From: <luissalgadot@aol.com>
Date: 2013/1/25
Subject: Dec. pública: Luis Alberto Salgado, respuesta a Del Castillo
Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
23-1-2013
Carta abierta a presidente de ANR
http://www.voltairenet.org/article177222.html?var_mode=recalcul
Señor
Orlando Velásquez Benítez
Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores-ANR
San Borja
De mi consideración:
En oportunidad de saludarle cordialmente y con el propósito constructivo de aportar al éxito de su liderazgo en la presidencia de la ANR, pongo a su disposición textos periodísticos publicados en los últimos años y días que subrayan hechos polémicos y discutibles en la confección de diplomas para los estudiantes graduandos y cuya responsabilidad está a cargo de la entidad que dirige.
Días atrás se presentó a la licitación convocada por la ANR y por 200 mil diplomas, una sola postora, la firma Evident S.A. y he hecho serios reparos de manera pública a lo que esta empresa estaría por proveer a la ANR. Estos argumentos en forma de artículos periodísticos fueron, en su oportunidad, de conocimiento de la ANR, de las sucesivas representaciones congresales y de la opinión pública. Y son:
-Evident S.A. habría importado un material sintético al que llaman Polyart y que no reuniría las condiciones específicas por ustedes estipuladas en las bases y que entonces configuraría un equívoco o timo. Hasta hoy no se sabe o se conoce la certificación del papel para los diplomas de la firma Evident S.A.
-Preciso es mencionar que siendo Evident S.A. el postor, esta misma empresa debería realizar la importación y no utilizar a otras firmas para ese propósito como sería el caso de Corporación Sealers en la licitación anterior, también por 200,000 diplomas.
-Tengo pleno conocimiento documentario que la empresa francesa Arjowiggins, única fabricante del material sintético polyart en el mundo, ha certificado que NO ha vendido a Evident S.A. el material solicitado en las especificaciones técnicas de la licitación convocada y que son las mismas de los últimos procesos planteados por ANR.
-Además de haberse usado este material sintético recientemente importado por Corporación Sealers S.A. vinculada a Evident S.A. y para la confección de 200 mil diplomas de la licitación anterior, se desprende inequívocamente de los documentos aduaneros, que su precio no corresponde al que fabrica la empresa francesa, aún a pesar que se subraya que no han habido intermediarios para esta importación. Es fundamental informar cómo es que el Laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería certificó el cumplimiento de los detalles especificados en la licitación de la ANR. ¿Se cumplieron cabalmente los requerimientos o se pasaron por alto algunos detalles?
-No resulta difícil y es sencillo, para comprobar la autenticidad del material, solicitar al postor que presente carta del fabricante con el detalle de las especificaciones técnicas y la factura y documentos de importación que sustenten el cabal cumplimiento de lo requerido. Más aún:
para una total transparencia se debería solicitar a una empresa certificadora como SGS, Bureau Veritas u otra, que informen acerca de si las empresas que participan tienen la infraestructura mínima requerida para imprimir documentos de seguridad como los diplomas y así evitar falsificaciones masivas. Esto último lo demandan varias entidades del Estado.
-Interesante sería conocer si los mismos funcionarios de la ANR han visitado las instalaciones de las empresas postoras con el fin de cerciorarse in situ si están en capacidad de imprimir estos importantes documentos.
-ANR habla que el proveedor debería cumplir en 45 días con surtir de diplomas a su representada pero, averiguando detalles, he logrado establecer que son más de 120-180 los días que tarda la fábrica francesa en producir el material sintético. ¿Sabían los de Evident S.A.-Corporación Sealers, con anticipación sorprendente, que ellos iban a hacerse ganadoras de esta licitación?
-De producirse una investigación institucional y a nivel del Estado de estas contradicciones aparentes y se comprobara que el material sintético no es el adecuado ni el precisado en las bases de la licitación de diplomas, entonces, es posible que el descrédito afecte a su representada, la ANR, por no haber exigido exhaustivamente el cumplimiento de sus requerimientos y detalles puntuales.
-Acaso, antes que esto signifique daño a la imagen de la seriedad de una institución como la ANR que usted preside, señor Velásquez, convenga examinar con mayor prolijidad los detalles que pongo a su disposición y con documentos aduaneros imbatibles en su verdad administrativa.
Mi conciencia periodística y en aras de colaborar con la ANR y las decenas de miles de estudiantes que culminan sus clases y obtienen sus títulos profesionales, ordena que procuremos todos los esfuerzos en bien del país y, por tanto, copio los textos alusivos en un CD y los entrego a usted para su lectura y acción.
El país agradecería muy mucho que la ANR mirara con más detalle este proceso de licitación y, no sólo eso, que adoptara las medidas correctivas más enérgicas y científicas. De no reflexionarse bien el asunto, podríase estar ante el pórtico de una engorrosa circunstancia que pondría entre paréntesis muchas honras bien ganadas.
Por lo antedicho, me reafirmo en los conceptos de los textos periodísticos y me reitero de usted atentamente.
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-ANR-Evident-Sealers: juntos, muy juntos
http://www.voltairenet.org/article177089.html?var_mode=calcul
Exprocurador lo emplaza a que tenga la valentía de expresar cuáles son sus intenciones. "
Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
22-1-2013
¿Obedecerá Ocrospoma al Ministerio Público?
http://www.voltairenet.org/article177209.html?var_mode=calcul
El Ministerio Público mediante Oficio No. 263-2012-FEMA-MP-FN de fecha 4 de los corrientes le dice en el párrafo más importante de su comunicación al alcalde de Jesús María Enrique Ocrospoma, lo siguiente:
"Asimismo, se abstenga de realizar obras o reducción del área verde del Parque Los Próceres de la Independencia mientras se concluya la presente investigación." Muy bien, ahora cabe la pregunta, por pertinente ¿acatará la indicación el señor Ocrospoma?
A continuación reproducimos el texto literal del documento:
Lima, 04 de enero de 2013
Oficio NO. 263-2012-FEMA-MP-FN
Señor
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA
Palacio Municipal Av. Mariátegui No. 850, Jesús María
Presente.-
Ref. Informe No. 351-2012-MML/GSC-SMA/DCAAV
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y asimismo SOLICITARLE una AMPLIACIÓN de la información remitida mediante Oficio No. 230-2012-MDJM/PPM, precisando:
a) El dispositivo legal municipal (ordenanza municipal, acuerdo de concejo, entre otros) que autoriza la reducción de área verde y la ejecución de obras en dicho parque.
b) El expediente técnico respectivo o el procedimiento legal establecido para dichas obras presentado ante la entidad competente.
c) El inventario de las especies forestales antes y después de la realización de las obras que cuenta el Parque Los Próceres.
Asimismo, se abstenga de realizar obras o reducción del área verde del Parque Los Próceres de la Independencia mientras se concluya la presente investigación.
Hago propicia la oportunidad para expresar a usted, los sentimientos de mi consideración.
Atentamente.
Prevaricato y encubrimiento agravado de jueza Guillén Ledesma
por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com
http://www.voltairenet.org/article177184.html?var_mode=calcul
21-1-2013
La destinataria de esta nota, María Eugenia Guillén Ledesma, quien ejerce la judicatura en Villa María del Triunfo, fue mi alumna en la Universidad Villarreal; ergo, confío que no esté basando su accionar impersecuto, infringiendo el derecho, en un prejuicio que opone al profesor no aprista, ni apristón. Para mí, es el único caso de docencia-dicencia antinómica.
Se considera que un magistrado comete delito de prevaricato cuando, actuando como juzgador en un caso dado, dicta una resolución contraria al texto expreso y claro de la ley, cita pruebas inexistentes o hechos falsos, se apoya en leyes supuestas o derogadas, tal como lo prescribe el Artículo 418° del Código Penal. Basta uno solo de estos supuestos para la consumación y no interesa su larvada o elefantiásica motivación para fines típicos; tampoco es fácil que los motivos (coima, prejuicio, venganza, etc.) sean ubicados, vistos, definidos y escrutados, pues aún no existe telescopio para llegar y hurgar en ellos.
Igualmente, consuma el ilícito denominado encubrimiento personal, que se agrava por ser el autor el que se encarga de la investigación del delito, el juez que sustrae a una persona, quien fuere, de la persecución penal, de la ejecución de una pena o de cualquier medida ordenada por la justicia. También, un solo supuesto lo consuma y agota. El tipo penal lo prevé el Artículo 404° del Código Penal y castiga al que con dolo encubre, favoreciendo por algo atípico al autor de un ilícito, sustrayéndolo de la persecución estatal que corresponde.
Por el momento, voy a glosar el hecho falso prevaricador, señalándolo en forma previa. La jueza en cuestión señala en su Resolución N° Catorce de 21-11-2012 (Exp. N° 668-2012): “a fojas 733 corre una notificación dirigida al procesado, la cual ha sido recibida por éste y no ha sido objeto de cuestionamiento alguno, en la que se aprecia que el domicilio del recurrente está hecho de madera tanto al lado izquierdo como al derecho”. ¡La verdad monda y lironda: ninguna de las dos puertas, ni partecillas de ellas, menos la fachada del inmenso domicilio-negocio del procesado, son de madera, sino de fierro!
La falsedad reside en afirmar que la “notificación…ha sido recibida por éste” (el procesado Jesús Idomil Mejía Tapia), lo cual no es cierto, él no ha recibido tal cédula, ni persona alguna por él (como residencia-negocio siempre está abierto al público), tampoco existe cargo alguno firmado de su recepción; por ende, no ha podido cuestionar lo no recibido. Peor aún, basarse la jueza en tal hecho falso y resolver, en virtud de solo eso, que las notificaciones de Fojas 762 y 768 son válidas, cuando igualmente son falsas. Vean y comparen las fotografías a colores que adjunto.
El propio sello cuadrado que aparece en el reverso de fojas 733, marca “Nadie en casa” y es el que consigna los colores y características falsas que el inmueble carece, ni tuvo, diferentes de los datos que figuran en las de Fojas 762 y 768. En las tres notificaciones se anotan para la fachada colores diversos: “blanco”, “celeste”, “verde”, “mostaza”, “tarrajeo”, siendo lo real que toda ella, de tres pisos, es de mayólica color marfil, el 100%. ¿Es posible confundir el color marfil con el torpe mejunje de verde, celeste o mostaza? Sin embargo, esta jueza las toma, ¡a las tres!, sin constatación alguna, sin abrir un incidente a prueba, como verdaderas siendo asaz disímiles y enteramente falsas. ¡La burda falsedad fluye del propio texto de las tres, a simple vista sin miopía ni maldad y sin recurrir a peritaje alguno!
En las puertas de domicilio de mi cliente, donde a su vez funciona la botica METAFARMA, nada está “hecho de madera”, ni en el lado derecho como izquierdo, tampoco en el centro. Las dos únicas puertas que tiene el inmueble son completamente de fierro con más de 10 años de antigüedad, cuyo material enrollable, de una, no existe ahora en el mercado.
La jueza Guillén Ledesma en cuestión, dando muestras palmarias de dolo y parcialidad, afirma textualmente en su citada Resolución Catorce: “Habiendo sido válidamente notificado con la resolución que citaba a las diligencias antes mencionadas, no resultando justificada su inasistencia: IMPROCEDENTE su pedido”. ¡Es decir, citó un hecho falso para resolver esta barbaridad, que genera indefensión, al no estar presente e interrogando en dos preventivas cuya realización no fue notificada!
Sin parcialidad alguna, con sensata sindéresis jurídica y prudente circunspección, no se podría aseverar y perjudicar el derecho humano a la defensa que las notificaciones de Fojas 733, 762 y 768, son válidas. Cualquier mortal puede cotejar las fotografías que acompañamos y concluir su falsedad; menos la jueza de marras, por supuesto.
También le hemos pedido que denuncie penalmente al falsario notificador y se ha negado a ello, lo protege y encubre así. En las tres notificaciones burdamente falsas, de Fojas 733,762 y 768, aparece como que hubieran sido hechas por la misma torpe persona, José Asto Huamán P.; empero, las firmas del mismo supuesto notificador difieren también.
Contra la aludida María Eugenia Guillén Ledesma, formularemos denuncia penal por ambos delitos; queja de hecho ante OCMA, por inconducta funcional de naturaleza muy grave; y, de ser el caso, se plantearía formal recusación por existir fundados motivos evidentes para dudar de su imparcialidad.
Si la gozaran actuar en el trámite de una diligencia judicial colegirían conmigo: ¡calza como cabal anillo al dedo con la reprochable figura del clásico judex suspectus!
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-Jueza Guillén Ledesma encubre burda falsedad
http://www.voltairenet.org/article177100.html?var_mode=recalcul
El Tratado de Ancón de 1883
por Félix Calderón Urtecho
http://perusupropiarespuesta.com/el-tratado-de-ancon-de-1883/
27-5-2007
En esta oportunidad, no es intención de quien esto escribe recordar, por enésima vez, lo que todo peruano que se precie de tal debería tener por sabido; sino, de dar a conocer a la opinión pública nacional algunos episodios virtualmente inéditos de aquellos infaustos momentos que rodearon la conclusión del Tratado de Ancón, la noche del 20 de octubre de 1883. Para comenzar, es bueno puntualizar que la guerra que acometió Chile contra el Perú fue una guerra de conquista, y no hay por qué recurrir a subterfugios o eufemismos para soterrar este baldón que golpea a diario la relación vecinal. Aparte que no fue una simple coincidencia encargar a Inglaterra la construcción de dos modernos acorazados entre 1874 y 1875, durante la sesión secreta extraordinaria del Congreso chileno de 2 de abril de 1879, se dejó constancia en actas que los “preparativos para la guerra fueron organizados con mucha anticipación”de suerte tal que se tenía la certeza de la superioridad de su marina frente a la peruana “en un estado lastimoso de abandono.” Afirmación concordante con lo que señaló el Ministro de Estados Unidos en Santiago en un oficio fechado el 22 de julio de 1881: “(…) Durante años se han ocupado de acumular á costa de grandes desembolsos todos los elementos que juzgaban necesarios para aquella contingencia. Millares de dollars (sic), que debieron dedicarse al adelanto material del país, se han gastado en la adquisición de blindados y de poderosa artillería, todo en previsión de una guerra que parecía inevitable.” (Alejandro Garland: Los conflictos sudamericanos en relación con los Estados Unidos.- Bogotá.- Imprenta de la Luz, 1901).
En segundo lugar, es de suma importancia subrayar que si bien, en un primer momento, Estados Unidos sobre todo bajo el noble liderazgo del malogrado presidente James A. Garfield, intentó una mediación para imponer la paz, excluyendo la cuestión de cesión de territorio como condición previa, lo cierto es que al final, fracasado el tercer intento en 1883, el espíritu de la doctrina Monroe terminó, desgraciadamente, por perjudicar de manera directa al Perú, no solo por rechazar tempranamente la intervención de Francia que proponía una acción conjunta con las potencias europeas (oficio de 5 de setiembre de 1881); sino porque la exitosa mediación estadounidense en el litigio fronterizo argentino-chileno al iniciarse la guerra de conquista, le brindó a Chile el respiro indispensable que necesitaba para conjurar el peligro de una guerra con Argentina, pudiendo así destinar la totalidad de sus fuerzas a la invasión del territorio peruano. (Ibid.).
En tercer lugar, se ha refundido en el recuerdo o se calla que los elementos esenciales del Tratado de Ancón, en particular los contenidos en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9° y 10°, fueron literalmente impuestos por los chilenos al general Miguel Iglesias, en el virtual compromiso de sometimiento a la voluntad del invasor que suscribiera el 10 de mayo de 1883, meses antes de la renuncia del presidente interino contralmirante Montero, producida recién el 25 de octubre de ese año. Es verdad que en el Perú, por esos días, no predominaban los partidarios de la guerra ni tampoco los promotores de la paz; por cuanto, cundía más bien el “desaliento, incredulidad (y) casi indiferencia por la suerte del país.” Pero, allí está el testimonio devastador que dejó Iglesias para la posteridad: “Me comprometo formal y solemnemente á suscribir con la República de Chile un tratado de paz, tan luego como el Ministro Plenipotenciario de ese país me reconozca á nombre de su Gobierno como Presidente del Perú, bajo las siguientes condiciones (sic).” Y lo irónico reside en que, en lo sustancial, lo aceptado por Iglesias fue casi lo mismo que lo propuesto inicial y altivamente por el negociador chileno E. Altamirano, el 22 de octubre de 1880, a bordo del buque estadounidense “Lackawanna.”
Corresponde, por cierto, hoy a los peruanos juzgar objetivamente ese acto de sumisión con todas las consecuencias que ello acarreó, junto con el testimonio que dejó M. N. Valcárcel en representación de Montero, en la comunicación que le remitiera al Ministro del Perú en Bolivia Manuel María del Valle, el 26 de setiembre de 1883. “(…) Ese estado de cosas ha durado ya un año, i viendo el Gobierno de Chile que su obra corría el peligro de inmediata destrucción, porque no tenía apoyo en la voluntad nacional, ha hecho con el jefe peruano sublevado en el Norte el pacto más extraño que rejistrará (sic) la historia, acerca del cual declara el plenipotenciario chileno, en una carta a los señores Lavalle y Castro Zaldívar (representantes de Iglesias), que las bases acordadas servirán para el tratado ‘cuando el general Iglesias constituya un gobierno que sea reconocido por Chile.” Testimonio corroborado por el propio Castro Zaldívar en su Memoria al Supremo Gobierno (Imprenta de la Tribuna.- Lima, 1883), y consistente con lo revelado por el sanguinario general Linch en la exultante comunicación que le cursara al Ministro chileno en Washington, tras la derrota del ejército peruano en la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883: “Iglesias es dueño de la situación.” Igualmente, coherente con el comentario provocador que le hiciera el entonces canciller chileno Conrado Ríos Gallardo al Embajador peruano en Santiago César Elguera, el 10 de mayo de 1929, y que éste no tardó en informar al Presidente Leguía: “Agregó el ministro que no obstante que esta cláusula irroga a Chile el perjuicio de la respetable suma de treinta millones de pesos, lo consideraba un daño meramente nominal, porque el crédito a que se refiere la disposición adoptada, fue el del sostenimiento del Gobierno de Iglesias (sic) que representó una obligación moral (sic) para Chile, que en ningún caso habría cobrado esa cantidad…no existiendo en el archivo del Ministerio que está a su cargo ni vestigio de que se hubiera gestionado nada sobre el particular.” (El Tratado de 1929. La otra historia.- Fondo Editorial del Congreso del Perú.- Lima, 2000).
En cuarto lugar, tampoco debería soslayarse sin mayor análisis lo revelado por el primer canciller de Iglesias, E. Larrabure y Unánue en el oficio que remitiera a la Asamblea Nacional el 1 de marzo de 1884, solicitando la aprobación del Tratado de Ancón y del protocolo complementario: “La Asamblea, compuesta de ciudadanos de toda la República, conoce ya el Tratado: su necesidad responde á la situación actual, estando aun ocupado militarmente una parte del territorio nacional por fuerzas extrañas; su historia es la historia de la guerra, desde Pisagua hasta los actos de presión ejercidos ayer (sic) en varios departamentos y la ruina de numerosas poblaciones (…).” Dicho de otra manera, los términos del tratado fueron impuestos a un obsecuente Iglesias en circunstancias que el territorio peruano seguía militarmente ocupado, se ejerció presión sobre un pueblo vejado para apurar la ratificación por el Asamblea Constituyente peruana y, por sí esto no fuera suficiente, se buscó legalizar la presencia del ejército de ocupación chileno, mediante el protocolo complementario, “en aquella parte del territorio del Perú que el General en Jefe lo estime necesario (sic)”, corriendo su mantenimiento por cuenta del Perú. De esta manera se configuró una situación inusualmente arbitraria, abusiva y violatoria del derecho internacional de la época.
Por último, sin ser exhaustivos, no se descarta que el negociador chileno del Tratado de Ancón, Jovino Novoa haya sido honesto cuando manifestó a los negociadores peruanos Lavalle y Castro Zaldívar, que la razón de ser de la cláusula que le permitía a Chile retener durante diez años, las provincias de Tacna y Arica, obedecía a la necesidad de contar con una garantía de pleno respeto por parte del Perú a dicho tratado en vista de la inestabilidad política de sus gobiernos. Y decimos así, pues el mismo Larrabure y Unánue confirmó el 7 de marzo de 1900 esa percepción, por lo demás corroborada contrario sensu por el condenable proceso de chilenización de las provincias cautivas que sólo comenzó seis años después de haberse vencido el plazo en 1894. Es decir, las intenciones mutaron con el tiempo.
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- http://www.voltairenet.org/article177170.html?var_mode=calcul
¿Qué ocurre con la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país?
Por Modesto Montoya
Presidente de la Academia Nuclear del Perú

Para ordenar la caótica normativa laboral, disuasiva para los investigadores, la SOPECYT propuso la creación de la Ley de Carrera del Investigador Científico y Tecnológico. En enero del 2011, Ollanta Humala, candidato a la Presidencia de la República del Perú, ante los participantes del Encuentro Científico Internacional, ofreció llevar a cabo esas propuestas. ¿Qué ha pasado en sus 16 meses de Gobierno que empezó en julio del 2011?
El Gobierno del presidente Humala nombró una comisión consultiva para que realice un diagnóstico y proponga las políticas que impulsen la ciencia, la tecnología y la innovación en el país. El informe final, presentado por la ministra de Educación ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, concluye que el llamado Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT) es, en realidad, un conjunto desarticulado de universidades e instituciones que no tiene ni mandatos ni funciones claras, y que tampoco cuenta con mecanismos de coordinación vertical y horizontal. Por el con! trario, tiene una deficiente estructura de gobernanza, y una intrincada y confusa arquitectura institucional. Sin liderazgo, burocratizado, débil, disperso e inviable.
Entre otros aspectos, cada institución —de manera independiente— tiene su propio reglamento de evaluación de investigadores, el que, en la mayoría de los casos, desincentiva la investigación y conduce a la burocratización. Peor aún: cada año, por no haber ley de carrera del investigador, la Ley del Presupuesto prohíbe incorporar investigadores capaces, o incentivar con ascensos a los que producen más en los organismos de investigación. Como resultado de ello, los investigadores peruanos se van del país. Quedan solo 1.090, mientras que Colombia tiene 11.000, Chile cuenta con 17.000 y Brasil con 135.000.
Por otro lado, los recursos económicos están dispersos en pequeños fondos. Además, se tiene rec ursos provenientes del canon minero con más de mil millones de soles destinados a la investigación en las universidades estatales, los que están bloqueados por normas que impiden incorporar investigadores capaces de usarlos.
Para ordenar ese caos y elevar el nivel de las decisiones políticas sobre ciencia y tecnología, la comisión consultiva propone la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI). Un ministerio tiene los poderes necesarios para establecer políticas y conseguir los recursos para ponerlas en práctica, con voz y voto en el Consejo de Ministros, en el seno del cual se deciden políticas y presupuestos para ejecutarlos; tiene capacidad de convocatoria ante los agentes activos del sector estatal, sector empresarial y sociedad civil, con los que pueden definir políticas consensuadas; tiene iniciativa de gasto como para proponer, al Congreso de la República, normas que conlleven modificaciones p! resupuestales.
Cada año, la Ley del Presupuesto prohíbe incorporar investigadores capaces, o incentivar con ascensos a los que producen más. Como resultado de ello, los investigadores peruanos se van del país. Quedan solo 1.090, mientras que Colombia tiene 11.000, Chile cuenta con 17.000 y Brasil con 135.000.
Beca 18 y desempleo 25
El mundo ofrece innumerables becas para estudiar en el extranjero. Basta con que un joven muestre capacidad y se lo llevan sin costo para el Perú. Así, por facilidad del idioma, Brasil se ha convertido en el mayor enganchador de talentos peruanos. Apenas graduados, bandadas de profesionales parten a Brasil, dan un examen relativamente fácil y ganan becas para estudiar en las mejores universidades brasileñas, que están entre las mejores del mundo. Con una buena educación primaria y secundaria, mayor será el número de becados por potencias ex tranjeras.
No hay escasez de becas ni de talentos, pero sí un rechazo a los que regresan. Cuando quieren volver, el Estado les cierra las puertas, las empresas privadas no los quieren. Entonces se van por donde vinieron y logran posicionarse en el ámbito internacional de la ciencia y la tecnología. Como la política peruana no ha cambiado, las becas 18 se convertirán en una subvención a los países desarrollados, que acogerán a los profesionales repelidos por el Perú que les facilitó la beca.
Concreto, casi nadaNo se hecho casi nada en política en ciencia, tecnología e innovación. Ésa es la opinión generalizada de empresarios, académicos y políticos que participaron en la CADE 2012 de Arequipa (ver www.cienciaperu.tv). Ni el Estado ni la empresa han iniciado algo serio y coherente. Las prioridades son básicas. Se trata de atacar la inequidad, la pobreza, la corrupción y la violencia delincuencial. Lo claro es que en Suecia y Finlandia no conocen esas lacras sociales porque con tiempo llevaron a cabo políticas para impulsar la educación, la ciencia y la tecnología.
No comprendemos la tesis elemental de que con conocimiento científico y tecnológico mejoraremos la vida de los peruanos, con buenos empleos, con creatividad, con salud y con capacidad para conseguir estudiar en cualquier parte del mundo, con beca o sin ella, pero sobre todo con ganas de regresas, sabiendo que las puertas para ellos estarán abiertas en el Perú.
Solo con plata no se impulsará la innovación
En la pasada década, México y España quintuplicaron su presupuesto dedicado a la ciencia y la tecnología, pero sin nuevas políticas. Los resultados fueron casi nulos. El número de patentes (el indicador más usado en el mundo para medir el estado de la innovación) no aumentó. Los analistas internacionales reconocen que la plata no sirvió de mucho para que esos países impulsen la innovación. Todos saben que antes de invertir en un sistema cualquiera (sea empresarial, educativo, cultural u otro) hay que organizarlo y prepararlo para que la inversión sea rentable.
En el Perú, el Gobierno, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la comisión que formó, anuncia que el próximo año se tendrá más y siempre dispersos fondos para innovación. En realidad, en conferencia de prensa, al mencionar un nuevo fondo, el Ministro de Economía y Finanzas declaró que no había leído el informe de la mencionada comisión consultiva.
En el ámbito internacional, el Banco Mundial publicó el libro Políticas de innovación: Una guía para países en desarrollo, en el que, grosso modo, define como innovación el comprar equipos del exterior y darles buen uso. Entre las recomendaciones de los expertos que escribieron ese libro está la de no crear un ministerio. Basta con una oficina especializada en la Presidencia del Consejo de Ministros. La decisión del Gobierno del Perú coincide con la propuesta de los expertos que redactaron ese libro.
A pesar de que los fondos aumentan, cada año recibimos la noticia según la cual seguimos perdiendo puntos en las tablas internacionales de rendimiento en innovación, y que es menor el componente de alta tecnología en nuestros productos de exportación. Sobre ese sistema, tememos que los recursos que se anuncian para el próximo año servirán solo para mostrar, con mayor claridad, la inoperatividad del sistema. Será funesto que se frustre más a las generaciones de científicos e ingenieros que han demostrado su capacidad y que regresan al país y no encuentran sitio para investigar e innovar. Para ello serán necesarias políticas públicas más complejas que simplemente abrir la ! caja.