a quien "mataron" sin certificado de defunción, para
escamotearle su indemnización.

Nadie entiende cómo reaseguradores internacionales actúan con tanta
impunidad y con sevicia en contra de un anciano, siendo que son
inmensas las ingentes ganancias del mercado reasegurador mundial.

Pero, para la comisión de estos abusos, siempre se necesita la ayuda
de vocales que tengan un acendrado sentimiento del deber pagado y
estén listos al mejor postor, y dispuestos a vender su alma al diablo,
si con ello ganan los dólares o euros, necesarios para el disfrute de
sus corruptos designios contra las causas justas. ¿Será éste, uno de
esos no tan raros casos que abundan en los corredores y escritorios
del Poder Judicial del Perú?

¿Por qué no le pagan a Manuel Oliveros Risco? La razón es muy
sencilla, voces de cierta autoridad desde adentro, susurran que la
abogada del caso, Aissa Paredes León del Estudio García Sayán habría
concertado con el presidente de la Séptima Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, Juan Emilio Gonzales Chávez, para que
una tinterillada impida la sentencia y prevarique diciendo que un ser
humano que ha perdido a su hija no puede demandar al Poder Judicial,
porque la ley requiere de una declaratoria de herederos.
Entonces la pregunta adviene simple y directa: ¿cómo pueden los jueces
peruanos exigir una declaratoria de herederos en la que un Notario
Público, delictivamente, hace pasar por muerta a una persona que está
viva? Entonces, para eso está el criterio de Juan Emilio Gonzales
Chávez vocal quien, no se sabe si por pura inspiración propia, estaría
adelantando opinión, diciendo que el anciano Oliveros, debió impugnar
la declaratoria de herederos.

Sin embargo, no todo es putrefacción en el Poder Judicial. El
magistrado de Primera Instancia del 61º Juzgado en lo Civil de Lima,
Máximo Elías Falla dio la razón a Oliveros expresando que él podía
demandar sólo probando el vínculo de paternidad, es decir, a través de
la partida de nacimiento y de matrimonio, expresando que las
aseguradoras londinenses le pagaron a su esposa por el daño que ella
sufrió y ahora la corte nacional debía pagar por el daño que sufrió el
papá de la abogada fallecida en el siniestro.

La 7ma. Sala Civil la integran, además, los vocales Ana María Aranda
Rodríguez y Oswaldo Ordóñez Alcántara de quienes se espera no incurran
en prevaricato, robándole el medio millón de dólares que los
aseguradores ingleses tendrían que pagarle a Manuel Oliveros Risco por
la muerte de su hija, salvo, claro está, que las coimas consabidas que
pagan estudios muy grandes de Lima, consigan la impostura y la
consagración de ilegalidades escandalosas.

Mientras Oliveros padece el infortunio de ser un "muerto" vivo, los
García Sayán del Perú, le cobran a XL US$ 400 la hora y con todas
estas tardanzas "ventajosas" para alargar el litigio, le sacan del
bolsillo a los reaseguradores ingleses ¡tres o cuatro veces la suma
que le podrían pagar a Oliveros como es de justicia!

Elcira Vásquez Cortez, jefa de la OCMA del Poder Judicial, ya le
habría echado el ojo al caso que se convertiría en un escándalo más y
de los más atroces, siendo el único destino posible la destitución de
los jueces prevaricadores que pretenden enajenar a este anciano su
presente y más bien corto futuro.

Esta es una pelea de dura lex, sed lex contra hecha la ley, hecha la
trampa. ¿Prevalecerá la decencia impecable o triunfarán las uñas
largas de los bufetes poderosos, las reaseguradoras tramposas y los
pillos colaterales que inundan el Poder Judicial a lo largo y ancho de
todo el Perú?

¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Rompamos el pacto infame de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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