Saturday, April 01, 2017

¡Engañifa de Investigación a García por Odebrecht-Metro de Lima!


¡Engañifa de Investigación a García por Odebrecht-Metro de Lima!
por Guillermo Olivera Díaz; godgod_1@hotmail.com

1-4-2017

En aparente labor de genuino fiscal, imparcial, implacable e inabordable, el villarrealino Hamilton Castro Trigoso, a cargo del caso Odebrecht, acaba de incluir a Alan García, después de larvadas idas y venidas mentales, ante una denuncia penal de una procuradora pública, en calidad de investigado, por el nimio y único delito de Tráfico de Influencias, un ilícito penal insular, como isla chiquirritica, previsto en el Artículo 400° del Código Penal, reprimido con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años de privación de libertad.

¡Se trataría de un flaco favor apristón, que trueca esta citada pena, cercana a condena condicional o absolución con jueces de la misma laya que García, por la de 35 años que le corresponde!

No logro entender cómo un presidente de la República, con la conocida índole autoritaria y proterva de Alan García Pérez, pueda utilizar, por sí solo, sus reales influencias ante sus dóciles subordinados, no sé si uno por uno o todos juntos en Palacio de Gobierno, para que hagan un trueque de gruesos o millonarios sobornos por favores a la empresa Odebrecht, en la entrega de concesión del Metro de Lima, tramos 1 y 2; y luego en las arregladas adendas que permitiesen subir sideralmente el costo de la obra, defraudando el patrimonio del hoy lacerado Perú por un severo desastre natural.

Esta benigna figura jurídico penal se consumaría cuando el funcionario público, en su calidad de presidente del país en funciones, invoca o tiene influencias reales y ofrece interceder, a título individual, ante sus varios dependientes, cuyo cargo depende de él, que deben conceder la obra al postor Odebrecht, a cambio de prebendas, que no sean para quien realiza el ofrecimiento. Es decir, un presidente que busca, llama, ruega o convoca a tales subalternos y los convence que favorezcan a su recomendada empresa. Quienes lean el tenor de este magro delito, cuyos verbos y otros vocablos he usado literalmente, se darán cuenta que esta tipificación inicial resulta antojadiza, de favor y adrede castrada por el fiscal Castro, el mismo que firmó el llamado "Convenio Preliminar" con la empresa en cuestión, y no con una persona natural que deba acogerse a futura colaboración eficaz, cuyo contenido sigue en el limbo.

Rechazo con toda rotundidad que el complaciente fiscal se vaya por la tangente en esta labor aparentemente fiscalizadora, que más bien edulcora. Que no considere que se trata de una organización criminal internacional, o sea, una Asociación Ilícita para Delinquir, con 78 personas ya confesas, cometiendo delitos en serie descomunal: colusión agravada, cohecho pasivo propio e impropio, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, es algo que jamás aceptaré, y que otras autoridades deberían enjuiciar y castigar. ¡Se trata del favor más grande concedido a García, en la ingenua suposición que nadie lo advertirá!

Estamos en realidad, al contrario, ante un Concurso Real de Ilícitos, con una actual sumatoria de penas que llegan hasta 35 años merecidos de privación de la libertad de García, y no ante un aislado tráfico de influencias, con pena irrisoria cerquita de su absolución, pues los delitos reseñados se cometen en forma independiente unos de otros, en diveros momentos, lugares y por una red infinita de sujetos inescrupulosos, que, por lo demás, 78 personas, en Brasil, ya han confesado ante fiscales brasileños haberlos cometido, por lo que piden premio a su delación. Un juez supremo aprobó estás delaciones. ¡Jorge Barata también ha confesado su delito ante Hamilton Castro, pese a lo cual este fiscal se niega a abrirle investigación!


El hecho que esas 78 personas, número que incluye a Marcelo Odebrecht, hayan aceptado formar parte de la misma organización, que tenía montado un "departamento de sobornos" de competencia internacional, y haber intervenido coimeando a muchos cientos de funcionarios públicos en varios países (Perú, Colombia, Venezuela, EEUU, entre otros), es una prueba indubitable que estamos ante los siniestros vericuetos del  crimen organizado internacional y no ante un miserable y raquítico tráfico de influencias. ¡Exijo que Hamilton Castro se rectifique y no se guarezca en lo denunciado por una desatinada procuradora pública peruana!
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