| Los procesos contra César Lévano y Raúl Wiener y la doble sentencia contra Herbert Mujica. | ||
LAP sigue acoso contra periodistas | ||
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Esta semana un juez dictará sentencia en el caso planteado contra el periodista Herbert Mujica por la empresa Lima Airport Partners (LAP) por supuesta difamación, por el contenido de un libro de investigación sobre la concesión del aeropuerto Jorge Chávez ("¡Estafa al Perú! ¡Cómo robarse aeropuertos y vivir sin problemas!").
Lo insólito del caso es que la materia sobre la que el juez Rómulo Chira, del Noveno Juzgado Penal, pretende resolver, ya fue tratada en otro proceso ante el 57° Juzgado y la Tercera Sala Penal de Corte Superior, en el que el supuesto agraviado es Jaime Daly Arbulú, gerente general de LAP, que en este caso era "persona", mientras que en el actual caso es un "representante", para el mismo tema.
Este caso inusual no debería sorprender tratándose de LAP, porque como dice el experto ecuatoriano Fernando López, la especialidad de la mafia de concesionarios aeroportuarios que hoy funciona en el mundo es la de manejar asuntos jurídicos: contratos, renegociaciones, juicios, etc.
No construir aeropuertos o pistas nuevas en los terminales, sino usufructuar lo existente, amarrar las obras, afectar intereses de todo el que se oponga y enjuiciar a los periodistas, con todo el peso del dinero y de estudios de abogados influyentes. Al director del diario LA PRIMERA, César Lévano, y al periodista Raúl Wiener los han enjuiciado, a los dos, en dos juzgados diferentes, por haber dado a conocer el auto de apertura de instrucción que incluía en una denuncia por narcotráfico al jefe de seguridad de la empresa. Es decir, por lo que hace el juez y el fiscal, los periodistas son perseguidos.
La jurisprudencia que establecen las continúas maniobras de LAP en los juzgados y cortes, es de lo más inesperada y debería ser estudiada en un curso espacial en las facultades de derecho acerca de cómo el poder económico puede generar juicios sin pies ni cabeza.
Es el caso de la demanda de amparo que LAP planteó contra el libro "'LAP: Un fraude en tres letras', del periodista Raúl Wiener": A pesar de que cualquier juez, con un mínimo de formación constitucional sabe que no procede "ampararse" contra la palabra escrita, el Tribunal Constitucional falló en última instancia que algo de esto se podía hacer y ordenó que el juez abra el proceso. Esta aberración total no ha merecido la reacción de la mayoría de la prensa, que seguro piensa que es un asunto de Wiener, cuando se están pasando por encima de los más elementales principios de protección de la libertad de expresión. Poderoso señor, don dinero.
Hay más casos: la de la jueza que ha querido desalojar a la prepo la tienda de artesanías del aeropuerto, desconociendo que existe vigente una disposición del juez penal que asegura que no sea afectada en su derecho mientras dura el juicio por usurpación agravada contra LAP; que quiso actuar motu propio para echar a unos arrendatarios que le molestan. O el del juez que emitió un fallo a favor de abrir proceso sobre una demanda de nulidad de acto jurídico, según le había ordenado la Corte Suprema, y al día siguiente hizo otra resolución negándose a admitir el procedimiento, poniéndole el mismo número y la misma fecha que la anterior y culpando a la secretaria de haberse equivocado.
¡Qué se puede decir, entonces, de un grupo económico que enjuicia dos veces a los periodistas por el mismo asunto, que los persigue por dar una noticia, o que logra que el Tribunal Constitucional tome en serio un pedido para que el juez determine sobre la circulación de un libro, que usa un juez contra la decisión de otro, o que le exige a otro magistrado desdecirse de su propio fallo y culpar a la secretaria! Sólo una cosa, que tal vez don Bieto tiene razón cuando habla de la justicia peruana.
Raúl Wiener
Lo insólito del caso es que la materia sobre la que el juez Rómulo Chira, del Noveno Juzgado Penal, pretende resolver, ya fue tratada en otro proceso ante el 57° Juzgado y la Tercera Sala Penal de Corte Superior, en el que el supuesto agraviado es Jaime Daly Arbulú, gerente general de LAP, que en este caso era "persona", mientras que en el actual caso es un "representante", para el mismo tema.
Este caso inusual no debería sorprender tratándose de LAP, porque como dice el experto ecuatoriano Fernando López, la especialidad de la mafia de concesionarios aeroportuarios que hoy funciona en el mundo es la de manejar asuntos jurídicos: contratos, renegociaciones, juicios, etc.
No construir aeropuertos o pistas nuevas en los terminales, sino usufructuar lo existente, amarrar las obras, afectar intereses de todo el que se oponga y enjuiciar a los periodistas, con todo el peso del dinero y de estudios de abogados influyentes. Al director del diario LA PRIMERA, César Lévano, y al periodista Raúl Wiener los han enjuiciado, a los dos, en dos juzgados diferentes, por haber dado a conocer el auto de apertura de instrucción que incluía en una denuncia por narcotráfico al jefe de seguridad de la empresa. Es decir, por lo que hace el juez y el fiscal, los periodistas son perseguidos.
La jurisprudencia que establecen las continúas maniobras de LAP en los juzgados y cortes, es de lo más inesperada y debería ser estudiada en un curso espacial en las facultades de derecho acerca de cómo el poder económico puede generar juicios sin pies ni cabeza.
Es el caso de la demanda de amparo que LAP planteó contra el libro "'LAP: Un fraude en tres letras', del periodista Raúl Wiener": A pesar de que cualquier juez, con un mínimo de formación constitucional sabe que no procede "ampararse" contra la palabra escrita, el Tribunal Constitucional falló en última instancia que algo de esto se podía hacer y ordenó que el juez abra el proceso. Esta aberración total no ha merecido la reacción de la mayoría de la prensa, que seguro piensa que es un asunto de Wiener, cuando se están pasando por encima de los más elementales principios de protección de la libertad de expresión. Poderoso señor, don dinero.
Hay más casos: la de la jueza que ha querido desalojar a la prepo la tienda de artesanías del aeropuerto, desconociendo que existe vigente una disposición del juez penal que asegura que no sea afectada en su derecho mientras dura el juicio por usurpación agravada contra LAP; que quiso actuar motu propio para echar a unos arrendatarios que le molestan. O el del juez que emitió un fallo a favor de abrir proceso sobre una demanda de nulidad de acto jurídico, según le había ordenado la Corte Suprema, y al día siguiente hizo otra resolución negándose a admitir el procedimiento, poniéndole el mismo número y la misma fecha que la anterior y culpando a la secretaria de haberse equivocado.
¡Qué se puede decir, entonces, de un grupo económico que enjuicia dos veces a los periodistas por el mismo asunto, que los persigue por dar una noticia, o que logra que el Tribunal Constitucional tome en serio un pedido para que el juez determine sobre la circulación de un libro, que usa un juez contra la decisión de otro, o que le exige a otro magistrado desdecirse de su propio fallo y culpar a la secretaria! Sólo una cosa, que tal vez don Bieto tiene razón cuando habla de la justicia peruana.
Raúl Wiener
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