Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
21-6-2016
¿Desalojo del
Ejército del Jorge Chávez?
Un plan sibilino y taimado pretende desalojar por completo
al Ejército de terrenos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Qué se
pretende con aquello?, ¿y en casos de emergencia nacional de cualquier índole?
Preguntas sin respuestas claras y contundentes, hasta hoy.
Por otro lado, trascendidos apuntan a que la concesionaria
del Jorge Chávez, Lima Airport Partners, LAP, tendría entre sus planes llevar
al Estado peruano ante el tribunal del CIADI, Centro Internacional de Arreglos
de Diferencias Relativas a Inversiones, para dirimir si la demora en la entrega
de los terrenos adyacentes a LAP, configura una falta del Perú, con la
consiguiente millonaria reparación y la demora, como de costumbre, de la
construcción de la II pista, si es que eso comienza algún día.
La inoperancia, desinterés o, mejor dicho, intereses
particulares, pueden haber sido las causas para que transcurran los años de
vigencia de una concesión y se incumplan las obligaciones a las que el Estado
se comprometió conscientemente, bajo el supuesto del respectivo análisis,
evaluación y conclusiones de Proinversión.
No se puede llegar a otra idea, dado que todas las
estimaciones fallan cuando se trata de entregar terrenos ocupados por sus
legítimos propietarios o posesionarios, a los concesionarios. Generándose así
contingencias para el Estado, por la probable interposición de arbitrajes por
parte del operador privado o la negociación, bajo presión, de Adendas en las
que, ¡qué importa!, sale perjudicado el país.
Así tenemos que en la concesión del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, suscrito en febrero del 2001, hasta la fecha (¡15 años!), no se
ha cumplido con la entrega de las áreas de terreno que se establece en el
contrato de concesión. Y a la par se han suscrito seis Adendas –y en camino, la
sétima- que en algún momento deberán ser debidamente evaluadas por un Congreso
independiente, que determine ¡qué tan equitativas resultaron a las partes!
Entonces, en compensación de esos terrenos no entregados, el
concesionario obviamente reclama el perjuicio económico que tal situación le “causa”,
y el gobierno de turno fácilmente accede a entregar miles de metros de terreno
que están en uso de las FF. AA. Así ocurrió en febrero de 2009, cuando se firmó
un convenio entre la concesionaria LAP y representantes del Estado peruano, por
el que se ceden temporalmente 7000 metros cuadrados de terreno en posesión de
la Aviación del Ejército del Perú a favor de LAP, sin una contraprestación
efectiva, a pesar de así señalarlo el Anexo 7 del contrato de concesión.
Esto es posible porque “previsoramente” ya el contrato de
concesión del 2001, establecía que era posible este tipo de operaciones por
cualquiera de los inmuebles en posesión de la FFAA. Entonces, esta primera
cesión venció ya en febrero pasado …. y la totalidad de los terrenos continúa
sin entregarse.
Y claro, ahora el concesionario se siente nuevamente “perjudicado”,
sensación a su favor que es incrementada con una eficiente campaña en medios,
con periodistas afines, que generan una corriente de opinión a su favor y
responsabilizan, nuevamente, al Estado (no a los funcionarios responsables), de
este déficit en la entrega de terrenos, razón por la cual, por ejemplo, el
concesionario no ha podido construir la segunda pista o se ha quedado
nuevamente sin espacio para el estacionamiento de aeronaves, entre otras supues
Sin embargo, fuentes bien informadas, nos han comunicado que
el MTC, que suscribe el representación del Estado el contrato de concesión del
AIJCH con LAP, a través de su Dirección de Concesiones, pretendería obligar a
CORPAC a entregar, no los 7,000 metros cuadrados del 2009, sino que ahora serían
15,000 metros cuadrados, perjudicando aún más a la Aviación del Ejército.
Si necesitan terreno ¿por qué
no utilizan los ya expropiados y por qué desean, precisamente, los que usa la
Fuerza Armada?, ¿no es deber del Estado defender a sus institutos armados? Aquí
no tenemos aeropuertos militares equipados y, por consiguiente, son muy
importantes las áreas asignadas a las FFAA.
Por supuesto, en esta ocasión tampoco habría
contraprestación por parte del concesionario privado.
A todo esto ¿no hay funcionarios, viceministros, ministros
responsables de todo este despelote?
¿Esta cesión se hace en verdad a “título gratuito” o alguien
gana, indebida e ilegalmente, en la operación mencionada?
Tarea para el nuevo Congreso de la República.
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