Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
17-2-2017
GG-OSITRAN ¡No cobró
multa a CESEL-NIPPON KOE por $ 599,273.04!
Producto de la auditoría al "Contrato de Concesión del
Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao", se determinó que el
Supervisor de la obra, el consorcio CESEL-NIPPON KOE, no contó con el personal
ofrecido y pactado contractualmente, durante todo el transcurso del proceso y
que, a pesar de ello, OSITRAN dejó de aplicar una multa ascendente a $
599,273.04.
El gerente general Obed Chuquihuayta Arias, el 2015, hizo oídos
sordos al bien fundamentado Informe Nº 410-2015-GSF-OSITRAN, que le fue
remitido el mismo día, 12 de febrero, a través de la Nota Nº 148-15-GSF-OSITRAN
(documento adjunto), el mismo que,
amparado en las propias normas de Contraloría, recomendaba agotar la vía administrativa, antes de pasar a la vía civil
para el cobro del monto señalado.
Informe Especial y
extrañísima omisión
Los experimentados abogados de la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización de OSITRAN hacen notar a Chuquihuayta el error cometido en el
informe especial de CGR, y le señalan, además, que la vía administrativa aún es
posible, pues el contrato no está liquidado y se cuenta con dos cartas fianzas que suman $ 1'198,546.07, que superan largamente
el monto de la multa no aplicada al consorcio supervisor.
El señor Chuquihuayta decidió ordenar al Procurador Público
el inicio de las acciones civiles contra los trabajadores y ex trabajadores
involucrados en la falta cometida.
¿Por qué no se prefirió agotar la vía administrativa en el
Informe Especial 001-2014-2-4732? El señor Oscar Yábar Berrocal, quien suscribe
el informe especial por Contraloría, no sigue sus propias NAGU y recomienda que
se inicien las acciones legales civiles para el recupero del monto expresado.
Las Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU), disponen los
procedimientos a seguir en cada uno de los tipos de auditoría que se realicen.
Así, la NAGU 4.50 establece, en términos sencillos, que se debe agotar la vía
administrativa antes de pasar a la civil, cuando se trate de un perjuicio al
Estado y del recupero correspondiente. Algo lógico y coherente.
¡Descarado perjuicio
contra el Estado!
Al haber embarcado a OSITRAN en un proceso judicial de largo
aliento y de dudosa cobranza, dado el monto de la deuda, Chuquihuayta está perjudicando
al Estado, pues bien pudo agotar la vía administrativa y, de llegar el caso,
ejecutar las cartas garantías mencionadas, en vez de devolverlas, a pesar de la
advertencia de sus propios funcionarios
CESEL favorecida
CESEL, consorciada con empresas chinas y coreanas ganó la
licitación para Supervisar la Línea 2 del Metro por más de US$ 100 millones.
En OSITRAN trabajó la señora María Farah Wong, ex asesora de
enorme influencia en la presidente del regulador, Patricia Benavente. Farah
está casada con el abogado Juan Carlos Morón Urbina, integrante del Estudio
Echecopar y es asesor legal de la empresa supervisora, el consorcio que integra
CESEL. Si bien es cierto que María Farah Wong dejó OSITRAN, no es menos exacto
que mantuvo cercanía con Obed Chuquihuayta.
¿Por qué no ejecutó las cartas fianzas del consorcio
CESEL-NIPPON, el señor Chuquihuayta y en lugar de eso, las devolvió,
prefiriendo un proceso judicial cuando no había liquidación del contrato?
Misterio por el que tendrá que responder.
Condonación en pocas
palabras
En la práctica, un juicio, tedioso y luengo, representa un
alivio para el consorcio CESEL-NIPPON y que no pagara la multa a que se
hicieron acreedores por el monto de US$ 599,273.04.
El informe de Oscar Yábar “recomendó” acción judicial y no
lo que las propias Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU) preceptúan para el
agotamiento de la vía administrativa antes que la civil y habida cuenta de dos
cartas fianzas por el monto de US$ 1'198,546.07.
Demasiadas fallas contra el interés del Estado y
cuestionables errores de los funcionarios responsables de defenderlo,
comenzando con el saliente gerente general Obed Chuquihuayta.
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