Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
20-6-2017
Pasaportes
electrónicos: ¡sobreprecio es robo!
Cuando una entidad pública,
es decir mantenida con el impuesto que pagan los peruanos, compra y lo hace con
precios superiores al promedio o escandalosos, se genera la figura del, valga
la redundancia, sobreprecio. Esto ocurrió en diciembre del 2015, la Cancillería
del Perú compró 400 mil pasaportes a S/ 217.41 unidad, cuando pocos meses
atrás, Migraciones lo había hecho por S/ 85.28.
El proveedor era –y es- el
mismo: el consorcio francés Imprimerie Nationale-Gemalto y el sobreprecio es de
casi US$ 16 millones de dólares que resulta del diferencial entrambos precios
multiplicados por 400 mil unidades.
Cancillería tiene que
explicar ¿a dónde fueron a parar estos US$ 16 millones de dólares? No pueden
haber desaparecido como por arte de birlibirloque. En esta clase de desmanes
hay quienes resultan favorecidos: pillos; y el pueblo deviene estafado, robado.
Desde el primer momento hemos
seguido este caso tanto en Migraciones como en Cancillería, nos tocó denunciar
ante ambas instituciones lo que barruntábamos como sospechosas coyundas y
dinámicas destinadas, siempre, a favorecer al monopolio galo Imprimerie
Nationale-Gemalto en las dos dependencias del Estado. Y fue la propia
Contraloría la que nos anunció por escrito que había emprendido auditoría en
Migraciones.
Pocos días atrás, el
Contralor Edgar Alarcón expuso ante la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso, los resultados de la investigación y anunció que el documento 023 ya
obraba en poder de la II Fiscalía Corporativa para Delitos de Funcionarios
Públicos. Es decir, habían sospechas fundadas de irregularidades mayúsculas que
requieren de investigación penal y sanción vitalicia.
Quienes roban al Estado, de
una forma u otra, y en Perú hay burócratas sabios en hacerlo desde los abuelos
hasta las presentes generaciones, merecen el paredón. No hay, como ha dicho un
ex primer ministro con ingenuidad reprobable días atrás, un casi delito: el
dinero del impuesto de los peruanos es sagrado y quien mete las uñas es un
delincuente. Así de simple.
La Contraloría General de la
República es una institución. Que el señor Alarcón afronte demandas, denuncias
o problemas respecto de sus actuaciones, no invalida, ni vicia o interfiere en
la investigación que decenas de profesionales especializados llevaron a cabo
para determinar que lo acontecido en Cancillería con el sobreprecio de US$ 16
millones, la sospechosa medida de seguridad No. 26 (patente de una socia de
Imprimerie National), y el mal funcionamiento del software de soporte para los
pasaportes electrónicos. Y por eso está en el Ministerio Público.
¿Cómo pueden los medios de
comunicación hablados, escritos y televisivos, pretender ignorar un asunto de
estos ribetes? Aquí o en la Cochinchina, el sobreprecio es un asalto. A pesar
de presiones o campañas de “imagen”, estamos seguros que en breve se
formalizará la denuncia y los responsables tendrán que cantar los giros
reprobables de lo que ha sido, a todas luces, un saqueo al bolsillo de los
peruanos.
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