por Herbert Mujica Rojas
3-8-2007
El cónsul de Bolivia en Chile, Roberto Finot, acaba de sostener que el
único punto posible de salida "natural" y "enclave con soberanía" para
su país, es Arica. Sin ningún título histórico o de otra índole, se
trata de contrabandear la especie que eso es así. ¡De ninguna manera!
Entre Perú y Chile hay un Tratado, el del 3 de junio de 1929 y su
inseparable Protocolo Complementario y esta relación bilateral es de
indesdeñable presencia en resguardo de la dignidad del Perú que se vio
arrastrado a una guerra en 1879 por causa ajena.
El maestro Alfonso Benavides Correa, anticipó con enorme solidez, las
veleidades en que ha incurrido con gran frivolidad pusilánime nuestra
diplomacia y gobiernos diversos. Leamos con prudencia y combatividad
de peruanos que honran a sus mártires y a quienes NO aburre el
tratamiento de los temas limítrofes, asunto que sí daña la
tranquilidad de quienes no tienen raíces nacionales ni el más mínimo
apego a este país milenario. Peruanoides infiltrados en el gabinete de
ministros, en la prensa, en las fuerzas armadas, en los partidos
políticos, en las múltiples ONGs ávidas de destruir cualquier señal de
defensa del país, no son quienes para dar ningún ejemplo de
peruanidad.
Hay que apoyar a Bolivia para su salida al mar y que lo haga por los
territorios que fueran suyos, Tocopilla, Cobija, Mejillones y
Antofagasta, hasta 1879, en que les fueron arrebatados por Chile, país
con el que tendrán que arreglar esta situación lamentable. En Arica el
Perú tiene derechos y soberanía restringida. (Herbert Mujica Rojas).
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Ofrecimiento irresponsable
¿Un corredor por Arica para Bolivia?*
por Alfonso Benavides Correa
¿Conoce usted los acuerdos altiplánicos derivados del llamado plan de
acción del Lago Titicaca diseñado por los presidentes del Perú y
Bolivia Alan García Pérez y Jaime Paz Zamora?
Conozco los términos del plan de acción que, suscrito por ambos
presidentes el 18 de octubre último, dio a conocer dos días después la
Cancillería del Perú.
¿Algún punto preocupante entre los diecinueve de dicho plan?
Varios. En vía de ejemplo cabe citar el punto 4 en que -sin saber cómo
podría compatibilizarse con las disposiciones del Capítulo VI del
Título IV de la Constitución Política del Perú que se refiere al
Consejo de Ministros en la Estructura del Estado- los presidentes
manifiestan su decisión de promover en el futuro la creación de un
ministerio binacional para el manejo y desarrollo integral del
altiplano común que tenga a su cargo todos los aspectos que se
vinculen a la problemática del área.
¿Y el punto 8 en que se expresa que, en atención a la común historia
del Perú y Bolivia, el presidente del Perú decidió que, a partir de la
fecha, el vapor "Ollanta" tomara el nombre de "Gran Mariscal Andrés de
Santa Cruz"?
Aunque aparentemente intrascendente la decisión no sólo recuerda la
rivalidad entre Gamarra y Santa Cruz que, como eje visible de la
política en el Perú y Bolivia, significó que, entre 1828 y 1841, ambos
países viviéramos temiendo, en atroz dilema, la subyugación de Bolivia
por el Perú o la intervención en el Perú de Bolivia.
El que el destino no fallara dentro de ese dilema -puesto que
fracasaron tanto la intervención santacrucina en el Perú cuanto la
penetración gamarrista en Bolivia— no constituye razón para
replantearlo reponiendo en Bolivia una supuesta pan-peruanidad y en el
Perú los temores de un siempre latente separatismo en el sur.
Me vienen a la memoria la carta de Santa Cruz -"el cóndor indio" como
lo bautizó en 1966 Alfonso Crespo- a su lugarteniente Calvo en la que,
desde el Cusco, según el texto publicado en 1945 en la Revista Peruana
de Cultura Historia, el 26 de septiembre de 1838 le hizo llegar este
revelador mensaje: "La independencia del Sur (del Perú) a la cual
estoy dirigiendo todas mis medidas creando intereses propios es, en
verdad, lo que más conviene a la seguridad de Bolivia...".
No son pocos quienes hoy saben que la existencia del Estado
Sur-Peruano (la "República Sur-Peruana" como dijeron las monedas
emitidas entonces) fue un peligro para la unidad nacional. Al tratar
la mortalidad de la idea confederal el gran maestro Jorge Basadre
afirmó que, con algunos años más de vida, se habría afianzado. En el
caso de un colapso de la Confederación por muerte o derrocamiento de
Santa Cruz en fecha posterior a 1839, habrían habido intereses creados
resueltos a mantener esa entidad política y hasta a anexarla a
Bolivia. Ese fue el punto de vista de Juan Gualberto Valdivia en el
periódico El Yanacocha. No quedó solitario. Santa Cruz -agrega
Basadre- se inclinó a dicha fórmula cuando encontró dificultades en el
norte.
¿Qué habría ocurrido de haberse producido la consolidación del Estado
sur-peruano?
Basadre no vaciló en afirmar que dicha factible posibilidad "hubiera,
a la larga, llevado al Perú a un proceso de desintegración similar al
de América Central después de su breve experiencia unionista".
En 1828 -cuando lo llamaron a la presidencia de Bolivia y cuando desde
1829 su antiguo amigo, aliado o cómplice, Gamarra, persiguió a sus
partidarios, y vinieron las amenazas de guerra en 1831 y 1833 -Santa
Cruz se convirtió en boliviano: "En esa época -dice Basadre-llegó a
acariciar la idea de segregar el sur del Perú o por lo menos de
incorporar Arica y Tarapacá a Bolivia".
En la misma idea estuvo más adelante: "Cuando comprobó en 1838 la
defección del Estado norperuano bajo el mando de Orbegoso y Nieto
-concluye Basadre— volvió a pensar en la segregación del Sur, idea que
expuso a O'Higgins en una carta que Vicuña Mackenna publicó más tarde"
al igual que el mismo Basadre en La iniciación de la República.
¿Se ha enterado también del cable no desmentido de la agencia Efe,
proveniente de La Paz y fechado el 19 de octubre, según el cual el
gobierno de Bolivia destacó ese día no solamente el apoyo que el
presidente peruano, Alan García, le brindó a una posible negociación
para solucionar la falta de una salida al mar para Bolivia "aun a
costa de territorios que antes de 1879 pertenecieron al Perú" sino al
ofrecimiento de que, en caso de producirse un acuerdo bilateral entre
Chile y Bolivia, y consultarse al Perú sobre él, "deberemos expresar
nuestro beneplácito y aceptación porque esté en una necesidad
latinoamericana"?
Leí el cable, con estupor, en varios diarios de Lima. Ni en sus
extremadas utopías Haya de la Torre se atrevió a tanto pues, aunque
con comentarios irreflexivos, se inclinó ante el Tratado entre el Perú
y Chile del 3 de junio de 1929 y su inseparable Protocolo
Complementario de la misma fecha.
En la entrevista que le concedió a la revista venezolana Resumen,
entrevista que en su versión original reprodujo en Lima, en diciembre
de 1977, la revista aprista ABC, Haya respondió así a la pregunta
"¿Cómo enfoca usted el problema de la mediterraneidad de Bolivia y de
la posibilidad de darle a Bolivia una salida al mar?", que le formuló
el periodista Jorge Olavarría: "Nosotros somos francamente favorables
a darle a Bolivia una salida al mar". Ante la nueva pregunta de
Olavarría "¿Usted no cree que puede pasar un poco con esto lo que el
general Torrijos dijo con respecto a Panamá, es decir, que a los
bolivianos se les acabe la paciencia y a los peruanos y a los chilenos
se les acaben las excusas?" Haya expresó: "Podría ser, pues el
problema ha sido usado como pretexto de un posible conflicto y
nosotros esperamos que se encuentre la solución entre Chile, Perú y
Bolivia para ir a un arreglo. Nosotros creemos que lo que Chile ha
propuesto es el mejor camino, pero ha sido controvertido. Los peruanos
creen que el corredor propuesto establece ya una separación absoluta
entre Perú y Chile al norte de Arica y hay un remoto anhelo patriótico
de recuperar Arica".
Al terciar en la entrevista Antonio Aparicio preguntando si "El
gobierno peruano, mejor dicho, el Estado peruano, ¿mantiene la
reivindicación, la recaptura o la reintegración del territorio
nacional de Arica?", Haya de la Torre respondió: "Eso, de acuerdo con
el Tratado entre el Perú y Chile del año 29, es asunto absolutamente
terminado, pero un sentimiento nacional, alentado por el velasquismo,
pretendió ofrecernos ese prospecto, que es muy poco halagador para la
paz de América porque eso significa una disputa y una disputa mala.
Sobre este particular, nosotros somos pacifistas e integracionistas".
¿El general Velasco, a quien usted conoció muy de cerca, desconoció
alguna vez la posición de nuestro país de absoluto respeto a los
tratados celebrados por la república y fiel cumplimiento de sus
obligaciones internacionales?
Jamás. Muy por el contrario, cuando en marzo de 1974 circularon
rumores sobre un deterioro de las relaciones peruano-chilenas, el
general Velasco fue rotundo al declarar en una concurrida rueda de
prensa: "Chile no podrá ofrecer a Bolivia una salida al mar sin
nuestro consentimiento por territorios que fueron del Perú. Pienso,
además, que no hay peruano o peruana que opine en favor de dar a
Bolivia una salida por Arica".
¿Y, por tanto, para mantenerla enclaustrada?
No, de ninguna manera. Reiterando lo que en julio de 1973 conversó con
el presidente Hugo Bánzer cuando vino a Lima, y quedó escrito en la
Declaración Conjunta que ambos gobernantes emitieron en dicha ocasión,
el general Velasco Alvarado -después de señalar que el supuesto eje
Brasil-Chile-Bolivia, que podría tomar una actitud negativa contra el
Perú, era una simple e interesada especulación periodística y que el
Perú, leal a su política pacífica, rechazaba toda posibilidad de
enfrentamiento con el pueblo de Chile -sintetizó así su irreprochable
pensamiento, que años después, en 1976, fue ratificado por todas las
Regiones Militares del Perú: "El pueblo peruano vería con satisfacción
que Bolivia tenga una salida al mar por los territorios que fueron de
Bolivia" (Tocopilla, Cobija, Mejillones y Antofagasta).
No olvidó el siempre alerta general Velasco el Pacto General de
Amistad y de No Agresión celebrado en Lima entre el Perú y Bolivia el
14 de septiembre de 1936, Pacto en cuya cláusula primera "Bolivia
declara que no tiene ningún problema político ni territorial pendiente
con el Perú".
¿Qué razones cabe oponer a un corredor boliviano al norte de Arica,
junto a la línea de la Concordia?
Muchísimas. Se ha reputado formulación políticamente equilibrada y
jurídicamente respetuosa la resolución de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) reunida en La Paz que, al
contemplar el "Acceso de Bolivia al Océano Pacífico", en octubre de
1979, declaró el interés hemisférico permanente en la solución de la
mediterraneidad de Bolivia a fin de consolidar una paz estable que
estimule el progreso económico y social del área afectada y recomendó
a los Estados a los que este problema concierne "más inmediatamente"
que iniciaran negociaciones encaminadas a dar a Bolivia "una conexión
libre y soberana con el Océano Pacífico".
De dicha resolución, sin embargo, no se puede inferir en modo alguno
que consagre una incitación a desconocer y contravenir tratados
internacionales.
Oportuno me parece recordar que el canciller Carlos García Bedoya, que
presidió la delegación del Perú a la Asamblea, no se limitó a expresar
el apoyo de nuestro país a tal resolución, habida cuenta de que el
Perú dio siempre muestras concretas de su voluntad política de
contribuir a una solución definitiva de la mediterraneidad boliviana
que sea garantía de paz, integración y desarrollo entre nuestras
naciones.
Nuestro inolvidable canciller subrayó igualmente con acierto que el
apoyo peruano a la búsqueda de una solución obedecía al "ineludible
acatamiento, llegado el caso, a claras disposiciones de un tratado
internacional". "Por ello -añadió nuestro canciller antes de la
votación de la resolución- pensamos que la recomendación que pudiera
hacer este organismo para la búsqueda de soluciones por los Estados
concernidos, sólo puede entenderse dentro del respeto a los tratados,
a los derechos y a los intereses de las partes involucradas".
¿Este apoyo fraterno, enmarcado en el respeto a los tratados vigentes
y atento a los derechos e intereses nacionales, significa, en el caso
del Perú, sumisión estricta al tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín del
3 de junio de 1929?
Naturalmente. Sujeción estricta al Tratado y a su inseparable
Protocolo Complementario de la misma fecha.
¿Qué derechos e intereses del Perú cabe destacar en el tratado y en el
protocolo mencionados?
Las servidumbres perpetuas y el derecho de veto del Perú en Arica que
restringen la soberanía de Chile y que contemplo en el Capítulo V de
mi libro Una Difícil Vecindad: los irrenunciables derechos del Perú en
Arica y los recusables acuerdos peruano-chilenos de 1985 que publicó
el año pasado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con un
brillante y valeroso prefacio de su rector el doctor Jorge Campos Rey
de Castro.
Un derecho recíproco de veto por parte del Perú y Chile en virtud del
cual, sin previo acuerdo entre sí, ninguno de los dos países puede
ceder a un tercero la totalidad o parte de los territorios que
quedaron bajo sus respectivas soberanías (artículo 1° del Protocolo);
y, restringiendo aún más las soberanías no absolutas del Perú y Chile
limitadas por el derecho de veto recíproco, un régimen de servidumbres
a perpetuidad tanto para el tránsito del ferrocarril de Tacna a Arica
cuanto para el uso en la bahía de Arica del malecón de atraque para
vapores de calado, del edificio para la agencia aduanera peruana y de
la estación terminal para el ferrocarril a Tacna, zonas en las que el
Perú, al igual que en los establecimientos que para el servicio del
Perú el gobierno de Chile debe construir, gozará de la independencia
propia del más amplio puerto libre (artículo 5° del Tratado, AUN
PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO) así como, en el ferrocarril de Tacna a
Arica, gozará del más absoluto libre tránsito de personas, mercaderías
y armamentos (artículo 2° del Protocolo).
En cuanto a las "servidumbres" es sabido que constituye hoy doctrina
incontrovertible que ellas son restricciones al dominio territorial,
voluntariamente aceptadas por un Estado mediante acuerdo
internacional, en favor de otro u otros Estados, y que las
"servidumbres" importan esencialmente una restricción de la capacidad
de acción ya que el Estado que las soporta sufre la limitación de su
derecho de independencia atendiendo a que la independencia supone la
omnipotencia estatal en el orden interno que comprende las facultades
de constitución, legislación y jurisdicción (soberanía); y, en el
externo, el ejercicio de derechos restringidos por las
correspondientes obligaciones (independencia).
En la idea de que la independencia de los Estados es una de las
piedras miliares del Derecho Internacional por lo que, en tanto que el
ejercicio de la soberanía no esté limitado por tratados
internacionales, no puede ser interferida en ninguna cuestión que sea
de la exclusiva jurisdicción interna de los Estados; es uniforme la
doctrina, dentro del planteo de un análisis integral del problema de
la soberanía territorial, que considera que las "servidumbres"
establecidas a favor del Estado dominante, y que por ende afectan al
Estado sirviente, implican para éste un recorte o limitación a su
derecho de soberanía en el Derecho Internacional Público moderno.
No es ahora del caso enumerar todo lo que significa que el Perú goce
conforme al Tratado de 1929 de servidumbres tan amplias en Arica. Sea
suficiente anotar al paso con el eminente internacionalista Alberto
Ulloa, que así lo sostiene magistralmente en Posición Internacional
del Perú, que el libre tránsito de fuerzas militares y armamentos, a
que el artículo 2° del Protocolo del Tratado se refiere, comporta, en
conformidad con las reglas habituales del Derecho Internacional, "la
exención de la jurisdicción local" pues "las fuerzas armadas,
representación típica de la soberanía del Estado a que pertenecen,
sólo pueden estar sometidas a las leyes de éste".
En Una Difícil Vecindad usted anota que en la sesión secreta del
Congreso de Chile en que el 25 de junio de 1929 se contempló la
aprobación del Tratado y su Protocolo Complementario hubo oposición de
un representante: ¿en qué se sustentó la impugnación de los acuerdos?
Es cierto. En Chile y Perú: Los Pactos de 1929 revela Conrado Ríos
Gallardo que el senador José Maza impugnó los acuerdos, en vibrante
discurso, porque "las servidumbres que se concedían al Perú
comprometían la soberanía".
¿Fue el único ataque al Tratado y a su Protocolo?
No. En Chile, después que fue derribado el gobierno del presidente
Ibáñez del Campo y antes que se intentara sustraer a Chile de las
obligaciones que contrajo en 1929 con el repudiado proyecto Polo-Rivas
Vicuña de 1934, Ernesto Barros Jarpa, canciller de la República
durante la gestión presidencial de su antecesor Arturo Alessandri, vio
en el Tratado del año 29 y su Protocolo Complementario el peligro de
que el despojo de Arica no fuera incondicional y perpetuo: en El
Diario Ilustrado de Santiago el 19 de agosto de 1931 vituperó Barros
Jarpa los Pactos de 1929, y dentro de éstos expresamente el artículo
1° del Protocolo Complementario, calificándolos de "DESASTRE" para
Chile porque primero, "en el artículo 1° del Protocolo Complementario
se entregó al criterio del Perú una posible solución de nuestras
diferencias con Bolivia al suscribir el compromiso, según el cual, sin
un acuerdo previo con el Gobierno de Lima, Chile no podrá entrar en
arreglos territoriales con la República del Altiplano"; segundo,
"porque reconoció al Perú el derecho de tener un puerto peruano
construido a costa de Chile dentro de la bahía de Arica (Art. 5° del
Tratado) quitando a dicho puerto chileno su valor comercial y su valor
estratégico"; tercero, "porque ese puerto peruano en Arica está
especialmente autorizado para internar armas y municiones y para ser
una estación naval (Art. 2° del Protocolo Complementario),
estipulación ésta que adquiere más fuerza en presencia de la
obligación impuesta a Chile de desartillar el Morro de Arica (Art. 3°
del Protocolo Complementario) por lo cual en el orden político el
Tratado debe resumirse así: cesión de Tacna al Perú e inutilización de
Arica para Chile".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, por su parte,
también arremetió, por Circular fechada en La Paz el 1 de agosto de
1929 e intitulada insólitamente "La reivindicación marítima de
Bolivia: reservas de su Cancillería al tratado chileno-peruano sobre
la soberanía de Tacna y Arica", contra la cláusula primera del
inseparable Protocolo Complementario del Tratado de Paz y Amistad
celebrado el 3 de junio de dicho año.
En su libro Una Difícil Vecindad usted ha citado al historiador
chileno Gonzalo Bulnes para quien el artículo 1° del Protocolo nació
como "la válvula de seguridad de la paz con el Perú": ¿por qué,
entonces, el desacuerdo con dicha cláusula fundamental no solo en
Bolivia y Chile sino en algún sector de la diplomacia peruana?
En cuanto al punto de vista de Bulnes no sé, con certidumbre de saber,
si el artículo 1° del Protocolo nació como "la válvula de seguridad de
la paz": no lo sé porque, aunque referida a otra cosa, a la
"eternidad" del hombre, recuerdo que Ortega y Gasset escribió alguna
vez no sólo que ser eterno no es perdurar, no es haber estado en el
pretérito, estar en el presente o seguir estando en el futuro sino
que, en cuanto a ella, el hombre tiene siempre que decirse a sí mismo
lo que aquél caballero borgoñón del siglo XV eligió como divisa: Rien
ne m'est sur que la chose incertaine: sólo me es segura la
inseguridad.
Lo que sí es evidente es que el desacuerdo a que se refiere su
pregunta se manifiesta, con mayor o menor intensidad, tanto en Chile y
Bolivia cuanto, aunque en expresión minúscula, en nuestro país.
En Chile porque, según palabras de Barros Jarpa, el Tratado de Lima y
su Protocolo Complementario "es el primer caso en la historia del
mundo en que un país entrega con mansedumbre, con humillación y sin
razón ni provecho alguno al vencido el fruto de su victoria" y "porque
subordinó la política internacional de Chile en el futuro al
comprometerse a no pactar con Bolivia sin el visto bueno de aquél
país".
En Bolivia porque, sobre la base del contradictorio aserto de que,
como consecuencia de la guerra, los territorios de Tacna y Arica
quedaron en posesión de Chile sin soberanía definida; y que, como
resultado de los Pactos de 1929, el Perú y Chile limitaron
recíprocamente sus soberanías, pactaron un condominio imperfecto en
dichos territorios e hicieron desaparecer el obstáculo de la
indivisión y de la falta de la indicada soberanía indefinida; debe
admitirse como natural la ilógica y aberrante consecuencia que Bolivia
readquirió la calidad de parte principal en la liquidación de la
contienda y la capacidad de hacer valer argumentos (?) "para resolver
su soberanía marítima por Arica".
En el Perú porque, al parecer, lamentablemente, no somos muchos los
que tenemos muy presente la patriótica advertencia de Alberto Ulloa
cuando examinó la idea que surgió en Bolivia de impulsar una tercería
que le asignara una nueva zona litoral que la repusiera a su condición
de país ribereño del océano y sirviera a su vez de separación
geográfica entre el Perú y Chile.
Estas fueron las palabras de Ulloa: "Resuelta la cuestión de Tacna y
Arica sin la participación de Bolivia, el interés y el juego de Chile
son y tienen que ser claros en el sentido de orientar hacia el Perú la
aspiración portuaria boliviana. Satisfacerla a costa nuestra
significaría vencer y debilitar nuevamente al Perú, émulo permanente
de Chile en el Sur del Pacífico; crear una separación abismal entre el
Perú y Bolivia por un tiempo cuya extensión estaría en razón directa
de tan monstruosa injusticia; crearle al Perú un nuevo competidor
político y económico, en mejores condiciones geográficas y
necesariamente subordinado o sometido a Chile, ya que no podría ser
amigo del Perú y ya que necesitaría apoyar en una amistad con aquél la
garantía de continuidad en una posesión írrita de la que el Perú haría
todos los esfuerzos posibles por expulsarla".
¿Alguna vez ostentó Bolivia soberanía marítima por Arica?
Nunca. Los únicos puertos que Bolivia tuvo en el Pacífico fueron, en
virtud del Decreto de Bolívar del 28 de diciembre de 1825, Tocopilla,
Cobija, Mejillones y Antofagasta.
Conviene recordar que, infructuosamente, Sucre le pidió a Bolívar, por
cartas que le envió el 27 de enero y el 28 de febrero de 1826 desde
Chuquisaca, que intercediera ante el Congreso del Perú para que le
cediera Arica a Bolivia a pesar de que, en muy clara exposición de su
política frente a las provincias altoperuanas, Bolívar le había
expresado por carta del 2 de febrero del año anterior: "Ni usted, ni
yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni de Colombia, podemos romper y
violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América".
Por ello -porque, según palabras de Bolívar, "los gobiernos
republicanos se fundan entre los límites de los antiguos virreinatos,
capitanías generales, o presidencias como las de Chile"- los pactos de
Federación y Límites que firmó el plenipotenciario colombiano Ignacio
Ortiz de Zevallos en Chuquisaca el 15 de noviembre de 1826 con el
ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia Facundo Infante y el
vocal de la Corte Suprema de Justicia Manuel María Urcullu, cediéndole
a Bolivia "el puerto de Arica, y los demás comprendidos desde el grado
18 hasta el 21 y todo el territorio perteneciente a la provincia de
Tacna y demás pueblos situados al Sur de esta línea, fueron rechazados
por el Consejo de Gobierno y por el Congreso del Perú que, por haberse
extralimitado Ortiz de Zevallos en el ejercicio de las atribuciones
que se le confirieron, no admitió "la desmembración de una parte
preciosa del Perú".
No es posible olvidar ni la nota de 18 de diciembre de 1826 suscrita
por José María Pando manifestándole al citado ministro
plenipotenciario del Perú en Bolivia "que no puede ocultarse que las
estipulaciones del tratado de límites son exclusivamente ventajosas
para Bolivia" y que "el gobierno no puede retrogradar en esta materia
sin faltar esencialmente a sus deberes y cargarse con una
responsabilidad muy grave". En su prólogo a La Misión Ortiz de
Zevallos en Bolivia recuerda Carlos Ortiz de Zevallos la carta que
Santa Cruz, presidente del Consejo de Gobierno, le escribió al general
La Fuente, prefecto de Arequipa, en la que en uno de los párrafos más
saltantes le dice: "...los bolivianos quieren Arica, y yo no quiero
ratificar los Tratados por no faltar al juramento que he hecho de
sostener a todo trance la integridad de la República... Yo no quiero
persuadirme que ningún Poder Ejecutivo puede desmembrar el territorio
cuya integridad he jurado sostener... Lo que digo a usted sobre los
Tratados es reservado; no quiero que el pobre Zevallos, que ha obrado
con celo y buena fe, sienta en público las tachas de sus
inadvertencias. Los chuquisaqueños le han engañado". En dicho prólogo
recuerda asimismo el recopilador que el 11 de agosto el canciller
Francisco Javier Mariátegui acusó a Ortiz de Zevallos de no haber
recibido autorización de "ceder" Arica a Bolivia y lo conminó a que
presentara los documentos que jamás lo autorizaron.
Tampoco es posible olvidar ni que la negativa peruana a cederle Arica
a Bolivia no fue vencida ni en los días de la Confederación ni cuando,
como anota Mario Barros en su Historia Diplomática de Chile, el
general José Ballivián, en 1847, después que el 31 de enero de 1842
Chile declaró de propiedad del Estado todas las covaderas que quedaban
al sur del paralelo 23, dijo que "creía que el guano era transitorio y
que la verdadera política de su patria era lograr, por medios
pacíficos o violentos, la posesión de la provincia peruana de Moquegua
cuyo puerto principal -Arica- estimaba como naturalmente boliviano".
Todo lo precedente aparece muy claro no sólo en Guano, Salitre y
Sangre de Roberto Querejazu Calvo sino, igualmente, en el Bosquejo de
la Historia de Bolivia y Chile y Bolivia definen sus fronteras: 1
842-1904
.
En el Bosquejo de la Historia de Bolivia sus autores Manuel Ordóñez
López y Luis Crespo, miembros de la Sociedad Geográfica de La Paz,
precisan los límites de la República cuando fue inconsultamente
segregado el Alto Perú y hacen notar que "las gestiones que hizo el
Libertador para obtener del Perú la cesión de los territorios de la
costa del Pacífico escollaron ante la oposición del general Andrés
Santa Cruz, que entonces desempeñaba la Presidencia del Consejo de
Ministros, encargado del Poder Ejecutivo de aquella República".
De Chile y Bolivia definen sus fronteras, publicada en Santiago en
1963 por quien como ministro de Relaciones Exteriores de Chile gestó
el Pacto Rada y Gamio-Figueroa Larraín de 1929, cabe recordar que en
su introducción, el autor, el siempre honorable y transparente
estadista chileno Conrado Ríos Gallardo, advierte que su propósito es
probar como Bolivia "habiendo nacido, como tantas otras naciones sin
el atributo del mar a sus pies, ambicionó salir al océano desconocido
para ella y en esta pugna hubo de chocar con sus limítrofes del
Pacífico" y que "una nación separada del mar por más de ciento setenta
leguas, recogida desde su origen detrás de las montañas, cuya vida se
había desarrollado en la alta meseta, con habitantes que desconocían
la existencia del océano, inició una disputa falaz". Esto es evidente
lucidez histórica y nada más.
Si el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre el Perú y Chile el 3 de
junio de 1929 y su Protocolo Complementario de la misma fecha deben
ser mantenidos y vigorizados para la defensa del territorio nacional y
la afirmación de la soberanía en todas las fronteras, ¿cómo se explica
el que algunos hagan causa común con los bolivianos que, para levantar
lo que llaman "el encierro boliviano", desafían la intangibilidad de
dicho Tratado y de tal Protocolo?
Tal vez por compartir inmeditadamente la amañada y amarga
argumentación de algunos bolivianos que, sobre el falso aserto de que
Arica no fue siempre del Perú y perteneció en el pasado a Bolivia,
sostienen maliciosamente que el artículo 1° del Protocolo fue un
"acuerdo secreto entre ambos países que significó la exclusión expresa
de Bolivia y el pacto más sibilino que pudo haberse concertado para
poner un fuerte cerrojo al enclaustramiento boliviano".
Sólo repulsa puede merecer el que se diga, como en manifiesta
contradicción con los hechos macizos que él mismo reconoce en el
capítulo "El Perú y la reintegración marítima de Bolivia" dice Jorge
Escobari Cusicanqui en su Historia Diplomática de Bolivia, que la
especie de "veto" que al amparo del artículo 1° del Protocolo pudiera
surgir de parte del Perú contra las posibilidades que en el futuro
pudiesen presentarse para dar salida a Bolivia a través del norte
chileno "alivia a los dos Estados del cargo de conciencia de haber
convenido entre ellos la asfixia de Bolivia" con el falso
justificativo de que "quien se opone es el otro...".
Este absurdo punto de vista, sostenido igualmente por Escobari
Cusicanqui en 1979 en El Derecho al Mar, movió al diplomático chileno
Osear Pinochet de la Barra a escribir en su libro ¿Puerto para
Bolivia: Centenaria negociación? que "el Protocolo Complementario de
1929 significó para Chile una voluntaria limitación de su soberanía
territorial en Arica en favor del Perú" y que era un hecho que la
proposición del corredor boliviano en las negociaciones
Bánzer-Pinochet de 1975-1978 "rompía la continuidad territorial entre
Tacna y Arica y podría afectar las servidumbres reconocidas al Perú
del 'más absoluto libre tránsito por territorio chileno', o del
'derecho más amplio de servidumbre' en relación al ferrocarril
Arica-Tacna, o del 'más amplio derecho de servidumbre a perpetuidad'
en lo relativo a los canales que van hacia Tacna, como lo dicen el
Tratado y el Protocolo de 1929. Es cierto -agrega el antiguo
funcionario del Ministerio de RR.EE. de Chile- que estas servidumbres
podían quedar convenientemente aseguradas pero, interponer una cuña
boliviana entre Chile y Perú, conservando, al mismo tiempo, la
'continuidad territorial' entre esos países, era algo así como la
cuadratura del círculo...".
Otra explicación del hecho a que se refiere la pregunta tal vez se
encuentre en el no percatarse de que, como lo ha demostrado Paulo
Schilling en su libro El expansionismo brasileño, que se sustenta en
Proyección continental del Brasil del entonces capitán Mario Travassos
y en la Geopolítica del Brasil del general Golbery do Couto e Silva,
Bolivia constituye la solución más fácil para la marcha al Pacífico
asegurando la presencia brasileña en Arica. Esto explica igualmente el
que Bolivia no haya logrado la apertura del puerto de Santos a sus
importaciones y exportaciones sin ningún costo financiero para el
Brasil. La causa de la negativa brasileña en ese caso parece ser
eminentemente política. La concesión de una salida boliviana al
Atlántico podría disminuir la presión de Bolivia sobre Arica.
Al respecto me viene a la memoria la notable colaboración a la revista
Marka en la que en enero de 1978 Pablo Macera planteó algunas
hipótesis sobre las relaciones del Perú con Chile, Bolivia y Brasil.
Si de Chile dijo que su ingreso al continente por la vía
Altiplano-Amazonía lo aproxima a Bolivia y lo distancia del Perú; de
Bolivia sostuvo que no es el "aliado natural del Perú" sino que por el
contrario, para llegar al Pacífico y controlar al Titicaca, puede
preferir el eje Brasil-Chile; y, en cuanto al gigante de la Hoya
Amazónica y de la Cuenca del Plata, se apoyó en las conversaciones
Geisel-Morales Bermúdez (precursoras de las conversaciones
Sarney-García), para expresar con fundada intencionalidad política que
Torre Tagle nos vendió la triste idea que nuestro "aliado natural" es
el Brasil.
¿Ha leído el 29 de octubre último en un diario local el editorial "¿La
derecha tiene otra salida: un pedazo de mar para Bolivia?"
Sí, desde todo punto de vista, deplorable. Reposa en el sofisma de
considerar que, siendo el gran escudo chileno para protegerse de las
legítimas aspiraciones bolivianas de una salida al mar sostener la
existencia de un "candado peruano", las declaraciones del presidente
Alan García, anunciando su disposición de que el Perú deje de ser el
escollo para la entrega a Bolivia de una salida al mar por Arica,
"estaría por privar a Chile de su recurso retórico".
Considero ofensivo y necio el calificar de "descaminados golpes de
pecho patrioteros entre la derecha de Lima" las legítimas expresiones
de protesta ante el pronunciamiento del presidente García en cuanto al
retorno de Bolivia al mar por territorios que son o que fueron
peruanos. Las reacciones peruanas adversas a esta infeliz declaración
no pueden ser calificadas ni de destempladas ni de sorprendentes.
Ultraja el sentimiento nacional, en efecto, que el palaciego
escribidor de la torpe nota editorial impuesta al aludido diario
afirme atrevida y provocadoramente que "al pedir una salida al mar por
Arica, Bolivia expresa una aspiración y no está negando validez a
ningún tratado"; que "a diferencia de Bolivia, Ecuador sí niega la
validez de un tratado, está reclamando territorios que nunca ocupó y
mantiene una exigencia que no puede ser considerada, como la
mediterraneidad, un límite al desarrollo"; que "no se entiende bien,
entonces, por dónde la derecha encuentra identidad entre los dos
asuntos"; y, finalmente, que disentir con la pretensión boliviana -que
acaba de ser replanteada en la OEA- es terminar "haciendo coro con la
protesta de un gobierno chileno que se ha quedado sin juego".
¿Qué objeciones le haría usted al editorial "un pedazo de mar para Bolivia"?
Varias. Al propiciar sibilinamente la revisión del Tratado del 3 de
junio de 1929 y su Protocolo Complementario entre el Perú y Chile no
sólo secunda sin tapujos la ofensiva del Ecuador contra el Protocolo
de Paz, Amistad y Límites suscrito en Río de Janeiro el 29 de enero de
1942, ofensiva sustentada al pretendido amparo de la fraguada copia
simple y sin firma del llamado "Protocolo Pedemonte-Mosquera" del 11
de agosto de 1830 que, en la vieja y honda disputa con nuestro vecino
del norte, ha quedado fehacientemente demostrado que no existió jamás
desde que, con argumentación demoledora, hizo pedazos en 1907 el
eminente jurista español Vicente Santamaría de Paredes en su obra
Estudio de la cuestión de límites entre las Repúblicas del Perú y
Ecuador. No existe ninguna diferencia sustancial entre el Ecuador
pretendiendo la margen izquierda del Marañón y ser ribereño del
Amazonas y Bolivia pretendiendo el norte de Arica.
Un corredor boliviano por Arica modificaría necesariamente las
estipulaciones del Tratado entre el Perú y Chile del 3 de junio de
1929 y, sobre esta base, desconocería su carácter definitivo y, al
revisarlo, faltaría al respeto de los pactos que, como indica Alberto
Wagner de Reyna en su Historia Diplomática del Perú, es uno de los
principios básicos del Derecho Internacional y un precepto obligatorio
de la legislación internacional recogido en la Carta de las Naciones
Unidas y en la Carta de los Estados Americanos.
Le hace el juego a Chile, con el pretexto de dejarlo fuera de él,
ocultando que son numerosos los precedentes que registran proyectados
acuerdos entre Bolivia y Chile en contra del Perú. Si Jorge Basadre,
el insigne historiador, señaló que hasta en seis oportunidades Chile
le ofreció su apoyo a Bolivia para apoderarse de Tacna y Arica a
cambio de determinadas concesiones; si el ministro Santa María le
escribió a Sotomayor que "cediendo a Bolivia Moquegua y Tacna...
habría un muro que nos defendería del Perú y nos dejaría tranquilos en
Tarapacá"; si el presidente Pinto le expresó a Altamirano el 24 de
julio de 1880 no solamente que "la posesión de Tarapacá sería más
segura para nosotros si ponemos a Bolivia entre el Perú y Chile" sino,
anticipatoriamente, que "al hacernos dueños del litoral boliviano será
preciso dar a Bolivia una salida al Pacífico"; Aniceto Arce, por su
parte, le pidió a Bolivia convertirse en la vanguardia de Chile para
garantizarle sus conquistas territoriales. Pasa por alto, olvidadizo,
el lacerante reto de El Mercurio de Santiago que el 8 de junio de
1926, con grandes caracteres, acuñó las siguientes frases: "Sólo los
hijos de los héroes son dignos de guardar los sepulcros de los
mártires. Esta es la voz de los chilenos que con su sangre
conquistaron Tacna y Arica".
Con el artificio malicioso de privar a Chile de su recurso retórico no
repara el advenedizo editorialista -émulo del ex canciller Allan
Wagner que suscribió con el ex ministro de Relaciones Exteriores de
Chile Jaime del Valle la vergonzosa Acta del 29 de noviembre de 1985
que en reproducción facsimilar aparece entre los anexos documentales
de mi libro Una Difícil Vecindad editado en 1988 por la Universidad de
San Marcos- en que permitir la cesión a Bolivia de un corredor por
Arica no sólo significa el triunfo de la decisión del gobierno de
Chile de no permitir ninguna cesión que pueda quebrar su continuidad
territorial y liberar a Chile del quemante problema del
enclaustramiento de Bolivia que ni directa ni indirectamente le es
imputable al Perú sino frustrar, o cuando menos enervar seriamente,
tanto el cumplimiento por Chile de las inejecutadas obligaciones que
contrajo a favor del Perú en el Tratado del año 29, como la de
construirle un malecón de atraque para naves de alto bordo, cuanto el
ejercicio por el Perú, en forma cabal, de sus derechos de servidumbre
a perpetuidad establecidos sobre Arica en el mismo Tratado que, en lo
fundamental, sucumbiría como consecuencia de tan infamante
claudicación.
Si, aparte de las servidumbres establecidas a perpetuidad en el
Tratado, la estipulación irrevocable del artículo 1° de su Protocolo
Complementario estuvo encaminada a impedir que la aspiración boliviana
se dirigiese contra el Perú y a darle a nuestro país un verdadero
poder decisorio sobre Arica, ¿habría que revisar el Tratado del año 29
entre el Perú y Chile para que la aspiración portuaria boliviana fuera
resuelta por el Perú a pesar de no existir para ello ninguna razón
histórica, moral ni jurídica?
Así es. En un enjundioso estudio que en 1976 hizo sobre el proyecto de
dividir el territorio de Arica entre el Perú y Bolivia, como forma de
terminar con la interdicción marítima de ésta, Manuel García Calderón,
vocal jubilado de la Corte Suprema de Justicia y ex catedrático de la
Universidad de San Marcos, acertó al señalar, con erudita precisión,
que la cesión a Bolivia de un corredor en Arica entrañaría una
"novación" sui géneris del Tratado de 1929 y de su Protocolo
Complementario por cuanto supondría modificar el régimen especial de
Arica establecido en forma definitiva por dicho instrumento
internacional. Como es sabido, explicaba el destacado jurista, para
que la novación surta sus efectos se requiere el consentimiento de las
partes como expresión de su voluntad de modificar la obligación
contraída, vale decir, el recíproco animus novandi.
Algo más dijo con razón el doctor García Calderón. La novación produce
un cambio en los elementos esenciales de la obligación preexistente,
aun cuando ese cambio no suponga la sustitución total de dicha
obligación. En el asunto del que se trata existiría novación puesto
que el cambio que se operase con la cesión de un corredor a Bolivia no
sólo alteraría sustancialmente la relación contractual vigente entre
Chile y el Perú sino que crearía un nuevo vínculo generador de
obligaciones entre Bolivia y el Perú extinguiendo, en parte, las que
ahora corresponden a Chile.
¿Qué otros efectos tendría la cesión?
La ruptura de la continuidad territorial entre Tacna y Arica y, en
palabras de Basadre, de la vecindad de las antiguas provincias
hermanas e históricamente inseparables en el espíritu.
En El corredor boliviano por Arica Basadre vio algo más. Después de
denunciar con patriótica valentía la "tendencia hacia las concesiones,
que no ha sido aislada en nuestra vida diplomática", hizo ver que con
un corredor remacharíamos la mediterraneidad de Tacna; que en "tierra,
mar y cielo surgirían frecuentes roces internacionales" y que
resultará inexacto que la fórmula colocará una cuña o barrera entre
los dos grandes adversarios de 1879, quedará cortado el armamentismo y
vendrá la paz.
Son para meditar profundamente las palabras que agrega a continuación
Basadre: "Leamos el libro de Pinochet, pesemos bien la tesis de
Ritter, que serán mencionados enseguida y llegaremos a la conclusión
de que el corredor no es garantía de paz permanente, digan lo que
digan tratados cuya celosa observancia en el transcurso de los años
futuros nada puede garantizar".
¿Se refirió el maestro Basadre al argumento Pinochet sobre la fácil
movilidad de los corredores marítimos estrechos y al argumento Ritter
sobre la necesidad de los litorales amplios?
Exactamente. Destaca Basadre lo que, en función del porvenir,
significa la tesis sostenida por el general Augusto Pinochet, en su
libro Geopolítica, en relación con los países que obtienen una muy
angosta faja de litoral entre otros dos Estados e, inevitablemente,
tratan de ampliarla. Menciona luego Basadre la invencible tendencia
que surgirá entre los bolivianos para ensanchar su salida al mar no
hacia el sur, donde tropezarían con el casco de la ciudad de Arica,
sino hacia el norte, al citar como prueba de tal tendencia lo
expresado en Lima por Federico Nielsen Reyes, autor de Volveremos a la
vecindad del mundo que hace algunos años propugnaba la salida al mar
de su país por Pisagua.
Articula finalmente Basadre -en su magistral documento sobre "El
corredor boliviano por Arica"- la propuesta del general Pinochet a la
doctrina del profesor de Geografía de la Universidad de Berlín Karl
Ritter (1779-1849) a quien Valerie Fifer, profesora de la misma
especialidad en la Universidad de Londres, cita en su libro Bolivia:
Lana, Location and Policies since 1825 editado en 1972 por Cambridge
University Press. Según Ritter, tan sólo un litoral extenso, es decir
proporcionalmente vasto en relación con las áreas del interior, puede
tener una efectiva significación en el desarrollo de un Estado víctima
del atraso. La accesibilidad marítima, siempre y cuando sea
considerable, dará los requisitos necesarios para el verdadero
florecimiento del comercio, la inmigración y otros avances. Sin
saberlo, prosigue Basadre en advertencia que debe calarse en toda su
inmensa gravedad, recogió el pensamiento de Ritter la misión chilena
de Emilio Bello Codesido que, en el Acta protocolizada del 10 de enero
de 1920, dejó establecido que su país estaba dispuesto a procurar un
corredor para Bolivia al norte de Arica y del ferrocarril a La Paz,
pero con una amplitud que llegaba hasta el río Sama, al norte de
Tacna.
Si cualquiera de estos días se actualizara el corredor Paz
Zamora-Pinochet con la aquiescencia de García Pérez como hace muy
pocos años estuvo a punto de convertirse en una realidad el angosto
corredor Bánzer-Pinochet no obstante que un cable de la agencia
Associated Press fechado en La Paz dio cuenta de un documento
presentado el 23 de diciembre de 1975 al presidente de Bolivia por una
comisión militar que consideró que "el corredor no significa ninguna
clase de pulmón para este país mediterráneo" y que de aceptar la
propuesta chilena la seguridad nacional se enfrentaría "a su más grave
peligro", cabría repetir con Basadre que "el riesgo infinito en la
propuesta de la misión Bello Codesido aparecerá inexorablemente en el
porvenir como un tentador fantasma".
¿Esta argumentación puede ser calificada de "derechista" habida cuenta
de que a la "izquierda" se le acusa de estar incapacitada para diseñar
una política exterior nacionalista que incluya la cuestión palpitante
de las fronteras?
Constituiría un profundo error. En América Latina el nacionalismo, el
antimperialismo y el socialismo no son incompatibles sino
convergentes, como lo remarcó José Carlos Mariátegui en su réplica a
Luis Alberto Sánchez el 11 de marzo de 1929 en Mundial. El
nacionalismo de las naciones europeas -donde nacionalismo y
conservatismo se identifican y consustancian- se propone fines
imperialistas. Es reaccionario y antisocialista. Pero el nacionalismo
de los pueblos coloniales -coloniales económicamente, aunque se
vanaglorien de su autonomía política— tiene un origen y un impulso
totalmente diversos. En estos pueblos, proclamó el Amauta, el
nacionalismo es revolucionario, y por ende, concluye en el socialismo.
En estos pueblos la idea de la nación no ha cumplido aún su
trayectoria ni ha agotado su misión histórica.
Como lo he señalado en "La cuestión de Tacna y Arica y la ficción que
los obreros no tienen patria", en que me ocupé de la forma en que la
Primera Conferencia Comunista Latinoamericana que se realizó en Buenos
Aires en junio de 1929 contempló el asunto de las cautivas provincias
peruanas al debatir sobre la lucha antiimperialista y los problemas de
táctica de los partidos comunistas; la patria no es sólo la finca
heredada de nuestros abuelos que debe ser defendida a la hora de la
invasión extranjera.
La patria no es el suelo que se pisa sino el suelo que se labra; que
se hace constantemente y se conserva tan solo por el trabajo y el
amor; que reposa en la convicción que la más alta manifestación de la
dignidad de un pueblo está en su espíritu nacionalista, que es la
condensación de su amor patrio.
Repetidamente he sostenido que el nacionalismo no es una cuestión
vinculada en la práctica con el partidarismo o con los intereses
sociales o económicos porque la patria es una unidad total, una
síntesis trascendente, un todo indivisible, al servicio de una unidad
irrevocable, con fines propios que cumplir por encima de las razas, de
las clases y de los partidos; la tumba de los padres de todos; que el
pueblo que descuida o abandona a su patria, aunque sepa morir, la
pierde; que la patria espera mejoramiento de cualquiera siempre que,
en verdad, se abrace a ella como a una cruz de ensueño y de martirio;
que el patriotismo es un deber, el deber de hacer humanidad, como
enseñó Ramón Pérez de Ayala, a través de la patria.
¿Qué debe ser cada peruano para cumplir el imperativo deber de honrar
al Perú y de resguardar y proteger los intereses nacionales?
Un centinela que, infatigable, nunca se releva.
¿Entienden así a la Patria quienes olvidan que, entre los deberes
primordiales del Estado, se encuentran por igual los de garantizar la
plena vigencia de los derechos humanos y defender la soberanía
nacional?
Lamentablemente, no. Este entender así la patria no lo comparten
quienes, con su hacer o su decir, dan aliento a las grandes
defecciones.
Si elogio merece el hombre que, en el arte de elegir la mejor
conducta, ni hace ni dice cualquier cosa sino que hace lo que hay que
hacer y dice lo que hay que decir, porque el decir es una especie del
hacer; censura sin atenuantes merece quien, no sabiendo actuar con
coraje en defensa del derecho nacional y capitulando en la custodia
del legado que nos dejaron los muertos por el Perú, parece querer que,
a los retrocesos y sinsabores crecientes de los últimos años, se
sumara una bancarrota de esperanzas y un abatimiento de los ardorosos
focos de peruanidad como si la patria no fuera sino un nombre vacío o
debiera quedar convertida en un altar abandonado.
Toda la razón asistió a Cicerón cuando, en el proceso a que lo sometió
el Senado, el gran tribuno de Roma no se limitó a negarle derechos
para reprocharle nada -porque no hizo más que cumplir con su deber y
denunciar la traición y a los traidores al Estado- sino hizo esta
histórica advertencia que recoge Taylor Cadwell en su libro La columna
de hierro: "Una nación puede sobrevivir a sus locos y hasta a sus
ambiciosos; pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro".
*Por la patria libre, la justicia social y la paz, Alfonso Benavides
Correa, 1993, pp. 159-177.
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