¿Degollina en Torre Tagle?

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
31-8-2007

¿Degollina en Torre Tagle?

Pocos días atrás, en documento enviado por fax, tomó conocimiento el
presidente de la CIDH en Washington de inminentes sucesos que habrían
de tener lugar en la Cancillería peruana. No sólo se los enuncia
inequívocamente:

"Más aún en el colmo de la audacia y de la desvergüenza se pretende
una vejación más, por el momento aparentemente detenida. Un nuevo cese
de funcionarios diplomáticos, apelándose a la reducción de las edades
para el retiro, proyecto que presentó el actual Presidente del
Congreso de la República. Con él se pretende perjudicar nuevamente a
algunos funcionarios, mientras a otros, los sinvergüenzas e inmorales
que fueron sindicados por la Comisión Especial de Alto Nivel, creada
por Resolución Ministerial No 0172-2002-RE, de 20 de febrero de 2002,
encargada de investigar el cese arbitrario y otros actos
inconstitucionales e ilegales cometidos en la década del
noventa, como "gestores, ejecutores y colaboradores del ilícito,
se les premia con importantes cargos en el extranjero."

Sino que sus aparentes fautores, son lo que se huelgan con frecuencia
de ser defensores de los derechos humanos y tienen aparatos mediáticos
con ese propósito creando o, más bien, fabricando imágenes que
pretenden barnizar de prohombres a indudables mediocres que nadie
entiende cómo son soportados en la Cancillería. No es que solamente,
como sostiene el autor de la larguísima carta al funcionario de la
CIDH, se atente contra el "querido y prestigioso Torre Tagle", así
llamadas por el embajador, por entendibles razones funcionales, pero
para el común de la ciudadanía, virtudes inexistentes o clandestinas,
sino que hay en ciernes, como él mismo sostiene, una razzia en camino,
una degollina, muy similar e infame como la ocurrida durante el
régimen delincuencial de Kenya Fujimori que también tendría el camino
mañoso de invitación "al retiro".

¿Qué dicen los mandamases, el titular, que de titular sólo tiene el
nombre, porque no manda nada, no ve nada, no entiende nada; el real
poder tras el trono cuyo único mérito consiste en haber pasado los 2
mts. de altura, mediocre entre los mediocres y autor de ningún libro o
producción intelectual de valía; o el embajador político, robusto y
gracioso que se desvive procurando demostrar en la OEA que en Perú se
vive una calma chicha y todo está sobre ruedas?

¿Se repite la historia? ¿se quiere tener una Cancillería llave en mano
y con los réprobos autores de mil y un trapacerías muy a salvo en las
embajadas en el exterior, como son los casos de Eduardo Ponce, Jorge
Voto-Bernales, Alfonso Rivero Monsalve, Jorge Valdez, acreditados
militantes del poder genuino que decide, guillotina, destroza y
trabaja como quintacolumna en contra del Perú y premiados por el
gobierno del señor Alan García Pérez?

¿A esta pandilla y socios coyunturales, ha entregado Perú la defensa
de sus límites marítimos, terrestres o aéreos o de cualquier índole?
¡Qué situación tan abominable frente a la que todos callan!

Leamos el siguiente documento:

Lima, 21 de agosto de 2007

Señor Doctor FLORENTIN MELÉNDEZ
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
Washington D.C 2006 - 4499
Estados Unidos de América.
Faxes: (202) 458-3992 y (202) 458-6215

Ref: Caso 11.277
Eduardo Carrillo H. y Otros

Honorable Señor Presidente:

Me es grato dirigirme a usted para expresarte mi más atento saludo, al
tiempo que me permito adjuntar al presente un breve resumen sobre
nuestro antiguo caso, con el fin de lograr su generosa y pronta
atención.

Como es de su conocimiento, el caso 11.277 fue iniciado en el año 1993
por los diplomáticos peruanos Eduardo Carlos Carrillo Hernández,
Ministro en el SDP, Amalia Wahibe Mariátegui Succar, Ministra en el
SDP y Rodolfo Hugo Castro Valcárcel, Segundo Secretario en el SDP;
quienes fuimos cesados del Servicio Diplomático de la República el 29
de diciembre de 1992, en forma ilegal, injusta y arbitraria por el
autoritario y corrupto gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, junto
con otros 114 colegas. No hubo fundamentación personal alguna para
dicho cese. Sólo difamaciones colectivas expresadas por el Primer
Mandatario.

Luego de interponer acciones de amparo o de garantía o tutela por la
violación de sus derechos constitucionales contra la estabilidad
laboral, el derecho de defensa y el honor, que duraron más de tres
años, Mariátegui Succar y Castro Valcárcel fueron al fin
reincorporados; algo que no ocurrió con Carrillo Hernández, que en ese
entonces desempeñaba el cargo de Sub Inspector General del Ministerio
de Relaciones Exteriores y llevaba a cabo junto con el Inspector
General una investigación que comprometía a importantes personajes de
la Institución, quien no sólo no fue reincorporado, sino que se le
volvió a cesar aplicándosele para ello una causal que legalmente no
era procedente. Debemos destacar que la Cancillería peruana, que ya
inicialmente había incurrido en la irregularidad de no resolver los
recursos de reconsideración interpuestos por sus funcionarios
afectados por el despido masivo, posteriormente mintió al Poder
Judicial alegando una falsa reincorporación del diplomático en
cuestión. La ansiada reincorporación al Servicio Diplomático de la
República recién fue posible para Carrillo Hernández-y la mayoría de
sus colegas, con el gobierno del Píesídente Alejandro Toledo Manrique,
el 09 de diciembre de 2001. Es decir 9 años después. Este caso fue
debidamente ilustrado por el prestigioso periodista César Hildebrandt
en su Programa de televisión "La Clave", cuyo video se encuentra en
poder de la Comisión Interamericana.

Los innumerables daños y perjuicios, tanto morales, de salud,
económicos y psicológicos ocasionados por la violación de nuestros
derechos humanos y constitucionales, durante estos largos e
interminables años a nosotros, a nuestros cónyuges y menores hijos y
por qué no decirlo, a nuestros padres y familiares cercanos fueron
motivo el 09 de junio del año 1993 de un severo Pronunciamiento
Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que sentenció
que las Acciones de Amparo de los tres funcionarios denunciantes se
encuentran justificadas en la Constitución Política del Estado y en la
Ley. Asimismo, la situación de Carrillo Hernández motivó el 25 de
octubre de 1999, un detallado Informe evacuado por la Comisión
Ejecutiva de Defensa de los Derechos Humanos del Ilustre Colegio de
Abogados de Lima, el que también fue remitido oportunamente a la
citada Comisión Interamericana.

A pesar que nuestros Derechos Humanos y Constitucionales, derechos que
fueron vulnerados por una corrupta dictadura cívico militar
fujimontesinista y que constituyen la materia de nuestra denuncia,
están garantizados por las leyes peruanas y por los pactos y convenios
internacionales que el Perú ha ratificado y que forman parte de su
legislación nacional, sin embargo, sólo el Gobierno del Presidente
Toledo Manrique- ei 22 de febrero de 2001, en la sede de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por intermedio de su
Ministro de Justicia, el doctor Diego García Sayán, contando con la
invalorable asistencia de nuestro Representante ante la Organización
de los Estados Americanos (OEA) en ese entonces, Embajador Manuel
Rodríguez Cuadros, tuvo el coraje necesario y el justo criterio de
considerar el Caso 11.277 como uno de los 165 casos en los cuales el
Estado peruano se comprometió a reconocer responsabilidad y a adoptar
medidas para restituir los derechos afectados y/o reparar el daño
causado.

Debe quedar como verdad meridiana, que una cosa es la reincorporación
que lograron unos antes que otros y que nos ha permitido continuar
nuestra abruptamente interrumpida carrera diplomática; en algún caso
como el del suscrito después de nueve años, con algunas promociones y
nombramientos al exterior; y otra, la reparación y moral que nos
corresponde por los severos daños ocasionados a nosotros y a nuestros
familiares más cercanos. Entre otros, complicaciones en la salud con
las atenciones médicas requeridas, el tener que emigrar al extranjero
con la familia para evitar represalias, con hijos menores en edad
escolar, contrayendo préstamos para afrontar nuestra precaria
situación económica, el sufragar costos de pasajes para venir al Perú
y hacer seguimiento de las acciones judiciales incoadas ante un Poder
Judicial cuestionado por la opinión pública, pagando además honorarios
de abogados y afrontando en general muchas penurias económicas y
malogrando nuestros promisorios Proyectos de vida. No resulta
admisible que después de todos estos atropellos y daños sufridos,
vuelvan en nuestros días acciones innobles y corruptas contra
nosotros, algunas hasta anecdóticas por lo torpe que son, léase
discriminación, ocultamiento de nombramientos; el aval ilegal de
anotaciones arbitrarias con desconocimiento de la persona afectada en
las Fojas de Servicios, etc. Más aún en el colmo de la audacia y de la
desvergüenza se pretende una vejación más, por el momento
aparentemente detenida. Un nuevo cese de funcionarios diplomáticos,
apelándose a la reducción de las edades para el retiro, proyecto que
presentó el actual Presidente del Congreso de la República. Con él se
pretende perjudicar nuevamente a algunos funcionarios, mientras a
otros, los sinvergüenzas e inmorales que fueron sindicados por la
Comisión Especial de Alto Nivel, creada por Resolución Ministerial No
0172-2002-RE, de 20 de febrero de 2002, encargada de investigar el
cese arbitrario y otros actos inconstitucionales e ilegales cometidos
en la década del noventa, como "gestores, ejecutores y
colaboradores del ilícito, se les premia con importantes cargos en el
extranjero.

Honorable Señor Presidente le ruego para una mejor ilustración
servirse revisar detenidamente las últimas comunicaciones nuestras,
cursadas a usted y al doctor Santiago Cantón, Director Ejecutivo de la
CIDH, de fechas 27 de diciembre de 2006 y 26 de abril, 22 de junio, 13
de julio, 01 de agosto y 15 de agosto de 2007.

Una vez más nos permitimos reiterar que los Derechos Humanos
constituyen la base de la Democracia y del Estado de Derecho y por la
tanto el actual Gobierno peruano no puede seguir eludiendo y
postergando con argucias y artimañas sus responsabilidades por los
hechos injustos, infamantes y vejatorios cometidos en 1992 por el
propio Estado con la complicidad de malos y corruptos funcionarios
diplomáticos, contra nosotros y nuestras familias. El Estado peruano
debe cumplir con los compromisos contraídos con la CIDH y proceder a
las respectivas reparaciones que nuestro caso amerita.

Que fácil resulta afirmar "Los Derechos Humanos son una Política de
Estado" y que difícil resulta, respaldar con hechos consecuentes y
transparentes la citada expresión. Qué lástima que en nuestro país
todavía siga pesando más la impunidad que la justicia. No se puede
permitirque un grupo corrupto de funcionarios diplomáticos,
oportunamente identificado; continué teniendo una situación de
privilegio en nuestro querido y prestigioso Torre Tagle.

Honorable señor Presidente, por el bien del Perú y por la imagen de
tan importante y respetada Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que usted tan dignamente preside, exigimos que se nos haga
justicia de verdad y que no se dilaten más nuestras justas
reclamaciones. Acabemos con el mal ejemplo de impunidad e injusticia
que se da principalmente a nuestra juventud.

Muy atentamente,

Eduardo Carlos Carrillo Hernández
Con copia al señor Director Ejecutivo de la Comisión, doctor Santiago Cantón."