CIDH: servil allanamiento del Estado

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
2-1-2007

CIDH: servil allanamiento del Estado

¿Cómo así el Estado peruano se allanó en marzo del 2001, luego de
retornar a la competencia de la Corte de San José de Costa Rica y
aceptó una supuesta responsabilidad del Estado en la muerte de
terroristas en el debelamiento del motín de Canto Grande? ¿Con qué
derecho Niño Diego García Sayán, entonces ministro de Justicia,
involucró al país de modo tan integral y culposo? ¿Quién era él para
hacerlo, sin previamente consultar al Congreso y al Poder Judicial?
¿Porqué no hubo un debate nacional, antes de remitir con nocturnidad a
un adláter que lo único que hizo fue bajar la cabeza en nombre de todo
el país?

Una cosa fue el retorno a la CIDH, tema que apuró Niño Diego por
motivos que empiezan a aparecer nítidos luego de aquel acontecimiento,
y otra el allanamiento referido. ¿Qué justificación tuvo Niño Diego
para festinar los trámites de regreso del Perú a la CIDH con una
mayoría espuria de 37 legiferantes y cómo así se atrevió a culpar a
todos los peruanos por lo ocurrido en Canto Grande?

¿Por causa de qué Niño Diego, en vez de empeñar la responsabilidad del
Perú, no estableció con claridad y meridiana definición que fue el
delincuente nipón Kenya Fujimori el fautor del hecho? Además, en
precaución, ¿porqué no dispuso el embargo de sus bienes, por ejemplo,
Pampa Bonita? Si hubo una responsabidad o culpa ¡era la de Fujimori,
no la del Perú!

O, como se ha recordado en tiempos recientes, ¿tuvieron más peso los
negocios que hizo el corrupto Poder Judicial de la dictadura
fujimorista con la Comisión Andina de Juristas, predio privadísimo de
Niño Diego? Los contratos están allí y las obligaciones que de ellos
derivan también, entre otras cosas, el pago de cientos de miles de
dólares del Estado a la ONG de marras.

Pero, hay varios temas concomitantes al fallo reciente de la CIDH
sobre reparación monetaria y homenajes, a los familiares y a los
terroristas, respectivamente y que han puesto al Perú en medio de un
debate sonoro.

¿Tienen responsabilidad los ministros que meten la pata, enlodan o
enfangan al país en temas de consecuencias dolorosas y perjudiciales
como el que se ha producido con la resolución de la CIDH?

Veamos.

La delegación que viajó a San José para representar malamente al
Estado (no investigó nada) se allanó servilmente y no pagó un solo
gasto de su dinero: hizo turismo con fondos del pueblo peruano que
sufragó pasajes y viáticos para hacerle daño al Perú. El ministro de
Justicia, cómplice interesado en este giro peculiar, ganaba el
equivalente de US$ 10 mil. ¿Cauteló Niño Diego los intereses del Perú
o sólo dio instrucciones para que pavimentaran su puesto de juez en la
CIDH, como se comprobó pocos años después? ¿Quién garantiza que no fue
así porque así sucedió?

Por tanto, procede un juicio político con consecuencias civiles y
penales a quien subordinó al Perú a los intereses subalternos de su
diminuta ambición de juecesito en la CIDH. El hecho innegable es que
Niño Diego consiguió una curul en esa corte. ¡Y no digan que es por
insospechables méritos jurídicos de quien acostumbra meter a la cárcel
a sus enemigos o procura que la prensa no informe sobre sus
trapacerías con las ONGs, de una de las cuales, la Comisión Andina de
Juristas, chacrita productora de odiosos dólares, es dueño exclusivo!

Los ministros tienen responsabilidad y el Estado puede castigarlos, en
el momento de la falta o a posteriori porque por encima de las
coyunturas y goces episódicos, está el supremo interés del Estado que
conforman 26 millones de peruanos que siempre serán más que un Adonis
de juguete que quería ser juez de la Corte pero para ello tenía que
hacer méritos. Así lo denuncié en Liberación a fines del 2000 cuando
demandé que si Niño Diego quería aquello, que lo consiguiera con su
dinero y no con el del pueblo. Pero ¡por supuesto! la estafa política
continuó y Narciso de pacotilla consiguió su puestito. Pero hay más:
¿qué organizaciones fueron cómplices en esta clase de desaguisados que
hoy producen jaquecas al por mayor?

Mañana, pasado o, de repente, nunca, la prensa esquirol, plena en
avisos de ONGs y transnacionales, dedicará sus notas a zaherir estos
párrafos que son de absoluto sentido común. Pero, es hora, en este
recién inaugurado 2007 que el Perú comprenda que tiene que sacudirse
de las pandillas de nuevos gángsteres que han hecho del país una
chacra privada en la que gobiernan con mano mañosa, prensa orbitante y
figuras y figurones fabricados a fuerza de insistencia tozuda. Sin
turiferarios en los miedos de comunicación, aquellos, no saldrían del
molde congénito de un cretinismo insuperable.

No es todo.

¡Hay que notificar a las patotas y a sus cófrades socios, que el Perú
está alerta y que sus posesiones mal obtenidas por actuar contra el
país, ya no tienen patente de corso! ¡No hay derecho a que ellos
atenten contra Perú y su designio soberano como nación y, mucho menos
a que en nombre de la exacción se beneficien patrimonialmente u
obtengan pitanzas para ellos y sus grupos oligárquicos!

Entonces, ¿es mala idea que los responsables de entuertos y
barbaridades que colocaron a Perú en una posición desventajosa y
traidora para con su soberanía y custodia internas, no sean quienes
paguen, parcial o totalmente, las penas que impone la CIDH como ha
sucedido hace muy pocos días?

¡Atentos a la historia; las tribunas aplauden lo que suena bien!

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

¡Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!

¡Sólo el talento salvará al Perú!

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